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Como en la década de 1990 cuando miles de estafetas postales y cabinas de teléfono públicas cerraron sus puertas por el despido de los trabajadores, en 2024, el Gobierno avanza con el achique del Correo Argentino y proyecta más de 7000 despidos.

Es una de las nueve empresas públicas que se podrían privatizar si avanza la Ley Bases; en diciembre tenía 16.858 empleados y el plan es que tenga 9500; se activó un proceso de retiros voluntarios y prejubilaciones.

Hace más de dos semanas comenzó un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas con importantes beneficios con el objetivo de reducir de manera inmediata la plantilla de 16.858 empleados.

Con este proceso en marcha, ya se concretaron unas 2.000 cesantías, pero la intención de la gestión de Javier Milei es avanzar con los recortes hasta alcanzar una nómina final de 9.500.

Así lo reconocieron fuentes inobjetables de la empresa estatal, cuyo cliente principal es Mercado Libre. Correo Argentino tuvo en 2023 un déficit de $100.000 millones y el desafío del Gobierno es lograr un equilibrio económico mediante una novedosa reestructuración que contempla, además de las más de 7000 bajas laborales, la venta de algunos de los 901 inmuebles que tiene la compañía distribuidos en todo el país y el surgimiento de franquicias públicas y privadas para conservar la presencia en las 24 provincias.

Para avanzar con las franquicias no sería necesario el aval del Poder Legislativo. Ya está en marcha una iniciativa para que comercios como kioscos o estaciones de servicios cuenten “un punto correo”. También lo podrían tener intendencias u otras sedes estatales. De esta manera, Correo Argentino se ahorraría los costos del lugar de atención al público y también del personal.

El objetivo de la administración libertaria es que la empresa no dependa más del Tesoro para afrontar el pago de los salarios.

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Gremios universitarios anuncian tres días de paro

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) llevó a cabo el pasado martes una reunión del Consejo Directivo y del Plenario de Secretarios Generales, donde resolvió que ante la “agudización” de la grave situación salarial» se llevará a cabo un paro nacional de 72 horas cuya fecha quedará definida en el marco del Frente Sindical de Universidades Nacionales.

El Plenario facultó a la Mesa Ejecutiva del gremio para resolver la continuidad del plan de lucha de los no docentes de las universidades nacionales, quedando resueltas las acciones a llevar adelante en las próximas semanas.

A través de una resolución, el gremio que conduce Walter Merkis, definió 5 líneas de acción, dentro de las cuales se encuentra ratificar la decisión del Congreso Nacional ordinario para facultar a la Mesa Ejecutiva para convocar al paro nacional por 72 horas.

Por otra parte, se estableció que la medida de fuerza, así como los próximos pasos del Plan de Acción, sean definidas “en unidad con el Frente de Sindicatos de las Universidades Nacionales».

A su vez, FATUN desarrollará “medidas de visibilización” de las demandas del sector en unidad “con la comunidad universitaria que confirmen el compromiso de todos los sectores”, subraya la resolución.

La entidad gremial que nuclea a los no docentes también exigirá que los Consejos Superiores de las Universidades se expidan sobre la situación salarial de los trabajadores del sector y la continuidad de las becas para los estudiantes.

Finalmente, FATUN rechazó la “política represiva” del gobierno nacional, así como la criminalización de la protesta y remarcó “el pedido de liberación y reparación de las víctimas” detenidas durante la represión del miércoles pasado en el marco de la marcha contra la aprobación de la Ley de Bases.

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La OIT lanza estrategia para combatir la informalidad laboral en América Latina y el Caribe

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanzó hoy FORLAC 2.0, su renovada estrategia para abordar el desafío de la informalidad laboral en América Latina y el Caribe, en un escenario donde casi la mitad de la fuerza laboral no tiene acceso a empleos decentes.

El objetivo general de FORLAC 2.0 es “estructurar y fortalecer la respuesta integrada y coherente de la OIT acorde a las necesidades de sus constituyentes para la transición a la economía formal en América Latina y el Caribe para el periodo 2024-2030, con la finalidad de contribuir al logro del trabajo decente y la justicia social”. Con la intención de orientar la implementación y el seguimiento estratégico de la Estrategia, se constituirá una instancia diálogo social y coordinación denominada Comité Consultivo Tripartito (CCT).

Basada en la Recomendación 204 de la OIT, la Estrategia de Formalización para América Latina y el Caribe ofrece un marco integral de políticas con enfoque de género para promover la transición a la economía formal. La estrategia se centra en tres pilares:

·         Desarrollo productivo: Fomentar la creación de empresas sostenibles y empleos decentes en sectores clave de la economía.

·         Protección social: Ampliar la cobertura de la seguridad social y la salud en el trabajo para todos los trabajadores.

·         Cumplimiento de derechos laborales: Fortalecer las instituciones laborales y promover el diálogo social para garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores.

FORLAC 2.0 se implementará entre 2024 y 2030 con el objetivo de estructurar y fortalecer la respuesta integrada de la OIT para alcanzar el trabajo decente y la justicia social en la región.

El evento de lanzamiento del 18 de junio reunió a representantes de gobiernos, trabajadores, empleadores y organizaciones de la sociedad civil.

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La CTERA rechaza el proyecto de ley que limita el derecho a huelga en el sector docente

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) alertó sobre un proyecto de ley del diputado del PRO, Alejandro Finocchiaro, que busca impedir el derecho a huelga de ese sector en un contexto de ajuste presupuestario y salarial.

La iniciativa para restringir la protesta de docentes obtuvo dictamen en la Comisión de Educación, con apoyo de los bloque de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y la CC. Unión por la Patria y la izquierda firmaron dictámenes de rechazo y reclamaron mayor financiamiento para la educación pública.

“La finalidad de los proyectos consiste en limitar el derecho a huelga de los trabajadores de la educación, haciéndonos responsables exclusivamente de los problemas que tiene nuestro sistema educativo”, denunció CTERA en un comunicado.

El proyecto declara a la educación como servicio esencial, lo que justifica la restricción de las medidas de fuerza. Los gremios denuncian que lo que busca el oficialismo es coartar el derecho a huelga, garantizado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en un contexto de desfinanciamiento de la educación pública y ajuste en los salarios docentes.

El sindicato que conduce Sonia Alesso advirtió que el proyecto no recibió el giro a otras comisiones para proseguir su tratamiento y remarcó que apunta a modificaciones en el articulado de la Ley Nacional de Educación N° 26.206.

“Son los mismos bloques que avalan el desfinanciamiento educativo, que convalidan la eliminación del FONID, la suspensión del envío de recursos por Ley de Financiamiento Educativo y su consecuente impacto en la infraestructura, equipamiento y comedores escolares y la anulación de la paritaria nacional”, cargó el gremio.

El sindicato que integra la CTA agregó que el oficialismo “nada dice de los mecanismos legales vigentes para la resolución de conflictos, como la autocomposición de las partes el dictado de la conciliación y oportunamente, la implementación de instancias de mediación”.

Y prosiguió: “No los mencionan porque no les interesa. Solo tienen un objetivo amordazar a los docentes e imponer el ajuste a cualquier precio, deteriorando el funcionamiento del sistema educativo y generando las condiciones para su posterior privatización”.

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