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La Secretaría de Tránsito y Transporte afirmó que no existen deudas con las prestatarias del servicio y explicó que los pagos de junio continúan dentro de los plazos administrativos. Además, atribuyó las demoras a errores en la documentación presentada por algunas empresas y ratificó las sanciones por la reducción de frecuencias.

El Gobierno de San Juan respondió oficialmente a las empresas de transporte público y negó mantener deudas con las concesionarias del servicio. A través de un comunicado, la Secretaría de Tránsito y Transporte sostuvo que las compensaciones correspondientes a junio continúan dentro del circuito administrativo habitual y desestimó los planteos formulados por la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), que había denunciado una deuda cercana a los $9.750 millones.

La aclaración llegó en medio delconflicto originado tras la reducción de frecuencias aplicada por algunas empresas, una decisión que provocó extensas demoras para los usuarios y derivó en sanciones contra las firmas Mayo y Libertador por incumplimientos en la prestación del servicio.

Desde el organismo provincial explicaron que la documentación necesaria para liquidar las compensaciones de junio fue presentada recién el 14 de julio, por lo que el expediente aún transita los tiempos administrativos previstos. Asimismo, precisaron que parte de esa documentación contenía inconsistencias que debieron ser corregidas antes de avanzar con la liquidación, circunstancia que también incidió en los plazos.

En cuanto a otros conceptos reclamados por las prestatarias, la Provincia señaló que serán revisados de manera individual. Si de esa evaluación surgieran montos pendientes, se abrirá una instancia de diálogo con las empresas para analizar cada caso.

El Ejecutivo también aclaró el estado de los fondos nacionales destinados a financiar los atributos sociales, uno de los principales puntos incluidos en el reclamo empresario. Remarcó que esos recursos dependen exclusivamente de la Secretaría de Transporte de la Nación y recordó que el 28 de julio se acreditaron las compensaciones correspondientes a mayo de 2026. De esa manera, únicamente permanece pendiente la transferencia de junio.

La respuesta oficial se produjo después de que ATAP justificara la reducción de frecuencias por un supuesto desfinanciamiento del sistema de transporte. En un comunicado, la entidad aseguró que la deuda acumulada asciende a $9.750.150.676,43, de los cuales alrededor del 60% correspondería a obligaciones provinciales y el resto a aportes nacionales.

Las empresas sostienen que esos recursos financian beneficios tarifarios destinados a los usuarios, como el Boleto Escolar Único, el boleto docente, los trasbordos y los atributos sociales, además de cubrir diferencias derivadas de mayores costos operativos y actualizaciones pendientes.

Según el detalle difundido por ATAP, entre los conceptos reclamados figuran más de $2.035 millones por el Boleto Escolar Único de junio, más de $3.821 millones por atributos sociales nacionales correspondientes a mayo y junio, más de $823 millones por trasbordos y más de $314 millones por el boleto docente, además de otros ítems vinculados al funcionamiento del sistema.

Multas y controles permanentes

Antes del comunicado institucional, el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, ya había rechazado públicamente la existencia de atrasos en los pagos provinciales y confirmó la aplicación de sanciones económicas contra las empresas que redujeron las frecuencias sin autorización.

La decisión fue respaldada por el gobernador Marcelo Orrego, quien ordenó intensificar los controles sobre el servicio luego de las quejas de usuarios por las demoras registradas durante la semana pasada. Las inspecciones realizadas detectaron incumplimientos en las empresas Mayo y Libertador, que serán sancionadas conforme a las condiciones establecidas en los contratos de concesión.

Desde el Ministerio de Gobierno anticiparon que los operativos continuarán de manera permanente y advirtieron que, si se repiten restricciones injustificadas en la prestación del servicio, podrían adoptarse medidas más severas para garantizar el normal funcionamiento del sistema.

Con este pronunciamiento, la Provincia ratificó que no reconoce la deuda denunciada por ATAP, atribuyó las demoras administrativas a errores en la documentación presentada por algunas prestatarias y mantuvo firme su decisión de exigir el cumplimiento de las frecuencias previstas. Mientras tanto, el desacuerdo entre el Gobierno y las empresas sigue sin resolverse.

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El turismo deportivo reactivó los restaurantes sanjuaninos durante octubre

La llegada de visitantes por competencias deportivas, con el Ironman como principal atractivo, favoreció los ingresos de bares y restaurantes. El consumo promedio osciló entre $25.000 y $35.000 por persona y ahora las expectativas están puestas en la Fiesta Nacional del Sol.

Analía Tello, referente de la Asociación Gastronómica y Hotelera de San Juan, señaló que el movimiento se extendió durante varias semanas, desde los Juegos Evita para adultos mayores hasta los torneos de vóley, básquet y handball. Sin embargo, la competencia de triatlón sobresalió por la cantidad de participantes que llegaron con anticipación y permanecieron varios días en la provincia.

Según explicó, algunos deportistas arribaron entre tres y cuatro días antes para reconocer los circuitos y recorrer atractivos turísticos. La estadía llegó, en numerosos casos, a cinco noches, una permanencia que favoreció el consumo más allá de las jornadas propias de la prueba.

El gasto gastronómico promedio se ubicó entre $25.000 y $35.000 por persona, aunque con variaciones según el establecimiento y el tipo de servicio. Tello también remarcó que la competencia exigió adaptar la oferta a las necesidades de los atletas, con desayunos y meriendas de mayor contenido proteico, batidos y alternativas específicas para deportistas de alto rendimiento.

La experiencia dejó, además, una señal para futuras convocatorias: la capacidad de los establecimientos para adecuar sus servicios puede incidir en la calidad de la atención y en el aprovechamiento económico de los acontecimientos deportivos. A ese movimiento se sumaron residentes sanjuaninos, que también concurrieron a restaurantes y cafeterías durante las jornadas de mayor convocatoria.

Otro rasgo señalado por la dirigente fue el predominio de las billeteras virtuales entre los visitantes, que desplazaron al efectivo como medio de pago habitual.

Dejado atrás octubre, el comercio local pone todas sus fichas en la Fiesta Nacional del Sol. Tello anticipó que la celebración reactivará especialmente a los negocios del centro y a los polos gastronómicos más concurridos por los turistas. Las mayores esperanzas están puestas en el flujo de la mañana: se espera que residentes y viajeros caminen por la ciudad, hagan compras y visiten bares o restaurantes antes de los eventos fuertes del día.

La agenda del sector tendrá otro compromiso hacia fines de noviembre: San Juan será sede por primera vez de un encuentro regional de representantes de la gastronomía y la hotelería. La organización anticipó la participación de delegaciones de distintas provincias, aunque todavía resta comunicar el programa y los detalles de la convocatoria.

La sincronización entre el turismo, la oferta gastronómica y el calendario cultural permite potenciar la economía local. El desafío radica en consolidar la fidelidad del visitante más allá de las fechas de convocatoria específica.

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El acceso al gas de red, una de las principales deudas de infraestructura urbana

El relevamiento del primer semestre de 2026, realizado en 31 aglomerados urbanos, registró una cobertura de gas natural del 64,6%. También identificó brechas en las conexiones cloacales y desigualdades en las condiciones habitacionales.

Más de 3,6 millones de hogares urbanos no cuentan con conexión a la red de gas natural. El dato surge del último informe sobre condiciones de vida difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que relevó durante el primer semestre de 2026 a 10,2 millones de hogares distribuidos en 31 aglomerados.

La cobertura de este servicio alcanza al 64,6% de las viviendas incluidas en la medición, mientras que el 35,4% permanece fuera de la red. La brecha adquiere mayor dimensión al compararla con otros servicios esenciales: el agua corriente llega al 90,9% de los hogares, pero la conexión cloacal alcanza al 73,1%. En consecuencia, el 26,9% de las viviendas relevadas carece de acceso al sistema formal de desagües.

Los indicadores muestran que la disponibilidad de infraestructura básica presenta diferencias considerables incluso dentro de los principales conglomerados urbanos del país. Aunque el agua corriente registra una cobertura ampliamente mayoritaria, el acceso al gas y a las cloacas continúa condicionado por déficits de extensión de las redes.

El relevamiento también examinó la calidad de las viviendas. El 81,3% de los hogares reside en inmuebles construidos con materiales considerados suficientes; el 12,5% presenta condiciones parcialmente insuficientes y el 6,2% restante habita unidades con materiales inadecuados.

En cuanto a las instalaciones sanitarias, el 88,4% dispone de condiciones adecuadas, frente a un 11,6% que no alcanza ese estándar. La medición del hacinamiento, en tanto, indica que el 86,1% de los hogares tiene menos de dos personas por habitación. Otro 12% registra entre dos y tres ocupantes por cuarto, mientras que el 1,8% supera esa proporción y queda comprendido en la categoría de hacinamiento crítico.

La encuesta también permite observar cómo se distribuye la tenencia de las viviendas: el 61,7% de los hogares es propietario tanto del inmueble como del terreno, el 20,9% alquila y el 17,4% restante utiliza otras modalidades de ocupación.

En materia de cobertura sanitaria, el 61,1% cuenta con prepaga, obra social o mutual. El 17,8% depende exclusivamente del sistema público, mientras que en otro 21,1% de los hogares al menos uno de sus integrantes se encuentra en esa condición.

Sin importar las diferencias en los números, la falta de gas de red y cloacas en muchas zonas demuestra un retraso en las obras públicas. Esta situación golpea el día a día de los vecinos y hace necesarias inversiones continuas para expandir los servicios.

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La cordillera registró hasta 2,50 metros de nieve en las estaciones relevadas

San Juan completó el relevamiento aéreo de nieve en la cordillera, una instancia clave para anticipar la disponibilidad de agua que tendrán los ríos provinciales durante el próximo ciclo hidrológico. Las mediciones abarcaron siete estaciones de alta montaña y registraron una acumulación promedio de 1,33 metros, con un máximo de 2,50 metros en Calderón.

El operativo, denominado Ventana Andina, fue coordinado por la Secretaría de Recursos Hídricos y Energías Renovables, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía. Los vuelos en helicóptero recorrieron distintos puntos de las cuencas de los ríos Jáchal y San Juan, de norte a sur. La tarea requirió condiciones meteorológicas favorables para trabajar con seguridad en zonas de elevada altitud.

Los registros mostraron diferencias significativas entre las estaciones. Después de Calderón, con 2,50 metros, se ubicaron Teatinos, con 1,60; El Carmen y Pachón, con 1,50 cada una; Castaños Norte y Pantanosa, con 80 centímetros; y Corrales de Alambre, con 60 centímetros.

En el relevamiento participaron los técnicos provinciales Lucio Mercado y Facundo Busso, integrante de la división de Hidrología de la Dirección de Hidráulica, junto con Enrique Villar y Federico Villar, de EVARSA. Los equipos realizaron los cateos que permiten determinar la cantidad de nieve acumulada y aportar información para los cálculos posteriores.

Sin embargo, la altura registrada no alcanza por sí sola para establecer cuánta agua llegará a los ríos. Los especialistas también deben calcular la superficie cubierta y la densidad de la nieve, un factor que permite estimar su contenido de agua. Una acumulación de igual espesor puede representar reservas hídricas diferentes según su grado de compactación. También se contempla la sublimación, proceso por el cual parte de la nieve pasa directamente a vapor sin convertirse en agua líquida.

Concluida la etapa de campo, la información será procesada junto con imágenes satelitales, herramientas de análisis estadístico y modelos de redes neuronales. La integración de esas variables permitirá elaborar el pronóstico hídrico anual, que estima el volumen de agua proveniente del deshielo en las cuencas de los ríos Jáchal y San Juan.

El resultado tendrá incidencia directa en la planificación de la distribución del recurso, tanto para el abastecimiento como para el riego y los distintos usos productivos. En una provincia cuya disponibilidad depende en gran medida de la nieve acumulada en los Andes, conocer con mayor precisión las reservas cordilleranas constituye una herramienta central para administrar el agua.

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