Crece la disputa en el transporte: el Gobierno desmintió a las empresas y ratificó sanciones

La Secretaría de Tránsito y Transporte afirmó que no existen deudas con las prestatarias del servicio y explicó que los pagos de junio continúan dentro de los plazos administrativos. Además, atribuyó las demoras a errores en la documentación presentada por algunas empresas y ratificó las sanciones por la reducción de frecuencias.

El Gobierno de San Juan respondió oficialmente a las empresas de transporte público y negó mantener deudas con las concesionarias del servicio. A través de un comunicado, la Secretaría de Tránsito y Transporte sostuvo que las compensaciones correspondientes a junio continúan dentro del circuito administrativo habitual y desestimó los planteos formulados por la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), que había denunciado una deuda cercana a los $9.750 millones.

La aclaración llegó en medio delconflicto originado tras la reducción de frecuencias aplicada por algunas empresas, una decisión que provocó extensas demoras para los usuarios y derivó en sanciones contra las firmas Mayo y Libertador por incumplimientos en la prestación del servicio.

Desde el organismo provincial explicaron que la documentación necesaria para liquidar las compensaciones de junio fue presentada recién el 14 de julio, por lo que el expediente aún transita los tiempos administrativos previstos. Asimismo, precisaron que parte de esa documentación contenía inconsistencias que debieron ser corregidas antes de avanzar con la liquidación, circunstancia que también incidió en los plazos.

En cuanto a otros conceptos reclamados por las prestatarias, la Provincia señaló que serán revisados de manera individual. Si de esa evaluación surgieran montos pendientes, se abrirá una instancia de diálogo con las empresas para analizar cada caso.

El Ejecutivo también aclaró el estado de los fondos nacionales destinados a financiar los atributos sociales, uno de los principales puntos incluidos en el reclamo empresario. Remarcó que esos recursos dependen exclusivamente de la Secretaría de Transporte de la Nación y recordó que el 28 de julio se acreditaron las compensaciones correspondientes a mayo de 2026. De esa manera, únicamente permanece pendiente la transferencia de junio.

La respuesta oficial se produjo después de que ATAP justificara la reducción de frecuencias por un supuesto desfinanciamiento del sistema de transporte. En un comunicado, la entidad aseguró que la deuda acumulada asciende a $9.750.150.676,43, de los cuales alrededor del 60% correspondería a obligaciones provinciales y el resto a aportes nacionales.

Las empresas sostienen que esos recursos financian beneficios tarifarios destinados a los usuarios, como el Boleto Escolar Único, el boleto docente, los trasbordos y los atributos sociales, además de cubrir diferencias derivadas de mayores costos operativos y actualizaciones pendientes.

Según el detalle difundido por ATAP, entre los conceptos reclamados figuran más de $2.035 millones por el Boleto Escolar Único de junio, más de $3.821 millones por atributos sociales nacionales correspondientes a mayo y junio, más de $823 millones por trasbordos y más de $314 millones por el boleto docente, además de otros ítems vinculados al funcionamiento del sistema.

Multas y controles permanentes

Antes del comunicado institucional, el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, ya había rechazado públicamente la existencia de atrasos en los pagos provinciales y confirmó la aplicación de sanciones económicas contra las empresas que redujeron las frecuencias sin autorización.

La decisión fue respaldada por el gobernador Marcelo Orrego, quien ordenó intensificar los controles sobre el servicio luego de las quejas de usuarios por las demoras registradas durante la semana pasada. Las inspecciones realizadas detectaron incumplimientos en las empresas Mayo y Libertador, que serán sancionadas conforme a las condiciones establecidas en los contratos de concesión.

Desde el Ministerio de Gobierno anticiparon que los operativos continuarán de manera permanente y advirtieron que, si se repiten restricciones injustificadas en la prestación del servicio, podrían adoptarse medidas más severas para garantizar el normal funcionamiento del sistema.

Con este pronunciamiento, la Provincia ratificó que no reconoce la deuda denunciada por ATAP, atribuyó las demoras administrativas a errores en la documentación presentada por algunas prestatarias y mantuvo firme su decisión de exigir el cumplimiento de las frecuencias previstas. Mientras tanto, el desacuerdo entre el Gobierno y las empresas sigue sin resolverse.