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La aprobación de este nuevo régimen implicará la derogación de la moratoria previsional y la implementación de una nueva prestación acorde a los años de aportes.

La Cámara de Diputados dio media sanción este semana al régimen jubilatorio que forma parte de la Ley Bases y la eliminación de la moratoria previsional que impulsa el Gobierno. La iniciativa pasó ahora al Senado donde se comenzará a debatirse en los próximos días.

Se trata concretamente del Tíítulo IX que dispone la derogación de la Ley 27.705, que permitía jubilarse sin tener los 30 años de aportes requeridos, y propone la creación de la denominada Prestación de Retiro Proporcional para aquellas personas de 65 años que no completen el mencionado requisito.

Moratoria previsional: qué es y por qué el Gobierno busca derogarla

Se trata de un instrumento que actualmente permite jubilarse a las personas que no cuentan con los aportes completos. Aquellos que tienen la edad para iniciar el trámite jubilatorio (mujeres de 60 años y hombres de 65 o más) pueden acceder la moratoria con un pago de cuotas que se ajustan, según la Unidad de Pago de Deuda Previsional (UPDP).

El valor de estas cuotas dependen directamente de la remuneración mínima imponible, que hoy es de $ 45.281,15. Se descuentan en cada pago de haberes equivalentes al 29% de la remuneración mínima no imponible, lo que significa un monto de $ 13.131,53.

En caso de aprobarse la ley en el Senado, esta moratoria sería reemplazada por la Prestación de Retiro Proporcional.

Jubilados ANSES: qué es la Prestación de Retiro Proporcional

El gobierno de Javier Mlei propone este nuevo sistema para que quienes no hayan terminado sus aportes, cobren cuando cumplan los 65 años un ingreso mínimo equivalente a la PUAM. En mayo, los beneficiarios de esta última percibirán $ 222.113.

De acuerdo a la cantidad de años de aportes al Sistema Integrado Previsional Argentina (SIPA), a cada beneficiario se le depositará un haber adicional cuyos montos los definirá el Poder ejecutivo según cada caso. 

Así, por ejemplo, una persona con 10 de aportes no ganará lo mismo que una que contribuyó durante 25 años.

Otro de los importantes cambios es la modificación en la edad jubilatoria. Anteriormente, las mujeres que no cumplían con los años de aporte podían jubilarse a los 60 años. De aprobarse la ley, esto se extenderá hasta los 65.   

¿Qué es la PUAM?

Es otro instrumento que le asegura a los mayores de 65 años un ingreso mensual, cobertura médica y asignaciones familiares. 

Como se mencionó, el monto equivale al 80% de la jubilación mínima ($ 260.141,60 contemplando el refuerzo). En mayo, cobrarán los $ 222.113 divididos en $ 152.113 y $ 70.000 del bono que anunció el Gobierno.

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Menéndez cuestionó la política económica nacional y respaldó la continuidad de Eduardo Cabello

El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio de San Juan analizó la reciente negociación salarial del sector, cuestionó el deterioro del poder adquisitivo, advirtió sobre los efectos de la reforma laboral y se pronunció sobre la interna de la CGT Regional San Juan, cuya normalización está prevista para el 25 de agosto.

La negociación salarial volvió a ocupar el centro de la agenda de los trabajadores de estaciones de servicio. En diálogo con Mundo Laboral San Juan, el secretario general del gremio, Víctor Menéndez, confirmó la firma de un nuevo acuerdo paritario de carácter bimestral y sostuvo que la estrategia sindical apunta a impedir que la inflación continúe erosionando los ingresos de los trabajadores.

El dirigente explicó que el convenio, rubricado el 24 de julio, contempla una actualización del 3% para julio y otro incremento cercano al 2% para agosto. Reconoció que esos porcentajes no alcanzan para recomponer todo el deterioro acumulado, aunque consideró imprescindible mantener negociaciones frecuentes para evitar un mayor atraso salarial.

«Sabemos que no es la solución definitiva, pero no podemos permitir que el salario quede completamente desactualizado», sostuvo, al remarcar que la dinámica inflacionaria obliga a revisar permanentemente las remuneraciones.

Menéndez vinculó esa necesidad con el constante traslado de los aumentos de combustibles al resto de los precios de la economía. A su entender, cada incremento en los costos del transporte termina repercutiendo en los alimentos, los servicios y el consumo cotidiano, profundizando el deterioro del poder adquisitivo de los hogares.

En ese marco también manifestó preocupación por la volatilidad cambiaria y advirtió que las expectativas sobre el dólar suelen acelerar las remarcaciones antes incluso de que se produzcan modificaciones concretas en la economía, perjudicando principalmente a los trabajadores y consumidores.

Reforma laboral y caída de los aportes

Durante la entrevista, el dirigente sindical aseguró que el mercado laboral atraviesa uno de sus momentos más complejos por la pérdida acumulada del salario real y el avance de modalidades de contratación que, según afirmó, reducen derechos laborales.
Indicó que la caída del poder adquisitivo también influye directamente sobre el financiamiento de las obras sociales sindicales debido a la merma de los aportes.

Además, sostuvo que las recientes modificaciones laborales favorecen la aparición de contratos más precarios y generan incentivos para reemplazar trabajadores con mayor antigüedad por nuevas incorporaciones de menor costo para las empresas.

Frente a ese panorama, reclamó una acción coordinada de todas las organizaciones gremiales y apuntó que la CGT debe desempeñar un papel central en la defensa del empleo formal y de las condiciones laborales.

Críticas a la política exterior

Menéndez analizó la política exterior del Gobierno a raíz de la crisis con Brasil.
Consideró inapropiada la actitud del presidente Javier Milei durante su visita al país vecino y alertó que ese tipo de episodios puede afectar la relación con el principal socio comercial de Argentina.

El gremialista sostuvo que históricamente el país mantuvo vínculos diplomáticos basados en el respeto institucional y expresó su preocupación por el impacto que este tipo de enfrentamientos podría tener sobre la imagen internacional argentina.

La elección de la CGT San Juan

Uno de los puntos centrales de la conversación fue el proceso de normalización de la CGT Regional San Juan, cuya elección de autoridades está prevista para el próximo 25 de agosto.
Menéndez confirmó que los preparativos avanzan junto con la conducción nacional de la central obrera y destacó el trabajo que viene desarrollando la Secretaría del Interior para garantizar el proceso institucional.

En ese contexto defendió la continuidad de Eduardo Cabello al frente de la regional y aseguró que la mayoría de los sindicatos ya expresó su respaldo a esa candidatura.

Respecto de los gremios que impulsan una conducción más amplia o incluso un triunvirato, el dirigente afirmó que todas las posiciones pueden debatirse dentro de los órganos de la central obrera, aunque remarcó que la conducción encabezada por Cabello ya cuenta con un amplio consenso.

«La CGT siempre tuvo las puertas abiertas para todos los gremios. Las diferencias deben discutirse adentro de la organización, porque lo más importante es preservar la unidad del movimiento obrero», sostuvo.

Asimismo, reveló que decidió ceder el cargo que actualmente ocupa dentro de la conducción para facilitar acuerdos y favorecer una lista de unidad.

Expectativa por la presencia de la conducción nacional

Menéndez adelantó además que para la normalización de la CGT San Juan se espera la presencia de integrantes de la conducción nacional, entre ellos Héctor Daer, Cristian Jerónimo y, posiblemente, Jorge Sola.

Según explicó, además de participar del proceso institucional, los dirigentes nacionales mantendrán reuniones con representantes sindicales y cámaras empresarias para analizar la realidad económica y laboral de la provincia, en el marco de una recorrida que la conducción de la CGT realiza por distintas regiones del país.

Un llamado a preservar la unidad

A lo largo de la entrevista, Menéndez insistió en que el escenario económico obliga a fortalecer la representación sindical y a priorizar los consensos internos por encima de las diferencias.

El dirigente consideró que la defensa del salario, la protección del empleo y el fortalecimiento institucional de las organizaciones gremiales serán los principales desafíos de los próximos meses. En ese camino, sostuvo, la unidad de la CGT será un elemento determinante para afrontar las transformaciones que atraviesa el mundo del trabajo sin resignar derechos laborales.

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Solo uno de cada diez argentinos logra terminar el mes con capacidad de ahorro

Un relevamiento nacional de Zentrix Consultora expone el deterioro de la economía familiar pese a la desaceleración inflacionaria. El 61,9% de los argentinos tomó deuda en los últimos seis meses para afrontar gastos indispensables, el 87,4% sostiene que los salarios siguen perdiendo frente a la inflación y el 86,6% considera insuficiente un solo empleo para sostener el hogar.

La desaceleración de la inflación todavía no logró modificar la percepción económica de los argentinos. Mientras los indicadores oficiales muestran una reducción en el ritmo de aumento de los precios, la mayoría de los hogares continúa sintiendo que el ingreso perdió capacidad de compra y que el endeudamiento pasó a ser una herramienta habitual para sostener el consumo básico.

Esa es la principal conclusión del Monitor de Opinión Pública (MOP), elaborado por Zentrix Consultora, que revela un marcado deterioro de las finanzas familiares. El estudio indica que el 61,9% de los consultados contrajo algún tipo de deuda durante el último semestre y que, lejos de destinar esos recursos a inversiones o compras extraordinarias, los utilizó para afrontar gastos cotidianos como alimentos, servicios públicos y otras obligaciones indispensables.

La encuesta también confirma que la pérdida del poder adquisitivo continúa siendo una de las mayores preocupaciones económicas. El 87,4% de los participantes considera que los salarios siguen rezagados frente al aumento del costo de vida, una percepción que atraviesa distintos niveles de ingresos, edades e identificaciones políticas.

La presión sobre los presupuestos familiares también se refleja en la administración del dinero. Dos de cada tres argentinos reconocen que agotan sus ingresos antes o alrededor del día 20 de cada mes, mientras que apenas el 9,3% afirma finalizar el período con capacidad de ahorro, un dato que evidencia el escaso margen financiero de gran parte de la población.

El informe muestra, además, que los jóvenes enfrentan mayores dificultades. Entre las personas de 18 a 39 años, el 85,5% aseguró quedarse sin recursos antes de concluir el mes. En el segmento de 40 a 59 años, esa proporción desciende al 60,6%, aunque continúa siendo elevada.

Las diferencias también aparecen al analizar las fuentes de financiamiento. El 35,8% de los jóvenes que recurrieron al crédito acudió a financieras o prestamistas informales, mientras que entre los mayores de 60 años esa modalidad representa apenas el 7%, reflejando una mayor exposición de las generaciones más jóvenes a mecanismos de financiamiento de alto costo.

La constante dependencia del crédito comienza, además, a generar dificultades para cumplir con los compromisos asumidos. Entre quienes mantienen deudas vigentes, el 28,9% admite tener serios inconvenientes para afrontar las cuotas; el 12% ya registra atrasos en los pagos y el 6,4% reconoce que directamente no puede cumplir con sus obligaciones.

Esa realidad también impacta en la percepción sobre el sistema financiero. El 55% de los consultados considera que las tasas de interés convierten al crédito en un mecanismo que agrava los problemas económicos de las familias en lugar de ofrecer una solución transitoria.

Un empleo dejó de ser suficiente

El estudio identifica otro cambio de fondo en el mercado laboral. Para el 86,6% de los argentinos, un único trabajo ya no permite cubrir los gastos mensuales del hogar. La evidencia muestra que el presupuesto familiar depende de la pluriactividad y el pluriempleo.

La distancia entre las estadísticas oficiales y la percepción cotidiana también aparece con claridad. El 67,1% sostiene que la inflación medida por el INDEC no refleja el aumento de precios que observa en su vida diaria, mientras que el 29,6% manifiesta confiar en las cifras difundidas por el organismo.

Las preocupaciones económicas dominan igualmente las respuestas cuando se consulta sobre los principales problemas del país. La corrupción encabeza el listado con el 48,8%, seguida por los salarios y los ingresos (46,9%), la incertidumbre económica (41,6%), el desempleo (29,1%) y las tarifas de los servicios públicos (26,8%).

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Las universidades públicas se suman a la huelga docente nacional

Los docentes universitarios de San Juan se plegarán este lunes 3 de agosto a la medida de fuerza convocada a nivel nacional. La protesta, que también contará con la adhesión de los principales gremios docentes provinciales, reclama una recomposición salarial, mayor financiamiento para las universidades y la restitución de fondos educativos.

Los docentes universitarios iniciarán este lunes el segundo cuatrimestre con una jornada de paro docente. Los gremios confirmaron su participación a la medida nacional, por lo que el dictado de clases y buena parte de las actividades académicas quedarán afectadas durante toda la jornada.

La protesta forma parte del plan de lucha impulsado por las federaciones docentes universitarias, que denuncian el deterioro salarial, reclaman la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y exigen un incremento del presupuesto destinado a las casas de altos estudios. También advierten sobre las dificultades que enfrentan las universidades para sostener su funcionamiento y las tareas de investigación y extensión.

En San Juan, la Asociación de Docentes, Investigadores y Creadores de la Universidad Nacional de San Juan (ADICUS) confirmó que la modalidad será sin asistencia a los lugares de trabajo, mientras que el Sindicato de Docentes Universitarios de San Juan (SIDUNSJ) también ratificó su participación en la huelga.

La convocatoria no se limitará al ámbito universitario. Los principales sindicatos docentes de la provincia —UDAP, UDA y AMET— anunciaron que acompañarán el paro nacional impulsado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), lo que amplía el alcance de la protesta al conjunto del sistema educativo.

Entre los reclamos compartidos por las organizaciones sindicales figuran la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la reactivación de la Paritaria Nacional Docente y Universitaria, el fortalecimiento del financiamiento educativo y el rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa promovido por el Gobierno nacional.

En el caso de AMET, el gremio también incorporó a su plataforma de demandas la recuperación de los recursos destinados a la educación técnica y mejores condiciones laborales para los trabajadores del sistema educativo.

Durante el primer semestre, el conflicto universitario estuvo signado por sucesivos paros de 24, 48 y hasta 72 horas, y por semanas completas de reclamo clases públicas, jornadas de visibilización y la realización de una Marcha Federal Universitaria que reunió a docentes, estudiantes, nodocentes y autoridades académicas en defensa de la educación pública.

Con este cuadro, el Ministerio de Capital Humano informó que este lunes desplegará operativos de supervisión en establecimientos educativos de distintas provincias para verificar el cumplimiento de la Ley 27.802, que declara a la educación como servicio esencial. Según indicó la cartera que conduce Sandra Pettovello, las inspecciones buscarán constatar que se garantice la prestación mínima del 75% del servicio educativo cuando corresponda, y advirtió que, en caso de detectarse incumplimientos, podrán iniciarse los procedimientos administrativos previstos por la normativa vigente.

Con la adhesión de los gremios universitarios y de los principales sindicatos docentes provinciales, San Juan volverá a ser parte de una protesta nacional que coloca en el centro del debate el financiamiento de la educación pública, la recomposición salarial y las condiciones para el funcionamiento de las universidades nacionales.

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