Mientras el Gobierno nacional avanza con su proyecto de reforma laboral y busca apoyos en las provincias, el sindicalismo despliega una estrategia federal para frenar una iniciativa que, según advierten, amenaza conquistas históricas, debilita la organización colectiva y profundiza la precarización del empleo.

La reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei se convirtió en uno de los principales ejes de conflicto político y social del inicio del año. Lejos de un debate técnico, el proyecto abrió una pulseada de alcance federal en la que el Poder Ejecutivo busca sumar respaldo de los gobernadores, mientras el movimiento obrero organiza su propia contraofensiva territorial para bloquear su avance.

En ese marco, Marcelo Mena, titular nacional de ASIJEMIN, expresó una postura categórica: la iniciativa oficial no representa una modernización del sistema laboral, sino “un retroceso estructural” que impacta de lleno sobre los trabajadores y las organizaciones sindicales. “Ataca directamente a las conquistas laborales, al derecho colectivo y a las instituciones que defienden el trabajo”, sostuvo.

La lectura que predomina en amplios sectores del sindicalismo es que la reforma, tal como está planteada, no generará empleo genuino ni mayor productividad, sino que favorecerá a un núcleo reducido de capital concentrado. “No va a generar absolutamente nada positivo. Beneficia a un capital muy pequeño y debilita el entramado laboral”, advirtió Mena, en sintonía con la posición que atraviesa a gran parte de la CGT y de las organizaciones gremiales del país.

La respuesta sindical no se limita al plano discursivo. La Confederación General del Trabajo ya confirmó un paro nacional con movilización para el próximo 10 de febrero, una medida que cuenta con amplio consenso en la mesa sindical y que promete tener impacto en todo el territorio. “Estamos en sintonía. El movimiento obrero entiende que, si no defendemos nuestras conquistas y el derecho laboral, vamos a perder mucho más que una reforma”, remarcó el dirigente.

El conflicto se inscribe, además, en un contexto económico complejo. Aunque el Gobierno exhibe indicadores de inflación en descenso, persisten tensiones en rubros sensibles como transporte, energía y servicios, con un fuerte impacto sobre el poder adquisitivo. Según distintos estudios, una porción creciente de la población quedó excluida incluso de consumos básicos como el descanso o las vacaciones.

Desde el sector energético y minero, Mena aportó una mirada que combina realismo y advertencia. En el petróleo se registró una caída del empleo, mientras que la minería metalífera atraviesa una meseta sin crecimiento. “No hubo expansión. Estamos esperando inversiones que no terminan de llegar, en un escenario internacional cada vez más complejo”, explicó, aludiendo también a la volatilidad de los precios y a los condicionantes geopolíticos.

Lejos de encapsularse en su propia realidad sectorial, el dirigente subrayó la necesidad de una solidaridad activa dentro del movimiento obrero. “Tener estabilidad laboral no nos exime de ser solidarios con quienes no la tienen. Somos trabajadores y seres humanos que aspiran a un país con empleo y desarrollo”, afirmó.

La disputa por la reforma laboral excede largamente el contenido de un proyecto legislativo. Lo que está en juego, advierte el sindicalismo, es el modelo de relaciones laborales, el rol de las organizaciones colectivas y la capacidad del país para sostener un desarrollo con inclusión.

Frente a una ofensiva que prioriza la rentabilidad de pocos, el movimiento obrero apuesta a la movilización, al diálogo con las provincias y a la defensa integral de los derechos conquistados. El 10 de febrero asoma, así, como una fecha clave en una confrontación que definirá mucho más que una reforma: el rumbo del trabajo en la Argentina.

El Sindicato de Empleados de Comercio denunció 29 despidos en el Hiper Libertad de San Juan y alertó sobre malos tratos persistentes, falta de información oficial y versiones no confirmadas de una posible venta. El conflicto expone la fragilidad laboral del sector en un entorno de caída del consumo y pérdida del poder adquisitivo.

La situación laboral en el Hiper Libertad en la provincia atraviesa uno de sus momentos más delicados desde la apertura del establecimiento. A los despidos ya concretados se suma un clima interno marcado por la incertidumbre, la falta de información clara y denuncias de maltrato hacia los trabajadores, en un escenario que mantiene en vilo a decenas de familias.

Según confirmó Mirna Moral, secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio, un total de 29 trabajadores fueron desvinculados de la empresa entre el año pasado y lo que va de 2026. Durante 2024, 27 empleados dejaron la firma bajo distintos mecanismos, mientras que en las primeras semanas del nuevo año se produjeron dos despidos más. Ambos corresponden a trabajadores con 26 años de antigüedad, que formaron parte del plantel original desde la inauguración del hipermercado en la provincia.

“Los conflictos internos no son nuevos. El maltrato y la falta de respeto hacia los empleados vienen ocurriendo desde hace meses”, señaló Moral, quien cuestionó con dureza la gestión local del establecimiento. Para la dirigente gremial, las prácticas denunciadas configuran un deterioro sostenido de las condiciones laborales que no puede naturalizarse bajo ningún argumento.

La preocupación se profundiza ante la ausencia de definiciones oficiales sobre el futuro de la empresa. En este sentido a los despidos, comenzaron a circular con fuerza versiones sobre una posible venta del supermercado, aunque desde el sindicato aclaran que no existe confirmación formal. “El rumor surge desde la sede central en Córdoba, pero no hay comunicación oficial ni información sobre eventuales compradores”, explicó Moral.

En ese marco, el gremio reclama la apertura de canales de diálogo efectivos con interlocutores que cuenten con capacidad real de decisión. Según indicaron, el gerente local no tendría autoridad suficiente para resolver los conflictos planteados. Por ese motivo, en las audiencias realizadas en la Subsecretaría de Trabajo exigen la presencia de representantes empresariales que puedan asumir compromisos concretos y garantizar su cumplimiento.

El conflicto en Hiper Libertad se inscribe, además, en un sentido más amplio de crisis en el sector comercial. Moral advirtió sobre la fuerte caída del consumo y explicó que, si bien diciembre suele mostrar un repunte estacional, enero históricamente se presenta como un mes complejo, condicionado por las vacaciones y el elevado uso de tarjetas de crédito. A ello se suma la pérdida sostenida del poder adquisitivo, que empuja a gran parte de los trabajadores por debajo de la línea de pobreza y modifica de manera drástica los hábitos de compra y alimentación.

El caso de Hiper Libertad San Juan refleja con crudeza las tensiones que atraviesan hoy al empleo en el comercio: despidos sin explicaciones claras, deterioro del clima laboral y una empresa que guarda silencio frente a los reclamos. Mientras los rumores de venta se multiplican y las definiciones no llegan, la incertidumbre se convierte en una carga diaria para los trabajadores. En un marco económico adverso, la falta de diálogo y de responsabilidad empresarial profundiza un escenario que exige respuestas urgentes para preservar el empleo y la dignidad laboral.

El presunto “equilibrio fiscal” que exhibe el gobierno de Javier Milei se sostiene sobre un ajuste profundo y altamente selectivo. La eliminación de la obra pública, el recorte a las universidades, el deterioro de jubilaciones, baja en salarios a estatales y el ahogo financiero a las provincias conforman una deuda social creciente que empieza a mostrar límites económicos y políticos.

El balance fiscal que el Gobierno presenta como uno de sus principales logros económicos se apoya, según los datos oficiales, en un recorte histórico del gasto público. De acuerdo con el último informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), el Gasto Total de la Administración Pública Nacional en 2025 se contrajo un 28,1% en términos reales respecto de 2023. Sin embargo, más allá de la magnitud del ajuste, lo verdaderamente revelador es su composición: la “motosierra” no fue pareja, sino quirúrgica, concentrada en áreas clave para el desarrollo, la cohesión federal y la protección social.

El caso más extremo es el del Gasto de Capital, es decir, la inversión nacional en infraestructura. En apenas dos años, este rubro sufrió un recorte del 79,4% real, como consecuencia directa de la decisión política de suspender casi por completo la obra pública. El impacto va mucho más allá del plano contable: rutas paralizadas, obras inconclusas, deterioro de servicios básicos y una destrucción masiva de empleo en el sector de la construcción, uno de los mayores generadores de trabajo formal e indirecto en el país.

El segundo ajuste más significativo fue el de las Transferencias Corrientes a las provincias, que cayeron un 60,5% real entre 2023 y 2025. Se trata, en su mayoría, de fondos “no automáticos” destinados a sostener programas de salud, educación, transporte y obra pública local. El recorte puso a las administraciones provinciales contra las cuerdas, obligándolas a reducir gastos, frenar inversiones, endeudarse o aumentar impuestos locales. Este ahogo financiero explica buena parte de la creciente tensión política entre la Casa Rosada y los gobernadores, incluso aquellos inicialmente alineados con La Libertad Avanza, y está en la base de las recientes derrotas legislativas del oficialismo, que debió retroceder y modificar aspectos clave de sus proyectos de reforma.

En tercer lugar aparece el recorte a las Transferencias a Empresas Públicas y Fondos Fiduciarios, que se redujeron un 39,6% en términos reales. Este ajuste se tradujo en una drástica reducción de subsidios al transporte y la energía, con el objetivo explícito de eliminarlos por completo. El resultado fue un brutal aumento de tarifas que impactó de lleno en el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, prácticamente congelados frente a la inflación, y un fuerte desfinanciamiento de empresas estatales estratégicas, hoy sometidas a planes de “saneamiento”, recortes de personal o directamente procesos de privatización.

El ajuste también alcanzó de lleno a los ingresos laborales y al sistema universitario. Los salarios de los trabajadores de la administración pública nacional perdieron un 27,3% de su poder adquisitivo real respecto de 2023, una caída prácticamente idéntica a la sufrida por las universidades nacionales, cuyo presupuesto se redujo un 27,7% real en el mismo período. Este recorte explica el conflicto persistente con el sistema científico y educativo, y el intento del Gobierno de vetar o derogar leyes de financiamiento universitario bajo el argumento del “equilibrio fiscal”.

Sin embargo, incluso bajo este esquema de ajuste severo, los resultados fiscales comienzan a mostrar señales de fragilidad. El cierre del último ejercicio anual reveló que diciembre fue el cuarto mes consecutivo con una brecha negativa entre el crecimiento de los ingresos y el de los gastos. Mientras los ingresos cayeron un 4,6% interanual, el gasto creció un 3,1%, evidenciando un deterioro en las cuentas públicas que pone en cuestión la sostenibilidad del modelo.

El equilibrio fiscal que exhibe el Gobierno de Javier Milei no es neutro ni gratuito: se construye sobre la paralización de la obra pública, el desfinanciamiento educativo, el deterioro de jubilaciones y salarios y el ahogo de las provincias. Los datos muestran que el ajuste ya alcanzó un límite económico y social, mientras los números fiscales empiezan a tensionarse. De cara a 2026, el Ejecutivo enfrenta una disyuntiva cada vez más clara: profundizar un ajuste que recae sobre una sociedad exhausta o admitir que el dogma del superávit permanente choca con la realidad de una deuda social que sigue creciendo.