Luz y Fuerza advierte deterioro crítico en la red eléctrica y exige personal idóneo
La secretaria general de Luz y Fuerza de San Juan, Lilia Martín, advirtió en diálogo con Mundo Laboral SJ que la estructura operativa de Naturgy San Juan “está reducida a la mitad” y que la empresa “ha tercerizado funciones esenciales con personal sin la capacitación adecuada”, lo que —según los datos oficiales que presentó ante el EPRE— explica el aumento de interrupciones, errores de facturación, reclamos sin respuesta y accidentes graves.
En plena Revisión Tarifaria Ordinaria 2026–2031, el Sindicato de Luz y Fuerza de San Juan llevó al Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) una presentación técnica y política con un diagnóstico severo sobre el estado del servicio. La exposición, respaldada por estadísticas oficiales de la propia distribuidora, delineó un deterioro progresivo que, según la secretaria general Lilia Martín, se profundizó a partir de la reestructuración empresarial de los últimos años.
“Los sanjuaninos venimos observando un deterioro de la calidad del servicio y la información técnica lo confirma”, sostuvo Martín en la entrevista con Mundo Laboral, subrayando que los cortes ya se producen “sin viento y sin eventos climáticos” y que el crecimiento de reclamos y sanciones es “vertiginoso”.
El eje central del planteo gremial —y uno de los puntos más conflictivos con la empresa— es la reducción del personal propio idóneo y la tercerización masiva de tareas que, por normativa, deberían ser ejecutadas exclusivamente por trabajadores electrificadores formados bajo el Convenio de Luz y Fuerza.
Una estructura operativa recortada: de 220 empleados necesarios a menos de 120 en actividad
La referente sindical explicó que, según los estándares históricos del servicio y las referencias sectoriales, la distribuidora no debería operar con menos de 220 trabajadores propios entre técnicos, administrativos y personal de operación. Sin embargo, hoy la empresa no alcanza las 120 personas, cifra que incluye únicamente personal directo, dejando numerosas áreas “en manos de contratistas”.
Esa brecha no solo recarga al personal existente sino que, en palabras de la dirigente, “convierte al jefe de turno —habilitado por CAMMESA para operar el sistema— en un mero supervisor, porque prácticamente todas las maniobras en baja, media y alta tensión están ejecutadas por empresas externas”.
La pérdida de cuadros experimentados también impacta en la atención al usuario. “Un gran consumidor debe ser atendido por personal que conozca de memoria el régimen de suministro. Hoy eso casi no ocurre”, advirtió.
Tercerización en puestos críticos: un riesgo operativo y humano
Uno de los puntos más sensibles señalados por el sindicato es la incorporación de trabajadores contratados bajo convenios no eléctricos, especialmente UOCRA, para tareas que requieren certificaciones específicas y experiencia acumulada.
“El trabajador eléctrico necesita meses de formación para subirse a una escalera y tocar una línea. Esto no se aprende en un día”, sostuvo Martín.
La falta de idoneidad —suma— explica el aumento de incidentes y accidentes graves, como el ocurrido en avenida Rioja y Libertador, donde una falla en una cámara subterránea dejó a un operario hospitalizado en terapia intensiva.
Para el gremio, estos episodios no solo comprometen la integridad de los trabajadores sino también la seguridad pública: “Ese fogonazo podría haber alcanzado a cualquier peatón”.
Datos oficiales que preocupan: más cortes, más reclamos, más sanciones
La presentación gremial ante el EPRE se basó únicamente en información oficial, incluida en los anuarios, informes técnicos y reclamos validados por el ente regulador.
De ese análisis surgieron tendencias claras:
Aumento sostenido de los tiempos de interrupción y mayor cantidad de cortes no programados.
Incremento de artefactos dañados, con fuertes discrepancias entre lo que reconoce la empresa y lo que finalmente valida el EPRE.
Reclamos comerciales en alza, principalmente por errores de facturación desde la reestructuración de 2023.
Demoras prolongadas en nuevas conexiones, con casos que exceden los 200 días hábiles.
Crecimiento importante de sanciones aplicadas a la distribuidora entre 2021 y 2024.
Pero el dato más preocupante para los especialistas es el ratio Clientes/Personal: Naturgy San Juan opera hoy con cifras que, según Martín, “duplican los promedios de la Asociación de Distribuidoras Eléctricas del país”. Ese desequilibrio, afirma, “es incompatible con un servicio confiable”.
El pedido al EPRE: fijar una dotación mínima y frenar el modelo regresivo
El gremio exige que la Revisión Tarifaria establezca una dotación mínima obligatoria de personal propio, y que el EPRE limite estrictamente la tercerización a tareas no esenciales.
Martín sostiene que la ley es clara: “La empresa debe contar con personal propio idóneo, certificado y en cantidad suficiente para garantizar la continuidad y la calidad del servicio”.
Además, alertó que el “modelo de empresa” presentado por Naturgy para el próximo quinquenio “es aún más regresivo”, porque profundiza la estructura mínima basada en contratistas.
“Si no se corrige la dotación, el sistema va a seguir deteriorándose. Esto ya no es una discusión gremial: es un problema de calidad de servicio y de seguridad pública”, concluyó.
El planteo de Luz y Fuerza llega en un momento clave: la revisión tarifaria que definirá la estructura de costos y funciones para los próximos cinco años.
Mientras los indicadores técnicos muestran un deterioro palpable, el debate sobre quién opera, quién decide y con qué capacidad se ejecutan las tareas esenciales se vuelve central para el futuro energético de la provincia.
El EPRE deberá resolver si convalida el modelo actual o si adopta el reclamo sindical de recomponer la dotación mínima y recuperar la operación directa como columna vertebral del servicio. En cualquiera de los escenarios, el diagnóstico es inequívoco: San Juan enfrenta un punto de inflexión, y de esa decisión dependerá no solo la calidad del servicio eléctrico sino la seguridad de quienes lo hacen posible y de quienes lo reciben.
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La CGT rompe el diálogo con el gobierno y activa un plan de lucha contra la reforma laboral
La central obrera decidió ausentarse de la reunión del Consejo de Mayo y resolvió convocar a su Consejo Directivo para discutir un plan de lucha, luego de que el Gobierno reinstalara los artículos más controversiales de la reforma laboral, en especial la limitación de las cuotas solidarias que financian a los sindicatos.
La relación entre la CGT y el Gobierno volvió a tensarse al máximo luego de que se conociera el último borrador de la reforma laboral, que incorporó modificaciones aún más profundas que las difundidas inicialmente. Al confirmarse que el texto final reinstalaba artículos que la central obrera rechaza de plano —en particular, la limitación de las cuotas solidarias—, la dirigencia sindical decidió dar un golpe político: su representante, Gerardo Martínez, no asistió a la reunión de este martes del Consejo de Mayo.
En Azopardo, la primera reacción fue de sorpresa, pero rápidamente se transformó en un diagnóstico compartido: “ganó Sturzenegger”, confesó un dirigente cegetista, en referencia al ministro de Desregulación del Estado, considerado el principal impulsor de una agenda abiertamente antisindical dentro del gabinete. Según remarcaron fuentes gremiales, el ala dura del Gobierno logró imponerse sobre los sectores más “políticos”, aquellos dispuestos a moderar el contenido de la ley para evitar una confrontación frontal.
Con ese escenario, la CGT convocó a su Consejo Directivo para este jueves, donde se discutirá un temario que ya tiene un punto central: definir un plan de acción.
El punto que encendió la mecha: las cuotas solidarias
Dentro del paquete laboral, ningún artículo genera tanta resistencia sindical como el que limita las cuotas solidarias, el mecanismo clave de financiamiento de los gremios. Estas cuotas consisten en un aporte obligatorio, acordado en los convenios colectivos, que se descuenta a todos los trabajadores de un sector, estén o no afiliados.
La última versión difundida el viernes parecía contener una concesión: ese artículo no estaba incluido. Sin embargo, el fin de semana, durante el armado final del texto, el sector más liberal del Gobierno logró reincorporarlo. La presión vino, principalmente, desde Sturzenegger, quien sostiene que estas contribuciones son “peajes sindicales” y promueve un sistema donde cada trabajador deba dar un consentimiento explícito para pagarla.
Para la CGT, ese cambio no es una cuestión técnica: es un golpe directo al financiamiento de la estructura sindical. Por eso fue una línea roja desde el principio, e incluso dirigentes cercanos al Gobierno, como Gerardo Martínez (UOCRA), habían planteado la necesidad de una “modernización laboral sin pérdida de derechos”.
Las tensiones internas del Gobierno y el factor político
Dentro del propio oficialismo conviven dos posturas. Por un lado, quienes apuntan a contener la conflictividad y sostienen que, aun concediendo a la CGT la eliminación de las restricciones a las cuotas solidarias, la central difícilmente apoye la reforma. Por el otro, el sector más ideológico, que insiste en avanzar sin matices y que volvió a tener influencia en esta instancia, con respaldo de figuras como Patricia Bullrich.
El resultado fue el peor escenario para la convivencia: la CGT percibe que el Gobierno no busca negociar, sino avanzar unilateralmente. Y el Gobierno, a su vez, calcula que cualquier concesión será interpretada como un signo de debilidad.
Un conflicto que se intensifica
Como consecuencia directa, la CGT ya se prepara para activar un plan de lucha que podría incluir movilizaciones, asambleas y medidas nacionales de fuerza. La central evalúa que la reinstalación de los artículos más duros del proyecto —y particularmente el referido a las cuotas solidarias— no deja margen para un acuerdo.
El conflicto, que hasta ahora se mantenía en el terreno técnico y político, entra así en una fase de confrontación abierta. En un contexto económico aún delicado y con otros sectores gremiales también tensos, la pulseada entre la CGT y el Gobierno promete escalar en las próximas semanas.
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El Ejecutivo lanzó oficialmente las propuestas de reformas que llegarán al Congreso
El Gobierno nacional presentó este martes el informe final del Consejo de Mayo, un compendio de iniciativas legislativas que serán enviadas al Congreso durante el período de sesiones extraordinarias. El anuncio estuvo a cargo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y se realizó en un contexto marcado por la ausencia de Gerardo Martínez, referente de la CGT y pieza clave del diálogo tripartito que el Ejecutivo buscaba consolidar.
Adorni destacó que el paquete de reformas apunta a “ordenar el país” y que la documentación completa estará disponible en el sitio oficial Argentina.gob.ar desde esta misma noche, con la promesa de sumar nuevos textos a medida que avancen los equipos técnicos. El Gobierno remarcó que el Consejo de Mayo funciona como una instancia de consenso general para legitimar los cambios estructurales que pretende llevar adelante.
Propiedad privada y expropiaciones
Uno de los capítulos más controvertidos del informe es el referido a la propiedad privada. El Ejecutivo propone modificar la Ley de Expropiaciones para establecer indemnizaciones al valor de mercado previo al anuncio y actualizadas por el IPC, mediante tasaciones independientes. También impulsa la entrega inmediata de inmuebles ante tenencia precaria o usurpación, la eliminación de limitaciones para la compra en barrios populares y la apertura total del mercado de tierras rurales para inversores extranjeros.
Disciplina fiscal y prohibición del déficit
Otro de los ejes centrales es la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria. El proyecto busca prohibir el déficit en el presupuesto nacional, instaurar un mecanismo de ajuste automático ante desvíos y tipificar como delito el uso de partidas no aprobadas. Además, plantea vedar los adelantos transitorios del Banco Central al Tesoro y restringir el acceso a Aportes del Tesoro Nacional para las provincias que no adhieran a las metas fiscales. A su vez, sugiere limitar el endeudamiento de distritos con déficit primario, salvo para operaciones de refinanciación.
Reforma educativa
El documento también incorpora un capítulo educativo que propone que cada escuela pueda diseñar su propio plan de estudios, mientras el Estado establecería contenidos mínimos obligatorios. Adorni enfatizó que los padres “recuperarán un rol activo en el proyecto educativo de sus hijos”. Además, se impulsará un sistema nacional de evaluación con mediciones continuas de aprendizajes y trayectorias.
Reforma tributaria y promoción laboral
El Ministerio de Economía aportó una serie de iniciativas que conforman la reforma tributaria. Entre ellas, la Ley de Procedimiento y Régimen Penal Tributario, conocida como “inocencia fiscal”, y un sistema simplificado para la liquidación del Impuesto a las Ganancias. También se presentarán un Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, que reduce cargas laborales por dos años, y un Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones, además de nuevas exenciones para sectores productivos.
Cambios ambientales y productivos
El informe propone modificaciones en la Ley de Glaciares, en la Ley de Bosques y en la normativa de Acuicultura. En paralelo, sugiere eliminar normas de compre provincial y cupos de mano de obra local en áreas productivas estratégicas. Según Adorni, estas restricciones “generan distorsiones en un contexto de boom minero” y obstaculizan la conformación de un mercado nacional integrado de factores productivos.
Reforma laboral: definiciones inminentes
La reforma laboral es uno de los proyectos más esperados del paquete. Adorni anticipó que la versión final se publicará en las próximas horas. Entre los puntos principales se encuentran la eliminación de la ultractividad indefinida, cambios en la prelación de convenios, reducción de cargas laborales y modificaciones en el régimen de trabajo agrario. También prevé la derogación de normas consideradas obsoletas por el Gobierno.
Apertura comercial y propiedad intelectual
En materia de integración internacional, el Consejo propone avanzar con tratados ya aprobados y otros con media sanción. Adorni destacó especialmente el Tratado de Cooperación en Patentes, que —según dijo— “bajará significativamente el costo de proteger la propiedad intelectual” para el sistema científico y la industria.
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La canasta navideña subió 27% y desafía el presupuesto familiar
Un informe de la consultora Focus Market reveló aumentos significativos en alimentos tradicionales y variaciones mixtas en artículos de decoración. Con un gasto total que supera los $423.000 en productos decorativos y los $95.000 en alimentos, las familias ajustan hábitos y priorizan descuentos, cuotas y compras de último momento.
La canasta navideña 2025 llega con incrementos que complican el bolsillo y reconfiguran la manera en que los argentinos se preparan para las fiestas. Según un relevamiento de Focus Market, el costo de los productos decorativos aumentó un 12% interanual, mientras que los alimentos típicos de fin de año se encarecieron bastante más, empujando el promedio general a un aumento del 27% respecto de 2024.
En el rubro decoración, los incrementos más notorios se registraron en pesebres de nueve piezas (+28%), los juegos de luces cálidas LED (+27%) y las guirnaldas verdes (+18%). Sin embargo, no todos los precios siguieron la misma tendencia: las coronas navideñas (-17%) y los sets de 24 adornos (-29%) se abarataron, favorecidos por mayor diversidad de oferta y apertura del mercado.
Con estas variaciones, el conjunto de los ocho productos decorativos relevados pasó de $377.504 a $423.955.
El alimento festivo, el más golpeado por la inflación
En contraste con la decoración, el rubro alimenticio muestra una presión mucho más marcada. El incremento más fuerte lo protagoniza la torta española de frutos secos (+47%), seguida por el pan dulce con frutas (+44%) y el turrón blando de almendra (+38%).
Aun así, algunos ítems mantienen subas relativamente moderadas: el pan dulce con chips de chocolate (+9%), las garrapiñadas (+7%) y el champagne (+1%).
En total, el valor promedio de los doce alimentos típicos medidos se elevó de $75.013 en 2024 a $95.401 en 2025.
Focus Market remarcó además que dos de los tres productos con mayores aumentos son importados, evidenciando la sensibilidad del precio de los alimentos externos al tipo de cambio y la disponibilidad de stock. En cambio, la mayor competencia en decoración ayudó a frenar aumentos más pronunciados.
Promociones, cuotas y compras sobre la hora
La situación económica empuja a los consumidores a estrategias de compra más defensivas. Según el estudio, el 74% prioriza promociones y descuentos, un dato que consolida la tendencia del “cazador de ofertas” como comportamiento dominante en las fiestas.
Otros mecanismos también ganan terreno:
9% opta por cuotas y financiamiento,
7% aprovecha beneficios por pago con débito o QR.
El calendario de compras también se comprimió:
44% compra una semana antes,
27% lo hace un mes antes,
21% espera al fin de semana previo a Navidad.
En cuanto a los métodos de pago, el 61% usa tarjeta de crédito, mientras que 16% aguarda el cobro del aguinaldo y 12% utiliza rendimientos de cuentas remuneradas.
Estrategias comerciales, la clave para sostener las ventas
Para Damián Di Pace, director de Focus Market, el panorama obliga al comercio a redoblar esfuerzos: “Las estrategias que ofrezcan descuentos realmente atractivos y planes de pago accesibles serán fundamentales para dinamizar las ventas y sostener el espíritu festivo en un contexto desafiante”.
Con precios que no dan tregua pero con consumidores más atentos y selectivos, la Navidad 2025 se encamina a ser una celebración donde las promociones, más que los adornos o el pan dulce, se convierten en el protagonista central.
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