La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió un nuevo paro nacional de 72 horas, del 12 al 14 de noviembre, en reclamo de la apertura de paritarias y la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El gremio advierte que, si no hay respuestas, el conflicto podría extenderse y poner en riesgo el inicio del ciclo lectivo 2026.

La CONADU definió profundizar su plan de lucha frente al Gobierno Nacional con una medida de alto impacto: un paro nacional de 72 horas en todas las universidades públicas del país, que se llevará a cabo los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre.

La decisión fue adoptada por el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la entidad, que reunió a representantes de sindicatos de base como Coad, Feduba, Adum, Adiuc, AGDU y otros gremios del sistema universitario. Según informaron desde la Federación, la moción fue aprobada por “amplia mayoría”, reflejando un consenso casi total en torno a la necesidad de endurecer las acciones gremiales.

Reclamos por salarios y por la Ley de Financiamiento Universitario

La medida de fuerza busca presionar al Gobierno nacional para que reabra las paritarias del sector y cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, norma que el gremio considera “incumplida” y vital para sostener el funcionamiento del sistema.

Desde CONADU señalaron que, frente a la falta de respuesta del Ejecutivo, existe un “recorte salarial de facto” que afecta a miles de docentes e investigadores de todo el país. En ese marco, anticiparon que, junto al Frente Sindical Universitario, avanzarán en una acción judicial para forzar una convocatoria inmediata a la negociación salarial.

“Sin actualización de los sueldos y sin financiamiento, la universidad pública está en riesgo. No hay sostenibilidad institucional ni condiciones laborales dignas”, advirtieron desde la conducción gremial.

Advertencia: podría verse afectado el inicio del ciclo lectivo 2026

El Plenario también resolvió condicionar el inicio de clases del próximo año a la respuesta que brinde el Gobierno en materia presupuestaria y salarial. En un comunicado, la Federación advirtió que, si el Poder Ejecutivo persiste en su negativa a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, el conflicto podría escalar durante el verano y afectar el comienzo del ciclo lectivo 2026.

“El consenso fue total: sin presupuesto ni paritaria, no hay condiciones para iniciar las clases en 2026”, remarcaron fuentes del sindicato.

La medida se suma a una serie de protestas, clases públicas y jornadas de visibilización que las federaciones universitarias vienen realizando desde septiembre, en un contexto de ajuste sobre los fondos del sistema de educación superior.

Solidaridad con los docentes de Formosa

Durante el plenario, CONADU también expresó su solidaridad con los docentes de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Formosa (ADUFOR).

La Federación denunció que los profesores de esa institución están siendo objeto de persecución laboral y sanciones por mantener una postura “crítica y diferente a la gestión universitaria”. “Repudiamos cualquier forma de hostigamiento institucional hacia los trabajadores docentes”, señalaron en el documento final.

Un conflicto que marca el pulso del sistema universitario

La nueva huelga docente se inscribe en un escenario de tensión creciente entre el Gobierno y el sistema universitario público, atravesado por la falta de actualización presupuestaria, la caída del salario real y la demora en la aplicación de políticas de financiamiento.

Con esta medida, la CONADU busca reposicionar el reclamo en la agenda nacional y sumar apoyo de la comunidad académica y científica. Sin respuestas concretas, el cierre del año académico podría quedar atravesado por un conflicto prolongado, con repercusiones políticas y sociales en un sector históricamente sensible de la vida pública argentina.

Con el impulso político obtenido tras las elecciones legislativas de octubre, el Gobierno nacional acelera la redacción de una reforma laboral que busca ser debatida en sesiones extraordinarias antes de fin de año. Aunque todavía no hay un texto oficial, los borradores que circulan entre laboralistas y dirigentes sindicales despertaron una fuerte preocupación: para muchos especialistas, el anteproyecto pone en riesgo derechos consagrados en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

En los estudios jurídicos ya comenzó el análisis técnico de los puntos más controvertidos. La coincidencia entre los expertos es casi unánime: varias de las modificaciones vulnerarían garantías constitucionales básicas, lo que anticipa una intensa judicialización si el proyecto llega al Congreso tal como está.

Jornadas de hasta 12 horas: “un retroceso de un siglo”

Uno de los aspectos más sensibles es la posibilidad de extender la jornada laboral de ocho a doce horas diarias. Hoy la legislación vigente establece un máximo de ocho horas por día o 48 semanales, con límites más estrictos para el trabajo nocturno y para menores de edad.

Para los especialistas, la medida colisiona con el principio constitucional de “jornada limitada” y con tratados internacionales incorporados a la Carta Magna. “Sería un retroceso de cien años en materia de derechos laborales”, sintetizó un abogado del fuero laboral. La ampliación horaria, advirtieron, afecta la salud y la seguridad del trabajador, pilares que el derecho del trabajo protege desde principios del siglo XX.

Vacaciones fraccionadas y pagos parciales: el descanso en riesgo

Otro punto bajo observación es la división del período de vacaciones en varios tramos, lo que diluye la finalidad del descanso prolongado. La jurisprudencia argentina ha sostenido que el objetivo del régimen vacacional es la recuperación física y mental del trabajador, un propósito que se perdería con interrupciones o fraccionamientos sucesivos.

Además, los pagos parciales de vacaciones o indemnizaciones —también contemplados en el borrador— serían, según los laboralistas, una forma de precarización encubierta, incompatible con el derecho de propiedad y el principio de integralidad salarial que protege la Constitución.

Indemnizaciones con tope y en cuotas: alivio para empresas, costo para empleados

La iniciativa prevé que las pequeñas y medianas empresas puedan pagar las indemnizaciones en hasta 12 cuotas mensuales, con un tope de 10 sueldos. Este esquema choca de lleno con la LCT, que establece una compensación equivalente a un mes de salario por cada año trabajado, sin límite y con pago íntegro.

“Más allá del argumento de aliviar la carga a las pymes, en los hechos se traslada el costo del despido al trabajador”, explican los abogados laboralistas. Además, el Código Civil y Comercial prohíbe el pago parcial de deudas si el acreedor no lo acepta, lo que sumaría otro conflicto jurídico.

Banco de horas: flexibilidad con pérdida salarial

El borrador introduce la figura del “banco de horas”, un sistema que permitiría compensar horas extras con días de descanso, eliminando el pago con recargo. El Gobierno lo presenta como una herramienta de “modernización”, pero desde el sindicalismo advierten que, en la práctica, implica una reducción del salario real y una mayor disponibilidad horaria sin retribución económica.

Actualmente, la LCT establece un recargo del 50% o del 100% según el día y horario de las horas extras, un esquema que protege al trabajador de los abusos en la carga laboral.

El regreso de los “tickets canasta”: la sombra de los 90

Entre los puntos más polémicos figura el posible retorno de los vales de comida o “tickets canasta”, eliminados en 2007. Este sistema, característico de la flexibilización laboral de los años 90, fue declarado de carácter salarial por la Corte Suprema en 2009, al reconocer que debía integrarse a los aportes y contribuciones.

De reinstaurarse, advierten los especialistas, se excluiría parte del salario de los aportes jubilatorios y del cálculo de indemnizaciones, lo que debilitaría la protección social del trabajador y reproduciría esquemas ya superados.

Fin de la ultraactividad: golpe a la negociación colectiva

La propuesta también contempla eliminar la ultraactividad de los convenios colectivos, es decir, su vigencia automática hasta que se firme un nuevo acuerdo. Para los expertos, esta decisión desequilibra las relaciones laborales y debilita el poder de negociación sindical, en abierta contradicción con los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tienen jerarquía constitucional en Argentina.

“Quitar la ultraactividad es desconocer los compromisos internacionales del país y retroceder en materia de libertad sindical”, alertaron fuentes gremiales.

Una reforma en conflicto con la Constitución

De aprobarse en los términos actuales, la reforma nacería con serias inconsistencias jurídicas, advierten los especialistas. Las modificaciones afectarían artículos centrales de la LCT sin revisar su estructura general, lo que generaría conflictos de interpretación y posibles planteos de inconstitucionalidad.

“No es una modernización del trabajo, sino una reedición de las recetas de los años 90”, sostienen desde el ámbito sindical. Mientras tanto, en los estudios de abogados laboralistas ya se preparan los argumentos que podrían llevar la disputa a los tribunales.

La pulseada recién comienza, pero el horizonte anticipa una batalla legal que podría redefinir los límites entre la flexibilidad empresarial y los derechos laborales.

En un contexto de persistente pérdida del poder adquisitivo y marcada informalidad laboral, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) aprobó un aumento del 2,7% para las trabajadoras y trabajadores del sector, que se aplicará de forma escalonada entre noviembre y diciembre de 2025. La medida contempla un incremento del 1,4% sobre los haberes de noviembre y un 1,3% adicional en diciembre, calculado sobre los valores ya actualizados del mes anterior.

Además, el organismo ratificó la continuidad del bono extraordinario no remunerativo, una suma fija que se extenderá durante noviembre, diciembre y enero, con el objetivo de reforzar los ingresos y compensar parcialmente la inflación acumulada del año.

Según lo establecido, el monto del bono variará según la carga horaria semanal:

$14.000 para quienes trabajen más de 16 horas semanales,

$9.000 para jornadas de entre 12 y 16 horas,

$6.000 para quienes cumplan hasta 12 horas por semana.

Estas cifras, de carácter no remunerativo, no se incorporarán al salario básico para el cálculo del aguinaldo ni de otros ítems, aunque representan un alivio temporal en los ingresos del sector, que aún permanece entre los más rezagados del mercado laboral argentino.

El acuerdo fue alcanzado por consenso entre representantes de la Secretaría de Trabajo, sindicatos del sector y cámaras empleadoras, y busca mantener un sendero de recomposición gradual mientras continúa la negociación por una mejora más significativa en el primer trimestre de 2026. Voceros gremiales valoraron el entendimiento, aunque remarcaron que la recuperación del salario real todavía se encuentra lejos de los niveles previos a la pandemia y a la aceleración inflacionaria de los últimos años.

Escala salarial actualizada a noviembre de 2025:

Supervisores/as (coordinación y control de tareas)

Por hora (con retiro): $3.734,77

Por hora (sin retiro): $4.090,53

Mensual (con retiro): $465.904,33

Mensual (sin retiro): $518.965,42

Personal para tareas específicas (cocina, mantenimiento calificado, etc.)

Por hora (con retiro): $3.535,82

Por hora (sin retiro): $3.876,43

Mensual (con retiro): $432.851,44

Mensual (sin retiro): $481.837,14

Caseros/as (cuidado general y conservación de la vivienda)

Por hora (sin retiro): $3.340,11

Mensual (sin retiro): $422.316,43

Asistencia y cuidado de personas (adultos mayores, niños, enfermos)

Por hora (con retiro): $3.340,11

Por hora (sin retiro): $3.734,77

Mensual (con retiro): $422.316,43

Mensual (sin retiro): $470.627,40

Personal para tareas generales (limpieza, lavado, cocina diaria, mantenimiento básico)

Por hora (con retiro): $3.095,73

Por hora (sin retiro): $3.340,11

Mensual (con retiro): $379.784,94

Mensual (sin retiro): $422.316,43

El nuevo acuerdo paritario para trabajadoras de casas particulares representa un avance modesto pero necesario dentro de un escenario económico todavía adverso. Con una inflación persistente y márgenes de informalidad elevados, el desafío sigue siendo lograr una mejora estructural del salario real y una mayor formalización del sector, que emplea a más de un millón de personas en todo el país, en su mayoría mujeres.
La continuidad del bono no remunerativo y el aumento escalonado son medidas paliativas, pero la verdadera discusión —advierten los gremios— deberá centrarse en recuperar el valor del trabajo doméstico como un empleo formal, protegido y digno.