El Gobierno nacional cerró este viernes un nuevo acuerdo paritario para los trabajadores de la Administración Pública Nacional con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que prevé incrementos salariales escalonados entre enero y mayo de 2026 y el pago de un bono extraordinario de $40.000. Sin embargo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la propuesta al considerar que los aumentos quedan por debajo del costo de vida y consolidan la pérdida del poder adquisitivo del sector.

El Gobierno nacional selló este viernes 6 de marzo un nuevo entendimiento salarial con el gremio UPCN en el marco de la paritaria de la Administración Pública Nacional. El convenio establece incrementos mensuales consecutivos desde enero hasta mayo de 2026, con el objetivo de actualizar los ingresos de los trabajadores estatales en un contexto económico todavía marcado por la tensión inflacionaria.

La propuesta oficial contempla aumentos del 2,5% en enero, 2,2% en febrero, 2% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo, lo que configura un esquema de actualización gradual para el cierre del período paritario vigente.

Además, el acuerdo incluye el pago de un bono extraordinario no remunerativo de $40.000, previsto para el mes de junio, como complemento excepcional para los trabajadores del sector público nacional.

Dentro del entendimiento también se estableció la renovación del adicional por presentismo desde enero, con actualización mensual en línea con los incrementos salariales, así como una modificación en la Unidad Retributiva (UR) correspondiente al suplemento por Función Ejecutiva, que pasará a contar con un valor unificado.

ATE rechazó la propuesta y denunció pérdida salarial

Mientras UPCN avaló la propuesta y firmó el acuerdo en la mesa paritaria, la Asociación Trabajadores del Estado decidió rechazar la oferta oficial, al considerar que los aumentos resultan insuficientes frente a la evolución del costo de vida.

Desde el gremio señalaron que, si bien durante la negociación lograron garantizar el pago retroactivo del presentismo, los porcentajes acordados no permiten recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años.

“El aumento ofrecido por el Gobierno vuelve a ser insuficiente. No frena la caída del poder adquisitivo que experimentaron durante los últimos dos años los salarios del sector público”, afirmó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

El dirigente también cuestionó el monto del bono extraordinario previsto para mitad de año. “Ofrecer un bono de $40.000 es una actitud miserable por parte del Gobierno. No alcanza ni para pagar una factura de gas”, sostuvo.

El debate de fondo: salarios e inflación

La discusión salarial en el sector público vuelve a poner en el centro del debate la relación entre los incrementos paritarios y la evolución de los precios.

Desde ATE sostienen que, durante la actual gestión, los trabajadores estatales habrían acumulado una pérdida superior al 45,3% del poder adquisitivo, producto de negociaciones salariales que —según el sindicato— se ubican sistemáticamente por debajo de la inflación.

“El intento de implementar la reforma laboral y las negociaciones salariales con tope en el sector público prueban que lejos de pagar el ajuste la casta, lo estamos pagando los trabajadores con la degradación de nuestras condiciones de vida”, advirtió Aguiar.

Un cierre paritario bajo tensión

El acuerdo corresponde al Convenio Colectivo de Trabajo 214/06, cuyo período paritario se extiende entre junio de 2025 y mayo de 2026. Con los incrementos pactados, el año cerraría con un aumento salarial acumulado del 21%.

Sin embargo, desde ATE remarcan que la inflación ya alcanza 19,5% con el dato de enero, lo que plantea el riesgo de que los salarios vuelvan a quedar rezagados frente al costo de vida en los meses restantes del período,

Como ocurrió en negociaciones anteriores, el rechazo de uno de los sindicatos no impidió la convalidación del acuerdo, ya que la firma de UPCN fue suficiente para oficializar la paritaria en la mesa de negociación.

El gobierno de Javier Milei promulgó la Ley de Modernización Laboral N.º 27.802, aprobada por el Congreso el 27 de febrero, que introduce modificaciones profundas en el régimen laboral del sector privado. La norma, publicada mediante el Decreto 137/2026 en el Boletín Oficial, incorpora nuevas modalidades de jornada laboral, crea fondos de cese, redefine el cálculo de indemnizaciones y establece incentivos para la formalización del empleo.

La nueva legislación, impulsada por el Poder Ejecutivo y aprobada por el Parlamento, apunta —según su fundamentación oficial— a “modernizar las relaciones de trabajo” y adaptar el marco normativo a las transformaciones productivas y tecnológicas del mercado laboral.

La mayoría de sus disposiciones entra en vigencia desde su publicación oficial, aunque algunos mecanismos centrales, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y determinadas modificaciones operativas, comenzarán a regir el 1° de junio de 2026. El Poder Ejecutivo conserva la facultad de extender ese plazo por hasta seis meses adicionales durante el proceso de reglamentación.

El alcance de la reforma se circunscribe al empleo privado formal, dejando fuera a sectores regulados por regímenes específicos, como el empleo público, el trabajo doméstico y el sector agrario.

Jornadas más flexibles y banco de horas

Uno de los cambios más relevantes es la flexibilización de la jornada laboral. La ley habilita la posibilidad de extender el tiempo de trabajo diario hasta un máximo de 12 horas mediante acuerdo escrito entre empleador y trabajador.

La normativa incorpora además la figura del “banco de horas”, un sistema voluntario que permite compensar horas extraordinarias con períodos de descanso en lugar de remuneración adicional inmediata. Este mecanismo deberá formalizarse por escrito y respetar el descanso mínimo obligatorio de 12 horas entre turnos laborales.

El objetivo declarado de esta herramienta es dotar de mayor flexibilidad organizativa a las empresas, aunque desde sectores sindicales ya anticiparon que su aplicación podría generar controversias en convenios colectivos.

Fondo de Asistencia Laboral y cambios en indemnizaciones

La ley también introduce un nuevo esquema de cobertura frente al despido mediante la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Este instrumento se financiará con aportes patronales obligatorios equivalentes al 1% de las remuneraciones en grandes empresas y al 2,5% en el caso de las pequeñas y medianas.

El fondo funcionará como un complemento para afrontar indemnizaciones por despido, al tiempo que habilita a los convenios colectivos a establecer sistemas de capitalización individual como alternativa al régimen indemnizatorio tradicional.

En este aspecto, el cálculo de la indemnización por despido sin causa se redefine sobre la base de la remuneración mensual, normal y habitual del trabajador, excluyendo conceptos como aguinaldo, vacaciones, propinas o premios. Además, se fija un tope equivalente a tres veces el salario promedio del convenio colectivo aplicable, con actualización por inflación más un adicional del 3% anual.

Para las pymes se habilita la posibilidad de cancelar esas indemnizaciones en cuotas o sustituirlas parcialmente por los fondos de cese.

Salarios dinámicos y cambios en las vacaciones

Otra innovación incorporada por la reforma es el denominado “salario dinámico”, una modalidad que podrá pactarse en convenios colectivos y que permite vincular parte de la remuneración al rendimiento o mérito individual del trabajador.

En materia de licencias, la ley flexibiliza el régimen de vacaciones, permitiendo que se otorguen fuera del período tradicional —comprendido entre el 1° de octubre y el 30 de abril— mediante acuerdo entre las partes. También habilita el fraccionamiento en períodos mínimos de siete días consecutivos, siempre con una notificación previa de al menos 30 días.

Incentivos al blanqueo y cambios administrativos

La normativa incorpora un Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), destinado a promover la regularización de trabajadores no registrados. El esquema prevé una reducción temporal de contribuciones patronales al 8% para nuevas contrataciones de empleados que estuvieran en situación informal al 10 de diciembre de 2025, así como para ex monotributistas o ex trabajadores del sector público.

Entre las medidas administrativas complementarias se incluye la digitalización obligatoria de registros laborales, el pago de salarios preferentemente por medios bancarios y un límite máximo del 2% para los aportes sindicales.

Asimismo, la ley introduce restricciones al ejercicio de huelga en determinados sectores, estableciendo servicios mínimos obligatorios del 75% en actividades consideradas esenciales y del 50% en las denominadas trascendentales.

Sectores excluidos de la reforma

El nuevo régimen no alcanza a trabajadores de la Administración Pública, personal de casas particulares, trabajadores rurales ni prestadores independientes de plataformas tecnológicas. Tampoco se aplica a contratistas regulados exclusivamente por el Código Civil y Comercial, salvo que una disposición específica determine lo contrario.

La promulgación de la Ley 27.802 abre una nueva etapa en la regulación del mercado laboral argentino. El Gobierno sostiene que las modificaciones permitirán promover la formalización, mejorar la productividad y adaptar el sistema a las nuevas dinámicas del empleo.

Sin embargo, la reforma también anticipa un escenario de debate intenso. Mientras el oficialismo destaca su potencial para dinamizar el mercado de trabajo, sectores sindicales y especialistas advierten que algunos cambios podrían alterar el equilibrio histórico entre flexibilidad empresarial y protección laboral. En ese terreno se jugará, en los próximos meses, la verdadera dimensión de su impacto.

El titular del gremio docente universitario ADICUS, Jaime Barcelona, advirtió que el sector atraviesa una situación crítica por la fuerte pérdida del poder adquisitivo y la falta de respuesta del Gobierno nacional. Tras un paro de 48 horas con alto acatamiento, los docentes profundizarán las medidas de fuerza con huelgas semanales que podrían extenderse durante los próximos días.

Así lo expresó Barcelona, quien señaló que la protesta refleja el profundo malestar que atraviesa el sector frente a la pérdida del poder adquisitivo acumulada en los últimos meses.

Según explicó, tanto el paro reciente como el realizado la semana anterior —que incluyó a docentes y no docentes— tuvieron un alto nivel de acatamiento en todo el país, incluso en un momento particularmente sensible del calendario académico: las mesas de exámenes de febrero.

“Estamos viendo un porcentaje muy alto de adhesión porque la situación salarial es muy grave”, afirmó Barcelona. En ese sentido, subrayó que las medidas de fuerza debieron convocarse incluso durante períodos de evaluación, algo que, según indicó, no ocurría desde hace muchos años en las universidades públicas.

Reclamo por la recomposición salarial

El eje central del conflicto es la recomposición salarial de los docentes universitarios, quienes sostienen que el deterioro del poder adquisitivo supera ampliamente el 100%.

De acuerdo con lo planteado por los gremios, la propuesta oficial de aumento salarial resulta insuficiente frente al atraso acumulado.

“En lugar de una recomposición que compense la pérdida que estamos teniendo, se plantea un incremento del 12,3% en tres cuotas del 4,1%”, explicó Barcelona.

Desde el sector docente consideran que ese esquema consolida el ajuste sobre los trabajadores universitarios y profundiza el deterioro de las condiciones laborales.

Plan de lucha escalonado

Ante la falta de avances en la negociación, los gremios analizan un esquema de paros progresivos que podría extenderse durante varios meses.

La primera medida sería un paro nacional de una semana a partir del 16 de marzo,
pero el conflicto no terminaría allí. Según adelantó el refente de ADICUS, el cronograma de protestas podría incluir:

nuevas semanas de paro durante marzo,
dos paros semanales confirmados para mayo,
y la posibilidad de tres semanas de medidas de fuerza en junio.

La estrategia apunta a intensificar gradualmente la presión sobre el Gobierno nacional con el objetivo de abrir una negociación que contemple la recomposición salarial reclamada por el sector.

Debate por el financiamiento universitario

El conflicto también se vincula con la discusión sobre el financiamiento del sistema universitario. Los gremios sostienen que el Ejecutivo busca modificar la legislación vigente en el Congreso, lo que, según denuncian, implicaría consolidar el ajuste presupuestario sobre las universidades.

Barcelona señaló que el gobierno pretende reformar el esquema aprobado anteriormente y avanzar con una nueva normativa que, a su juicio, no resuelve el problema de fondo: el atraso salarial de los trabajadores universitarios.

¿Puede haber una huelga por tiempo indeterminado?

En este escenario de creciente disputa, desde el gremio no descartan que el conflicto escale aún más.

Barcelona advirtió que, si la situación no cambia y el Gobierno nacional mantiene su postura, podría evaluarse la convocatoria a un paro por tiempo indeterminado.

“El nivel de apoyo que está teniendo el paro de una semana muestra el grado de enojo y preocupación que existe entre los docentes”, afirmó.

Un conflicto que vuelve a poner en tensión al sistema universitario

La profundización del plan de lucha abre un nuevo capítulo en el conflicto entre el Gobierno nacional y el sistema universitario público.

Mientras los gremios denuncian un deterioro salarial histórico y reclaman la aplicación efectiva de políticas de financiamiento, desde el Estado se impulsa una revisión del esquema vigente.

En medio de este escenario, las universidades se preparan para semanas de alta conflictividad gremial, con impacto directo en el desarrollo del calendario académico y en la actividad educativa de miles de estudiantes en todo el país.