La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones ratificó el estado de alerta y movilización, reclamó la reapertura urgente de las negociaciones salariales y exigió el pago de un bono de $840.000. La empresa alega limitaciones para responder y la lucha se proyecta en ascenso.

El conflicto en el Correo Argentino suma un nuevo capítulo con la decisión de la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) de sostener y profundizar su plan de acción en todo el país. Tras una audiencia con la Secretaría de Trabajo, el sindicato conducido por Alberto Cejas ratificó su estado de alerta, asamblea y movilización, al tiempo que buscó despejar versiones sobre una interrupción total del servicio.

La organización gremial puso el foco en la recomposición de los ingresos, señalando que la pérdida del poder adquisitivo se ha acentuado en los últimos meses. En ese aspecto, reclamó la reapertura inmediata de la negociación colectiva y cuestionó los ajustes salariales definidos fuera del ámbito paritario, al considerarlos insuficientes y carentes de legitimidad.

Como parte de su pliego de demandas, FOECYT solicitó el pago de un bono extraordinario de $840.000, a liquidarse en cuatro tramos, con el objetivo de amortiguar el impacto de la inflación sobre los sueldos. La exigencia se inscribe en una estrategia más amplia orientada a recuperar capacidad de compra y reordenar las condiciones laborales dentro de la empresa.

Desde el sector empleador, en tanto, se argumentó la imposibilidad de avanzar con definiciones concretas en materia salarial. Según lo expuesto durante la audiencia, la conducción del Correo Argentino carecería de autorización para negociar incrementos y señaló además la ausencia de otras representaciones sindicales como un obstáculo adicional para destrabar el diálogo.

La falta de avances alimenta un clima de creciente malestar entre los trabajadores, quienes advierten sobre un deterioro sostenido de sus condiciones laborales. El gremio también cuestionó decisiones empresariales adoptadas de manera unilateral y alertó sobre un rumbo que, a su juicio, profundiza la pérdida de derechos dentro de la actividad postal.

La comunidad educativa de la Universidad Nacional de San Juan protagonizó una contundente jornada de protesta bajo la consigna “La Universidad no se apaga”, en el marco de una convocatoria federal que se replicó en distintas casas de estudio del país.

El epicentro de la actividad fue la Escuela de Comercio, donde se realizó un abrazo simbólico seguido de una marcha de antorchas que recorrió el predio compartido con la Escuela Industrial. El lugar elegido no fue casual: se trata de un espacio con fuerte valor histórico, considerado uno de los pilares en la formación educativa de la provincia.

Desde las primeras horas de la tarde, estudiantes, docentes, autoridades, trabajadores no docentes y familias comenzaron a concentrarse para visibilizar una situación que califican como crítica. La cooperación conjunta otorgó a la protesta un carácter amplio, con presencia de distintos sectores que integran la vida universitaria.

El rector Tadeo Berenguer acompañó la movilización y respaldó públicamente el reclamo, en una señal institucional frente a las dificultades que atraviesa la universidad. Durante la jornada, se reiteraron cuestionamientos a la política presupuestaria nacional, especialmente por la falta de actualización de partidas destinadas al sistema educativo superior.

Los manifestantes advirtieron que la insuficiencia de recursos compromete no solo los ingresos del personal docente y no docente, sino también el desarrollo de actividades académicas, científicas y de extensión, pilares fundamentales del funcionamiento universitario.

Reclamo federal y respaldo social

La marcha se inscribió en una acción coordinada a nivel nacional, que incluyó clases abiertas, intervenciones públicas y actividades de concientización en distintas universidades. En San Juan, la movilización nocturna aportó una imagen potente que combinó simbolismo y masividad.

Uno de los rasgos distintivos de la jornada fue el acompañamiento de familias, que se sumaron al reclamo en defensa de la educación pública. La participación social amplió el alcance del mensaje y reforzó la dimensión colectiva del planteo.

El Gobierno y los sindicatos docentes alcanzaron un acuerdo que establece aumentos para el trimestre abril-junio, eleva el valor índice y prevé una instancia de revisión atada a la evolución de precios.

Luego de una jornada de intensas deliberaciones en el Centro Cívico, el Ejecutivo sanjuanino y los gremios UDAP, UDA y AMET alcanzaron un entendimiento que redefine la pauta salarial docente para el primer semestre de 2026.

El núcleo del acuerdo reside en la fijación de un salario mínimo garantizado para el cargo testigo, que se incrementará de manera progresiva: $831.989 en abril, $851.943 en mayo y $876.332 en junio. Este esquema contempla hasta dos cargos o su equivalente en horas cátedra e incorpora el adicional por conectividad.

La mejora se articula mediante la actualización del valor índice —establecido en 901,6123 para abril— con ajustes adicionales del 2% en mayo y del 3% en junio, calculados sobre la base inmediata anterior. A su vez, en mayo se adicionarán cuatro puntos al nomenclador docente, lo que impactará de forma directa en el salario básico.

Uno de los aspectos más relevantes es la consolidación de sumas previamente otorgadas. El ítem de $100.000 pasa a integrar el salario en carácter remunerativo, extendiéndose a la totalidad de los cargos. Esta decisión fortalece la estructura salarial y repercute en componentes clave como el aguinaldo y los haberes previsionales.

El entendimiento también incorpora avances en reclamos de larga data. Las bonificaciones por ubicación geográfica —particularmente en radios 4 a 7— registran una mejora sustancial desde abril, con un segundo tramo previsto para octubre, lo que permitirá completar el esquema de actualización progresiva.

En este sentido, se redefinió el adicional “Estado Docente” (código A56), que alcanzará los $268.577,88 en junio, consolidando su peso dentro del recibo salarial.

Cláusula de resguardo y revisión

Con el objetivo de preservar el poder adquisitivo, las partes incluyeron un mecanismo de revisión para el 30 de junio. En esa instancia se evaluará la evolución del Índice de Precios al Consumidor y se determinará la eventual aplicación de diferencias en la pauta salarial del segundo semestre.

Del encuentro participaron autoridades del área educativa y económica de la provincia, junto a las conducciones sindicales, en el marco de la Sesión Paritaria N° 11.

El pacto alcanzado introduce previsibilidad en el corto plazo y responde a demandas estructurales del sector docente, en especial en lo relativo a la calidad del salario. No obstante, el verdadero alcance del acuerdo quedará sujeto al comportamiento de la inflación y a la revisión pactada para mitad de año. La evolución de esa variable será determinante para sostener el equilibrio entre las cuentas públicas y la recomposición de los ingresos docentes.