El Gobierno nacional abrirá este martes la negociación salarial con los trabajadores de la Administración Pública Nacional, en una paritaria que estará marcada por el deterioro de los ingresos y el creciente endeudamiento de los empleados estatales.

La convocatoria reúne a ATE y UPCN a partir de las 14, en la Dirección de Análisis de las Relaciones Laborales del Sector Público, ubicada en 25 de Mayo 633, en la Ciudad de Buenos Aires. Será la primera instancia formal de discusión salarial del año.

ATE llegará a la mesa con un reclamo que incluye una suma fija de $400.000, incrementos porcentuales superiores a la inflación y la ausencia de cualquier límite previo para la negociación. El sindicato también pedirá una cláusula de revisión automática que permita actualizar los haberes ante nuevos aumentos de precios.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, advirtió que el gremio no aceptará una discusión condicionada por topes salariales. Según planteó, para comenzar a recuperar los ingresos perdidos durante la gestión de Javier Milei resulta necesario establecer una secuencia de aumentos que supere la evolución de los precios.

El dirigente estimó que la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos supera el 44% desde el inicio de la actual administración. A su vez, vinculó el deterioro de los ingresos con el crecimiento del endeudamiento de las familias estatales.

Endeudamiento y pérdida de ingresos

Una encuesta realizada por ATE entre trabajadores de distintas provincias arrojó que el 87% de los empleados públicos tiene deudas vigentes. Dentro de ese universo, el 73% mantiene obligaciones con más de una entidad o acreedor.

Para Aguiar, el fenómeno refleja la necesidad de cubrir con crédito una parte de los gastos que antes podían afrontarse con los ingresos laborales. El sindicato sostiene que los préstamos dejaron de ser una herramienta excepcional para convertirse en un mecanismo utilizado por numerosas familias para sostener el consumo cotidiano.

El reclamo salarial se complementará con una extensa agenda laboral. ATE pretende reabrir los convenios colectivos más postergados, avanzar con la incorporación a planta permanente de trabajadores precarizados y frenar despidos en organismos públicos.

La organización también planteará la reincorporación de quienes fueron desvinculados desde el 10 de diciembre de 2023 y cuestionará la aplicación de la Ley 27.802 en la Administración Pública. A esto suma su rechazo a las normas que, según el gremio, reducen capacidades de los organismos estatales.

Un reclamo que excede la discusión salarial

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), integrado por ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu y otras organizaciones, incorporó otro dato a la discusión: según su último relevamiento, un trabajador de la Administración Pública habría resignado en promedio $14,9 millones durante la gestión de Milei como consecuencia del deterioro salarial.

El mismo informe calculó en $3.065.161 el ingreso mensual que debería percibir un trabajador para superar el umbral de pobreza.

La paritaria de este martes tendrá así como principal punto de disputa la magnitud de la recomposición y el margen que el Gobierno esté dispuesto a conceder. Para ATE, la negociación deberá partir de la pérdida acumulada y no limitarse a acompañar parcialmente la inflación corriente.

La primera reunión salarial del año marcará, además, el tono de la relación entre el Ejecutivo y los gremios estatales para los próximos meses. La paritaria no se limitará a discutir porcentajes; también abordará empleo, convenios y reincorporaciones con un fuerte reclamo de fondos.

Los docentes universitarios volverán a paralizar sus actividades durante 48 horas, el jueves 27 y viernes 28 de agosto, en una nueva protesta contra la política salarial del Gobierno nacional y por el financiamiento de las universidades públicas. La medida fue convocada por los gremios nucleados en la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y contará con la adhesión de distintas organizaciones, entre ellas FEDUBA.

La huelga se produce en medio de la disputa por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya vigencia quedó ratificada por el Congreso después del veto presidencial. Las organizaciones sindicales y las universidades sostienen que el Poder Ejecutivo todavía no transfirió la totalidad de los recursos previstos por la normativa, pese a los pronunciamientos judiciales que ordenaron avanzar con su cumplimiento.

El reclamo no se limita al funcionamiento cotidiano de las casas de estudio. Los fondos cuestionados también comprenden partidas vinculadas con salarios, becas e investigación, mientras las universidades advierten sobre las dificultades crecientes para sostener sus servicios y programas académicos.

A ese conflicto presupuestario se suma el deterioro de los ingresos docentes. Los gremios cuestionan que las actualizaciones salariales aplicadas durante los últimos meses hayan sido insuficientes frente a la inflación y, en varios casos, definidas sin un acuerdo paritario integral.

Según las estimaciones sindicales, desde diciembre de 2023 los trabajadores universitarios acumularon una pérdida cercana al 30% de su poder adquisitivo. Para recuperar el nivel salarial de entonces, sostienen que sería necesario un incremento superior al 50% sobre los haberes actuales.

La caída de las remuneraciones también repercute sobre las universidades como espacios de formación e investigación. Las organizaciones gremiales advierten que los bajos ingresos dificultan la retención de docentes, científicos y profesionales con posgrados, en un momento en que las instituciones compiten con el mercado privado y con oportunidades laborales en el exterior.

La protesta del 27 y 28 de agosto podría, además, no ser una medida aislada. Los sindicatos anticiparon que evaluarán nuevas acciones si no aparecen respuestas concretas tanto para recomponer los salarios como para garantizar los recursos establecidos por la legislación vigente.

Con una nueva instancia de negociación todavía pendiente, el conflicto universitario vuelve a concentrarse en dos reclamos que avanzan en paralelo: recuperar los ingresos perdidos y asegurar el financiamiento que permita sostener el funcionamiento de las universidades públicas.

La mediación judicial para destrabar el conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales terminó sin acuerdo y dejó abierta la posibilidad de nuevas medidas de fuerza. La Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamaron nuevamente al Gobierno que cumpla con las disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras el Frente Sindical Universitario prepara una reunión para definir cómo continuará la protesta.

La audiencia fue convocada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, en el expediente iniciado por el incumplimiento de la norma aprobada por el Congreso. La discusión incluye la actualización de los recursos universitarios y la recomposición de los salarios docentes y nodocentes.

La Corte Suprema había avalado una medida cautelar que ordenó al Poder Ejecutivo girar los fondos previstos por la legislación y atender la pérdida salarial acumulada desde 2024. Las universidades sostienen que esa resolución todavía no se tradujo en los recursos necesarios para sostener sus presupuestos.

Durante el encuentro, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, advirtió sobre la situación financiera de los hospitales universitarios y reclamó la asignación de los créditos contemplados en el Presupuesto 2026. La universidad ya había advertido que la falta de recursos podía comprometer seriamente el funcionamiento de sus centros médicos.

El CIN acompañó el planteo y pidió una respuesta para garantizar la continuidad de las prestaciones, mientras que el Gobierno estuvo representado por el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio; el subprocurador Julio Comadira; y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

Los funcionarios manifestaron que analizarán los reclamos, pero también solicitaron que se deje sin efecto la medida cautelar vigente. El Gobierno sostiene que la Ley de Financiamiento Universitario entra en contradicción con las restricciones establecidas por la Ley de Responsabilidad Fiscal y cuestiona la disponibilidad presupuestaria para afrontar las erogaciones reclamadas.

La falta de acuerdo trasladó nuevamente el conflicto al terreno gremial. El Frente Sindical Universitario, integrado por las organizaciones que representan a docentes y nodocentes, se reunirá el lunes para analizar nuevas medidas de fuerza. Participan CONADU, Conadu Histórica, FEDUN, CTERA, CEA, UDA, FAGDUT y FATUN, junto con representantes de rectores y estudiantes.

Los sindicatos ya realizaron paros durante agosto para exigir la recomposición salarial y la aplicación de la ley. Ahora deberán definir si profundizan las medidas ante la falta de avances en la Justicia y la ausencia de una respuesta oficial que satisfaga sus reclamos.

La próxima instancia de negociación salarial quedó fijada para el 1 de septiembre, aunque el conflicto podría sumar nuevas jornadas de protesta antes de esa fecha. En consecuencia, el litigio conjuga una discrepancia presupuestaria, un conflicto paritario y un proceso judicial en curso.

Sin avances en la negociación y con las calles nuevamente activas por el reclamo universitario, el Gobierno y las universidades se enfrentan otra vez por la efectiva aplicación de la ley de financiamiento.