Sipreba se opuso a una eventual privatización de Medios Públicos
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) calificó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) como «ilegal, ilegítimo e inconstitucional», consideró que la norma implica «una avanzada sin precedentes sobre los derechos de los trabajadores y sus organizaciones» y rechazó una eventual privatización de los medios públicos, al defender el «rol social» que cumplen.
Con el lema «La soberanía, las leyes laborales y los medios públicos no se entregan», el Sipreba convocó para hoy mismo asambleas en la TV Pública, Radio Nacional y la agencia de noticias Télam.
«Desde el Sipreba vamos a defender los derechos laborales de todo el gremio de prensa, los convenios colectivos y el Estatuto del Periodista Profesional frente al DNU que pretende entregar la soberanía nacional y representa una avanzada sin precedentes sobre los derechos de los trabajadores y sus organizaciones, le decimos si al rol social de los medios públicos y no a las sociedades anónimas», dijo el sindicato que dirige Agustín Lecchi en un comunicado de prensa.
El gremio explicó que el DNU -publicado hoy en el Boletín Oficial- «establece que las empresas del Estado pasan a ser sociedades anónimas» y aclaró que «esta disposición, en lo que respecta a Agencia Télam, Radio Nacional, Televisión Pública y Contenidos Públicos, no tiene validez jurídica».
«En términos generales, porque no existe razón objetiva que justifique la urgencia por la que se evita el trámite legislativo correspondiente y las propias declaraciones del gobierno nacional indican que se convocará de inmediato a Sesiones Extraordinarias del Congreso, también, porque la Ley 20.705 estableció el carácter de sociedades del Estado, lo que impone la intervención legislativa para cualquier modificación sobre dicho estatus, y, en particular, respecto de RTA por cuanto la Ley 26.522 establece su régimen jurídico», detalló el comunicado.
El DNU, anunciado anoche en un mensaje por cadena nacional del presidente Javier Milei, establece que las sociedades o empresas con participación del Estado se transformarán en sociedades anónimas, para su posterior privatización.
Para el Sipreba, «no cumplidos los recaudos que exige el art. 99 inciso 3ro. de la Constitución Nacional, al no verificarse circunstancias excepcionales que hicieren imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes, y en tanto el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso emitir disposiciones de carácter legislativo, el decreto adolece de nulidad absoluta e insanable».
«En ningún caso la función pública que cumplen los medios públicos puede ser reemplazada por sociedades comerciales fundadas en el lucro y el negocio, incompatibles con el derecho fundamental a la libertad de expresión y comunicación contenido en el art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos», indicaron en el texto del comunicado.
En esa línea, remarcaron que «la actividad de los medios públicos es insustituible e indelegable y tienen la protección del sistema constitucional de derecho, como el trabajo de quienes desempeñan tareas en estas empresas, con derecho a la estabilidad», y resaltaron que «ninguna situación de emergencia económica puede motivar esta decisión con carácter de urgente cuando los medios públicos representan el 0,017% del Producto Bruto Interno (PBI)».
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Menéndez: «La vivienda propia es el patrimonio de cualquier familia trabajadora»
El acceso a la vivienda propia y el fortalecimiento de la organización gremial concentran dos de las principales iniciativas del Sindicato Unión Obrera de Estaciones de Servicio de Cuyo. Su secretario general, Víctor Menéndez, destacó la inclusión de la entidad entre las organizaciones que avanzaron con los trámites para acceder a terrenos y construir barrios destinados a trabajadores, y confirmó la participación de San Juan en la conducción de la Federación del Interior, recientemente normalizada en Mendoza.
En diálogo con Mundo Laboral, Menéndez calificó como un avance significativo la incorporación del sindicato al programa habitacional anunciado por el Gobierno provincial, que contempla 2.240 viviendas y comprende cuatro terrenos destinados a proyectos impulsados por organizaciones gremiales. La iniciativa alcanza a distintas entidades, entre ellas la UOCRA y el sindicato de estaciones de servicio, con desarrollos previstos en departamentos como Rawson, Chimbas y Pocito.
«La vivienda es el patrimonio de cualquier familia trabajadora», afirmó el dirigente, quien recordó que el SUOES llevaba tiempo completando los requisitos legales, técnicos y administrativos necesarios para acceder a la propuesta. También señaló que mantuvo reuniones con el Ministerio de Obras Públicas para continuar las gestiones y revisar compromisos habitacionales pendientes de acuerdos anteriores.
En este sentido, mencionó un antecedente concreto: un barrio cuya construcción había quedado con un avance estimado de entre el 65% y el 70% durante la gestión anterior y que fue concluido y entregado por el actual Gobierno. Menéndez aseveró que todavía restaban compromisos por resolver y que el reciente anuncio permitió retomar las conversaciones. La intención, explicó, es coordinar con otros sindicatos y las autoridades provinciales proyectos de dimensiones moderadas, con desarrollos de entre 50 y 60 viviendas, que permitan atender las necesidades de distintas organizaciones.
El representante gremial también puso el acento en la normalización de la Federación del Interior, concretada en Mendoza, que reúne a representantes de la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires, Formosa y las jurisdicciones cuyanas. Como resultado de la reorganización, San Juan obtuvo una secretaría adjunta y participación en la comisión directiva.
Para Menéndez, la entidad constituye una herramienta de representación y cooperación entre sindicatos de distintas provincias. Entre sus posibilidades mencionó la firma de convenios y la extensión de prestaciones de la obra social hacia jurisdicciones que necesiten ampliar su cobertura. Además, anticipó que existen conversaciones para incorporar organizaciones de Tucumán y otras provincias del Litoral.
«Es importante fortalecer esta Federación en defensa de todos los trabajadores de estaciones de servicio», opinó. La intención es ampliar su alcance territorial y facilitar respuestas comunes en materia de protección social, educación y asistencia gremial.
Durante la entrevista, Víctor Menéndez también manifestó expectativas por la visita papal a la Argentina, prevista para los días 8 al 11 de noviembre, y la definió como una oportunidad de encuentro y esperanza para una sociedad marcada por dificultades económicas. Valoró especialmente la posibilidad de que el pontífice mantenga contacto con comunidades, organizaciones y representantes del mundo del trabajo.
La estrategia del líder gremial apunta a dos frentes: elevar el bienestar material de los hogares con techos propios y proyectar el alcance institucional fuera de la provincia. El sindicato asume que lograrlo depende de darle continuidad a los planes y coordinar esfuerzos de forma sostenida con el Estado y sectores aliados.
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La canasta de los adultos mayores superó los $2,5 millones para quienes alquilan
El costo de sostener las necesidades básicas de una pareja de adultos mayores alcanzó en septiembre los $2,55 millones mensuales cuando debe afrontar un alquiler. Para quienes tienen vivienda propia, el presupuesto requerido fue de $1.742.128. Las cifras, difundidas por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, muestran el peso que los gastos habitacionales y sanitarios tienen sobre los ingresos de quienes dependen de haberes previsionales.
La Canasta de Consumo para Personas Mayores registró un incremento del 1,6% respecto del mes anterior en el caso de los propietarios, mientras que para los inquilinos la suba fue del 1,1%. La diferencia entre ambos presupuestos supera los $810.000 mensuales, una brecha que refleja el impacto del costo de la vivienda sobre la economía de los hogares de mayor edad.
El desglose permite identificar los principales componentes del gasto. Los alimentos representaron $655.184 y los servicios del hogar demandaron $581.012 para una pareja propietaria. En los hogares que alquilan, ese último rubro trepó a $1.391.799. A esas erogaciones se sumaron $191.528 destinados a salud y $240.437 para bienes personales.
La magnitud de los montos adquiere mayor relevancia al compararlos con los ingresos previsionales. Según el informe, el presupuesto de una pareja propietaria equivale a casi cuatro haberes mínimos, mientras que el requerido por dos adultos mayores inquilinos se aproxima a cinco jubilaciones mínimas, tomando como referencia los valores previsionales considerados en el relevamiento.
La presión también se refleja en el costo de los medicamentos. El Índice de Precios de Medicamentos (IPM) registró un aumento promedio del 1,4% durante septiembre. Los productos destinados a tratar enfermedades cardiovasculares y la hipertensión encabezaron las subas, con un incremento del 2,3%. Les siguieron los antibióticos y antisépticos, con el 2%, y los psicofármacos, con el 1,5%.
El informe vuelve a poner de relieve la distancia entre los gastos indispensables y la capacidad de compra de los adultos mayores. La vivienda, la alimentación, los servicios y los tratamientos médicos concentran buena parte del presupuesto mensual y dejan un margen reducido para afrontar otros consumos. Para los hogares que dependen exclusivamente de ingresos previsionales, la evolución de estos rubros constituye un factor decisivo en sus condiciones de vida.
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La CTA tendrá nueva conducción provincial tras una elección cuestionada
Patricia Quiroga obtuvo una victoria contundente en las elecciones de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA) en San Juan. La secretaria general de UDAP, al frente de la Lista 10, reunió cerca del 90% de los votos y quedó encaminada a conducir la central provincial durante el período 2026-2030. El resultado, sin embargo, no cerró la disputa: la oposición anunció que impugnará el proceso y recurrirá a la Justicia si no prospera su reclamo.
La lista vencedora llevará a Sergio Calderón como secretario adjunto. Así, Quiroga tomará las riendas del gremio/organización en lugar del propio Calderón, concretando un recambio de autoridades condicionado por las impugnaciones de la Lista 26 de Julio, liderada por Carla Costabile.
Los reparos opositoras apuntaron principalmente a la imparcialidad de la Junta Electoral, debido al vínculo familiar que, según denunciaron, existe entre su presidenta y la candidata ganadora. También señalaron presuntas modificaciones en los padrones y los lugares de votación, afiliados que no figuraban en los registros y restricciones para que sus fiscales pudieran controlar las mesas.
Costabile anticipó que su agrupación presentará un pedido de impugnación y nulidad ante las autoridades electorales. El espacio sostiene que cuenta con elementos para respaldar sus objeciones, incluidas constancias notariales, y advirtió que continuará la disputa en los tribunales si no obtiene una respuesta favorable en la instancia sindical.
La elección provincial se inscribió en una renovación de autoridades que también tuvo un resultado contundente en el plano nacional. La Lista 10, identificada como MÁS CTA, se impuso en las distintas jurisdicciones del país y, con más del 90% de las mesas escrutadas, superaba el 95% de los votos.
Roberto Baradel, titular de SUTEBA, encabezará la nueva conducción nacional, acompañado por Daniel Catalano, de ATE Capital, y Edgardo Llano, de APA, como secretarios generales adjuntos. Hugo Yasky, quien condujo la central hasta ahora, continuará en la estructura directiva al frente de la Secretaría de Acción Política.
Tras conocerse el resultado, Baradel calificó su elección como un orgullo y un desafío, y planteó que la nueva etapa deberá fortalecer la organización, la unidad y la capacidad de movilización de los trabajadores. También anticipó una orientación opositora frente al Gobierno nacional.
En San Juan, la amplia diferencia obtenida por Quiroga le otorga un respaldo electoral significativo, aunque la impugnación anunciada introduce una instancia pendiente para la proclamación definitiva. La Junta Electoral deberá resolver los cuestionamientos y determinar si las denuncias tienen entidad suficiente para afectar la validez de los comicios.
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