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 El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) calificó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) como «ilegal, ilegítimo e inconstitucional», consideró que la norma implica «una avanzada sin precedentes sobre los derechos de los trabajadores y sus organizaciones» y rechazó una eventual privatización de los medios públicos, al defender el «rol social» que cumplen.

Con el lema «La soberanía, las leyes laborales y los medios públicos no se entregan», el Sipreba convocó para hoy mismo asambleas en la TV Pública, Radio Nacional y la agencia de noticias Télam.

«Desde el Sipreba vamos a defender los derechos laborales de todo el gremio de prensa, los convenios colectivos y el Estatuto del Periodista Profesional frente al DNU que pretende entregar la soberanía nacional y representa una avanzada sin precedentes sobre los derechos de los trabajadores y sus organizaciones, le decimos si al rol social de los medios públicos y no a las sociedades anónimas», dijo el sindicato que dirige Agustín Lecchi en un comunicado de prensa.

El gremio explicó que el DNU -publicado hoy en el Boletín Oficial- «establece que las empresas del Estado pasan a ser sociedades anónimas» y aclaró que «esta disposición, en lo que respecta a Agencia Télam, Radio Nacional, Televisión Pública y Contenidos Públicos, no tiene validez jurídica».

«En términos generales, porque no existe razón objetiva que justifique la urgencia por la que se evita el trámite legislativo correspondiente y las propias declaraciones del gobierno nacional indican que se convocará de inmediato a Sesiones Extraordinarias del Congreso, también, porque la Ley 20.705 estableció el carácter de sociedades del Estado, lo que impone la intervención legislativa para cualquier modificación sobre dicho estatus, y, en particular, respecto de RTA por cuanto la Ley 26.522 establece su régimen jurídico», detalló el comunicado.

El DNU, anunciado anoche en un mensaje por cadena nacional del presidente Javier Milei, establece que las sociedades o empresas con participación del Estado se transformarán en sociedades anónimas, para su posterior privatización.

Para el Sipreba, «no cumplidos los recaudos que exige el art. 99 inciso 3ro. de la Constitución Nacional, al no verificarse circunstancias excepcionales que hicieren imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes, y en tanto el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso emitir disposiciones de carácter legislativo, el decreto adolece de nulidad absoluta e insanable».

«En ningún caso la función pública que cumplen los medios públicos puede ser reemplazada por sociedades comerciales fundadas en el lucro y el negocio, incompatibles con el derecho fundamental a la libertad de expresión y comunicación contenido en el art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos», indicaron en el texto del comunicado.

En esa línea, remarcaron que «la actividad de los medios públicos es insustituible e indelegable y tienen la protección del sistema constitucional de derecho, como el trabajo de quienes desempeñan tareas en estas empresas, con derecho a la estabilidad», y resaltaron que «ninguna situación de emergencia económica puede motivar esta decisión con carácter de urgente cuando los medios públicos representan el 0,017% del Producto Bruto Interno (PBI)».

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Presentan proyecto para establecer una jubilación diferenciada para mineros

La iniciativa busca establecer un régimen diferenciado para los trabajadores mineros. Propone que puedan jubilarse a los 50 años los hombres y a los 47 las mujeres. Tiene apoyo sindical y el respaldo de la bancada de los diputados de extracción gremial.

La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (Asijemin), junto con un grupo de diputados nacionales encabezados por Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Pablo Carro, Eduardo Toniolli y Carlos Castagneto, presentó en el Congreso un proyecto de ley sobre “jubilación minera”.

La iniciativa busca establecer “un régimen de jubilación diferenciada para los trabajadores mineros de Argentina, reconociendo las difíciles y peligrosas condiciones de trabajo en este sector”. Asimismo, tiene como objetivo principal “brindar una jubilación digna y justa para los hombres y las mujeres que trabajan en la minería”.

De aprobarse, la normativa regirá en todo el territorio nacional y se integrará al Sistema Único de Seguridad Social (SUSS).

Además, establece edades de jubilación ordinaria más bajas, de modo que la mínima sería de 55 años para los hombres y de 52 para las mujeres que trabajan en minas a cielo abierto, canteras y cementeras; mientras, la edad mínima será de 50 años para los hombres y de 47 para las mujeres que desempeñen tareas en minas subterráneas.

En paralelo a las edades diferenciadas, el proyecto busca establecer requisitos específicos vinculados con los años de servicio y las contribuciones adicionales tanto para empleadores como para trabajadores.

Aquellas personas que cumplan funciones en minas a cielo abierto, canteras y cementeras deberán acreditar 15 años de trabajo continuo o 20 años de labor discontinua, en tanto que para quienes se desempeñen en minas subterráneas se requerirán 20 años de trabajo continuo o 25 años de labor discontinua.

También hay medidas especiales para los trabajadores en las diferentes etapas hacia la jubilación. Aquellos que alcancen la edad jubilatoria y no cuenten con los años suficientes de aportes podrán acordar con su empresa una moratoria; mientras que aquellos que hayan cumplido la mitad de los requisitos tendrán derecho al 100% de los beneficios y los que no alcancen el 50% podrán optar por una moratoria con su empresa para completar los aportes requeridos.

En lo referido a las jubilaciones por invalidez, enfermedad laboral o enfermedad terminal, el proyecto buscar establecer que los trabajadores que sufran un accidente laboral que los deje imposibilitados para continuar trabajando, que padezcan una enfermedad que les impida realizar sus tareas habituales o que se les diagnostique una enfermedad terminal podrán jubilarse de inmediato, independientemente de los años de aportes y de trabajo en la actividad.

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Denuncian hundimiento de la economía, brutal caída de salarios, y jubilaciones

El Foro Economía y Trabajo denunció el hundimiento de la economía y brutal caída de salarios, en un 20,6% en tanto las jubilaciones se pulverizaron un 34,4%.

El Foro Economía y Trabajo (Foroeyt) que integran la CGT, ambas CTA, cooperativistas y pequeñas y medianas empresas, entre otros, denunció este martes que entre diciembre y marzo “el poder adquisitivo del salario mínimo, vital y móvil cayó un 20,6% y el de las jubilaciones mínimas un 34,4%, lo que los ubica por debajo de la línea de la pobreza”. 

Además, aseguraron que la actividad económica “se hunde por la mega devaluación de la moneda, el ajuste fiscal, la eliminación del circulante y otras medidas vigentes”.

Asimismo aseguraron que «Grandes corporaciones, en el país o el extranjero, tienen una operatoria transnacional y se apropian del excedente económico argentino, que debiera encauzarse hacia la inversión productiva, y lo transfieren fuera del país»

El documento del Foro titulado “¿Nación o factoría?” sostiene también que la recesión provoca la caída de la recaudación fiscal un 16% en términos reales y la economía ingresó en depresión, Señala, además, que “la ilegal vigencia del DNU 70/23 el Gobierno de Javier Milei desmantela el debilitado sistema de precios internos, cuya liberalización solo favorece el aumento exponencial de las ganancias de los grandes conglomerados empresarios, yendo hacia un esquema mundial de precios que definen ellos”.

“Esas grandes corporaciones, en el país o el extranjero, tienen una operatoria transnacional y se apropian del excedente económico argentino, que debiera encauzarse hacia la inversión productiva, y lo transfieren fuera del país, muchas veces eludiendo o evadiendo impuestos e ingresando en el circuito de la especulación financiera de los grandes fondos de inversión. Agobia el aumento exorbitante de las tarifas de servicios públicos, como la electricidad y el gas. Ello se suma a la desmesura de la mayoría de los precios, incluso de los alimentos, medicamentos e insumos, lo que no se corresponde con sus costos reales de producción” especifica el texto.

A su vez, el documento alerta que con el rumbo elegido por este gobierno “se compromete la vida de millones de argentinos, el entramado socio-productivo del país y su integración nacional, por lo que es preciso reconstituir el sistema de precios para el desarrollo industrial, que es la principal fuente de generación de empleo, y comenzar por “desacoplar los precios locales de los productos de exportación de los internacionales”.

Los integrantes del Foro reclaman la intervención del Estado en la regulación del precio de la energía, ya que constituye un precio estratégico determinante para la producción de bienes y servicios que impulsan la inflación, y demandan “tarifas asequibles y diferenciadas para las pymes, cooperativas y emprendimientos sociales de todos los sectores productivos regionales”, entre otras medidas.

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Gremios de la carne piden reabrir paritarias

La Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne de la República Argentina (FESITCARA) exigieron reabrir la paritaria del sector, ante el avance de la inflación y el deterioro del poder adquisitivo de los asalariados del sector.

La entidad que conduce Gabriel Vallejos reclamó la “urgente reapertura de la negociación salarial” y remarcó que el acuerdo paritario celebrado con las cámaras del sector meses atrás, “requiere una rápida revisión, ya que la inflación está en constante crecimiento”, indicó la Federación en un comunicado de prensa.

En ese sentido, FESITCARA remarcó que en el actual contexto del país, “peligra la subsistencia alimentaria y la estabilidad económica” de los trabajadores del sector, y que por esta razón, “es crucial que estemos unidos defendiendo los derechos laborales y el salario digno”.

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