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La incertidumbre se apoderó de la región de Vaca Muerta, en Neuquén, donde se ubica uno de los yacimientos de hidrocarburos más importantes del país. Tras las últimas declaraciones del presidente electo, Javier Milei, quien anunció el fin de la obra pública con financiamiento estatal y la privatización de YPF, la semana pasada se conocieron los primeros 500 despidos, según informó la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA).

“A más de 500 compañeros les mandaron el telegrama con el cese laboral”, puntualizó el secretario adjunto del sindicato, Juan Carlos Levi. De acuerdo al dirigente gremial, las primeras 300 desvinculaciones se produjeron en La Calera con Tecpetrol, una de las firmas contratistas del grupo Techint; y luego continuaron en Loma Campana, con las firmas de AESA y PECOM, que le prestan servicios a YPF.

Desde Techint aclararon que hubo un grupo de operarios que terminaron de hacer una obra con Pluspetrol, que no era parte de la obra pública sino particular para esa empresa, y al terminar el trabajo tomaron el seguro de desempleo que tiene el sindicato.

La Uocra busca reincorporar a los trabajadores afectados, en medio de las dudas generadas por las declaración de Milei de suspender la inversión en obra pública. Sin embargo, a diferencia de otros momentos políticos con la llegada de nuevas administraciones, no hay interlocutores que permitan impedir la pérdida de puestos de trabajo.

“Hay una incertidumbre empresarial. Siempre hubo transiciones y con quién hablar para avanzar en esos temas. Hoy no está ese camino”, remarcó.

Levi también señaló que en la Patagonia, “la obra pública viene parada hace rato”, haciendo referencia a proyectos como Vaca Muerta Sur y La Calera II, que deberían haber comenzado en septiembre y octubre, y el parate en las rutas 17 y 51. Además, reconoció que tampoco podrán solicitar ayuda a los intendentes locales, ya que “apenas alcanzan a pagar los sueldos de los empleados municipales”.

“Nosotros vemos bastantes complicaciones. Si esto sigue así, no van a enviar 500 telegramas, van a ser muchos más”, advirtió Levi.

Días atrás, la Uocra emitió un comunicado en el que expresó su “profunda preocupación” por los dichos del mandatario electo sobre el “futuro de la obra pública”, y determinó el estado de alerta de la organización gremial. En un documento, firmado por el secretario general del sindicato, Gerardo Martínez, se pronunció en defensa de los 220 mil puestos de trabajo en las obras públicas que actualmente están en ejecución y rechazó las afirmaciones del líder de La Libertad Avanza (LLA) que “arriesgan la continuidad laboral de esos trabajadores”.

“El actual Gobierno aún en ejercicio tiene garantizada la ejecución de las partidas presupuestarias hasta diciembre próximo, lo que de hecho asegura la normal continuidad de las obras en curso, por lo que no hay argumentos válidos para justificar despidos, lo que no contribuye a la paz social”, comunicó la organización sindical.

Luego del triunfo electoral del balotaje del 19 de noviembre, Javier Milei ratificó su promesa de campaña electoral de que “la obra pública se termina” y que el financiamiento de infraestructura se llevará a cabo “a la chilena”,con fondos del sector privado debido al ajuste presupuestario que el dirigente libertario aplicará en el Estado nacional.

“Creo que estos anuncios está haciendo ruido en todos lados y no le hace bien a nadie”, consideró el dirigente sindical. “Los 200 mil telegramas de despidos ya andan dando vueltas. Hay cosas que se tienen que revertir, que no se pueden frenar de la noche a la mañana. Hay cosas que se han hecho mal, pero no hay que generalizar y meter a todos en la misma bolsa porque sin diálogo se va a generar más confrontación y choque. Nadie se ha acercado ni pedido para hablar de la transición”, insistió Levi en declaraciones a Radio 10.

Según los cálculos gremiales, cerca de 10 mil trabajadores están sin tareas y sin actividades porque las obras públicas están paralizadas. Desde la sede central de la Uocra están monitoreando lo que ocurre con el empleo y la continuidad de los proyectos.

“Las empresas y operadoras tienen incertidumbre, pero sobre todo el que peor la pasa es el trabajador”, consideró el dirigente gremial. “Todos estamos con expectativa. El obrero de la construcción es parte de la sociedad. La dignidad no pasa solo por el trabajo, todos los habitantes argentinos necesitan vivienda, educación y sanidad”, dijo sobre el ajuste que se avecina.

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Trabajadores del Correo Argentino denuncian pérdida salarial y falta de diálogo

La Federación de Obreros, Empleados y Trabajadores del Correo (FOECYT), encabezada por Alberto Cejas, lanzó un duro pronunciamiento contra el Gobierno nacional por la falta de actualización salarial. El gremio advirtió que “la paciencia se acaba” y que se intensificará la militancia en defensa del empleo y del Correo Argentino, al que definieron como “una empresa rentable, eficiente y de bandera”.

El texto, difundido tras la reunión del Cuerpo Federativo Nacional (CUFENA) en la sede sindical, sostiene que “no hay más tiempo para dilaciones” y que los trabajadores del Correo Argentino llevan “casi dos años de licuación sostenida” de sus ingresos, un fenómeno que —según afirman— ha pulverizado el poder adquisitivo en un contexto inflacionario persistente.

Durante el encuentro, los representantes gremiales coincidieron en que la situación salarial se volvió “insostenible” pese a que el Correo Argentino, aseguran, “es hoy una empresa rentable, eficiente y competitiva”, atributos alcanzados gracias al “esfuerzo cotidiano de sus trabajadores y trabajadoras”. La conducción sindical subrayó que los niveles operativos de la empresa estatal son comparables “con los de cualquier operador postal del mundo”, lo que refuerza la demanda de una recomposición salarial acorde con el rendimiento logrado.

“Es gracias al esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras telepostales que esta empresa hoy no sólo es rentable, sino que es eficiente y competitiva”, señala el comunicado. “El Gobierno debe reconocer ese aporte y abrir de manera urgente un canal de diálogo salarial”, exige el gremio.

En otro pasaje del documento, la FOECYT advierte que “cuando hay necesidades extremas, la paciencia se acaba”, aunque también reconoce que el contexto laboral actual genera temor e incertidumbre. “Sin trabajo no hay posibilidad de discutir salarios”, afirma el texto, en alusión a la ola de despidos y cierres de sectores productivos que, según los gremios, están dejando fuera del sistema a cientos de familias trabajadoras.

La dirigencia sindical fue aún más lejos al denunciar que el Gobierno “favorece a aquellos que supuestamente venía a combatir: la casta política, financiera y empresaria”. Bajo la consigna “¡Unidos en acción!”, la conducción de Cejas anunció que se profundizará la militancia gremial y se reforzará la unidad interna “por nuestro salario, nuestro trabajo y nuestro querido Correo de bandera, que es de todos los argentinos”.

La FOECYT, que agrupa a empleados y trabajadores del servicio postal estatal, atraviesa una etapa de fuerte movilización interna, con asambleas y plenarios en distintos puntos del país. Los dirigentes aseguran que mantendrán el reclamo “con firmeza y responsabilidad”, pero sin descartar medidas de fuerza si no hay avances en la mesa salarial.

Hasta el momento, las autoridades del Correo Argentino no han emitido respuesta oficial. Sin embargo, fuentes del sector admiten que la presión gremial podría derivar en un nuevo capítulo de conflicto antes de fin de año, en un escenario donde los salarios públicos continúan rezagados frente a la inflación y la política de ajuste del gasto mantiene congeladas las paritarias del sector estatal.

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La CGT rompe el diálogo con el gobierno y activa un plan de lucha contra la reforma laboral

La central obrera decidió ausentarse de la reunión del Consejo de Mayo y resolvió convocar a su Consejo Directivo para discutir un plan de lucha, luego de que el Gobierno reinstalara los artículos más controversiales de la reforma laboral, en especial la limitación de las cuotas solidarias que financian a los sindicatos.

La relación entre la CGT y el Gobierno volvió a tensarse al máximo luego de que se conociera el último borrador de la reforma laboral, que incorporó modificaciones aún más profundas que las difundidas inicialmente. Al confirmarse que el texto final reinstalaba artículos que la central obrera rechaza de plano —en particular, la limitación de las cuotas solidarias—, la dirigencia sindical decidió dar un golpe político: su representante, Gerardo Martínez, no asistió a la reunión de este martes del Consejo de Mayo.

En Azopardo, la primera reacción fue de sorpresa, pero rápidamente se transformó en un diagnóstico compartido: “ganó Sturzenegger”, confesó un dirigente cegetista, en referencia al ministro de Desregulación del Estado, considerado el principal impulsor de una agenda abiertamente antisindical dentro del gabinete. Según remarcaron fuentes gremiales, el ala dura del Gobierno logró imponerse sobre los sectores más “políticos”, aquellos dispuestos a moderar el contenido de la ley para evitar una confrontación frontal.

Con ese escenario, la CGT convocó a su Consejo Directivo para este jueves, donde se discutirá un temario que ya tiene un punto central: definir un plan de acción.

El punto que encendió la mecha: las cuotas solidarias

Dentro del paquete laboral, ningún artículo genera tanta resistencia sindical como el que limita las cuotas solidarias, el mecanismo clave de financiamiento de los gremios. Estas cuotas consisten en un aporte obligatorio, acordado en los convenios colectivos, que se descuenta a todos los trabajadores de un sector, estén o no afiliados.

La última versión difundida el viernes parecía contener una concesión: ese artículo no estaba incluido. Sin embargo, el fin de semana, durante el armado final del texto, el sector más liberal del Gobierno logró reincorporarlo. La presión vino, principalmente, desde Sturzenegger, quien sostiene que estas contribuciones son “peajes sindicales” y promueve un sistema donde cada trabajador deba dar un consentimiento explícito para pagarla.

Para la CGT, ese cambio no es una cuestión técnica: es un golpe directo al financiamiento de la estructura sindical. Por eso fue una línea roja desde el principio, e incluso dirigentes cercanos al Gobierno, como Gerardo Martínez (UOCRA), habían planteado la necesidad de una “modernización laboral sin pérdida de derechos”.

Las tensiones internas del Gobierno y el factor político

Dentro del propio oficialismo conviven dos posturas. Por un lado, quienes apuntan a contener la conflictividad y sostienen que, aun concediendo a la CGT la eliminación de las restricciones a las cuotas solidarias, la central difícilmente apoye la reforma. Por el otro, el sector más ideológico, que insiste en avanzar sin matices y que volvió a tener influencia en esta instancia, con respaldo de figuras como Patricia Bullrich.

El resultado fue el peor escenario para la convivencia: la CGT percibe que el Gobierno no busca negociar, sino avanzar unilateralmente. Y el Gobierno, a su vez, calcula que cualquier concesión será interpretada como un signo de debilidad.

Un conflicto que se intensifica

Como consecuencia directa, la CGT ya se prepara para activar un plan de lucha que podría incluir movilizaciones, asambleas y medidas nacionales de fuerza. La central evalúa que la reinstalación de los artículos más duros del proyecto —y particularmente el referido a las cuotas solidarias— no deja margen para un acuerdo.

El conflicto, que hasta ahora se mantenía en el terreno técnico y político, entra así en una fase de confrontación abierta. En un contexto económico aún delicado y con otros sectores gremiales también tensos, la pulseada entre la CGT y el Gobierno promete escalar en las próximas semanas.

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La CGT reúne a su conducción para fijar postura ante la Reforma Laboral y las leyes del Gobierno

La central obrera llamará este jueves a su Consejo Directivo para evaluar la situación social y económica del país y unificar una posición frente al paquete de leyes que el Gobierno enviará al Congreso en sesiones extraordinarias. La Reforma Laboral vuelve a ser el eje de las preocupaciones gremiales.

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó para este jueves 11 de diciembre, a las 12 horas, a una reunión clave de su Consejo Directivo en la histórica sede de la calle Azopardo. La citación, oficializada mediante un comunicado firmado por el flamante Triunvirato que encabeza la central, llega en un momento de creciente tensión política, sindical y social.

El encuentro tendrá como eje el análisis del convulsionado escenario nacional: salarios que pierden frente a la inflación, conflictos sectoriales que se multiplican y un fin de año que combina incertidumbre económica con una agenda legislativa cargada de reformas profundas. En ese marco, la conducción analizará los detalles del llamado del Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias y el paquete de proyectos que la Casa Rosada pretende impulsar en el Congreso.

Entre las iniciativas más sensibles aparece la Reforma Laboral, una propuesta que el Gobierno considera prioritaria y que —según alertan distintos sectores sindicales— podría implicar un retroceso en derechos históricos conquistados por los trabajadores. La CGT busca unificar posición y evaluar escenarios ante un proyecto que promete ser el principal foco de conflicto con el oficialismo.

La reunión también incluirá temas internos vinculados al funcionamiento y la cohesión de la central obrera, especialmente luego de trascendidos sobre la ausencia de Gerardo Martínez en la última reunión del Consejo de Mayo. En un momento donde las diferencias internas comienzan a asomar, la necesidad de consolidar una estrategia común se vuelve central.

Todo indica que el documento o postura que surja este jueves marcará el tono de la relación entre la CGT y el Gobierno en las próximas semanas, en un cierre de año donde la tensión entre la agenda oficial y las demandas sindicales vuelve a ganar temperatura.

La cita de este jueves será decisiva para medir la unidad interna de la CGT y anticipar el rumbo del movimiento obrero frente al paquete de reformas que el Ejecutivo buscará debatir a contrarreloj en el Congreso. Con la Reforma Laboral en el centro de la escena, la central obrera se prepara para definir una posición que podría influir en la dinámica política y sindical del verano.

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