El organismo internacional propone que el impuesto a las Ganancias alcance al 20% de los trabajadores registrados, frente al 8,2% actual. Para cumplir ese objetivo deberían incorporarse más de 1,5 millones de asalariados al tributo. Sindicatos y entidades pyme advierten que la medida reduciría el poder adquisitivo y profundizaría la desaceleración del consumo.

La negociación entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional volvió a colocar en el centro del debate una de las reformas con mayor impacto político y social: la ampliación del impuesto a las Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia. En su último Staff Report, el organismo planteó que, antes de finalizar el año, el gravamen debería alcanzar al 20% de los asalariados formales, más del doble del universo actual, que representa el 8,2% de los empleados registrados.

Los números reflejan la magnitud del cambio. Hoy tributan 1.055.431 trabajadores. Para cumplir con la meta fijada por el FMI deberían incorporarse más de 1,5 millones de nuevos contribuyentes, acercándose nuevamente a los niveles registrados en 2020, cuando el impuesto alcanzaba a 2.425.880 asalariados.

El planteo forma parte del compromiso asumido por el Gobierno de avanzar hacia una reforma tributaria integral antes de fines de 2026. Sin embargo, la administración de Javier Milei procura dilatar cualquier modificación de alto costo político en un año atravesado por el calendario electoral, especialmente cuando la recuperación del salario real continúa siendo uno de los principales reclamos del mercado laboral.

La evolución reciente del tributo explica parte de la discusión. En 2023, la modificación impulsada por Sergio Massa redujo drásticamente el universo alcanzado, que cayó hasta unos 129.000 trabajadores. Un año más tarde, el Gobierno restituyó la cuarta categoría y amplió nuevamente la base imponible, aunque para el FMI ese nivel continúa siendo insuficiente frente al promedio regional.

Actualmente comienzan a tributar quienes perciben alrededor de $3 millones brutos mensuales si son solteros, o cerca de $4 millones en el caso de un trabajador con cónyuge y dos hijos. Ambos valores se ubican por encima del RIPTE, que en febrero de 2026 alcanzó un salario promedio de $1.734.357.

Las simulaciones incluidas en los análisis técnicos muestran con mayor claridad el eventual alcance de la reforma. Un trabajador soltero con ingresos equivalentes a 1,5 veces el RIPTE —unos $2.601.536 brutos— comenzaría a tributar con una carga anual estimada de entre $70.000 y $150.000, mientras que quien perciba el equivalente a dos RIPTE —aproximadamente $3.468.714 brutos— afrontaría una obligación cercana a $1,5 millones anuales. En los hogares con mayores deducciones familiares, el impacto sería sensiblemente menor.

La eventual ampliación del impuesto despertó un rechazo que trasciende al movimiento sindical. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) cuestionó la propuesta del Fondo y sostuvo que profundizar la presión sobre los salarios registrados no resolverá los problemas estructurales del sistema tributario argentino. La entidad advirtió que, junto con la ampliación de Ganancias, el organismo también impulsa extender la base del IVA y reformular el Monotributo, concentrando el esfuerzo fiscal sobre trabajadores, pequeños contribuyentes y consumo interno.

Para CAME, el verdadero problema reside en la elevada carga impositiva provincial y municipal. Según sus estimaciones, tributos como Ingresos Brutos y distintas tasas locales representan entre el 2% y el 6% de las ventas brutas de una empresa, independientemente de su rentabilidad. Por ello propuso avanzar hacia un nuevo consenso fiscal entre Nación, provincias y municipios que permita revisar integralmente la estructura tributaria en lugar de incrementar la presión sobre los ingresos laborales.

La discusión también comenzó a instalarse en el ámbito gremial. Diversas organizaciones sindicales sostienen que ampliar el universo alcanzado por Ganancias implicaría reducir el ingreso disponible de trabajadores registrados que ya acumulan varios años de deterioro del poder adquisitivo, afectando además el consumo y la actividad económica.

La reforma que promueve el FMI enfrenta dos modelos contrapuestos de política fiscal: uno que privilegia elevar la recaudación mediante la ampliación de la base tributaria y otro que plantea revisar la estructura impositiva sin trasladar una mayor carga sobre los asalariados y las pequeñas empresas. Con cifras que involucran a más de 1,5 millones de potenciales nuevos contribuyentes, el impuesto a las Ganancias se perfila como uno de los ejes más sensibles de la agenda económica y laboral del segundo semestre.

La adquisición de los activos de Shell por más de US$1.400 millones reavivó las alertas en el gremio de estaciones de servicio. El sindicato advierte que la nueva legislación laboral podría facilitar la creación de una organización sindical por empresa, con capacidad para negociar condiciones laborales propias y desplazar el convenio colectivo vigente que alcanza a miles de trabajadores.

La venta de la red de 894 estaciones de servicio de Shell al consorcio integrado por Mercuria Energy Group e Integra, la sociedad encabezada por José Luis Manzano y Daniel Vila, abrió un nuevo foco de tensión dentro del movimiento sindical. Más allá del cambio accionario, el principal interrogante gira en torno al impacto que la reforma laboral podría tener sobre la representación gremial y el futuro del convenio colectivo que regula la actividad.

La operación, valuada en más de 1.400 millones de dólares, no sólo constituye uno de los movimientos empresariales más relevantes del año en el mercado energético argentino. También instaló una discusión que trasciende el plano comercial: la posibilidad de que la nueva conducción impulse la conformación de un sindicato de empresa, una alternativa contemplada por el nuevo marco normativo y que modificaría el esquema tradicional de negociación colectiva.

La preocupación fue expresada por el Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio de Capital Federal y la provincia de Buenos Aires (SOESGYPE), conducido por Carlos Acuña. En la organización interpretan que una representación sindical circunscripta a una única empresa podría fragmentar la negociación salarial y debilitar el alcance del convenio colectivo que actualmente unifica las condiciones laborales de la actividad.

El debate adquiere especial relevancia porque la reglamentación de la reforma laboral reconoce mayor margen para la negociación por empresa, una herramienta que distintos sectores sindicales consideran funcional a procesos de descentralización de derechos. En la CGT observan con inquietud esa posibilidad y advierten que la fragmentación de la representación facilitaría la implementación de condiciones laborales diferenciadas entre establecimientos de una misma rama de actividad.

Uno de los puntos que concentra mayor resistencia es la eventual incorporación de esquemas de remuneración variables o «salarios dinámicos», vinculados al desempeño económico de cada estación de servicio o región. Desde el sindicato sostienen que ese mecanismo pondría en discusión los pisos salariales actualmente garantizados por el convenio colectivo y habilitaría diferencias remunerativas según la rentabilidad de cada empresa, debilitando uno de los principios históricos de la negociación por actividad.

La inquietud no se limita al área metropolitana. La Federación del Interior de Trabajadores de Estaciones de Servicio (FITESGRA) también sigue de cerca la evolución del proceso, consciente de que cualquier modificación en una de las principales cadenas de comercialización de combustibles podría convertirse en antecedente para otras compañías del sector.

Mientras tanto, entre los trabajadores predominan la incertidumbre y la expectativa frente a los planes que desarrollen los nuevos propietarios. Además de exigir que se preserven las fuentes laborales, las organizaciones gremiales reclaman la reincorporación de empleados desvinculados durante los últimos meses y garantías de que el cambio societario no será utilizado para impulsar una flexibilización de las condiciones de trabajo.

La discusión pública supera los límites del caso Shell. Para buena parte del movimiento obrero, la operación representa la primera gran prueba sobre los efectos concretos que podría tener la reforma laboral en la negociación colectiva argentina. Lo que hoy se discute en una red de 894 estaciones de servicio podría convertirse en un precedente para otros sectores de la economía, donde empresas y sindicatos ya comienzan a medir el alcance real del nuevo régimen laboral impulsado por el Gobierno nacional.

El máximo tribunal rechazó el recurso del Poder Ejecutivo y mantuvo vigente la cautelar que exige aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución fortalece la posición de docentes, no docentes y estudiantes, mientras profundiza el revés judicial sobre la estrategia oficial para frenar la norma aprobada por el Congreso.

La controversia entre el Estado y las casas de estudio sumó un nuevo capítulo con alto voltaje institucional. La Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado a ejecutar de manera inmediata los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, una decisión que ratifica la obligación de actualizar las remuneraciones de docentes y trabajadores no docentes, además de recomponer las becas destinadas a estudiantes de todo el país.

El pronunciamiento representa un nuevo revés para la estrategia judicial del Poder Ejecutivo frente a una norma que el Congreso sancionó con una mayoría agravada tras revertir el veto presidencial. Al desestimar el recurso extraordinario presentado por la administración nacional, el máximo tribunal entendió que la resolución cuestionada carecía del carácter de sentencia definitiva requerido para habilitar su revisión, por lo que la cautelar continúa plenamente vigente mientras avanza el debate sobre el fondo del expediente.

La polémica abarca aspectos que van más allá de lo económico. El caso pone a prueba el margen de maniobra del Ejecutivo frente a una ley ratificada por el Parlamento y consolida, al menos de manera provisoria, la posición de las universidades nacionales que reclamaban el cumplimiento efectivo de una norma cuya aplicación había quedado condicionada por el decreto 759/2025.

La demanda fue promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto con distintas casas de altos estudios, luego de que el Gobierno supeditara la ejecución de la ley a la identificación de nuevas fuentes de financiamiento. Tanto el juzgado de primera instancia como la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal coincidieron en que existían fundamentos suficientes para ordenar su cumplimiento inmediato, criterio que ahora quedó respaldado por la Corte Suprema.

En sus resoluciones previas, la Cámara había advertido que la falta de actualización salarial podía comprometer el funcionamiento del sistema universitario y afectar el ejercicio efectivo del derecho a enseñar y aprender. Los magistrados también señalaron que el ahorro fiscal derivado de incumplir la ley resultaba marginal frente al presupuesto nacional, argumento que debilitó la justificación económica presentada por el Ejecutivo.

Respaldo institucional al reclamo gremial

La decisión fue recibida como un espaldarazo por las organizaciones sindicales del sector universitario, que desde hace meses sostienen que la pérdida del poder adquisitivo deterioró gravemente las condiciones laborales y académicas.

La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, sostuvo que «al Gobierno nacional ya no le quedan excusas» para incumplir la legislación vigente y remarcó que la resolución judicial constituye también el resultado de la movilización sostenida por docentes, trabajadores no docentes y estudiantes en defensa de la universidad pública.

La dirigente afirmó además que el conflicto permanecerá abierto hasta que el Ejecutivo materialice plenamente las obligaciones establecidas por la ley, al considerar que el pronunciamiento del máximo tribunal consolida jurídicamente un reclamo que ya contaba con amplio respaldo político y social.

Una resolución que reconfigura la negociación

El fallo llega en un momento de relativa distensión luego del entendimiento alcanzado entre el Gobierno, el Consejo Interuniversitario Nacional y las federaciones sindicales, acuerdo que contempla una recomposición de la masa salarial del 24,33%, un incremento del 20% para gastos de funcionamiento de las universidades, mayores partidas para hospitales universitarios y una suba del 50% en las Becas Manuel Belgrano.

Ese consenso reduce parcialmente el efecto económico inmediato de la cautelar, aunque no modifica el significado político de la decisión judicial. La Corte reafirma que una ley sancionada y ratificada por el Congreso conserva plena eficacia mientras no sea declarada inconstitucional, limitando así el margen del Ejecutivo para diferir su aplicación mediante decisiones administrativas.

La cautelar no comprende la totalidad de la Ley de Financiamiento Universitario, ya que quedaron fuera de esta instancia aspectos vinculados con la recomposición integral del presupuesto universitario correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025. No obstante, el pronunciamiento fortalece la posición procesal de las universidades y de las organizaciones gremiales de cara a la resolución definitiva del litigio.