Uocra denunció 500 despidos en Vaca Muerta
La incertidumbre se apoderó de la región de Vaca Muerta, en Neuquén, donde se ubica uno de los yacimientos de hidrocarburos más importantes del país. Tras las últimas declaraciones del presidente electo, Javier Milei, quien anunció el fin de la obra pública con financiamiento estatal y la privatización de YPF, la semana pasada se conocieron los primeros 500 despidos, según informó la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA).
“A más de 500 compañeros les mandaron el telegrama con el cese laboral”, puntualizó el secretario adjunto del sindicato, Juan Carlos Levi. De acuerdo al dirigente gremial, las primeras 300 desvinculaciones se produjeron en La Calera con Tecpetrol, una de las firmas contratistas del grupo Techint; y luego continuaron en Loma Campana, con las firmas de AESA y PECOM, que le prestan servicios a YPF.
Desde Techint aclararon que hubo un grupo de operarios que terminaron de hacer una obra con Pluspetrol, que no era parte de la obra pública sino particular para esa empresa, y al terminar el trabajo tomaron el seguro de desempleo que tiene el sindicato.
La Uocra busca reincorporar a los trabajadores afectados, en medio de las dudas generadas por las declaración de Milei de suspender la inversión en obra pública. Sin embargo, a diferencia de otros momentos políticos con la llegada de nuevas administraciones, no hay interlocutores que permitan impedir la pérdida de puestos de trabajo.
“Hay una incertidumbre empresarial. Siempre hubo transiciones y con quién hablar para avanzar en esos temas. Hoy no está ese camino”, remarcó.
Levi también señaló que en la Patagonia, “la obra pública viene parada hace rato”, haciendo referencia a proyectos como Vaca Muerta Sur y La Calera II, que deberían haber comenzado en septiembre y octubre, y el parate en las rutas 17 y 51. Además, reconoció que tampoco podrán solicitar ayuda a los intendentes locales, ya que “apenas alcanzan a pagar los sueldos de los empleados municipales”.
“Nosotros vemos bastantes complicaciones. Si esto sigue así, no van a enviar 500 telegramas, van a ser muchos más”, advirtió Levi.
Días atrás, la Uocra emitió un comunicado en el que expresó su “profunda preocupación” por los dichos del mandatario electo sobre el “futuro de la obra pública”, y determinó el estado de alerta de la organización gremial. En un documento, firmado por el secretario general del sindicato, Gerardo Martínez, se pronunció en defensa de los 220 mil puestos de trabajo en las obras públicas que actualmente están en ejecución y rechazó las afirmaciones del líder de La Libertad Avanza (LLA) que “arriesgan la continuidad laboral de esos trabajadores”.
“El actual Gobierno aún en ejercicio tiene garantizada la ejecución de las partidas presupuestarias hasta diciembre próximo, lo que de hecho asegura la normal continuidad de las obras en curso, por lo que no hay argumentos válidos para justificar despidos, lo que no contribuye a la paz social”, comunicó la organización sindical.
Luego del triunfo electoral del balotaje del 19 de noviembre, Javier Milei ratificó su promesa de campaña electoral de que “la obra pública se termina” y que el financiamiento de infraestructura se llevará a cabo “a la chilena”,con fondos del sector privado debido al ajuste presupuestario que el dirigente libertario aplicará en el Estado nacional.
“Creo que estos anuncios está haciendo ruido en todos lados y no le hace bien a nadie”, consideró el dirigente sindical. “Los 200 mil telegramas de despidos ya andan dando vueltas. Hay cosas que se tienen que revertir, que no se pueden frenar de la noche a la mañana. Hay cosas que se han hecho mal, pero no hay que generalizar y meter a todos en la misma bolsa porque sin diálogo se va a generar más confrontación y choque. Nadie se ha acercado ni pedido para hablar de la transición”, insistió Levi en declaraciones a Radio 10.
Según los cálculos gremiales, cerca de 10 mil trabajadores están sin tareas y sin actividades porque las obras públicas están paralizadas. Desde la sede central de la Uocra están monitoreando lo que ocurre con el empleo y la continuidad de los proyectos.
“Las empresas y operadoras tienen incertidumbre, pero sobre todo el que peor la pasa es el trabajador”, consideró el dirigente gremial. “Todos estamos con expectativa. El obrero de la construcción es parte de la sociedad. La dignidad no pasa solo por el trabajo, todos los habitantes argentinos necesitan vivienda, educación y sanidad”, dijo sobre el ajuste que se avecina.
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AOMA paralizó Río Tinto en Catamarca por salarios y seguridad
La Asociación Obrera Minera Argentina inició una medida de fuerza en Minera del Altiplano, operadora del proyecto Fénix de Río Tinto, por reclamos salariales y cuestionamientos vinculados con la seguridad en la alta montaña. El conflicto vuelve a poner bajo la lupa las proyecciones de fuerte generación de empleo asociadas al desarrollo minero.
Un nuevo conflicto laboral paraliza el proyecto de litio Fénix en Catamarca. La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) comenzó una medida de fuerza en Minera del Altiplano, operada por Río Tinto en el Salar del Hombre Muerto.
El reclamo combina dos cuestiones: una actualización de los ingresos de los trabajadores y mayores garantías de seguridad para quienes cumplen tareas en la Puna, donde las operaciones se desarrollan a gran altura y bajo condiciones meteorológicas que pueden volverse extremas. La medida afecta a una operación que ya había enfrentado una protesta sindical en febrero, durante los primeros meses de Río Tinto al frente del proyecto.
El antecedente más delicado ocurrió en julio. Un grupo de trabajadores quedó aislado durante un temporal de nieve mientras se trasladaba desde el área de Fénix hacia Antofagasta de la Sierra. Los operarios permanecieron varios días en una zona ubicada por encima de los 4.400 metros de altura, con temperaturas que llegaron a registros cercanos a los 24 grados bajo cero. El rescate demandó maquinaria pesada, equipos de emergencia y apoyo de distintos organismos.
Derivado de dicho suceso, el gremio minero objetó los procedimientos de movilidad invernal mediante presentaciones formales ante los organismos provinciales competentes. En contraposición, la compañía constató la ejecución de sus protocolos de emergencia y el fortalecimiento de los sistemas preventivos en el yacimiento Fénix.
El nuevo paro adquiere relevancia más allá de la disputa salarial porque se produce en una de las operaciones que simbolizan la apuesta argentina por el litio y la llegada de grandes inversiones internacionales. Río Tinto tomó el control de Fénix tras la adquisición de Arcadium Lithium y también desarrolla en Catamarca el proyecto Sal de Vida.
La discusión laboral coincide, además, con las ambiciosas expectativas oficiales sobre la capacidad de la minería para generar empleo. En la apertura de las sesiones ordinarias de 2026, Javier Milei sostuvo que la Cordillera podría generar un millón de puestos de trabajo si la Argentina desarrollara su potencial minero con reglas similares a las de Chile.
Las estadísticas disponibles muestran, sin embargo, una expansión mucho más gradual. Según datos de la Secretaría de Minería correspondientes a marzo de 2026, el empleo minero formal directo alcanzó 40.141 trabajadores, un 1,2% más que un año antes: fueron 491 puestos adicionales en doce meses. La minería representa así alrededor del 0,6% del empleo asalariado privado registrado.
Dentro de ese universo, el litio registró 5.382 empleos, con un crecimiento interanual del 6,5%, equivalente a 327 trabajadores adicionales. La minería metalífera, en tanto, concentró 13.026 puestos y explicó el 32,5% del empleo minero formal directo.
La diferencia entre las cifras actuales y las proyecciones no implica que la expansión minera carezca de impacto laboral. La Cámara Argentina de Empresas Mineras calcula unos 116.000 empleos directos e indirectos vinculados con la minería y proyecta una expansión significativa de esa cifra con el desarrollo de los grandes proyectos de cobre y litio. Son estimaciones empresariales que incluyen empleo directo, contratistas y proveedores, por lo que no resultan comparables de manera directa con el registro oficial de empleo minero directo.
También el RIGI exhibe una magnitud considerable en términos de inversión anunciada. El Gobierno informó en agosto que los proyectos oficialmente aprobados bajo ese régimen alcanzaban los US$46.700 millones, con una estimación de 95.158 empleos directos e indirectos; al incorporar iniciativas aprobadas pendientes de publicación, la cifra ascendía a unos US$49.000 millones.
Más allá de las cifras de inversión, el conflicto de Fénix abre el debate sobre el empleo en alta montaña. Las mineras buscan la continuidad de sus proyectos, mientras que los trabajadores exigen salarios dignos y protocolos eficaces ante un clima y una geografía extremos.
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Las CTA fijaron un paro para fines de octubre y esperan una definición de la CGT
El sindicalismo argentino ingresará en octubre con una nueva confrontación sobre la modalidad y el alcance de sus protestas. La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores confirmaron una jornada nacional de paro y movilización para los últimos días del mes, mientras mantienen conversaciones con la CGT para intentar convertirla en una medida conjunta. La fecha todavía no está definida, aunque en las conversaciones aparece como posibilidad el período comprendido entre el 28 y el 30 de octubre.
La decisión fue adoptada por la Comisión Ejecutiva Nacional de la CTA Autónoma, durante una reunión encabezada por su secretario general, Hugo “Cachorro” Godoy. La central anunció además un cronograma de huelgas, movilizaciones y actividades articuladas con organizaciones sindicales y sociales. Entre los reclamos mencionados por la conducción aparecen salarios, empleo y el rechazo a las políticas económicas del Gobierno nacional.
La convocatoria de las dos CTA introduce ahora una definición pendiente para la CGT, que este martes reunirá a más de 20 organizaciones en la sede de la UOCRA, a partir de las 16. El encuentro de la mesa chica ampliada contará con la participación de los cotitulares de la central, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, además del anfitrión Gerardo Martínez. Allí se analizará la continuidad de las medidas impulsadas durante los últimos meses y la posibilidad de una nueva movilización en octubre.
La CGT ya había anticipado que mantiene abierto el debate sobre una eventual medida de fuerza general, aunque su conducción todavía no fijó una fecha. Cristian Jerónimo señaló que la central no descarta un paro si no se abre una instancia de diálogo, mientras que la conducción cegetista viene evaluando distintas modalidades de protesta antes de la visita del papa León XIV, prevista para noviembre.
La agenda de octubre comenzará incluso antes de esa definición. El 1° de octubre está previsto el acto de asunción de las autoridades nacionales de la CTA Autónoma para el período 2026-2030. Dos días después, jóvenes de la central participarán de la peregrinación a Luján y, el 6 de octubre, la FENAT acompañará actividades vinculadas con la eliminación del programa Volver al Trabajo.
El calendario también contempla la participación de la CTA en la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para octubre, en una agenda de protesta que incluye los reclamos de docentes y trabajadores de las universidades nacionales. La CONADU Histórica, además, convocó a un paro de 72 horas entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre.
Otro punto será la movilización convocada por FeTERA para el 26 de octubre frente a Atucha, vinculada con la defensa de la soberanía energética. La sucesión de medidas refleja la intención de las centrales de mantener una agenda sindical activa durante todo el mes, aunque cada organización conserva sus propias convocatorias y objetivos.
La coordinación entre las tres centrales será, por lo tanto, una de las principales definiciones pendientes. Las dos CTA ya tienen acordada una jornada de paro y movilización, mientras la CGT debe resolver si acompaña esa convocatoria, impulsa una acción propia o mantiene una modalidad diferenciada. Las conversaciones entre las conducciones permanecen abiertas y todavía no existe una convocatoria tripartita formal.
La discusión llegará además a un mes condicionado por la visita de León XIV, prevista del 8 al 11 de noviembre. La CGT tiene previsto participar de un encuentro con el Papa el 9 de noviembre en la Universidad Católica Argentina, junto con representantes empresariales y de movimientos sociales. Ese compromiso forma parte del calendario que la conducción cegetista contempla al momento de definir sus próximas acciones.
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CTA de los Trabajadores: Carla Costabile encabeza la Lista 26 de Julio en San Juan
La secretaria adjunta nacional de ASIJEMIN, Carla Costabile, encabeza la Lista 26 de Julio para las elecciones de la CTA de los Trabajadores del 3 de noviembre. El espacio reúne a referentes sindicales y organizaciones sociales y plantea una central con mayor participación interna, autonomía respecto de los gobiernos y articulación entre trabajadores registrados, estatales, industriales e informales. La conducción nacional de la central oficializó la convocatoria para ese día, con elecciones en los distintos niveles de la organización para el período 2026-2030.
Entre los espacios que, según la presentación de la lista, participan del armado aparecen dirigentes y referentes de SUTEPA (Sindicato de trabajadores de PAMI), ASIJEMIN (Sindicato de supervisores, técnicos y profesionales de la minería), AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina) Alternativa Docente (docentes provinciales), FETIA (Federación de trabajadores de la industria, la energía, servicios y afines) referentes de ATE (Asociación de Trabajadores del estado), y de organizaciones sociales formadas por trabajadores y trabajadoras informales que se contienen y organizan cada día en los territorios. De acá en adelante, es necesario que estén a disposición pública los padrones, para que cada trabajador/a pueda saber si está habilitado para votar. Y se hagan públicos los lugares de votación para comenzar a organizar la campaña electoral.
Costabile, sostuvo que la propuesta busca integrar realidades laborales diferentes, desde trabajadores industriales y estatales hasta quienes desarrollan tareas en la economía informal. La lista también plantea fortalecer la articulación entre organizaciones para abordar reclamos vinculados con salarios, empleo, jubilaciones, salud y educación.
Cuando una familia debe elegir qué gasto pagar y cuál postergar, cuando los servicios aumentan y el salario pierde poder adquisitivo, no hay discurso que pueda ocultar esa situación. Necesitamos una organización que mire la realidad de frente, escuche a los/as trabajadores/as y tenga el coraje de decir lo que otros prefieren callar. Nuestra responsabilidad es transformar esa realidad en una lucha concreta por mejores condiciones de vida para todos los trabajadores y trabajadoras sanjuaninas.

Contra el desguace de todo el patrimonio nacional y de los bienes comunes que sólo fortalece a Trump, el FMI y enriquece a sus socios locales. Creemos que la deuda a saldar es con las trabajadoras y trabajadores. Hay que luchar por un aumento de los salarios y de las jubilaciones. Como también por un aumento del presupuesto en salud y educación. Se tienen que generar puestos de trabajo genuino para todos/as. Llamamos a defender el derecho a la huelga, a la protesta, y todos los derechos consagrados avasallados por la reforma laboral esclavista.Uno de los pedidos formulados por el espacio apunta al proceso electoral. La Lista 26 de Julio reclama que los padrones y los lugares de votación tengan difusión pública, de manera que los afiliados puedan verificar su habilitación y conocer dónde deberán concurrir el día de los comicios. La CTA-T, por su parte, informó oficialmente que ya publicó la convocatoria y el listado federal de mesas, domicilios y horarios de votación.
La disputa por la conducción de la CTA-T en San Juan se inscribe en un año de renovación de las principales estructuras sindicales provinciales. En septiembre, la CGT San Juan renovó autoridades con Eduardo Cabello al frente de una lista única respaldada por 54 organizaciones gremiales; ahora la CTA llegará a las urnas con competencia entre dos listas y con el desafío de definir su conducción para el próximo período.
La elección del 3 de noviembre definirá así la nueva conducción de la central en San Juan y pondrá en juego dos concepciones sobre su funcionamiento, representación y relación con el poder político, en una etapa marcada por reclamos salariales, cambios en el mercado laboral y una fuerte discusión dentro del movimiento sindical.
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