La CGT encendió una nueva señal de alarma por el deterioro financiero de las obras sociales sindicales, cuyos déficits obligan a los gremios a transferir recursos propios para evitar mayores recortes en la atención médica. Después de tres reuniones reservadas con el ministro de Salud, Mario Lugones, la central obrera sostiene que no obtuvo respuestas a sus propuestas y advierte que la crisis ya compromete el funcionamiento de las organizaciones sindicales.

El titular del gremio gastronómico, Luis Barrionuevo, comparó la situación con la de los años noventa, cuando las dificultades financieras de las obras sociales y los sindicatos se retroalimentaron. Según advirtió, el dinero que hoy destinan los gremios a cubrir gastos sanitarios reduce los recursos disponibles para sostener escuelas, campings, vacaciones y otras prestaciones para sus afiliados. Tras el último encuentro con el Gobierno, realizado a fines de septiembre en la sede de la UOCRA, fuentes cegetistas señalaron que el panorama empeoró.

El financiamiento de la discapacidad, en el centro del reclamo

Uno de los principales puntos de discusión es el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que recibe aportes de trabajadores y empleadores y permite compensar gastos de las obras sociales. De acuerdo con el informe de la CGT, cerca del 90% de sus recursos se destina actualmente a prestaciones vinculadas con la discapacidad, con un costo mensual estimado en $160.000 millones.

La central sostiene que esa proporción creció de manera marcada: en 2017, el rubro representaba el 22% del fondo. El aumento habría reducido el margen disponible para financiar tratamientos de alta complejidad y medicamentos de elevado costo.

Frente a ese cuadro, la CGT reclama que los gastos de transporte y educación de las personas con discapacidad sean financiados por las áreas estatales correspondientes y que los recursos se transfieran al fondo para liberar capacidad de cobertura sanitaria. El planteo ya había sido presentado durante el gobierno de Alberto Fernández, sin obtener la respuesta que esperaba la dirigencia sindical.

Aportes que no alcanzan para cubrir las prestaciones

El diagnóstico gremial también señala un desajuste entre los ingresos del sistema y el costo de la atención. Más de 11 millones de beneficiarios —el 78,5% del padrón de las obras sociales nacionales— no generarían recursos suficientes para financiar el Programa Médico Obligatorio (PMO), según las cifras difundidas por la central.

El problema se agrava por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y el encarecimiento de los servicios médicos. La CGT estima que el poder de compra de los ingresos laborales cayó alrededor de un 30%, mientras que la capacidad para adquirir medicamentos se redujo, en promedio, un 40%.

El informe también cuestiona el aporte de los monotributistas, que sería un 78% inferior al costo estimado del PMO. En el caso de los jubilados que conservan su afiliación, calcula una transferencia de unos $53.000 por persona frente a una recaudación cercana a $159.000, una diferencia que presiona sobre las cuentas de las entidades.

A esos factores se suman, según el documento, los valores de facturación de determinados hospitales públicos y la falta de autorización previa para algunas prácticas programadas, cuestiones que la central considera necesario revisar.

El sanitarista Luis Scervino, asesor de la CGT y ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, resumió el problema como una brecha cada vez mayor entre los aportes que ingresan y los gastos asistenciales. La pérdida salarial y la suba de los costos médicos dejan diferencias que, en numerosos casos, terminan judicializadas. «Es una olla a presión», advirtió.

La ausencia de un consenso con el Poder Ejecutivo traslada la crisis a dos sectores clave: los beneficiarios, afectados por dilaciones y recortes en los servicios, y las organizaciones sindicales, forzadas a utilizar recursos propios para mantener las prestaciones. La dirigencia gremial sostiene que la salida definitiva exige reestructurar el modelo de financiamiento y delimitar las responsabilidades estatales, garantizando que no se degrade la asistencia médica.

El Pontífice ratificó su viaje apostólico, que se extenderá del 8 al 11 de noviembre y comprenderá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. El programa incluye una reunión con Javier Milei, celebraciones religiosas y un encuentro con representantes del mundo del trabajo.

El anuncio despejó las dudas que habían surgido sobre la continuidad del viaje después de su reciente intervención pulmonar. La agenda oficial de la Santa Sede mantiene las fechas previstas y contempla encuentros institucionales, celebraciones religiosas y reuniones con distintos sectores de la sociedad.

«Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida», expresó el Pontífice en un mensaje publicado en su cuenta de X. También manifestó su deseo de que la gira permita «abrir nuestros corazones los unos a los otros», fortalecer la comunión y renovar el compromiso de anunciar el Evangelio.

La llegada está prevista para el domingo 8 de noviembre, a las 16.30, al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Uruguay. Tras un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre, León XIV será recibido en la Casa Rosada y se reunirá con el presidente Javier Milei. La primera jornada concluirá con un encuentro con autoridades, diplomáticos y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.

El lunes 9, el Papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y celebrará una misa multitudinaria a las 11.30 en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Por la tarde, mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, participará de una reunión con referentes de distintas tradiciones religiosas y compartirá las vísperas con el episcopado argentino en la Catedral Metropolitana.

La agenda continuará el martes 10 en Córdoba, donde presidirá una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y se reunirá con integrantes de la Iglesia. De regreso en Buenos Aires, encabezará por la noche una vigilia con jóvenes. El miércoles 11 visitará el Complejo Penitenciario Federal y celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de partir hacia Lima a las 14 desde el aeropuerto internacional de Ezeiza.

La visita tendrá una dimensión que excede el calendario litúrgico. La reunión con el Presidente concentrará la atención institucional, mientras que los encuentros con trabajadores, jóvenes, comunidades religiosas y personas privadas de libertad reflejarán las distintas prioridades pastorales del Pontífice.

Será la primera visita de León XIV a la Argentina desde su elección como Papa y una oportunidad de encuentro directo con los fieles, en un recorrido que combinará la relación con las autoridades nacionales y el contacto con comunidades sociales y religiosas.

La federación Conadu Histórica anunció un paro nacional de una semana para docentes universitarios y preuniversitarios, entre el miércoles 28 de octubre y el martes 3 de noviembre, en reclamo de una recomposición salarial, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y un presupuesto que garantice el funcionamiento de las universidades nacionales.

La medida fue aprobada por unanimidad durante el Congreso Extraordinario del 22 de octubre y busca aumentar la presión sobre el Gobierno nacional ante el deterioro de los ingresos docentes y las restricciones presupuestarias que, según el gremio, comprometen el funcionamiento de la educación superior pública.

La resolución contempla también el reclamo por la deuda salarial acumulada. En su pronunciamiento, la federación denunció que la política económica oficial provocó una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios y advirtió sobre sus consecuencias para la continuidad de las tareas académicas.

El Congreso resolvió instruir a la Mesa Ejecutiva de Conadu Histórica para articular el paro con el resto de los gremios del Frente Sindical de Universidades Nacionales. El objetivo es unificar las acciones, ampliar la participación territorial y evitar que las protestas queden limitadas a iniciativas aisladas de cada entidad.

Esta convocatoria se añade a un litigio que converge en materias salariales, presupuestarias y de observancia de la normativa específica en las casas de altos estudios. Para la federación, la aplicación efectiva de la ley resulta indispensable tanto para recomponer los ingresos del personal como para asegurar los recursos necesarios para sostener la enseñanza y el funcionamiento institucional.

Respaldo a la movilización universitaria

El documento gremial también reivindicó la quinta Marcha Federal Universitaria, que reunió a docentes, estudiantes y otros sectores en defensa de la educación pública bajo la consigna «Por educación, soberanía y democracia».

Conadu Histórica interpretó la convocatoria como una demostración de respaldo social a las universidades y cuestionó la respuesta del Gobierno durante la movilización, al repudiar la represión denunciada por la organización.

La nueva huelga abre otra semana de presión sindical sobre la política educativa nacional. Su alcance dependerá, en buena medida, de la adhesión en las universidades y de la capacidad de las distintas federaciones para coordinar un reclamo común por salarios, financiamiento y cumplimiento de la ley.