El personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo N.º 789/21 contará con una nueva actualización salarial.

El entendimiento fue suscripto por Marcelo Mena Muñoz, Secretario General, y Humberto Coria, Director de la Delegación Regional Centro de ASIJEMIN. En representación de la empresa participaron Gustavo Bufaliza, Director de Recursos Humanos, y Ángel Guardia, Superintendente de Recursos Humanos.

El acuerdo establece un incremento del 11 % a partir del 1 de mayo sobre los haberes correspondientes al mes de abril, y un adicional del 5 % a partir del 1 de julio, tomando como referencia los haberes del mes de junio, alcanzando un acumulado del 16,55 %. La vigencia del acuerdo se extenderá hasta el 31 de agosto de 2026.

Esta actualización paritaria destaca la importancia del Convenio Colectivo de Trabajo como herramienta fundamental para la defensa de los derechos de los trabajadores mineros y la mejora de sus condiciones salariales.

Tras una semana de paro con amplio acatamiento en la Universidad Nacional de San Juan, el secretario general de ADICUS, Jaime Barcelona, advirtió sobre el deterioro presupuestario que atraviesa el sistema universitario. La caída del poder adquisitivo docente, la reducción de actividades académicas y la incertidumbre sobre el financiamiento vuelven a colocar a las universidades nacionales en el centro de la discusión pública.

Barcelona, en diálogo con Mundo Laboral San Juan, sostuvo que las jornadas de protesta reflejaron un importante nivel de acompañamiento pese a encontrarse en una etapa clave del calendario académico. “El acatamiento fue heterogéneo, con momentos de mayor y menor adhesión, pero en términos generales fue muy importante si se tiene en cuenta que estamos finalizando el cuatrimestre”, explicó.

El dirigente también destacó un aspecto que consideran determinante para la continuidad del conflicto: el respaldo de la sociedad. Durante las actividades de visibilización desarrolladas en el marco de la Feria Educativa de la Universidad Nacional de San Juan, docentes y estudiantes mantuvieron contacto directo con la comunidad.

Según el representante de ADICUS, la recepción fue ampliamente favorable y ratificó que una parte importante de la ciudadanía continúa identificando a la universidad pública como una herramienta estratégica para la movilidad social y el desarrollo del país.

Un presupuesto cada vez más ajustado

Más allá de la discusión salarial, el deterioro financiero alcanza a prácticamente todas las áreas del sistema universitario. Barcelona señaló que las partidas destinadas al funcionamiento institucional vienen siendo actualizadas por debajo de la inflación efectiva, generando un progresivo proceso de deterioro que obliga a restringir actividades esenciales.“La situación está al límite porque las actualizaciones presupuestarias se calculan sobre proyecciones inflacionarias que después terminan siendo inferiores a la realidad”, afirmó.

La consecuencia directa de esa dinámica es una universidad que logra sostener apenas los servicios básicos indispensables para su funcionamiento cotidiano. Comedores estudiantiles, servicios esenciales y gastos operativos absorben buena parte de los recursos disponibles, mientras otras áreas comienzan a resentirse. Los primeros impactos aparecen en trabajos de campo, proyectos académicos, actividades científicas, programas de extensión y diversas iniciativas que forman parte de la vida universitaria más allá del aula.

Se trata de un proceso silencioso que, según advierten desde el sector, no siempre resulta visible para la sociedad, pero que termina afectando la calidad educativa, la producción científica y la vinculación de las universidades con sus comunidades.

La ley de financiamiento, en el centro de la disputa

Uno de los principales reclamos del sector gira en torno a la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, considerada por docentes y autoridades como una herramienta indispensable para recuperar el terreno perdido durante los últimos años. Para Barcelona, la norma permitiría corregir buena parte del atraso acumulado tanto en materia presupuestaria como salarial. Según explicó, la universidad arrastra una significativa pérdida de recursos derivada de actualizaciones insuficientes durante 2024 y 2025, además de arrastres inflacionarios provenientes de finales de 2023.

En el caso de los docentes, la situación resulta especialmente crítica. El dirigente estimó que la brecha entre los incrementos salariales otorgados y la inflación acumulada ronda el 100 por ciento. “Es incluso un poco más, pero para redondear puede hablarse de una pérdida cercana al cien por ciento”, enfatizó.

La ley también contempla la recuperación de un ámbito institucional que los gremios consideran indispensable: la negociación paritaria.
Actualmente, denuncian que las actualizaciones salariales se definen de manera unilateral, sin una instancia efectiva de discusión entre el Gobierno nacional y las representaciones sindicales.

Una señal de apertura tras la última movilización

Pese al escenario conflictivo, en las últimas horas apareció un dato que generó expectativas moderadas dentro del movimiento universitario. De acuerdo con lo expresado por Barcelona, dirigentes del Consejo Interuniversitario Nacional recibieron de manera informal una comunicación que anticiparía una próxima convocatoria a paritarias.

Aunque todavía no existe información oficial, el mensaje fue interpretado como una consecuencia directa del impacto político y social generado por la última Marcha Federal Universitaria. “Es algo que no venía ocurriendo desde hace mucho tiempo. Vamos a esperar para ver si efectivamente se concreta”, señaló.

La posibilidad de reabrir una instancia de negociación representa, al menos por ahora, un punto de inflexión en un conflicto que lleva meses acumulando tensión y que amenaza con profundizarse si no aparecen respuestas concretas. Mientras tanto, ADICUS y el resto de las organizaciones gremiales mantienen abiertas distintas alternativas de acción, entre ellas nuevas medidas de fuerza, clases públicas y actividades de visibilización.

La persistencia de salarios deteriorados, partidas insuficientes y negociaciones paralizadas alimenta una preocupación creciente en toda la comunidad académica. Lo que está en juego, sostienen los docentes, no es únicamente la situación laboral de quienes enseñan e investigan, sino la capacidad del sistema universitario de seguir garantizando formación, producción de conocimiento y oportunidades de desarrollo para las próximas generaciones.

La eventual convocatoria a paritarias abre una ventana de expectativa, aunque todavía insuficiente para disipar la incertidumbre. Mientras las respuestas oficiales continúan demorándose, las universidades nacionales siguen transitando una realidad marcada por restricciones presupuestarias, pérdida salarial y ascendente movilización en defensa de uno de los pilares históricos de la educación pública en argentina.

La reglamentación de la Ley 27.802 introduce modificaciones sobre negociación colectiva, representación sindical, registración de trabajadores, plataformas digitales y sistemas de indemnización. Mientras el oficialismo habla de modernización y simplificación administrativa, el movimiento sindical advierte sobre un avance que altera pilares históricos de la legislación laboral argentina.

La administración de Javier Milei dio un paso decisivo en la implementación de la reforma laboral al publicar el Decreto 407/2026, norma que reglamenta buena parte de la Ley 27.802 y redefine aspectos centrales del funcionamiento del mercado de trabajo argentino.

La disposición, difundida a través del Boletín Oficial, alcanza a una amplia variedad de institutos laborales y modifica procedimientos vinculados con la registración de personal, la negociación colectiva, la actividad sindical, los sistemas indemnizatorios y las nuevas modalidades de empleo asociadas a las plataformas digitales.

La iniciativa representa uno de los movimientos más profundos sobre la arquitectura laboral vigente desde el retorno democrático y anticipa un ámbito de fuerte debate político, jurídico y sindical.

Uno de los puntos centrales de la reglamentación se concentra en la simplificación de los mecanismos administrativos. A partir de ahora, la registración de trabajadores quedará integrada a los sistemas administrados por ARCA, reemplazando diversos procedimientos documentales que hasta el momento debían cumplirse de manera independiente.

En este sentido, el Ejecutivo estableció un nuevo formato obligatorio para los recibos de haberes. Además de consignar las remuneraciones percibidas por cada empleado, el documento deberá reflejar el conjunto de obligaciones asociadas a la relación laboral, incluyendo contribuciones patronales, aportes previsionales, cobertura de salud, riesgos del trabajo y otros conceptos vinculados al empleo formal.

La reglamentación también introduce cambios significativos en el terreno de la negociación colectiva. El texto habilita procesos de revisión para acuerdos convencionales sin plazo determinado o vencidos y redefine criterios de representación empresaria dentro de las mesas paritarias.

Otro de los capítulos más sensibles involucra a las organizaciones sindicales. El decreto incorpora nuevas disposiciones sobre licencias gremiales, funcionamiento de cuerpos directivos, tutela sindical y aportes convencionales. Asimismo, establece mecanismos de control vinculados al padrón de afiliados y fija requisitos de comunicación previa para determinadas actividades sindicales, una decisión que ya despertó cuestionamientos en distintos sectores del movimiento obrero.

Las transformaciones alcanzan además a la denominada economía de plataformas. La normativa traslada a la Secretaría de Transporte competencias relacionadas con la actividad de aplicaciones de reparto y movilidad, mientras que la Secretaría de Trabajo conservará facultades limitadas a eventuales procesos de negociación colectiva.

Para especialistas en derecho laboral y referentes sindicales, este cambio implica una redefinición conceptual de la actividad, que deja de ser abordada prioritariamente desde la perspectiva laboral para pasar a un esquema regulatorio vinculado a la prestación de servicios y la logística.

En simultáneo, el Gobierno avanzó con la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo destinado a financiar futuras indemnizaciones mediante instrumentos administrados por el sistema financiero. El nuevo esquema prevé aportes empresariales periódicos y contempla la utilización de fondos comunes de inversión y fideicomisos bajo supervisión de la Comisión Nacional de Valores.

Según lo establecido oficialmente, el régimen comenzará a funcionar a partir del 1 de noviembre y estará articulado con mecanismos de seguimiento y trazabilidad que involucrarán tanto a organismos tributarios como a entidades de control financiero.

Desde la Casa Rosada sostienen que las modificaciones apuntan a dotar de mayor previsibilidad al sistema, reducir litigiosidad y modernizar estructuras administrativas. Sin embargo, numerosas organizaciones gremiales interpretan que la reforma consolida una transferencia de poder desde la negociación colectiva hacia ámbitos de decisión empresaria y financiera.

La puesta en marcha del Decreto 407 inaugura así una nueva etapa en el debate sobre el futuro del trabajo en la Argentina. Con posiciones enfrentadas entre el Gobierno y el sindicalismo, las discusiones sobre representación, derechos laborales y modalidades de contratación prometen ocupar un lugar central en la agenda política y social de los próximos meses.