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La incertidumbre se apoderó de la región de Vaca Muerta, en Neuquén, donde se ubica uno de los yacimientos de hidrocarburos más importantes del país. Tras las últimas declaraciones del presidente electo, Javier Milei, quien anunció el fin de la obra pública con financiamiento estatal y la privatización de YPF, la semana pasada se conocieron los primeros 500 despidos, según informó la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA).

“A más de 500 compañeros les mandaron el telegrama con el cese laboral”, puntualizó el secretario adjunto del sindicato, Juan Carlos Levi. De acuerdo al dirigente gremial, las primeras 300 desvinculaciones se produjeron en La Calera con Tecpetrol, una de las firmas contratistas del grupo Techint; y luego continuaron en Loma Campana, con las firmas de AESA y PECOM, que le prestan servicios a YPF.

Desde Techint aclararon que hubo un grupo de operarios que terminaron de hacer una obra con Pluspetrol, que no era parte de la obra pública sino particular para esa empresa, y al terminar el trabajo tomaron el seguro de desempleo que tiene el sindicato.

La Uocra busca reincorporar a los trabajadores afectados, en medio de las dudas generadas por las declaración de Milei de suspender la inversión en obra pública. Sin embargo, a diferencia de otros momentos políticos con la llegada de nuevas administraciones, no hay interlocutores que permitan impedir la pérdida de puestos de trabajo.

“Hay una incertidumbre empresarial. Siempre hubo transiciones y con quién hablar para avanzar en esos temas. Hoy no está ese camino”, remarcó.

Levi también señaló que en la Patagonia, “la obra pública viene parada hace rato”, haciendo referencia a proyectos como Vaca Muerta Sur y La Calera II, que deberían haber comenzado en septiembre y octubre, y el parate en las rutas 17 y 51. Además, reconoció que tampoco podrán solicitar ayuda a los intendentes locales, ya que “apenas alcanzan a pagar los sueldos de los empleados municipales”.

“Nosotros vemos bastantes complicaciones. Si esto sigue así, no van a enviar 500 telegramas, van a ser muchos más”, advirtió Levi.

Días atrás, la Uocra emitió un comunicado en el que expresó su “profunda preocupación” por los dichos del mandatario electo sobre el “futuro de la obra pública”, y determinó el estado de alerta de la organización gremial. En un documento, firmado por el secretario general del sindicato, Gerardo Martínez, se pronunció en defensa de los 220 mil puestos de trabajo en las obras públicas que actualmente están en ejecución y rechazó las afirmaciones del líder de La Libertad Avanza (LLA) que “arriesgan la continuidad laboral de esos trabajadores”.

“El actual Gobierno aún en ejercicio tiene garantizada la ejecución de las partidas presupuestarias hasta diciembre próximo, lo que de hecho asegura la normal continuidad de las obras en curso, por lo que no hay argumentos válidos para justificar despidos, lo que no contribuye a la paz social”, comunicó la organización sindical.

Luego del triunfo electoral del balotaje del 19 de noviembre, Javier Milei ratificó su promesa de campaña electoral de que “la obra pública se termina” y que el financiamiento de infraestructura se llevará a cabo “a la chilena”,con fondos del sector privado debido al ajuste presupuestario que el dirigente libertario aplicará en el Estado nacional.

“Creo que estos anuncios está haciendo ruido en todos lados y no le hace bien a nadie”, consideró el dirigente sindical. “Los 200 mil telegramas de despidos ya andan dando vueltas. Hay cosas que se tienen que revertir, que no se pueden frenar de la noche a la mañana. Hay cosas que se han hecho mal, pero no hay que generalizar y meter a todos en la misma bolsa porque sin diálogo se va a generar más confrontación y choque. Nadie se ha acercado ni pedido para hablar de la transición”, insistió Levi en declaraciones a Radio 10.

Según los cálculos gremiales, cerca de 10 mil trabajadores están sin tareas y sin actividades porque las obras públicas están paralizadas. Desde la sede central de la Uocra están monitoreando lo que ocurre con el empleo y la continuidad de los proyectos.

“Las empresas y operadoras tienen incertidumbre, pero sobre todo el que peor la pasa es el trabajador”, consideró el dirigente gremial. “Todos estamos con expectativa. El obrero de la construcción es parte de la sociedad. La dignidad no pasa solo por el trabajo, todos los habitantes argentinos necesitan vivienda, educación y sanidad”, dijo sobre el ajuste que se avecina.

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Minería y empleo: el acuerdo de Vicuña con UOCRA mejora los salarios en la cordillera

Los trabajadores de la construcción que participen en las obras del proyecto Vicuña, en la alta cordillera de San Juan, tendrán una remuneración superior a la prevista para una obra convencional. Según fuentes gremiales consultadas tras el acuerdo firmado entre la compañía y la UOCRA, los adicionales establecidos para las condiciones particulares de la montaña llevarán el ingreso aproximadamente un 40% por encima del esquema habitual.

La cifra no figura en el comunicado oficial difundido por Vicuña, que sí confirma la incorporación de adicionales vinculados con las tareas en altura y compensaciones asociadas a los sistemas de trabajo o rosters que se implementarán durante la construcción. El entendimiento fue suscripto en Buenos Aires por el CEO de Vicuña, Ron Hochstein; el Country Director de la compañía en Argentina, José Morea; y el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez.

Un régimen específico para la alta cordillera

El convenio establece criterios comunes para las empresas contratistas y subcontratistas que participen en las distintas etapas de construcción de Josemaría y Filo del Sol, los dos grandes depósitos que integran Vicuña. Las tareas se desarrollarán en zonas ubicadas por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, con exigencias operativas y climáticas diferentes a las de una obra convencional.

El pacto complementa las condiciones previstas en el convenio colectivo de la construcción y busca evitar que las condiciones laborales queden sujetas a acuerdos diferentes con cada contratista. El plus por altura y las compensaciones relacionadas con los rosters constituyen, en ese sentido, los principales componentes diferenciales del esquema acordado.

La referencia salarial del 40% debe interpretarse dentro de esas condiciones específicas. No significa que todos los trabajadores vinculados al proyecto perciban automáticamente el mismo porcentaje adicional en cualquier circunstancia: la remuneración dependerá de la tarea, categoría y modalidad de contratación, mientras que los beneficios particulares estarán asociados a las características del trabajo en la cordillera.

Un antecedente para las futuras obras mineras

El consenso adquiere especial relevancia para San Juan porque puede convertirse en un punto de referencia para las negociaciones que la UOCRA mantenga con otras compañías mineras. Fuentes gremiales señalan que el acuerdo constituye un antecedente para discutir condiciones laborales en nuevos emprendimientos de cobre, aunque los porcentajes y adicionales no necesariamente serán idénticos en otros yacimientos.

La construcción minera comienza así a incorporar reglas específicas en una provincia que concentra varios de los principales proyectos cupríferos del país. En el caso de Vicuña, la iniciativa contempla una inversión inicial estimada en US$9.700 millones, con el inicio de la construcción previsto para 2027 y una demanda de aproximadamente 12.000 empleos directos durante el pico de las obras, según información difundida sobre el proyecto.

La preparación de mano de obra ya forma parte de esa etapa previa. Vicuña y la Fundación UOCRA acordaron en septiembre capacitaciones en oficios, soldadura, electricidad, montaje y operación de maquinaria pesada, con el propósito de ampliar la disponibilidad de trabajadores formados para las futuras necesidades de construcción.

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Jorge Sola alertó por el “mal humor social” y cuestionó los personalismos del peronismo

El integrante del triunvirato de la CGT advirtió sobre un creciente descontento social y expresó su preocupación por el descreimiento en la política. De cara a 2027, cuestionó los personalismos dentro del peronismo, reclamó una convocatoria más amplia y sostuvo que la dirigencia debe recuperar capacidad de representación.

Sola distinguió tres comportamientos dentro del electorado: quienes mantienen un respaldo firme al Gobierno, quienes se oponen de manera igualmente definida y un tercer grupo al que denominó “ningunismo”. Para el dirigente del Sindicato del Seguro, esa última franja constituye uno de los principales desafíos para la representación política porque no se limita a definir una preferencia electoral, sino que puede derivar en desinterés por participar de los comicios.

“Tenés un doble problema. No solo tenés que convencer a alguien que te vote, sino que tenés que convencerla que vaya a votar”, sostuvo Sola en declaraciones periodísticas, al referirse a lo que considera una pérdida de confianza en las estructuras partidarias.

La crítica al peronismo y los personalismos

El dirigente sindical trasladó ese diagnóstico al funcionamiento del Partido Justicialista. Sola planteó que el peronismo conserva una tradición favorable a las coaliciones, pero cuestionó que esa capacidad de articulación haya quedado condicionada por liderazgos individuales.

“El espíritu de coalición y frentista es afín al peronismo”, señaló. A su entender, el problema comenzó cuando distintas conducciones buscaron interpretar al movimiento desde perspectivas cada vez más personalistas. Esa lógica, sostuvo, termina dificultando la incorporación de dirigentes y organizaciones que podrían participar de una construcción política más amplia.

La crítica incluye también al funcionamiento institucional del PJ. Sola afirmó que nunca fue convocado por las autoridades partidarias para aportar la mirada de los trabajadores y cuestionó que los partidos políticos hayan quedado reducidos, según su interpretación, a estructuras que recuperan protagonismo principalmente durante los procesos electorales.

“El peronismo tiene que ser generoso a la hora de convocar como lo hizo muchísimas veces, pero tiene que ser generoso a la hora de conducir”, planteó. La observación apunta a una diferencia que considera central: ampliar una coalición para ganar una elección no alcanza si luego las decisiones quedan concentradas dentro de una única estructura partidaria.

Una coalición más amplia

Sola también se pronunció a favor de una construcción que reúna a distintas fuerzas con coincidencias programáticas. La propuesta no se limita al PJ, sino que plantea la posibilidad de conformar un espacio capaz de incorporar dirigentes y organizaciones provenientes de otras tradiciones políticas.

El dirigente ya había planteado durante 2026 que el peronismo resulta necesario para cualquier alternativa opositora, pero que, a su entender, no alcanza por sí solo para construir una propuesta política amplia.

Su planteo se inscribe además en una etapa en la que la CGT procura preservar autonomía institucional mientras sus principales dirigentes intervienen cada vez con mayor frecuencia en discusiones sobre el rumbo económico, laboral y político del país. Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello integran desde noviembre de 2025 el triunvirato que conduce la central obrera.

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Nuevo paro en las universidades tras el fracaso de la negociación salarial

Docentes y trabajadores nodocentes de las universidades nacionales realizarán este martes 22 de septiembre una nueva jornada de paro, en rechazo a la oferta salarial del 3%. Los gremios sostienen que necesitan una recomposición del 33,4% para recuperar el poder adquisitivo de noviembre de 2023 y reclaman la aplicación del artículo 5 de la Ley de Financiamiento Universitario. También convocaron a la quinta Marcha Federal para el 15 de octubre.

Las universidades nacionales volverán a paralizar este martes 22 de septiembre sus actividades por 24 horas, en la segunda jornada del paro de 48 horas dispuesto por el Frente Sindical de Universidades Nacionales. La medida completa la huelga iniciada el viernes 18 y fue definida luego de que las organizaciones docentes y nodocentes rechazaran nuevamente una propuesta de aumento salarial del 3%.

La disputa excede la discusión de un porcentaje mensual. Los sindicatos reclaman la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, sancionada en octubre de 2025. Su artículo 5 establece que los haberes docentes y nodocentes debían actualizarse desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma tomando como referencia, como mínimo, la evolución del IPC, además de disponer actualizaciones mensuales no inferiores a la inflación publicada por el INDEC.

Una brecha salarial que los gremios calculan en 33,4%

El porcentaje que concentra el reclamo surge de los informes elaborados por FEDUN y CIICTI. El último relevamiento disponible ubica en 33,4% la recomposición nominal necesaria para recuperar, en términos reales, el nivel salarial de noviembre de 2023. CIICTI volvió a señalar ese mismo cálculo en agosto de 2026.

Frente a esa referencia, la propuesta del 3% presentada en la negociación paritaria fue considerada insuficiente por las organizaciones que integran el Frente Sindical. Desde ADIUC, uno de los gremios que participa de la articulación nacional, sostuvieron además que la diferencia acumulada derivada de la aplicación pendiente del artículo 5 equivaldría a unos cuatro salarios. Esa estimación corresponde a la organización gremial y forma parte de sus argumentos para sostener la continuidad de la protesta.

La FEDUN reclama, junto con la recomposición de los haberes, que el Gobierno aplique la normativa vigente. Su secretario general, Daniel Ricci, cuestionó la nueva propuesta oficial y sostuvo que el porcentaje ofrecido no permite recuperar la pérdida acumulada por los trabajadores universitarios.

El reclamo también alcanza becas, hospitales e investigación

El conflicto incorpora además recursos para las funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación y extensión. Los gremios plantean que el financiamiento debe contemplar las becas estudiantiles, los hospitales universitarios y las condiciones necesarias para sostener la enseñanza y la investigación.

La propia Ley 27.795 establece entre sus objetivos garantizar el ingreso, la permanencia y la terminalidad de los estudiantes, además de asegurar condiciones laborales y salariales para docentes y nodocentes. También dispone recursos para tecnología, formación y fortalecimiento de las plantas universitarias.

La continuidad de la huelga no constituye una medida aislada. El Frente Sindical anunció un esquema de 23 jornadas de protestas, que desembocará en una nueva Marcha Federal Universitaria el 15 de octubre, acordada junto con el Consejo Interuniversitario Nacional.

La convocatoria reúne a FATUN, FEDUN, CONADU, CONADU Histórica, FAGDUT, UDA y CTERA, con participación de docentes y nodocentes de universidades de todo el país. En distintas casas de estudios se sumaron actividades de visibilización, clases públicas y otras iniciativas durante las jornadas de protesta.

La huelga de este martes reinstala la controversia salarial entre el Ejecutivo y el sector universitario, donde la brecha entre el 3% ofertado y el 33,4% exigido expone un quiebre profundo. Esta distancia no solo frustra el acuerdo mensual, sino que reactiva el debate de fondo sobre el cumplimiento de la Ley 27.795 y la garantía presupuestaria para las casas de altos estudios.

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