La UTA San Juan elevará un pedido formal a la cámara empresaria para que los colectivos de la Red Tulum dejen de circular mientras se dispute la final entre Argentina y España. La iniciativa surgió luego de los graves incidentes registrados tras la clasificación del seleccionado nacional y ahora deberá ser evaluada por ATAP y la Secretaría de Tránsito y Transporte.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) de San Juan impulsará una solicitud para que el servicio de colectivos de la Red Tulum sea suspendido de manera preventiva durante la final del Mundial que disputarán Argentina y España el próximo domingo. La iniciativa responde a los episodios de violencia y descontrol registrados tras la victoria del seleccionado argentino frente a Inglaterra, cuando numerosas unidades quedaron rodeadas por una multitud que puso en riesgo la integridad de choferes y pasajeros.

El planteo será presentado ante la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), entidad que representa a las empresas prestatarias del servicio urbano. La propuesta contempla que los colectivos interrumpan su circulación desde el inicio del encuentro, previsto para las 16, y retomen los recorridos aproximadamente una hora después del pitazo final, cuando disminuya la concentración de personas en las calles.

No obstante, la presentación del gremio no implica la aplicación automática de la medida. La decisión final dependerá del análisis que realicen tanto ATAP como la Secretaría de Tránsito y Transporte de San Juan, organismos que deberán ponderar el equilibrio entre la prestación de un servicio público esencial y la necesidad de resguardar la seguridad de trabajadores y usuarios.

La nota formal, que aún se encuentra en elaboración, será remitida antes del viernes para permitir que las autoridades dispongan del tiempo suficiente para evaluar alternativas operativas y definir el esquema de funcionamiento del transporte durante la jornada deportiva.

Desde la conducción sindical explicaron que el objetivo es evitar que se repitan los desbordes observados tras la semifinal, cuando decenas de personas viajaron colgadas de las ventanillas, sobre los estribos e incluso en los techos de las unidades, exponiéndose a accidentes de extrema gravedad y dificultando la conducción de los vehículos en distintos puntos de la capital sanjuanina.

El episodio más grave afectó a un conductor de la empresa Mayo, quien fue atacado mientras cumplía su recorrido. Según denunciaron desde el gremio, varios individuos ingresaron por la ventanilla de la cabina, lo agredieron físicamente y le sustrajeron sus pertenencias, un hecho que incrementó la preocupación por las condiciones en las que debieron desempeñar sus tareas los trabajadores del transporte.

Los festejos también generaron una fuerte demanda sobre el operativo de seguridad desplegado en el microcentro. De acuerdo con datos oficiales, unas 30.000 personas se concentraron en inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo para celebrar el pase a la final. Como saldo de la jornada, la Policía demoró a 24 personas por distintos hechos vinculados con disturbios, consumo de alcohol en la vía pública, intentos de robo y conducción bajo los efectos del alcohol.

La eventual suspensión del servicio durante acontecimientos deportivos de alta convocatoria constituye una medida excepcional, ya que el transporte público es considerado un servicio esencial para garantizar la movilidad urbana. Sin embargo, los antecedentes de incidentes registrados en celebraciones masivas llevaron al sindicato a priorizar la prevención frente al riesgo de nuevos episodios de violencia.

En las próximas horas, las autoridades provinciales definirán si hacen lugar al planteo de la UTA o mantienen el cronograma habitual de la Red Tulum. La resolución no solo impactará en miles de usuarios que utilizan diariamente el transporte público, sino que también marcará el criterio con el que San Juan afrontará futuros eventos multitudinarios en los que la seguridad vial y la protección de trabajadores vuelven a ocupar el centro del debate.

La negociación paritaria de los trabajadores del Correo Argentino volvió a concluir sin resultados. La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) rechazó la propuesta salarial presentada por Correo Oficial de la República Argentina S.A. (CORASA), denunció que la empresa mantuvo la misma oferta que ya había sido desestimada en encuentros anteriores y decidió no suscribir el acta de la audiencia. La distancia entre las partes mantiene abierto un conflicto que amenaza con prolongarse.

La audiencia convocada para reanudar la discusión correspondiente al trimestre junio-agosto de 2026 concluyó sin avances luego de que la empresa ratificara la propuesta salarial presentada semanas atrás, considerada insuficiente por la representación sindical.

La reunión se desarrolló tras el cuarto intermedio acordado en la instancia previa, período durante el cual la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) elaboró una contrapropuesta destinada a acercar posiciones. Sin embargo, la conducción gremial sostuvo que la empresa no introdujo modificaciones en su planteo inicial, motivo por el cual resolvió retirarse de la negociación sin firmar el acta correspondiente.

La organización sindical, encabezada por Alberto Cejas, sostiene un reclamo estructurado sobre tres puntos centrales: la incorporación de la totalidad de las sumas no remunerativas al salario básico, el incremento del adicional por antigüedad hasta el 4% y una recomposición salarial del 15% para el período comprendido entre junio y agosto.

Desde el gremio señalaron que la propuesta empresaria continúa muy por debajo de la pérdida acumulada del poder adquisitivo y cuestionaron que la empresa mantuviera inalterables los porcentajes ofrecidos en la apertura de la negociación. En ese sentido, calificaron el ofrecimiento como insuficiente para responder al incremento del costo de vida y sostuvieron que aceptar esas condiciones implicaría consolidar una nueva pérdida del salario real.

La reapertura de la negociación había sido obtenida semanas atrás tras una presentación formal realizada por FOECYT ante la Secretaría de Trabajo. En aquella primera audiencia, CORASA propuso una actualización del 6,6%, oferta que fue rechazada de manera inmediata por el sindicato al considerar que no reflejaba la evolución de los precios ni permitía recuperar el deterioro acumulado de los ingresos.

El nuevo encuentro confirmó que las diferencias permanecen prácticamente inalteradas. Mientras la empresa mantiene una política de incrementos moderados, alineada con la pauta salarial impulsada por el Gobierno nacional para contener las negociaciones paritarias, la representación de los trabajadores reclama una recomposición que permita preservar el poder de compra y avanzar en la regularización de conceptos salariales que aún permanecen fuera del básico.

La discusión postal se inscribe en un proceso más amplio que atraviesan numerosas negociaciones colectivas durante 2026. En distintos sectores de la economía, los gremios vienen manifestando dificultades para alcanzar acuerdos debido a las diferencias entre las pretensiones sindicales y los límites salariales promovidos por el Poder Ejecutivo como parte de su estrategia de desaceleración inflacionaria.

La decisión de FOECYT de no firmar el acta constituye una señal política y gremial que busca dejar constancia del rechazo integral a la oferta empresarial y mantener abierta la posibilidad de profundizar las medidas de acción sindical si las conversaciones no registran avances en las próximas convocatorias.

Aunque no se anunciaron medidas de fuerza inmediatas, la Federación ratificó que continuará las negociaciones sin modificar los ejes de su reclamo y advirtió que no convalidará acuerdos que impliquen una nueva pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores postales. La evolución de la paritaria dependerá ahora de una eventual mejora en la propuesta de CORASA o de una nueva intervención de la autoridad laboral para intentar acercar posiciones en un conflicto que, por el momento, permanece sin horizonte de resolución.

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU-Federal) estimó que en junio un trabajador necesitó $3.000.352 mensuales para cubrir las nueve necesidades básicas contempladas en la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo. La organización sostuvo que esa cifra representa más de ocho veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente y denunció un profundo deterioro del poder adquisitivo, acompañado por un fuerte incremento del endeudamiento de los hogares.

El debate sobre el salario mínimo volvió a instalarse con fuerza tras el informe difundido por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU-Federal), que calculó que un trabajador argentino necesitó en junio de 2026 un ingreso mensual de $3.000.352 para satisfacer las necesidades básicas que establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo. Según la entidad, el monto supera en más de ocho veces el actual Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), fijado por el Gobierno en $328.400, al que calificó como el más bajo de la historia en términos de poder adquisitivo.

El estudio sostiene que la distancia entre el salario legal y el costo de una vida digna se amplió significativamente desde diciembre de 2023. De acuerdo con el FreSU, los trabajadores acumularon una pérdida superior a $67 billones en ingresos laborales desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, producto del desfase entre la evolución de los salarios y el incremento del costo de vida.

La organización afirmó que el deterioro se profundizó durante los últimos siete meses. En ese período, los salarios reales del sector público retrocedieron más del 6%, mientras que los del sector privado registraron una caída superior al 5%, consolidando una nueva pérdida de capacidad de compra pese a la desaceleración de la inflación.

El informe también dimensiona el impacto sobre los ingresos individuales. Según sus cálculos, cada trabajador del sector privado resignó más de $2,5 millones de poder adquisitivo desde el comienzo de la actual administración nacional, mientras que la pérdida acumulada para cada empleado estatal supera los $14 millones.

Como consecuencia de ese proceso, el FreSU advierte que el financiamiento mediante crédito dejó de ser una herramienta coyuntural para convertirse en un mecanismo de supervivencia de los hogares. La entidad sostiene que el endeudamiento de las familias aumentó en $46 billones desde diciembre de 2023, al tiempo que la morosidad en los préstamos se cuadruplicó durante el último año, evidenciando el deterioro de los ingresos reales de los sectores activos y pasivos.

Para fundamentar su estimación sobre el salario mínimo necesario, el frente sindical tomó como referencia las nueve necesidades que la legislación argentina establece como piso para garantizar una vida digna. El cálculo contempla $640.428 para alimentación, $596.339 para vivienda, $268.502 para educación, $148.624 para vestimenta, $365.553 para salud, $650.867 destinados a transporte, esparcimiento y vacaciones, además de $330.039 para previsión social, entre otros componentes que integran el concepto legal del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

El planteo adquiere relevancia en momentos en que la política salarial constituye uno de los principales focos de discusión entre el Gobierno, las organizaciones sindicales y el sector empresario. Mientras el Poder Ejecutivo sostiene que la prioridad es consolidar el proceso de desinflación y preservar el equilibrio fiscal, las centrales obreras reclaman una actualización del salario mínimo que permita recuperar parte del poder adquisitivo perdido y reactivar el consumo interno.

El FreSU reúne a organizaciones sindicales pertenecientes a las tres centrales obreras del país. Entre ellas se encuentran la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ATE, la Federación Aceitera y Desmotadora, CONADU, CONADU Histórica, FESPROSA, sindicatos aeronáuticos, marítimos, fluviales, molineros, papeleros y viales, entre otros.

Durante su primer plenario nacional, realizado el 1° de mayo, el espacio aprobó el documento «Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria», donde ratificó que el salario mínimo debe cumplir con el mandato constitucional de garantizar una existencia digna mediante la cobertura integral de alimentación, vivienda, educación, salud, vestimenta, transporte, recreación, vacaciones y previsión.

El informe vuelve a evidenciar la profunda brecha entre el sueldo básico y los gastos reales de subsistencia. Esa brecha no solo reabre el debate sobre la actualización del SMVM, sino también sobre el rol de las políticas salariales en un contexto donde la desaceleración inflacionaria aún no logra traducirse en una recuperación sostenida del poder de compra, el consumo y la capacidad económica de los trabajadores argentinos.