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La incertidumbre se apoderó de la región de Vaca Muerta, en Neuquén, donde se ubica uno de los yacimientos de hidrocarburos más importantes del país. Tras las últimas declaraciones del presidente electo, Javier Milei, quien anunció el fin de la obra pública con financiamiento estatal y la privatización de YPF, la semana pasada se conocieron los primeros 500 despidos, según informó la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA).

“A más de 500 compañeros les mandaron el telegrama con el cese laboral”, puntualizó el secretario adjunto del sindicato, Juan Carlos Levi. De acuerdo al dirigente gremial, las primeras 300 desvinculaciones se produjeron en La Calera con Tecpetrol, una de las firmas contratistas del grupo Techint; y luego continuaron en Loma Campana, con las firmas de AESA y PECOM, que le prestan servicios a YPF.

Desde Techint aclararon que hubo un grupo de operarios que terminaron de hacer una obra con Pluspetrol, que no era parte de la obra pública sino particular para esa empresa, y al terminar el trabajo tomaron el seguro de desempleo que tiene el sindicato.

La Uocra busca reincorporar a los trabajadores afectados, en medio de las dudas generadas por las declaración de Milei de suspender la inversión en obra pública. Sin embargo, a diferencia de otros momentos políticos con la llegada de nuevas administraciones, no hay interlocutores que permitan impedir la pérdida de puestos de trabajo.

“Hay una incertidumbre empresarial. Siempre hubo transiciones y con quién hablar para avanzar en esos temas. Hoy no está ese camino”, remarcó.

Levi también señaló que en la Patagonia, “la obra pública viene parada hace rato”, haciendo referencia a proyectos como Vaca Muerta Sur y La Calera II, que deberían haber comenzado en septiembre y octubre, y el parate en las rutas 17 y 51. Además, reconoció que tampoco podrán solicitar ayuda a los intendentes locales, ya que “apenas alcanzan a pagar los sueldos de los empleados municipales”.

“Nosotros vemos bastantes complicaciones. Si esto sigue así, no van a enviar 500 telegramas, van a ser muchos más”, advirtió Levi.

Días atrás, la Uocra emitió un comunicado en el que expresó su “profunda preocupación” por los dichos del mandatario electo sobre el “futuro de la obra pública”, y determinó el estado de alerta de la organización gremial. En un documento, firmado por el secretario general del sindicato, Gerardo Martínez, se pronunció en defensa de los 220 mil puestos de trabajo en las obras públicas que actualmente están en ejecución y rechazó las afirmaciones del líder de La Libertad Avanza (LLA) que “arriesgan la continuidad laboral de esos trabajadores”.

“El actual Gobierno aún en ejercicio tiene garantizada la ejecución de las partidas presupuestarias hasta diciembre próximo, lo que de hecho asegura la normal continuidad de las obras en curso, por lo que no hay argumentos válidos para justificar despidos, lo que no contribuye a la paz social”, comunicó la organización sindical.

Luego del triunfo electoral del balotaje del 19 de noviembre, Javier Milei ratificó su promesa de campaña electoral de que “la obra pública se termina” y que el financiamiento de infraestructura se llevará a cabo “a la chilena”,con fondos del sector privado debido al ajuste presupuestario que el dirigente libertario aplicará en el Estado nacional.

“Creo que estos anuncios está haciendo ruido en todos lados y no le hace bien a nadie”, consideró el dirigente sindical. “Los 200 mil telegramas de despidos ya andan dando vueltas. Hay cosas que se tienen que revertir, que no se pueden frenar de la noche a la mañana. Hay cosas que se han hecho mal, pero no hay que generalizar y meter a todos en la misma bolsa porque sin diálogo se va a generar más confrontación y choque. Nadie se ha acercado ni pedido para hablar de la transición”, insistió Levi en declaraciones a Radio 10.

Según los cálculos gremiales, cerca de 10 mil trabajadores están sin tareas y sin actividades porque las obras públicas están paralizadas. Desde la sede central de la Uocra están monitoreando lo que ocurre con el empleo y la continuidad de los proyectos.

“Las empresas y operadoras tienen incertidumbre, pero sobre todo el que peor la pasa es el trabajador”, consideró el dirigente gremial. “Todos estamos con expectativa. El obrero de la construcción es parte de la sociedad. La dignidad no pasa solo por el trabajo, todos los habitantes argentinos necesitan vivienda, educación y sanidad”, dijo sobre el ajuste que se avecina.

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El Gobierno mueve piezas en Trabajo y los gremios aguardan señales

La Secretaría de Trabajo volvió a modificar su segunda línea en un momento especialmente sensible de la relación entre el Gobierno y las organizaciones sindicales. Claudia Testa presentó su renuncia a la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo y Mariano Sartoris fue designado para ocupar su lugar, en una decisión que vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento del área conducida por Julio Cordero.

Testa había llegado al Gobierno a fines de 2024, después de desarrollar parte de su trayectoria en el ámbito laboral de la Ciudad de Buenos Aires. Su designación fue formalizada mediante el Decreto 31/2025, con vigencia desde el 10 de diciembre de 2024. Durante su gestión intervino en negociaciones colectivas, mediaciones y conflictos entre empresas y organizaciones sindicales.

La salida se produjo mediante una renuncia indeclinable. Desde el Gobierno fue presentada como parte de un proceso de reestructuración interna, mientras que otras versiones periodísticas consignaron diferencias y motivos personales como parte de las explicaciones que circularon alrededor de la decisión. No existe, hasta el momento, una explicación oficial que permita atribuir el alejamiento a una disputa específica.

El reemplazante introduce un dato político-administrativo relevante. Mariano Sartoris, abogado y hasta ahora subsecretario Legal de Capital Humano, es identificado como un funcionario de confianza de la ministra Sandra Pettovello. También había tenido funciones dentro de la propia estructura laboral antes de pasar al área jurídica de Capital Humano.

La Subsecretaría ocupa un lugar central en la relación cotidiana del Estado con el mundo del trabajo: participa en paritarias, conflictos colectivos, mediaciones y vínculos entre sindicatos y empresas. Por eso, el reemplazo no se limita a un movimiento administrativo. Para las organizaciones gremiales, la principal incógnita será conocer qué perfil tendrá Sartoris en la interlocución con dirigentes y qué grado de continuidad tendrán los canales construidos durante la gestión anterior.

El cambio también vuelve a poner de relieve la alta rotación de funcionarios en la segunda línea de Trabajo durante la gestión de Javier Milei. Desde diciembre de 2023, seis nombres ocuparon esa posición: Liliana Archimbal, Mariana Hortal Sueldo, Horacio Pitrau, Martín Huidobro, Claudia Testa y ahora Sartoris. La sucesión contrasta con la permanencia de Julio Cordero, quien continúa al frente de la Secretaría.

Testa, además, había mantenido actividad hasta los últimos días de su gestión. El 29 de septiembre, encabezó una audiencia con trabajadores despedidos de Flybondi que buscaban la mediación del Estado por salarios e indemnizaciones pendientes. La proximidad entre esa intervención y su salida contribuyó a que el relevo generara atención entre los actores que mantienen negociaciones habituales con el organismo.

El recambio se produce mientras el Gobierno y la CGT mantienen diferencias en torno a las políticas laborales y al alcance de las reformas impulsadas por la administración nacional. En ese marco, cualquier modificación en el equipo que interviene directamente en las relaciones colectivas es seguida de cerca por los sindicatos, especialmente ante las discusiones pendientes sobre convenios, salarios, representación y legislación laboral.

Las versiones que vinculan la salida de Testa con una eventual ofensiva contra las organizaciones sindicales no fueron confirmadas oficialmente y, por ahora, forman parte de interpretaciones políticas sobre el cambio. Lo verificable es que el Gobierno colocó en una posición clave a un funcionario proveniente del núcleo de Capital Humano y cercano a Pettovello, mientras mantiene a Cordero al frente de esa cartera.

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Alarma en el comercio de San Juan por cierre de locales y preocupación por los puestos de trabajo

La crisis comercial en San Juan provoca nuevos cierres y afecta el empleo, según advirtió el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) tras las bajas de la sucursal de Vea en Villa Krause, el mayorista Cabral y el inminente cierre de Niko Calzados

El caso de Vea involucra directamente a 12 trabajadores. Según explicó la secretaria general del SEC, Mirna Moral, los empleados fueron notificados del cierre aproximadamente 15 días antes de concretarse y comenzaron a recibir propuestas de desvinculación. Algunos analizan aceptar los acuerdos ofrecidos, mientras otros evalúan alternativas vinculadas con la continuidad laboral, la cobertura de salud y el acceso al seguro de desempleo.

La situación del mayorista Cabral suma otros 18 puestos de empleo. El local de calle Nuche dejó de funcionar el 4 de octubre y, según la información transmitida por el gremio, la decisión estaría relacionada con la necesidad de reducir costos y achicar la estructura de la empresa.

Entre los factores determinantes se encuentran los costos operativos del establecimiento, destacando un alquiler mensual aproximado de $14 millones, además de la planilla salarial y los servicios públicos. Al respecto, voceros de la firma indicaron que se estudia la reubicación de una parte de la plantilla en el futuro local de Rawson, el cual se encuentra en fase de construcción.

Asimismo, trascendió que Niko Calzados planea clausurar una de sus sedes en la peatonal sanjuanina, una decisión que ya habría sido informada a sus dependientes. Ante esto, el SEC anunció que intervendrá para revisar las propuestas de la empresa y gestionar posibles traslados.

El impacto laboral de los cierres todavía no puede traducirse íntegramente en despidos efectivos, ya que en algunos casos continúan las negociaciones y existe la posibilidad de trasladar trabajadores a otros establecimientos. Sin embargo, los tres episodios comprometen más de 30 puestos de trabajo y vuelven a instalar la preocupación por la capacidad del comercio para sostener sus estructuras.

Moral vinculó esta sucesión de cierres con el deterioro del poder de compra y el aumento de los costos que deben afrontar las empresas. “Estamos pasando épocas bastante malas, de crisis grande, donde ni siquiera los supermercados se están salvando”, sostuvo la dirigente mercantil.

El problema excede la pérdida inmediata de un empleo. Para los trabajadores, una desvinculación implica afrontar alquileres, servicios, deudas y gastos familiares con ingresos que ya vienen condicionados por la evolución de los precios. La eventual pérdida de cobertura médica y el tiempo necesario para conseguir una nueva ocupación agregan presión sobre los hogares.

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El empleo formal en la construcción cayó en julio y quedó muy por debajo del promedio

El empleo registrado en la construcción cayó 1,1% en solo un mes y quedó en 352.511 trabajadores, según el IERIC. Son casi 4.000 puestos menos que un mes antes y un 11,5% por debajo del promedio histórico para ese período.

La ocupación formal en la industria de la construcción volvió a retroceder en julio. Según el último informe de coyuntura del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), el mes cerró con 352.511 trabajadores registrados, 1,1% menos que en junio.

La variación representa la pérdida de casi 4.000 puestos de trabajo en apenas 30 días y profundiza la distancia respecto de los niveles habituales para esta época del año. El volumen de ocupación quedó 11,5% por debajo del promedio histórico de julio, calculado por el IERIC a partir de los registros correspondientes al período 2011-2025.

La referencia histórica para ese mes alcanza los 398.380 trabajadores formales, de modo que la cantidad actual se encuentra a más de 45.000 puestos de ese nivel medio. El indicador refleja una contracción que excede las fluctuaciones propias de un mes y mantiene al empleo de la construcción por debajo de sus registros habituales.

El retroceso se produce sobre una base laboral que ya había sufrido una fuerte reducción durante los últimos períodos. La evolución del empleo formal constituye uno de los principales indicadores para medir el ritmo de las obras privadas y públicas, dado que la construcción tiene una elevada sensibilidad frente a la inversión y al nivel de actividad económica.

Aun con los números negativos de julio, el IERIC identificó señales tempranas de una posible recuperación en los meses siguientes. Los indicadores preliminares relevados por el instituto anticipan una leve mejora de la ocupación, aunque todavía no permiten establecer si se trata del inicio de una recuperación sostenida.

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