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La incertidumbre se apoderó de la región de Vaca Muerta, en Neuquén, donde se ubica uno de los yacimientos de hidrocarburos más importantes del país. Tras las últimas declaraciones del presidente electo, Javier Milei, quien anunció el fin de la obra pública con financiamiento estatal y la privatización de YPF, la semana pasada se conocieron los primeros 500 despidos, según informó la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA).

“A más de 500 compañeros les mandaron el telegrama con el cese laboral”, puntualizó el secretario adjunto del sindicato, Juan Carlos Levi. De acuerdo al dirigente gremial, las primeras 300 desvinculaciones se produjeron en La Calera con Tecpetrol, una de las firmas contratistas del grupo Techint; y luego continuaron en Loma Campana, con las firmas de AESA y PECOM, que le prestan servicios a YPF.

Desde Techint aclararon que hubo un grupo de operarios que terminaron de hacer una obra con Pluspetrol, que no era parte de la obra pública sino particular para esa empresa, y al terminar el trabajo tomaron el seguro de desempleo que tiene el sindicato.

La Uocra busca reincorporar a los trabajadores afectados, en medio de las dudas generadas por las declaración de Milei de suspender la inversión en obra pública. Sin embargo, a diferencia de otros momentos políticos con la llegada de nuevas administraciones, no hay interlocutores que permitan impedir la pérdida de puestos de trabajo.

“Hay una incertidumbre empresarial. Siempre hubo transiciones y con quién hablar para avanzar en esos temas. Hoy no está ese camino”, remarcó.

Levi también señaló que en la Patagonia, “la obra pública viene parada hace rato”, haciendo referencia a proyectos como Vaca Muerta Sur y La Calera II, que deberían haber comenzado en septiembre y octubre, y el parate en las rutas 17 y 51. Además, reconoció que tampoco podrán solicitar ayuda a los intendentes locales, ya que “apenas alcanzan a pagar los sueldos de los empleados municipales”.

“Nosotros vemos bastantes complicaciones. Si esto sigue así, no van a enviar 500 telegramas, van a ser muchos más”, advirtió Levi.

Días atrás, la Uocra emitió un comunicado en el que expresó su “profunda preocupación” por los dichos del mandatario electo sobre el “futuro de la obra pública”, y determinó el estado de alerta de la organización gremial. En un documento, firmado por el secretario general del sindicato, Gerardo Martínez, se pronunció en defensa de los 220 mil puestos de trabajo en las obras públicas que actualmente están en ejecución y rechazó las afirmaciones del líder de La Libertad Avanza (LLA) que “arriesgan la continuidad laboral de esos trabajadores”.

“El actual Gobierno aún en ejercicio tiene garantizada la ejecución de las partidas presupuestarias hasta diciembre próximo, lo que de hecho asegura la normal continuidad de las obras en curso, por lo que no hay argumentos válidos para justificar despidos, lo que no contribuye a la paz social”, comunicó la organización sindical.

Luego del triunfo electoral del balotaje del 19 de noviembre, Javier Milei ratificó su promesa de campaña electoral de que “la obra pública se termina” y que el financiamiento de infraestructura se llevará a cabo “a la chilena”,con fondos del sector privado debido al ajuste presupuestario que el dirigente libertario aplicará en el Estado nacional.

“Creo que estos anuncios está haciendo ruido en todos lados y no le hace bien a nadie”, consideró el dirigente sindical. “Los 200 mil telegramas de despidos ya andan dando vueltas. Hay cosas que se tienen que revertir, que no se pueden frenar de la noche a la mañana. Hay cosas que se han hecho mal, pero no hay que generalizar y meter a todos en la misma bolsa porque sin diálogo se va a generar más confrontación y choque. Nadie se ha acercado ni pedido para hablar de la transición”, insistió Levi en declaraciones a Radio 10.

Según los cálculos gremiales, cerca de 10 mil trabajadores están sin tareas y sin actividades porque las obras públicas están paralizadas. Desde la sede central de la Uocra están monitoreando lo que ocurre con el empleo y la continuidad de los proyectos.

“Las empresas y operadoras tienen incertidumbre, pero sobre todo el que peor la pasa es el trabajador”, consideró el dirigente gremial. “Todos estamos con expectativa. El obrero de la construcción es parte de la sociedad. La dignidad no pasa solo por el trabajo, todos los habitantes argentinos necesitan vivienda, educación y sanidad”, dijo sobre el ajuste que se avecina.

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AATRAC definirá su futuro en una inédita disputa electoral con dos listas

El sindicato renovará sus autoridades el próximo 4 de septiembre en una votación sin precedentes. Guillermo Villalón buscará continuar al frente de la organización, mientras que Natalia González liderará la primera lista opositora de la historia del gremio y se convertirá en la primera mujer en competir por la Secretaría General nacional.

El próximo 4 de septiembre, la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC) vivirá unos comicios inéditos en sus 80 años de historia al competir dos listas por la conducción nacional, dejando atrás la tradicional lista única.

La contienda enfrentará a la actual conducción, encabezada por el secretario general Guillermo Villalón, con una nómina opositora liderada por Natalia González, secretaria general de la Seccional Telecom-B. Su candidatura representa otro hecho inédito: será la primera mujer en disputar la máxima responsabilidad del gremio a nivel nacional.

Los comicios convocarán a trabajadores y trabajadoras de Correo Argentino, Radio Nacional y emisoras privadas de todo el país, quienes además de elegir la Comisión Directiva Nacional votarán a congresales, delegados e integrantes de las comisiones ejecutivas de las distintas seccionales.

Villalón asumió la conducción del sindicato en julio de 2023, tras el fallecimiento de Juan Palacios, histórico dirigente que encabezó AATRAC desde 2002 y dejó una fuerte impronta en la organización. Lo acompañan en la conducción nacional Guillermo Guerrero, como secretario general adjunto, y Hugo Fernández, como secretario gremial. Ahora el oficialismo buscará renovar su mandato frente a una oposición que competirá por primera vez en igualdad de condiciones.

La elección se desarrollará en un momento especialmente delicado para los trabajadores de las comunicaciones. Los conflictos que atraviesan Correo Argentino y Radio Nacional, con denuncias sindicales por el deterioro de ambas empresas, despidos, reducción de estructuras e incertidumbre sobre el futuro de los servicios, colocan a la representación gremial en un lugar central dentro del debate laboral.

A ello se suma un elemento de peso institucional. Correo Argentino tendrá un papel determinante en la organización logística de las elecciones nacionales de 2027, cuando el país vuelva a las urnas para elegir autoridades ejecutivas y legislativas. En ese marco, la conducción que surja de los comicios de septiembre deberá afrontar una etapa de alta complejidad para la defensa de las condiciones laborales y el funcionamiento de una empresa considerada vital para el sistema democrático.

La convocatoria electoral quedó formalizada durante los congresos ordinario y extraordinario realizados en junio, donde AATRAC fijó el cronograma para la renovación de autoridades nacionales. Desde entonces, ambas listas comenzaron el proceso de campaña con el objetivo de captar el respaldo de los afiliados en todo el territorio argentino.

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Cabello rechazó los pedidos de un triunvirato y marcó diferencias con la Intersindical

A menos de un mes de la renovación de autoridades, el secretario general de la CGT San Juan, Eduardo Cabello, confirmó que la central mantendrá el esquema de conducción unipersonal, descartó replicar el triunvirato nacional y ratificó que únicamente participarán de la elección los sindicatos confederados, conforme al estatuto de la organización. Además, anticipó la presencia de referentes nacionales y planteó los desafíos que enfrentará el movimiento obrero frente a las transformaciones del mundo laboral.

La cuenta regresiva para las elecciones de la CGT Regional San Juan ingresó en su etapa decisiva. El próximo 25 de agosto, la central obrera renovará sus autoridades bajo el sistema de unicato, una modalidad que la conducción provincial considera más eficaz para garantizar rapidez en la toma de decisiones y una representación institucional definida.

En diálogo con Mundo Laboral San Juan, el actual secretario general, Eduardo Cabello, sostuvo que el modelo elegido responde a las necesidades de la organización y rechazó las propuestas que impulsan una conducción colegiada. Recordó que el triunvirato vigente a nivel nacional fue el resultado de una realidad sindical distinta y consideró contradictorio que algunos dirigentes que en su momento promovían una conducción unipersonal ahora impulsen un esquema tripartito en la provincia.

Al mismo tiempo, relativizó el peso de la Intersindical conformada por algunos gremios provinciales y marcó una clara diferencia institucional. Explicó que ese espacio no integra la estructura de la CGT y reúne organizaciones pertenecientes a otros ámbitos sindicales, como la CTA, el MTA y movimientos sociales. Si bien reconoció el derecho de esos sectores a organizarse, dejó en claro que la elección de autoridades de la central obrera se regirá exclusivamente por el estatuto confederal.

Cabello también respondió a los cuestionamientos formulados por algunos sindicatos que reclaman mayor participación. Señaló que varias de esas organizaciones dejaron de asistir a los plenarios hace más de dos años y, por lo tanto, no participan de la vida institucional de la central. A su entender, las diferencias responden más a la dinámica propia de un proceso electoral que a un debate sobre el funcionamiento de la CGT.

Uno de los hechos destacados de la renovación será la participación de la conducción nacional. El dirigente confirmó que el adelantamiento de la elección al 25 de agosto obedeció a la posibilidad de contar con la presencia del cosecretario general de la CGT nacional, Héctor Daer, quien manifestó su interés en acompañar el proceso de normalización institucional de la regional sanjuanina. Además, no descartó la llegada de representantes sindicales de Mendoza, La Rioja y otras provincias.

Según explicó, la expectativa que genera San Juan está vinculada con el crecimiento económico proyectado para los próximos años, especialmente por el desarrollo de grandes inversiones productivas que modificarán la demanda laboral y fortalecerán el papel de las organizaciones gremiales en la negociación de nuevas condiciones de trabajo.

Durante la entrevista, Cabello también se refirió al resurgimiento de las 62 Organizaciones en la provincia. Aclaró que ese espacio no forma parte de la estructura orgánica de la CGT desde hace muchos años y recordó que el brazo político reconocido por la central obrera es el Movimiento Político Sindical. En consecuencia, afirmó que la elección del 25 de agosto tendrá un único objetivo: designar las nuevas autoridades de la CGT, dejando para una etapa posterior cualquier discusión sobre la conformación de espacios políticos internos.

Más allá del proceso electoral, el dirigente puso el foco en los desafíos que enfrenta el sindicalismo. Consideró que la defensa de las organizaciones gremiales adquiere especial importancia frente a las reformas promovidas por el Gobierno nacional, que —según sostuvo— buscan debilitar las estructuras sindicales mediante modificaciones en el sistema de aportes, convenios colectivos y mecanismos de representación de los trabajadores.

En ese sentido, recordó que la reciente revisión del régimen de contribuciones sindicales exigió una rápida reacción de la CGT para preservar herramientas de financiamiento indispensables para el funcionamiento de las organizaciones. A su juicio, las reformas impulsadas por la administración nacional no afectan a dirigentes en particular, sino a la institucionalidad del movimiento obrero organizado.

El dirigente gremial sostuvo que el sindicalismo también debe asumir una profunda actualización frente a las transformaciones del mercado laboral. Mencionó el impacto de la inteligencia artificial, las nuevas formas de contratación y los cambios tecnológicos como desafíos que exigirán propuestas concretas y no solamente posiciones defensivas. En ese aspecto, remarcó que la CGT deberá recuperar capacidad de representación entre trabajadores que hoy respaldan políticamente al Gobierno nacional, aun cuando muchas de sus medidas resulten cuestionadas por el movimiento obrero.

Otro de los puntos centrales quedó definido en relación con el padrón electoral. Cabello confirmó que únicamente podrán votar e integrar los órganos de conducción aquellos sindicatos formalmente confederados y con su documentación institucional al día, tal como establece el estatuto de la CGT. Precisó que la verificación estará a cargo de la Secretaría del Interior de la CGT nacional, que fiscalizará los avales, la situación administrativa de cada organización y el desarrollo integral del proceso electoral.

Aunque otros gremios podrán asistir a reuniones o plenarios en calidad de invitados, el referente de la Regional sanjuanina aclaró que quienes no integren formalmente la Confederación no tendrán derecho a voz ni voto durante la elección de autoridades.

Con la fecha ya confirmada y el respaldo de la conducción nacional, la CGT San Juan se encamina a una elección que definirá mucho más que una renovación de cargos. El debate sobre el modelo de conducción, la representación de los gremios confederados y el papel del sindicalismo frente a las reformas laborales y los cambios tecnológicos marcarán la agenda de una nueva etapa para la principal central obrera de la provincia, en un momento de profundas transformaciones para el mundo del trabajo.

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El Gobierno endurece los controles y aplicará multas por la reducción de frecuencias de colectivos

El Ministerio de Gobierno advirtió que sancionará a las empresas de transporte que no respeten las frecuencias establecidas. La decisión se produce mientras RedTulum realiza inspecciones para determinar si las prestatarias redujeron la cantidad de unidades en circulación, en medio de crecientes reclamos de los usuarios.

El Ejecutivo provincial endureció los controles sobre el transporte público y anticipó que aplicará multas a las empresas que incumplan las frecuencias autorizadas. La advertencia surgió luego de que se multiplicaran las denuncias de pasajeros por extensas demoras y de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) reconociera una disminución en la cantidad de colectivos que prestan servicio.

RedTulum realiza controles diarios para detectar si las prestatarias redujeron su flota en violación del contrato. El objetivo es constatar si existe un incumplimiento efectivo antes de avanzar con sanciones económicas.

Las autoridades provinciales señalaron que, en caso de comprobarse irregularidades durante las inspecciones, las penalidades alcanzarán tanto a las empresas como a las unidades que no respeten la programación establecida para cada línea.

La decisión oficial responde al creciente malestar de los usuarios, quienes durante los últimos días reportaron largas esperas en distintas paradas del Gran San Juan y otros departamentos.

Los reclamos apuntan principalmente al aumento de los tiempos entre colectivos, una situación que afecta la movilidad diaria de trabajadores, estudiantes y jubilados.

En este cuadro, la UTA San Juan confirmó que actualmente las frecuencias presentan una reducción cercana al 30%, aunque aclaró que esa disminución no obedece a un conflicto gremial ni a medidas sindicales. Según explicó el sindicato, la menor cantidad de servicios responde exclusivamente a determinaciones adoptadas por las empresas prestatarias.

Las autoridades del ministerio aguardarán el reporte de RedTulum para tomar una decisión. Una vez finalizado ese proceso, la Provincia definirá si corresponde aplicar las sanciones previstas por incumplimientos en la prestación del servicio público.

La fiscalización cobra especial relevancia porque el sistema RedTulum constituye el principal medio de transporte para miles de sanjuaninos. El cumplimiento de las frecuencias no solo impacta en la calidad del servicio, sino también en la organización de la vida laboral, educativa y comercial de la provincia. Los relevamientos definirán las sanciones empresariales y la mejora del servicio.

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