Las prolongadas interrupciones del suministro eléctrico registradas luego de los fuertes vientos que afectaron a San Juan quedaron bajo análisis del Ente Provincial Regulador de la Electricidad. El organismo estudia posibles sanciones a Naturgy por las demoras en la restitución del servicio, mientras crece el malestar entre usuarios que permanecieron más de dos días sin energía.

Los intensos fenómenos meteorológicos que atravesaron San Juan durante la última semana dejaron algo más que árboles caídos, daños materiales y complicaciones en la circulación. También expusieron nuevamente la fragilidad de la infraestructura eléctrica frente a contingencias climáticas severas y encendieron cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta de la empresa distribuidora ante emergencias de gran escala.

El situación comenzó a configurarse el miércoles, cuando el viento Zonda descendió con ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora en algunos sectores de la provincia. La violencia del fenómeno provocó interrupciones en distintas líneas de suministro y generó los primeros inconvenientes para miles de usuarios. Sin embargo, cuando todavía persistían zonas afectadas y cuadrillas trabajando para recomponer el servicio, un nuevo temporal volvió a golpear el viernes por la noche. Esta vez fue el viento Sur el que agravó la situación, afectando instalaciones que ya se encontraban resentidas.

La combinación de ambos episodios climáticos derivó en un cuadro complejo para numerosos barrios y localidades, especialmente en departamentos como Pocito, donde vecinos denunciaron haber permanecido más de 48 horas sin electricidad. El malestar escaló durante el fin de semana y derivó incluso en protestas y amenazas de cortes de calle por parte de residentes que reclamaban respuestas inmediatas.

Bajo esa circunstancia, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) confirmó que la actuación de la distribuidora será sometida a evaluación técnica y administrativa, tal como ocurre ante cada denuncia vinculada a interrupciones prolongadas del servicio.

Cristian Pelusso, gerente general del organismo, explicó que el contrato de concesión establece parámetros concretos respecto de la continuidad del suministro y prevé penalidades cuando se superan determinados límites de afectación para los usuarios.

“Por un lado, la distribuidora tiene la obligación de otorgar suministro de manera continua y, en caso de incumplimiento, el contrato contempla sanciones. Cada situación se analiza dentro de los semestres de control para determinar cuánto tiempo permaneció sin servicio cada usuario y, en función de ese nivel de afectación, se calcula la penalidad correspondiente”, expresó a medios locales.

No obstante, el procedimiento administrativo demanda tiempos específicos. El EPRE debe recopilar información técnica, verificar los períodos de interrupción, evaluar las condiciones en las que se produjo la contingencia y otorgar a la distribuidora la posibilidad de efectuar su descargo antes de resolver si corresponde aplicar penalidades.

Más allá de las explicaciones formales, el episodio volvió a poner en discusión un aspecto sensible para la provincia: la capacidad de resiliencia de la red eléctrica frente a eventos climáticos cada vez más agresivos e impredecibles. San Juan convive históricamente con el Zonda y con fuertes ráfagas de viento Sur, aunque especialistas admiten que la frecuencia y la intensidad observadas durante los últimos días resultaron inusuales incluso para parámetros locales.

La situación también deja al descubierto un desafío estructural para el sistema energético provincial: la necesidad de fortalecer inversiones en mantenimiento, modernización y capacidad operativa para responder ante contingencias extraordinarias sin que los usuarios queden expuestos durante períodos tan extensos.

Mientras avanzan las evaluaciones técnicas y administrativas, en el EPRE estiman que el servicio podría quedar completamente normalizado en las próximas horas. Sin embargo, el episodio ya dejó instalada una discusión de fondo sobre la calidad del suministro, la respuesta empresarial frente a emergencias y el rol del Estado en el control de concesiones estratégicas.

La resolución que adopte finalmente el ente regulador no sólo tendrá impacto económico para la distribuidora, sino también un fuerte componente institucional: marcará hasta qué punto el sistema de control provincial está dispuesto a exigir responsabilidades cuando la prestación de un servicio esencial queda por debajo de los estándares comprometidos.

El secretario general de APEL, Sergio Peralta, realizó un balance de la situación que atraviesa el personal legislativo sanjuanino en un período signado por la inflación, el deterioro de los ingresos y las dificultades en las prestaciones de salud. También defendió la política administrativa del sindicato, destacó la construcción de la nueva sede gremial y planteó la necesidad de modernizar la estructura laboral de la Cámara de Diputados.

En medio de un panorama económico que golpea con fuerza a los trabajadores estatales, la Asociación del Personal Legislativo (APEL) de San Juan busca sostener su funcionamiento gremial sin resignar servicios ni capacidad de representación. Con una combinación de administración austera, planificación financiera y reclamos salariales permanentes, el sindicato intenta preservar beneficios para sus afiliados mientras la pérdida del poder adquisitivo continúa erosionando los ingresos.

Sergio Peralta, trazó un diagnóstico amplio sobre la actualidad del sector y dejó definiciones que buscan desmontar ciertas percepciones instaladas alrededor de los empleados legislativos. “No vivimos en una burbuja de oro”, resumió el dirigente al describir las dificultades que atraviesa el personal de la Cámara de Diputados provincial.

Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo vinculado a la inauguración de la nueva sede gremial ubicada sobre calle Urquiza. Para Peralta, la concreción de esa infraestructura constituye una muestra de orden administrativo en un período especialmente adverso para las organizaciones sindicales.

Según explicó, la obra fue financiada íntegramente con recursos provenientes de la cuota societaria, equivalente al uno por ciento del salario de los afiliados. El dirigente remarcó que el proyecto demandó cuatro años de planificación y ejecución, sin que ello implicara resignar prestaciones históricas para los trabajadores.

“Se mantuvieron los útiles escolares, subsidios, convenios y todos los beneficios sociales mientras avanzaba la construcción”, sostuvo. Además, destacó que el edificio fue inaugurado completamente equipado y sin deudas pendientes, algo que —afirmó— le permitió al sindicato comenzar a proyectar nuevas iniciativas institucionales.

La exposición de Peralta no se limitó al plano administrativo. Buena parte de sus definiciones giraron alrededor de la situación salarial del sector público y de las negociaciones paritarias que mantiene el personal legislativo con las autoridades de la Cámara.

El titular de APEL explicó que el gremio conserva una particularidad dentro del esquema estatal sanjuanino: negocia directamente con las autoridades del Poder Legislativo, sin intermediación de otros sindicatos. Esa autonomía, señaló, evita que la discusión salarial quede condicionada por disputas ajenas o por acuerdos alcanzados en otros sectores de la administración pública.

En ese sentido, indicó que la paritaria del primer semestre replicó los porcentajes otorgados a los docentes, aunque con modificaciones internas destinadas a trasladar sumas adicionales hacia ítems remunerativos que impactan sobre el salario básico.

Pese a ello, Peralta evitó presentar el acuerdo como una mejora real de los ingresos. Por el contrario, definió las negociaciones actuales como mecanismos de “recomposición” frente a una inflación que continúa corriendo por encima de los aumentos salariales.“Siempre vamos detrás de la inflación”, reconoció, al tiempo que describió el desgaste cotidiano que padecen los trabajadores para sostener sus gastos mensuales.

El representante gremial también buscó desmontar una imagen instalada sobre el empleo legislativo. Señaló que los salarios iniciales distan de ser elevados y precisó que un trabajador ingresante, sin antigüedad ni títulos, percibe alrededor de 950 mil pesos.

La aclaración no fue casual. En distintos ámbitos de la administración pública persiste la idea de que el Poder Legislativo concentra privilegios salariales por encima del promedio estatal. Frente a ello, Peralta insistió en que los empleados legislativos sufren los mismos problemas económicos, tributarios y sociales que el resto de los trabajadores.
“El aumento de precios, Ganancias, la inseguridad y el deterioro de la obra social nos afectan igual que a todos”, afirmó.

Precisamente, el funcionamiento de la obra social provincial apareció como uno de los focos más críticos de la entrevista. El titular de APEL cuestionó la pérdida de calidad en las prestaciones y reveló que el gremio ya trasladó formalmente sus reclamos a las autoridades interventoras del organismo.

Según explicó, las respuestas oficiales se apoyan en la reducción de recursos y en la necesidad de absorber programas que anteriormente financiaba Nación. Sin embargo, el sindicalista consideró insuficientes esas explicaciones y sostuvo que los trabajadores no pueden quedar atrapados en las consecuencias de decisiones políticas ajenas.

La preocupación por el sistema sanitario se combina con otro debate de fondo dentro del Poder Legislativo: la reorganización interna de la planta de personal. En ese aspecto, Peralta manifestó que el sindicato impulsa programas de capacitación y una revisión escalafonaria destinada a favorecer la movilidad laboral y mejorar las posibilidades de ascenso.

Al mismo tiempo, recordó que la Cámara de Diputados posee una estructura limitada por ley, con un máximo de 288 empleados de planta permanente. Esa restricción, explicó, impide incorporaciones masivas y condiciona cualquier ingreso a la existencia previa de vacantes.

Con esa definición, el dirigente también buscó diferenciar el funcionamiento administrativo del Poder Legislativo respecto de otros sectores estatales cuestionados por ampliaciones de planta o regularizaciones masivas de contratados.

Más allá de las precisiones técnicas y salariales, las palabras de Peralta dejaron entrever un clima de preocupación que atraviesa a buena parte del empleo público. La incertidumbre económica, la pérdida sostenida del ingreso y el deterioro de servicios esenciales aparecen hoy como factores que impactan directamente sobre el ánimo de los trabajadores.

En ese escenario, APEL intenta sostener una estrategia dual: preservar la capacidad de negociación gremial mientras mantiene en funcionamiento una estructura sindical que continúa brindando asistencia social y servicios a sus afiliados.

La frase que el dirigente pidió destacar al cierre de la entrevista sintetizó buena parte del mensaje político y gremial que buscó transmitir: “Los empleados legislativos no la pasamos tan bien como la mayoría de la gente cree”.

La Dirección de Asesoramiento Previsional informó los alcances del Plan de Pago de Deuda Previsional destinado a trabajadores que se encuentran a menos de diez años de cumplir la edad jubilatoria y no alcanzan los 30 años de aportes requeridos por el sistema previsional.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Asesoramiento Previsional, difundió información clave sobre el funcionamiento del Plan de Pago de Deuda Previsional, una herramienta diseñada para trabajadores en actividad que necesitan completar años de aportes antes de acceder a la jubilación.

La iniciativa apunta a un universo cada vez más amplio de personas que, debido a períodos de informalidad laboral, desempleo o aportes discontinuos, no logran reunir los 30 años exigidos por el régimen previsional argentino al momento de iniciar el trámite jubilatorio.

En este contexto, el programa permite comenzar a regularizar aportes con anticipación, evitando que la falta de años computables se transforme en un obstáculo al llegar a la edad de retiro.

Quiénes pueden acceder

El plan está destinado a trabajadores activos que se encuentren a menos de diez años de alcanzar la edad jubilatoria. Los rangos establecidos son:
Mujeres entre 50 y 59 años.
Varones entre 55 y 64 años.

Desde el organismo explicaron que también pueden incorporarse personas que actualmente no estén en relación de dependencia. En esos casos, la alternativa habilitada es la inscripción al monotributo, modalidad que permite comenzar a regularizar aportes previsionales.

La medida representa una posibilidad concreta para quienes atravesaron largos períodos de empleo informal o actividades laborales sin registración, una problemática estructural que afecta especialmente a trabajadores independientes, sectores precarizados y economías regionales.

Un mecanismo para anticiparse al problema jubilatorio

El objetivo central del programa es evitar que miles de personas lleguen a la edad jubilatoria sin reunir los requisitos mínimos para acceder a un haber previsional.

Desde la Dirección de Asesoramiento Previsional remarcaron la importancia de consultar el historial con tiempo suficiente para conocer la situación de aportes y comenzar, en caso de ser necesario, un proceso de regularización gradual.

Además, destacaron que el asesoramiento es gratuito y permite evaluar cada caso particular antes de iniciar cualquier trámite administrativo.

Dónde realizar consultas

Las personas interesadas pueden recibir atención y orientación a través de distintos canales:
Atención presencial: P. A. de Sarmiento 134 norte, Casa de Gobierno, Pabellón N°5.
Teléfonos: 4296234 / 2645471782 / 0800-222-5824.
Correo electrónico: [email protected]
La atención se brinda de lunes a viernes, de 7:30 a 14:30 horas.

Una preocupación creciente entre los trabajadores

La necesidad de completar aportes previsionales se volvió una inquietud recurrente entre trabajadores próximos a jubilarse, especialmente en momentos marcados por trayectorias laborales fragmentadas y pérdida del empleo formal.

En ese marco, el Plan de Pago de Deuda Previsional aparece como una herramienta preventiva que busca ofrecer previsibilidad y evitar que la falta de aportes derive, en el futuro, en mayores dificultades para acceder a una cobertura jubilatoria.