El titular de ADICUS, Jaime Barcelona, confirmó un esquema escalonado de medidas de fuerza en San Juan en rechazo a la reforma laboral y a la propuesta del Gobierno sobre financiamiento universitario. Denuncian una pérdida salarial superior al 100% frente a la inflación y califican la oferta oficial como “insuficiente y regresiva”.

En una fuerte escalada de conflicto el Gobierno nacional y los gremios del sector educativo, la docencia universitaria volvió a declararse en estado de alerta. Desde el sindicato que nuclea a docentes universitarios, Barcelona— detalló el alcance de la medida de lucha que combinará paros, movilizaciones y asambleas para definir la continuidad de la problemática.

La primera medida será este viernes 27 de febrero, con un paro en rechazo a la reforma laboral y una concentración en la Plaza 25 de Mayo en el microcentro sanjuanino junto a otras organizaciones sindicales. El cronograma continuará el 2 y 3 de marzo con un paro articulado con CTERA y otros gremios de la educación. El 4 se realizará una asamblea para evaluar nuevas acciones, que podrían extenderse durante una semana completa.

El punto de mayor fricción se activará cuando el Congreso trate la modificación de la Ley de Financiamiento Universitario: en ese momento, anticipó el dirigente, se convocará a un paro de 48 horas.

Una brecha salarial que no cierra

El eje del reclamo es estrictamente económico, aunque sus implicancias exceden el bolsillo. Según ADICUS, desde la asunción del actual gobierno la evolución de los salarios quedó más de 100 puntos porcentuales por debajo de la inflación acumulada. La ley de financiamiento aprobada el año pasado por el Congreso —vetada luego por el Ejecutivo y posteriormente restituida por el Parlamento— contemplaba la recomposición de esa deuda y una actualización conforme a los acuerdos paritarios.

Sin embargo, la propuesta oficial, señaló Barcelona, consiste en un incremento del 12,3% a pagar en tramos durante marzo, julio y septiembre. “Es una cifra que no compensa la pérdida y que, de imponerse, consolidaría un deterioro superior al 50% del poder adquisitivo”, advirtió.

El dirigente fue más allá y calificó la coyuntura como la más crítica de la historia reciente del sector. “Nunca estuvimos tan mal los docentes y no docentes universitarios. Ni siquiera en períodos de hiperinflación o en intentos previos de recorte presupuestario se registró un retroceso de esta magnitud”, sostuvo, en referencia implícita a las crisis atravesadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín y al ajuste impulsado por Ricardo López Murphy.

Más que un conflicto salarial

La discusión no se limita a porcentajes. En el trasfondo, los gremios cuestionan lo que interpretan como un intento de modificar por vía legislativa y administrativa compromisos ya ratificados por el Congreso y respaldados por fallos judiciales. Desde esa perspectiva, la puja remite a la autonomía universitaria y al modelo de financiamiento público del sistema superior.

La movilización prevista en San Juan replicará una dinámica que se observa en distintas provincias: rectores, docentes, no docentes y organizaciones estudiantiles comenzaron a confluir en un frente común ante lo que describen como un escenario de asfixia presupuestaria. La articulación con sindicatos de otros niveles educativos y con centrales obreras amplía el alcance político del reclamo.

En ese marco, la protesta contra la reforma laboral y la defensa del financiamiento universitario convergen en una misma narrativa: la denuncia de una política de ajuste que, según los gremios, impacta de manera directa en la calidad educativa y en las condiciones de trabajo.

Un conflicto abierto

El calendario anunciado anticipa un marzo atravesado por medidas de fuerza y negociaciones tensas. La estrategia sindical combina presión en las calles con la expectativa de incidir en el debate parlamentario. El Gobierno, por su parte, sostiene la necesidad de ordenar las cuentas públicas y reconfigurar el esquema de gasto.

Entre ambas posiciones se dirime no sólo una recomposición salarial, sino la orientación futura del sistema universitario argentino. Con la amenaza de un paro de 48 horas cuando el tema llegue al recinto, el conflicto promete escalar si no hay una señal de acercamiento.

La advertencia de ADICUS resume el clima del sector: para los docentes, aceptar la oferta actual implicaría convalidar una pérdida histórica; para el Ejecutivo, conceder más recursos tensiona un programa económico centrado en el equilibrio fiscal. En esa encrucijada, las universidades vuelven a convertirse en un termómetro sensible del rumbo político y social del país.

Marcelo Trujillo, referente de SOEESIT e integrante de la CGT Regional San Juan, sostuvo que la central obrera prioriza la vía judicial frente al tratamiento de la reforma laboral en el Senado. Alertó sobre el riesgo de despidos, cuestionó los índices oficiales de inflación y advirtió que la iniciativa “busca desarticular la organización colectiva”.

En medio de un nuevo capítulo del debate por la reforma laboral, el sindicalismo vuelve a exhibir matices en su estrategia. Mientras el Frente de Sindicatos Unidos impulsa movilizaciones frente al Congreso, la conducción de la CGT resolvió concentrar sus esfuerzos en el plano judicial. Desde San Juan, Trujillo defendió esa decisión y explicó los fundamentos políticos y económicos que la sustentan.

“La CGT no es que no quiera acompañar. Está integrada por gremios estatales y privados, y en el sector privado hoy salir a la calle implica un riesgo concreto de despido”, afirmó. Según su mirada, la eventual aprobación de la reforma podría habilitar un escenario de mayor vulnerabilidad laboral. “Podemos terminar con una cuarta parte o la mitad de la gente afuera sin siquiera haber protestado”, sostuvo.

Judicializar antes de que la norma entre en vigencia

La central obrera marchará el lunes a los tribunales para presentar el primer planteo de inconstitucionalidad, replicando la estrategia utilizada contra el DNU 70/2023. Para Trujillo, la anticipación es clave: “Si esto se aprueba y se pone en marcha, los tiempos judiciales no son los mismos que los tiempos políticos. Hay que actuar rápido”.

El dirigente calificó la iniciativa como una “ley que apunta a desarmar lo colectivo”. En su interpretación, el trasfondo no es meramente institucional sino estructural: “No atacan a las instituciones, atacan a los hombres y mujeres que trabajan. Buscan que la pelea sea individual, y sabemos que el trabajador solo no tiene fuerza”.

La coincidencia entre la CGT y la CTA en avanzar con amparos y presentaciones sectoriales configura una ofensiva legal amplia, que podría incluir demandas individuales y recursos colectivos. El objetivo es frenar o al menos limitar la aplicación de los artículos más controvertidos.

Economía, paritarias y desconfianza en los índices

Más allá del debate legislativo, Trujillo expuso una crítica sobre la situación económica. Señaló que las paritarias se ajustan al IPC oficial, pero cuestionó la representatividad de ese indicador frente a la dinámica real de precios en góndola. “No condice con lo que vive el trabajador. Hay gastos que no se contemplan en la canasta básica, como impuestos y tasas, que también impactan en el bolsillo”, deslizó.

En esa línea, anticipó que la inflación podría ubicarse por encima de las previsiones oficiales y sumó críticas hacia la conducción del organismo estadístico nacional. “Se manejan índices que no reflejan la realidad completa”, afirmó, en alusión al rol del Ministerio de Economía en la definición de las cifras.

El señalamiento no es menor: si los acuerdos salariales se estructuran sobre parámetros que el sindicalismo considera subestimados, la pérdida de poder adquisitivo se profundiza. Y en un contexto de desaceleración inflacionaria aún frágil, cualquier desfasaje repercute de manera directa en el consumo y en la estabilidad laboral.

Un debate que excede la coyuntura

La discusión sobre la reforma laboral trasciende el articulado específico. Para el dirigente sanjuanino, lo que está en juego es el modelo de relaciones laborales. “Todos somos trabajadores, seamos representantes gremiales o no. Esto nos afecta en mayor o menor medida”, enfatizó.

La tensión entre movilización y judicialización refleja dos tácticas dentro del mismo universo sindical. Mientras algunos sectores privilegian la presión en la calle, la CGT apuesta a una disputa institucional en los tribunales. El denominador común es la convicción de que la reforma alterará el equilibrio vigente.

En ese cruce de estrategias se define la próxima etapa del conflicto. La marcha a tribunales será el primer movimiento de una batalla que promete extenderse en el tiempo. Para Trujillo, el desafío es preservar la organización colectiva frente a un escenario que, según advierte, tiende a fragmentar la defensa del trabajo.

La pulseada recién comienza. Y el desenlace no dependerá únicamente del Senado, sino también de la capacidad del sindicalismo para sostener cohesión interna y articular una respuesta eficaz en el plano judicial y social.

Tras la protesta convocada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación frente al Palacio de Tribunales, Alfredo Collado —referente de Judiciales Nacionales en San juan— cuestionó el eventual traspaso del fuero laboral a la órbita porteña y advirtió que, si se aprueba la reforma laboral, las centrales sindicales avanzarán con planteos de inconstitucionalidad. La Confederación General del Trabajo acompañó la manifestación y anticipó acciones judiciales.

La discusión por la reforma laboral sumó en las últimas horas un nuevo frente de rigidez: el intento de transferir el fuero laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Para el sindicalismo judicial, la medida no es un cambio administrativo sino un movimiento con profundas implicancias institucionales y sociales.

“Desfederalizar la Justicia del Trabajo sería un retroceso enorme”, sostuvo Alfredo Collado en diálogo con Mundo Laboral SJ, luego de la movilización realizada frente al Palacio de Tribunales. La protesta, impulsada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y respaldada por la CGT, buscó visibilizar el rechazo a una iniciativa que —según el dirigente— alteraría el acceso a la tutela judicial efectiva.

El eje del conflicto: competencia y alcance

El fuero laboral nacional tiene competencia en conflictos que involucran a trabajadores y empleadores de alcance federal. Su eventual traspaso a la órbita porteña implicaría concentrar en la Ciudad de Buenos Aires litigios que hoy se tramitan con una lógica federal.

Collado graficó el impacto con un ejemplo concreto: “Si un trabajador del interior tiene un conflicto con una empresa de alcance nacional, hoy puede litigar en su jurisdicción. Con el traspaso, debería hacerlo en Buenos Aires”. A su juicio, ello encarecería y dificultaría el acceso a la Justicia, además de reducir la cantidad de magistrados especializados.

El planteo sindical interpreta la medida como parte de una estrategia más amplia vinculada a la reforma laboral en debate. “No es un hecho aislado. Viene de la mano de cambios que tienden a debilitar la protección del trabajador”, afirmó.

Reforma laboral: entre la calle y los tribunales

En este sentido al debate parlamentario, las centrales obreras anticiparon una batería de presentaciones judiciales en caso de que la norma sea sancionada. La CGT ya anunció que, de avanzar el proyecto, recurrirá a la Justicia para impugnarlo por inconstitucionalidad y solicitar medidas cautelares que suspendan su aplicación hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.

Collado fue categórico: “Según la doctrina y la jurisprudencia vigentes, hay aspectos que colisionan con garantías constitucionales”. El dirigente señaló que la estrategia incluiría pedidos de suspensión inmediata para evitar que la eventual entrada en vigencia genere efectos difíciles de revertir.

La movilización frente a Tribunales tuvo, además, un componente simbólico: trasladar la discusión al ámbito judicial antes incluso de que el Senado defina el texto concluyente. “Es una señal institucional y social”, explicó.

Impacto político y social

El debate no se agota en el plano técnico. Para el sindicalismo, la reforma laboral supone una redefinición del equilibrio entre empleadores y trabajadores. “Recuperar derechos perdidos después es extremadamente complejo”, advirtió Collado, al tiempo que cuestionó a los legisladores que acompañen la iniciativa sin considerar sus consecuencias.

El referente gremial convocó a los trabajadores a participar de las movilizaciones en sus respectivas provincias, más allá de sus afinidades partidarias. “Esto no tiene que ver con banderas políticas sino con condiciones laborales”, sostuvo, en un mensaje que busca ampliar el alcance del reclamo.

Ante una situación económica marcada por tensiones fiscales y desaceleración inflacionaria, el Gobierno sostiene que la reforma apunta a modernizar el mercado laboral y promover la creación de empleo. El sindicalismo, en cambio, advierte que la flexibilización podría traducirse en mayor precarización y litigiosidad.

Una disputa de fondo

La eventual transferencia del fuero laboral y la reforma en debate comparten un mismo trasfondo: la reorganización del sistema de relaciones laborales en la Argentina. Para los judiciales, el riesgo es doble: por un lado, limitar el acceso a la Justicia especializada; por otro, alterar el andamiaje normativo que regula la protección del empleo.

La ofensiva legal anunciada por la CGT abre un nuevo capítulo que podría trasladar la discusión desde el Congreso hacia los estrados judiciales. Allí se dirimirá no sólo la constitucionalidad de artículos específicos, sino también el alcance de los derechos laborales en la etapa que se inicia.

En ese escenario, la advertencia de Collado sintetiza el clima que atraviesa al sector: más allá del resultado parlamentario, la disputa recién comienza. Y su resolución definirá el equilibrio entre modernización normativa y garantías históricas del trabajo.