La Cámara de Diputados resolvió las cuatro ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura. Daniela Rivas fue elegida para la Sala II de la Cámara Laboral; Ignacio Achem, para la Fiscalía de Cámara; Yanina Peri, para la Asesoría de Menores e Incapaces; y Alejandro Genest, para la Cámara de Apelación de Paz.

La decisión llegó después de las entrevistas realizadas durante septiembre por la Comisión de Justicia y Seguridad a los 12 postulantes que integraban las cuatro ternas. Los cargos habían sido incorporados al orden del día de la décima sesión ordinaria, convocada para este 24 de septiembre.

La definición de la Sala II de la Cámara Laboral quedó en manos de Daniela Rivas, quien obtuvo 20 votos. La funcionaria se desempeñaba como secretaria de esa misma sala y anteriormente había trabajado en el Juzgado de Trabajo de Primera Nominación. La vacante se produjo tras la salida de Guillermo Baigorrí, quien posteriormente asumió como fiscal General ante la Corte de Justicia.

Para la Fiscalía de Cámara, los diputados eligieron a Ignacio Achem. El funcionario integra el Ministerio Público Fiscal desde 2017 y pasó por Flagrancia y la Unidad de Investigación CAVIG. Desde febrero de 2024 se desempeña como uno de los coordinadores de la Unidad Fiscal Genérica. Antes de ingresar al Poder Judicial ejerció durante más de dos décadas como abogado litigante.

Yanina Peri fue designada como Asesora de Menores e Incapaces, con 19 votos. La funcionaria ya cumplía funciones de manera provisoria en la estructura judicial y había integrado la terna junto con María Gabriela Pintos y Ana Vanesa Reynes.

El cuarto cargo correspondió a la Cámara de Apelación de Paz Letrada, donde Alejandro Genest obtuvo 22 votos. Abogado y dirigente del Partido Bloquista, Genest cuenta con antecedentes en la Legislatura y en la administración pública, además de desempeñarse como apoderado de esa fuerza política en cuestiones vinculadas con alianzas electorales.

La vacante de la Cámara de Paz se había producido tras el fallecimiento del juez Juan Luis Romero. El tribunal interviene en las apelaciones contra resoluciones dictadas por los Juzgados de Paz de los distintos departamentos de la provincia.

Las cuatro designaciones completan cargos relevantes dentro de la estructura judicial provincial y cierran el proceso iniciado con la conformación de las ternas por parte del Consejo de la Magistratura y las posteriores entrevistas parlamentarias. La votación dejó, además, definiciones provenientes de distintas trayectorias profesionales y, en el caso de Genest, de una candidatura impulsada por el bloquismo y acompañada en el recinto por el oficialismo.

La Defensoría del Pueblo de San Juan prepara un nuevo amparo colectivo de alcance nacional para reclamar por la continuidad de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad, ante las demoras en los pagos, las dificultades denunciadas por familias y prestadores y los cambios que el Gobierno nacional impulsa para el sistema asistencial.

La decisión fue anticipada por la defensora Florencia Peñaloza después de su exposición ante la Cámara de Diputados de la Nación. La funcionaria vinculó la eventual presentación judicial con el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la evolución de las partidas durante 2026 y las modificaciones incluidas en la discusión del Presupuesto 2027.

Peñaloza señaló que el 60% de los casos ingresados a la Defensoría de San Juan corresponden a cuestiones de salud y que la mayoría está vinculada con discapacidad. Recordó además que el organismo ya había acudido a la Justicia en 2025 por la suspensión de pensiones no contributivas y que posteriormente se dispuso la restitución de beneficios afectados. La propia Defensoría registra ese antecedente como parte de sus actuaciones en materia de discapacidad.

El nuevo planteo no estaría limitado a los beneficiarios. La institución busca incorporar las dificultades denunciadas por familias, profesionales, equipos técnicos e instituciones educativas, particularmente aquellas vinculadas con la continuidad de tratamientos y prestaciones. “Lo planteamos por los niños y familias, pero también por los profesionales, equipos técnicos y escuelas”, sostuvo Peñaloza.

Uno de los puntos que genera preocupación es la discusión sobre el sistema de impuestos. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla modificaciones en el mecanismo de actualización de los valores del nomenclador y de las prestaciones, cambios que fueron cuestionados por organizaciones vinculadas con discapacidad y que actualmente forman parte del debate legislativo. El Gobierno, además, comenzó a negociar modificaciones sobre algunos de los artículos cuestionados.

La discusión se produce mientras el área atraviesa una nueva etapa institucional. Alejandro Vilches renunció el 21 de septiembre a la Secretaría Nacional de Discapacidad, cargo que dejó argumentando razones personales, en momentos en que el Congreso analiza las modificaciones presupuestarias y regulatorias para 2027.

El organismo sanjuanino ya había intervenido durante 2026 ante problemas vinculados con asistencias de salud. En septiembre, por ejemplo, solicitó al PAMI y a sus prestadores garantizar guardias mínimas y mecanismos alternativos de atención durante una medida de fuerza, con especial atención sobre afiliados que requieren tratamientos permanentes, medicamentos o asistencia por discapacidad.

Los trabajadores de estaciones de servicio atraviesan distintas instancias de negociación salarial según el convenio colectivo que los comprende. Mientras los CCT 428/05 y 488/07 ya fijaron aumentos para agosto, septiembre y octubre, las paritarias correspondientes a los CCT 371/03, 521/07 y 317/99 permanecen abiertas.

En el CCT 428/05, acordado entre SOESGyPE, FOESGRA y CAGESRA, se estableció un incremento del 2% en agosto, 2% en septiembre y 2% en octubre, dentro del período paritario abril 2026-marzo 2027. Las partes volverán a reunirse a partir del 15 de noviembre.

Con esa pauta, el básico del operador de playa pasó a $1.497.352,89 en agosto, llegará a $1.527.299,95 en septiembre y alcanzará $1.557.784,95 en octubre. Para los encargados, los valores son de $1.520.013,41, $1.550.413,68 y $1.581.421,95, respectivamente. A esas cifras se agregan los adicionales establecidos por convenio, entre ellos antigüedad, asistencia y manejo de fondos.

El CCT 488/07, firmado entre SOESGyPE, FOESGRA y la Federación de Entidades de Combustibles (FEC), fijó una pauta algo diferente: 1,9% en agosto, 1,9% en septiembre y 1,8% en octubre. También contempla una revisión desde el 15 de noviembre.

En este caso, el básico del operador de playa quedó establecido en $1.580.552,03 para agosto, $1.610.582,52 para septiembre y $1.639.573 para octubre. Para los encargados, los valores ascienden a $1.640.699,06, $1.671.872,34 y $1.701.966,04.

Tres convenios todavía esperan una definición

La negociación permanece abierta para los trabajadores alcanzados por los CCT 371/03, 521/07 y 317/99. Las conversaciones con CECHA, FECRA y AES quedaron en cuarto intermedio después de la última audiencia, ante la falta de una nueva propuesta salarial.
Las partes tienen previsto retomar la discusión el 28 de septiembre, fecha en la que podría comenzar a definirse la pauta correspondiente a esos convenios.

Así, la actividad llega al último tramo del tercer trimestre con dos esquemas salariales ya establecidos y tres negociaciones pendientes. Las diferencias responden al convenio colectivo y a la representación empresaria que participa en cada mesa, mientras noviembre aparece como una fecha relevante para la revisión de los acuerdos ya alcanzados.