Tras el fracaso de las negociaciones entre sindicatos y empleadores, el Gobierno nacional estableció por resolución una nueva escala del Salario Mínimo, Vital y Móvil. El monto asciende a $341.000 desde enero de 2026 y tendrá incrementos mensuales hasta agosto. La medida impacta de forma directa en planes sociales, prestaciones y criterios de acceso a programas estatales, en un contexto de pérdida sostenida del poder adquisitivo.

El Ejecutivo nacional resolvió fijar por decreto el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) luego de que el Consejo del Salario no lograra consensuar una actualización entre las representaciones sindicales y empresarias. A través de la Resolución 9/2025 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, se estableció una serie de incrementos progresivos que comenzarán a regir a partir del 1° de enero de 2026.

De este modo, el salario mínimo para trabajadores mensualizados con jornada completa pasará de $334.800 en diciembre de 2025 a $341.000 en enero, con aumentos mensuales que se extenderán hasta agosto de 2026, cuando alcanzará los $376.600. La decisión refleja, una vez más, la incapacidad del ámbito tripartito para arribar a acuerdos en un escenario económico atravesado por la desaceleración inflacionaria, pero también por un fuerte deterioro de los ingresos reales.

Para los trabajadores jornalizados, el valor de la hora se fijó en $1.705 en enero, con una progresión que lo llevará a $1.883 en agosto, siguiendo la misma lógica de actualizaciones graduales definida para los asalariados mensualizados.

La nueva escala del salario mínimo

Enero 2026: $341.000
Febrero 2026: $346.800
Marzo 2026: $352.400
Abril 2026: $357.800
Mayo 2026: $363.000
Junio 2026: $367.800
Julio 2026: $372.400
Agosto 2026: $376.600

Impacto directo en planes y prestaciones sociales

La actualización del SMVM no solo afecta al universo de trabajadores formales de menores ingresos, sino que también tiene un impacto transversal en múltiples programas sociales y prestaciones, ya que el salario mínimo funciona como variable de referencia para montos, topes y condiciones de acceso.

Entre los principales efectos se destacan:

Prestación por Desempleo: Se ajusta automáticamente y oscila entre el 50% y el 100% del SMVM. En enero, el monto mínimo será de $170.500 y el máximo de $341.000.
Becas Progresar: El ingreso familiar permitido no puede superar tres veces el salario mínimo, por lo que la suba redefine el universo de potenciales beneficiarios.
Asignaciones y planes sociales: Diversos programas utilizan el SMVM como parámetro para establecer montos y criterios de elegibilidad.
Paritarias y empleo informal: El salario mínimo continúa funcionando como piso de referencia para sectores con alta informalidad o bajos niveles de negociación colectiva.

Si bien el Gobierno presenta la medida como un intento de armonizar la evolución salarial con el nuevo contexto macroeconómico, distintos análisis advierten que el salario mínimo continúa muy lejos de cubrir las necesidades básicas de una familia tipo. En términos reales, el SMVM mantiene una pérdida acumulada significativa respecto de años anteriores y se ubica por debajo de niveles históricos de poder adquisitivo.

Además, la reiteración de aumentos definidos por decreto vuelve a poner en discusión el rol efectivo del Consejo del Salario, un ámbito que, en la práctica, aparece cada vez más debilitado como espacio de negociación genuina entre las partes.

Organizaciones sindicales de distintos sectores expresaron un enérgico rechazo a la ofensiva de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela. Denunciaron una grave violación al Derecho Internacional, reclamaron el respeto a la autodeterminación de los pueblos y advirtieron sobre los riesgos de una escalada militar para la paz y la estabilidad de América Latina y el Caribe.

Un amplio arco de organizaciones sindicales argentinas manifestó en las últimas horas su repudio a la ofensiva militar de Estados Unidos contra Venezuela, a la que calificaron como un ataque directo a la soberanía nacional y una amenaza concreta para la paz regional. A través de comunicados difundidos por distintos gremios y centrales obreras, las entidades coincidieron en denunciar una vulneración flagrante de los principios del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) expresaron su “más firme condena” a las políticas de agresión e injerencia impulsadas por Washington. El sindicato sostuvo que estas acciones desconocen el derecho irrenunciable de los pueblos a decidir su propio destino y reafirmó que América Latina y el Caribe deben consolidarse como una zona de paz, libre de bloqueos, amenazas y violencia. En ese marco, subrayaron que la justicia social y la dignidad del pueblo trabajador no pueden construirse bajo prácticas de presión militar o económica.

En la misma línea, la Federación Judicial Argentina (FJA) repudió lo que definió como una agresión “sin precedentes” y denunció una escalada de acciones que, según el gremio, incluyeron bombardeos sobre territorio venezolano y el secuestro del presidente Nicolás Maduro. La entidad judicial advirtió que el objetivo de la ofensiva sería derrocar a un gobierno popular y apropiarse de los bienes naturales comunes del país, en particular de sus reservas petroleras. Además, alertó sobre el peligro de legitimar a Estados Unidos como “gendarme mundial”, al considerar que ese precedente representa una amenaza directa para toda la región, incluida la Argentina.

Las centrales sindicales CTA-T y CTA Autónoma también difundieron un duro pronunciamiento conjunto en el que rechazaron y denunciaron la invasión violenta de Estados Unidos a Venezuela. Según señalaron, la ofensiva confirmaría una estrategia orientada a la desestabilización política y al control de recursos estratégicos. En su comunicado, las CTA remarcaron que estas acciones violan de manera directa los artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica entre los Estados y la prohibición del uso de la fuerza.

Las centrales alertaron, además, que esta escalada militar constituye un grave retroceso para América Latina y el Caribe, al reactivar lógicas de intervención propias de la Doctrina Monroe. En ese contexto, expresaron su solidaridad con el pueblo venezolano, responsabilizaron al gobierno estadounidense por la integridad física del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, y convocaron a una condena internacional amplia frente a lo que consideraron un factor de desestabilización de las democracias regionales. El pronunciamiento lleva las firmas de Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy.

Desde el ámbito educativo, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) adhirió al comunicado regional impulsado por la Confederación de Educadores Americanos, la Federación de Sindicatos Docentes de América del Sur y el Foro por la Educación en Iberoamérica. En ese documento, las organizaciones educativas condenaron la ofensiva militar y reafirmaron su defensa innegociable de América Latina y el Caribe como territorio de paz. Asimismo, señalaron que la educación, la democracia y la soberanía no pueden desarrollarse bajo la amenaza permanente del bloqueo ni de la violencia externa.

Por su parte, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) sostuvo que los conflictos internacionales deben resolverse por vías democráticas y pacíficas, mediante el diálogo y el respeto entre las naciones. La entidad conducida por Juan Carlos Schmid reafirmó su compromiso con la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia y la soberanía nacional, y expresó su solidaridad con el pueblo venezolano.

El amplio repudio sindical expuso una postura coincidente entre gremios de distintos sectores: el rechazo a toda forma de intervención militar y la defensa irrestricta del Derecho Internacional, la autodeterminación de los pueblos y la paz regional. En el marco de una escalada de conflictos internacionales, las organizaciones sindicales advirtieron que la normalización de este tipo de agresiones no solo pone en riesgo a Venezuela, sino que amenaza la estabilidad democrática de toda América Latina y el Caribe, reabriendo heridas históricas que la región creía superadas.

Convencida de que el Gobierno avanzará con cambios estructurales en la legislación laboral, la CGT decidió pasar de la resistencia pura a una estrategia de incidencia política: elabora una propuesta alternativa para negociar en el Congreso y preservar los pilares del modelo sindical.

La Confederación General del Trabajo (CGT) asumió que el debate por la reforma laboral ya no es una hipótesis, sino un escenario inminente. Con esa lectura, la central obrera resolvió redefinir su estrategia y comenzó a trabajar en una propuesta alternativa que le permita incidir en el texto final que el oficialismo buscará impulsar en el Congreso, con el objetivo de limitar el alcance de los cambios y preservar los ejes centrales del actual modelo sindical.

La decisión fue adoptada en el seno de la mesa chica cegetista, junto al nuevo triunvirato de conducción y dirigentes históricos del espacio, tras analizar el nuevo equilibrio político que dejó la aprobación del Presupuesto 2026. En la CGT interpretan que el Gobierno logró consolidar poder parlamentario y capacidad de articulación con gobernadores y bloques legislativos, una dinámica que ahora intentará replicar para avanzar con reformas estructurales en el régimen laboral.

Frente a ese panorama, la central obrera optó por una estrategia de doble carril. En el plano público, mantendrá un discurso de rechazo firme a la iniciativa libertaria, con el objetivo de marcar límites claros y sostener la cohesión interna. En paralelo, desplegará negociaciones políticas discretas con mandatarios provinciales y legisladores nacionales, buscando preservar los pilares considerados irrenunciables del sistema sindical antes de que el debate llegue formalmente al recinto.

El armado técnico de la propuesta quedó en manos de un grupo reducido de dirigentes y asesores con experiencia parlamentaria y trayectoria en negociaciones laborales. Ese equipo ya comenzó a analizar los artículos más sensibles del proyecto oficial, con la intención de redactar alternativas que atenúen su impacto y puedan resultar viables para los sectores del Gobierno abiertos al diálogo.

No obstante, el diseño de esta hoja de ruta expuso tensiones internas. Dentro de la CGT conviven posturas más confrontativas, que rechazan cualquier tipo de negociación, con otras más pragmáticas, que admiten la posibilidad de introducir modificaciones parciales en la legislación laboral. Esa diferencia atraviesa a la conducción cegetista y se profundizó luego de que el oficialismo demostrara su capacidad para sumar apoyos clave, especialmente en el Senado.

En ese contexto, la central obrera impulsa una estrategia de negociación segmentada, con gestiones caso por caso ante gobernadores y bloques legislativos. El objetivo es bloquear los artículos considerados innegociables, como la vigencia de los convenios colectivos nacionales, la ultraactividad de los acuerdos laborales y los mecanismos de financiamiento sindical, que constituyen la columna vertebral del modelo gremial argentino.

Al mismo tiempo, en la CGT admiten que existe margen para discutir otros aspectos vinculados al derecho individual del trabajo, como el régimen de vacaciones o el esquema de indemnizaciones. Esa apertura no implica un aval a la reforma oficial, sino una lógica que en la central definen como de “reducción de daños”, orientada a evitar un avance integral sobre la estructura sindical.

La CGT eligió anticiparse al debate y pasar a la ofensiva política. Con una contrarreforma en elaboración, el sindicalismo busca dejar de ser un actor meramente reactivo y convertirse en un jugador con capacidad de negociación real frente al Gobierno. En una situación adversa y con un oficialismo fortalecido, la disputa por la legislación laboral se perfila como uno de los ejes centrales del año parlamentario, con final abierto y alto impacto político y social.