El Consejo Directivo de la CGT resolvió convocar a un paro general de 24 horas el día que la Cámara de Diputados debata la reforma laboral. La medida sería sin movilización y con fuerte impacto en el transporte. El cambio en el régimen de licencias por enfermedad terminó de quebrar el frágil diálogo con el Gobierno.

La Confederación General del Trabajo decidió escalar el conflicto con el Gobierno nacional y convocar a un paro general de 24 horas el día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral. Será la cuarta huelga nacional contra la administración de Javier Milei y, a diferencia de otras jornadas de protesta, no incluirá movilización callejera. La apuesta es otra: mostrar “las ciudades vacías” y medir fuerzas en términos de acatamiento.

La resolución fue adoptada por el Consejo Directivo de la central obrera, tras una reunión virtual encabezada por los cotitulares Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio). Si bien resta la formalización pública y la confirmación definitiva de los gremios del transporte, en la cúpula sindical descuentan una adhesión clave que podría paralizar servicios estratégicos.

“Están dados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”, había anticipado Jerónimo en declaraciones radiales. El clima interno venía cargado desde la media sanción en el Senado, pero un episodio puntual terminó de inclinar la balanza hacia la confrontación abierta.

El artículo que rompió el equilibrio

La modificación del régimen de licencias por enfermedad o accidente no laboral —incorporada durante la madrugada en el debate senatorial— fue leída por el sindicalismo como una ruptura de los acuerdos informales que sostenían el diálogo. El nuevo esquema establece que, si la imposibilidad de trabajar deriva de una actividad voluntaria y consciente que implicó riesgo, el trabajador percibirá el 50% del salario durante tres o seis meses según tenga o no personas a cargo. Si la enfermedad no responde a esa conducta, la remuneración será del 75%.

La justificación pública del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger —quien ejemplificó el cambio con la hipótesis de una lesión jugando al fútbol— amplificó el malestar.

Aunque desde el oficialismo argumentan que la medida apunta a limitar abusos y reducir litigiosidad, en la CGT interpretaron la incorporación del artículo como un avance directo sobre un derecho sensible y una señal de endurecimiento unilateral.

El abogado laboralista Julián de Diego, cercano históricamente a sectores empresariales, reconoció que el artículo “salió como un fantasma” y advirtió que podría generar mayor judicialización, en aparente contradicción con el objetivo central del proyecto. También especialistas señalaron posibles conflictos con convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por la Argentina.

Una huelga sin calles

La modalidad elegida no es casual. Sin transporte y con fecha sujeta a los tiempos parlamentarios —todo indica que el debate podría darse el jueves 19—, la CGT prioriza una medida de fuerza sin movilización masiva. Puertas adentro reconocen dos razones: la dificultad logística de organizar una marcha sin colectivos ni trenes y la intención de evitar escenas de confrontación con el protocolo de seguridad impulsado por el Ministerio de Seguridad.

“Tenemos que volver a mostrar la imagen de las ciudades vacías”, deslizó uno de los dirigentes que impulsa la estrategia. La consigna apunta a exhibir contundencia sin exponer a la central a un escenario represivo que el oficialismo podría capitalizar políticamente.

La convocatoria fue precedida por llamados de sectores combativos, como la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso. Su titular, Daniel Yofra, sostuvo que “a este Gobierno hay que enfrentarlo con huelgas” y no solo con manifestaciones. Ese posicionamiento aceleró el debate interno y consolidó la idea de que el conflicto ingresó en una etapa de mayor dureza.

El escenario político

En este sentido, el oficialismo busca acelerar la aprobación en Diputados tras la media sanción obtenida en el Senado. El proyecto introduce cambios estructurales en indemnizaciones, jornada laboral, negociación colectiva y derecho de huelga. La oposición peronista anticipa que intentará modificar artículos clave; si eso ocurriera, la iniciativa debería regresar a la Cámara alta, un escenario que la Casa Rosada procura evitar.

Desde el bloque de la oposición, el senador José Mayans calificó la reforma como “regresiva” e “inconstitucional” y cuestionó el tratamiento exprés del texto. El oficialismo, en cambio, sostiene que la norma es indispensable para promover empleo formal y reducir litigiosidad.

En este aspecto, la determinación de la CGT agrega un nuevo factor de presión sobre un debate que ya desborda el plano técnico y se inscribe en una disputa más amplia sobre el modelo económico y social.

Un conflicto en escalada

El paro general marcará un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno y el movimiento obrero organizado. Hasta ahora, pese a las tensiones, existían canales informales de diálogo.

La incorporación del artículo sobre licencias fue interpretada como una señal de que esos puentes quedaron debilitados.

La discusión en Diputados no solo definirá el destino de la reforma, sino también el alcance de la respuesta sindical. Si el oficialismo logra sostener el núcleo del proyecto, el conflicto podría profundizarse. Si, en cambio, prosperan modificaciones sustantivas, la negociación volverá a reconfigurarse.

Por ahora, la CGT eligió su herramienta histórica. Sin movilización, pero con la expectativa de alto acatamiento, apuesta a que el silencio de las fábricas, oficinas y estaciones de transporte sea más elocuente que cualquier discurso.

La Unión Tranviarios Automotor confirmó que acompañará cualquier medida de fuerza que defina la CGT contra la reforma laboral. El respaldo del gremio que nuclea a los choferes garantiza un alto impacto durante el paro nacional de 24 horas que la central obrera confirmó para cuando se trate el proyecto en Diputados.

El sábado, uno de los referentes de la conducción cegetista se comunicó con las autoridades del gremio de choferes, encabezado por Roberto Fernández, para sondear su postura frente a un posible paro nacional. La respuesta fue categórica: el sindicato acompañará la decisión que adopte la central obrera.

“Somos un gremio confederado y, si la CGT define una medida de fuerza, la vamos a acompañar”, señalaron desde la organización sindical, dejando en claro que esta vez el sector del transporte se alineará con el resto de los gremios.

El dato no es menor. En la última huelga general convocada por la CGT, el 10 de abril, la UTA no se había sumado, argumentando que se encontraba bajo conciliación obligatoria. Aquella ausencia debilitó el alcance de la protesta, dado que el funcionamiento parcial del transporte redujo el impacto esperado en los principales centros urbanos.

En el actual escenario, en cambio, la confirmación anticipada del gremio fortalece la posición de la central obrera en un momento de máxima tensión política. El oficialismo logró avanzar con la aprobación de la reforma laboral en el Senado y el proyecto se encamina a su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese escenario, la CGT decidió adelantar una reunión urgente de su Consejo Directivo para evaluar la convocatoria a un paro nacional de 24 horas que podría coincidir con el debate parlamentario.

La central sindical enfrenta una situación compleja. Si bien logró preservar durante la negociación legislativa las cuotas solidarias y mantener sin modificaciones las contribuciones patronales destinadas a las obras sociales —recursos estratégicos para el financiamiento gremial y el sistema de salud sindical—, considera que el núcleo de la reforma implica un retroceso en derechos laborales y una alteración sustantiva del esquema de protección vigente.

La adhesión de la UTA introduce un elemento de presión adicional. El transporte público es un factor determinante para el funcionamiento cotidiano de la economía y la vida urbana. Sin colectivos en circulación, la actividad laboral, comercial e industrial se ve severamente limitada, aun en aquellos sectores que no adhieran formalmente al paro.

En términos políticos, el respaldo del gremio de choferes también representa un gesto de cohesión interna dentro del movimiento obrero. Roberto Fernández no integra la conducción actual de la CGT, pero la decisión de acompañar la medida refuerza la idea de un frente sindical más compacto frente a la iniciativa oficial.

El plenario de delegados de UDAP resolvió rechazar la oferta presentada por el Gobierno provincial en la mesa paritaria y confirmó el paro previsto para el 2 de marzo, fecha de inicio del ciclo lectivo en San Juan. El gremio consideró insuficiente la propuesta y dejó abierta la posibilidad de adherir a medidas nacionales convocadas por Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

El conflicto docente en la provincia sumó un nuevo capítulo este viernes. Tras analizar durante varias horas la oferta salarial presentada el 12 de febrero por el Ejecutivo provincial, el plenario de delegados de UDAP decidió rechazarla por considerarla insuficiente y ratificó la medida de fuerza ya definida para el 2 de marzo, día en que está previsto el inicio de clases en el nivel primario.

La decisión fue comunicada oficialmente mediante un parte firmado por la secretaria general, Patricia Quiroga. En el documento, el gremio mayoritario de los docentes sanjuaninos dejó en claro que insistirá con el pedido de recomposición salarial planteado en el acta paritaria de diciembre de 2025 y ratificó las medidas de fuerza votadas el 9 de febrero.

Además, el plenario facultó a sus congresales a adherir a eventuales paros o acciones de protesta que convoque CTERA a nivel nacional, central obrera a la que responde orgánicamente el sindicato.

La oferta oficial

La propuesta fue presentada en la segunda reunión paritaria del año, que se extendió por más de siete horas y estuvo encabezada por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez. También participaron los gremios UDA y AMET.

El Ejecutivo propuso:

. Elevar la ayuda escolar a $100.000 por hijo, a abonarse con el salario de febrero.
. Un pago por equipamiento docente de $128.801,76, también en febrero.
. Un incremento del 5% en el Valor Índice en marzo de 2026, tomando como base diciembre de 2025.
. Otro aumento del 5% en junio de 2026, calculado sobre el índice de marzo.
. Una suba de seis puntos en el código E60 desde marzo.

Tras la presentación, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el 20 de febrero a las 14, fecha en la que debía formalizarse la respuesta gremial. Con el rechazo de UDAP, la negociación ingresa ahora en una fase decisiva.

Desde el Gobierno habían destacado que San Juan fue una de las primeras provincias en abrir la discusión paritaria docente, en un intento por anticipar el conflicto antes del inicio del ciclo lectivo.

Impacto en el inicio de clases

La huelga ratificada para el 2 de marzo coincide con el comienzo formal del ciclo lectivo en las escuelas primarias de la provincia. De confirmarse la medida, es posible que se realicen los actos de apertura, pero que los docentes adheridos no dicten clases durante esa jornada.

El escenario abre interrogantes sobre la continuidad del conflicto si no se alcanza un acuerdo antes del inicio efectivo de las actividades. En un momento de fuerte presión inflacionaria y pérdida del poder adquisitivo, el salario docente vuelve a convertirse en eje de tensión política y social.