Una encuesta nacional de Equipo Mide reveló que el 73% de los argentinos cree que probablemente o seguramente no podrá afrontar sus deudas, cuotas y gastos durante los próximos tres meses. Además, el 53% debió endeudarse recientemente para cubrir necesidades cotidianas.

La preocupación por la capacidad de pago dejó de limitarse al presente y comenzó a proyectarse sobre los próximos meses. El 73% de los argentinos considera que probablemente o seguramente no podrá afrontar sus deudas, cuotas y gastos cotidianos durante el próximo trimestre, según una encuesta nacional de Equipo Mide correspondiente a agosto de 2026.

El relevamiento muestra que el 46% responde que “probablemente no” podrá cumplir con sus compromisos, mientras que otro 27% afirma que “seguro que no”. El resultado expone una elevada percepción de fragilidad financiera entre los hogares.

La incertidumbre golpea a todos los niveles socioeconómicos. En la clase media alcanza al 76%, el registro más elevado: 52% cree que probablemente no podrá pagar y 24% considera que directamente no podrá hacerlo. Entre los hogares de menores ingresos, la preocupación llega al 71%, aunque allí aparece la proporción más alta de respuestas extremas: 30% asegura que no podrá cumplir con sus obligaciones.

Incluso entre los sectores de mayores ingresos el pesimismo alcanza al 70%. La distribución de las respuestas muestra, así, que la dificultad para sostener las finanzas familiares no queda circunscripta a un único estrato.

La mayor preocupación está en el AMBA

El mapa geográfico muestra que el pesimismo financiero tiene sus niveles más altos en el Área Metropolitana de Buenos Aires. CABA registra el mayor porcentaje de respuestas negativas, con un 79%. Allí, el 49% considera que probablemente no podrá cumplir con sus compromisos y un 30% directamente asegura que no podrá hacerlo.

En la provincia de Buenos Aires, la preocupación llega al 77%. El 41% se ubica en la categoría «probablemente no», mientras que el 36% responde «seguro que no», el porcentaje más alto registrado entre las distintas regiones del país.

El resto del mapa también presenta niveles elevados de incertidumbre. En el NOA, el 72% tiene expectativas negativas; en Cuyo, el 71%; en el NEA, el 68%; en Patagonia, el 67%; y en la región Centro, el 65%. De esta manera, aunque existen diferencias regionales, en ningún distrito la preocupación por la capacidad de pago futuro baja del 65%.

La deuda ya se utiliza para comprar alimentos

El temor futuro tiene un antecedente inmediato. El 53% de los encuestados aseguró haberse endeudado durante los tres meses anteriores mediante préstamos, tarjetas de crédito o dinero prestado.

El destino de esos recursos revela el grado de presión sobre los ingresos. Entre quienes recurrieron al endeudamiento, el 39% utilizó el dinero para comprar alimentos y otro 18% para pagar servicios esenciales, como electricidad, gas o telefonía.

El documento también registró una demanda mayoritaria de intervención pública. El 67% considera que el Gobierno debería adoptar medidas para asistir a las familias que no consiguen afrontar sus deudas. La posición incluso reúne al 53% de quienes votaron por Milei en 2023.

En contraste, apenas el 21% entiende que las obligaciones financieras de los hogares deben resolverse exclusivamente entre particulares, sin intervención estatal.

La información estadística evidencia un deterioro en la estabilidad económica de los hogares. Se observa un recurso sistemático al crédito para el consumo de primera necesidad, sumado a una percepción mayoritaria de riesgo de impago a corto plazo.

El diputado nacional presentó una iniciativa que crea un régimen voluntario para personas humanas, microempresas y pequeñas empresas con hasta cinco empleados. Propone un pago mensual unificado, trámites digitales y beneficios para quienes incorporen a su primer trabajador.

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto presentó un proyecto de ley para crear un Régimen Simplificado de Registración Laboral y Seguridad Social destinado a empleadores que tengan hasta cinco trabajadores. La propuesta apunta a reducir las cargas administrativas y facilitar la incorporación de empleados al sistema formal.

El mecanismo sería voluntario y establecería una contribución mensual unificada por cada trabajador, destinada a cubrir aportes jubilatorios, obra social, asignaciones familiares, Fondo Nacional de Empleo y riesgos del trabajo. Los montos serían determinados por ARCA mediante escalas vinculadas con la remuneración.

La iniciativa también contempla una plataforma digital gratuita que permitiría realizar altas y bajas, liquidar salarios, calcular obligaciones y emitir certificaciones de servicios y remuneraciones mediante clave fiscal.

Uno de los puntos centrales es un régimen especial para regularizar trabajadores no registrados o deficientemente registrados. Los empleadores con hasta cinco personas en esa condición que adhieran durante los primeros seis meses de vigencia podrían acceder a la condonación de multas, sanciones y parte de las deudas previsionales, además de la baja del REPSAL, siempre que regularicen a todo su personal.

El proyecto incorpora, además, un incentivo para la contratación del primer empleado. El beneficio establece una reducción del 75% de la contribución unificada durante los primeros seis meses y del 50% durante el semestre siguiente, siempre que el empleador no haya tenido personal registrado durante el año anterior.

Para impedir el uso abusivo del régimen, la propuesta excluye a quienes fragmenten artificialmente sus empresas o actividades para permanecer dentro del límite de cinco trabajadores. Si el empleador supera esa cantidad, quedaría automáticamente fuera del sistema simplificado.

En los fundamentos, Pichetto sostiene que la informalidad continúa siendo uno de los principales problemas del mercado laboral argentino y que las mayores dificultades se concentran en pequeñas unidades productivas, que afrontan procedimientos administrativos similares a los de compañías de mayor tamaño.

El legislador asegura que su iniciativa no modifica derechos laborales ni prestaciones de la seguridad social, sino que procura simplificar la registración y ampliar la cantidad de trabajadores incorporados formalmente al sistema. La propuesta deberá ahora iniciar su recorrido parlamentario y ser debatida en las comisiones correspondientes.

La CGT y las dos CTA abandonaron la reunión del Consejo del Salario luego de rechazar una propuesta empresaria que contemplaba aumentos inferiores al 2% mensual. El piso legal permanece en $376.600 y acumula una pérdida real del 40,5% desde noviembre de 2023.

La reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil terminó este viernes sin consenso. Los representantes de la CGT y las dos CTA se retiraron en rechazo a la propuesta presentada por las cámaras empresarias, que contemplaba incrementos inferiores al 2% mensual para los próximos meses.

El salario mínimo permanece actualmente en $376.600 para los trabajadores mensualizados y no registra una actualización desde agosto. El monto funciona como piso legal para quienes no están comprendidos por convenios colectivos y también interviene en la determinación de la prestación por desempleo.

La discusión sindical estuvo acentuada por el deterioro acumulado del poder adquisitivo. Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA (IIEP-UBA) calculó que el salario mínimo perdió 40,5% de su valor real entre noviembre de 2023 y julio de 2026. Solo durante julio retrocedió otro 0,8% frente a la inflación.

El estudio también ubicó el poder de compra del mínimo por debajo del nivel registrado en 2001, lo que dimensiona la magnitud del deterioro acumulado durante los últimos años.

La negociación tiene además una particularidad: el Gobierno impulsa que los salarios iniciales de determinados convenios colectivos alcancen al menos $1 millón, pero esa discusión no reemplaza la obligación de actualizar el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La falta de acuerdo deja ahora en manos del Gobierno la continuidad del procedimiento para establecer un nuevo valor. Hasta que exista una definición oficial, el piso legal continuará en $376.600, pese a la pérdida de poder adquisitivo acumulada.