El Congreso Nacional del Partido Justicialista reunió en Buenos Aires a gobernadores, legisladores e intendentes de todo el país en una cumbre atravesada por el respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, las críticas al gobierno de Javier Milei y la creciente disputa por la conducción política del peronismo de cara al próximo ciclo electoral.

La sede histórica de la calle Matheu volvió a convertirse en el termómetro de las tensiones y reacomodamientos del peronismo. Allí, el Congreso Nacional del Partido Justicialista reunió este martes a dirigentes de distintas provincias en un encuentro que excedió ampliamente el tratamiento administrativo previsto en la convocatoria formal y terminó funcionando como una radiografía anticipada de la disputa opositora rumbo a 2027.

El órgano partidario, presidido por el gobernador formoseño Gildo Insfrán, sesionó bajo un clima atravesado por tres ejes centrales: la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, la estrategia frente a la administración libertaria y la discusión interna sobre quién conducirá el proceso de reconstrucción política del justicialismo tras la derrota electoral.

La figura de la exmandataria dominó buena parte de las intervenciones. Dirigentes de distintas líneas internas coincidieron en cuestionar su situación judicial y denunciaron un proceso de proscripción política, en un intento por sostener la centralidad de la actual titular del partido dentro del armado opositor.

Uno de los primeros en llegar fue el senador José Mayans, vicepresidente del PJ, quien vinculó la condena en la causa Vialidad con un uso selectivo de la Justicia y buscó reforzar el liderazgo político de Cristina Kirchner dentro del espacio. “Podría haber ganado el año pasado si no la proscribían”, sostuvo al ingresar al encuentro.

También participaron el dirigente porteño Juan Manuel Olmos, el diputado Eduardo Valdés, el intendente de Merlo Gustavo Menéndez y el senador Oscar Parrilli, uno de los referentes más cercanos a la expresidenta, quien elevó el tono político del debate al advertir sobre una “democracia inconclusa” si la exjefa de Estado permanece fuera de competencia electoral.

Detrás del respaldo institucional a Cristina Kirchner comenzó a asomar, sin embargo, una discusión más profunda y menos explícita: la puja por el liderazgo opositor en el nuevo ciclo político.

La reunión dejó expuesta la ascendente gravitación del gobernador bonaerense Axel Kicillof, señalado dentro del peronismo como uno de los dirigentes con mayor proyección hacia 2027. Su posicionamiento genera resistencias y, al mismo tiempo, acelera movimientos internos tanto del kirchnerismo duro como de sectores que buscan una reorganización más federal del espacio.

En esa discusión también comenzó a ganar volumen el senador sanjuanino Sergio Uñac, quien impulsa un esquema de competencia interna más abierto y anticipado para la definición de candidaturas presidenciales. Cerca del exgobernador sostienen que el peronismo necesita abandonar la lógica excesivamente centralizada en el Área Metropolitana de Buenos Aires y reconstruir un armado con mayor representación territorial.

La presión entre el kicillofismo y sectores alineados con La Cámpora también atravesó la cumbre partidaria. En los días previos aparecieron afiches con la consigna “Axel o Milei” en distintos puntos del conurbano bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires, una movida interpretada dentro del PJ como un intento de instalar al mandatario provincial como principal referencia opositora frente al oficialismo libertario.

La iniciativa, promovida por la agrupación política vinculada al ministro bonaerense Andrés Larroque, reactivó el malestar entre sectores kirchneristas que reclaman una defensa más contundente de Cristina Kirchner por parte del gobernador.

Ese trasfondo volvió a emerger durante el Congreso partidario, donde varios dirigentes admitieron que la discusión ya no se limita al funcionamiento interno del PJ, sino que gira alrededor de quién encabezará la reconstrucción política y electoral del espacio frente al avance de La Libertad Avanza.

En se sentido a la disputa por el liderazgo nacional, el Congreso también abordó la situación institucional de distintos distritos intervenidos por la conducción partidaria. Uno de los focos estuvo puesto sobre los PJ de Jujuy y Salta, atravesados por conflictos internos y procesos de reorganización.

Horas antes del encuentro se conoció una resolución de la jueza electoral María Servini, quien desplazó a los interventores designados en Salta por la conducción nacional y nombró en su lugar a José Luis Napoleón Gambetta, en medio del cronograma de normalización partidaria previsto para octubre.

La situación de San Luis también ocupó parte del debate. Dirigentes puntanos reclamaron avanzar hacia una reorganización urgente del partido y denunciaron una “acefalía funcional” en la conducción local. Entre las propuestas elevadas al Congreso figuraron la convocatoria a elecciones internas y la conformación de una conducción transitoria con representación territorial.

Aunque el planteo no fue incorporado formalmente al temario principal, dejó en evidencia las dificultades del PJ para ordenar su estructura interna en varias provincias y sintetizar posiciones entre gobernadores, intendentes, sindicatos y organizaciones políticas.

Más allá de las resoluciones administrativas y contables aprobadas durante la jornada, el encuentro dejó una señal política concreta: el peronismo comenzó a acelerar su proceso de reordenamiento frente al oficialismo, pero todavía sin una síntesis clara sobre liderazgo, estrategia y proyecto electoral.

La discusión interna ya no aparece limitada únicamente a la defensa de Cristina Kirchner ni a la crítica al gobierno de Javier Milei. Lo que empezó a definirse en Matheu es la disputa por la conducción de la oposición en la etapa posterior al kirchnerismo, una pulseada que promete profundizarse a medida que el calendario electoral de 2027 comience a acercarse.

Los salarios registrados volvieron a perder frente a la inflación en marzo y acumularon siete meses consecutivos de deterioro real. Mientras el sector público mostró una leve recuperación mensual impulsada por aumentos estatales, los trabajadores privados continuaron perdiendo capacidad de compra en un escenario atravesado por recesión, caída del consumo y estancamiento del empleo formal.

El deterioro de los ingresos volvió a quedar expuesto en los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. En marzo, los salarios registrados crecieron apenas 3% nominal frente a una inflación mensual del 3,4%, consolidando así una nueva pérdida del poder adquisitivo y extendiendo a siete meses consecutivos la caída real de los haberes.

El desgaste progresivo desde el último cuatrimestre de 2025 alcanzó el 4,67%, aunque el impacto fue dispar entre sectores. El empleo privado formal volvió a mostrar el cuadro más delicado: los salarios avanzaron apenas 2,1% en marzo y registraron una caída real del 1,28% en el mes. De esta manera, los trabajadores privados acumulan un retroceso del 4,8% en su capacidad de compra durante los últimos siete meses.

En contraste, el sector público logró una mejora parcial impulsada por aumentos salariales superiores a la inflación. Los haberes estatales crecieron 5% nominal en marzo y consiguieron una recuperación real del 1,61%. Sin embargo, esa mejora mensual no alcanza para revertir el deterioro acumulado: los trabajadores públicos todavía arrastran una pérdida del 4,39% en términos reales en el mismo período.

Dentro de la estructura estatal, los mayores incrementos provinieron de la administración nacional, donde los salarios aumentaron 5,8%, mientras que en las provincias la suba fue del 4,7%. Aun así, el balance desde la llegada de Javier Milei continúa siendo marcadamente negativo para el empleo público.

Según las cifras oficiales, los sueldos estatales acumulan una caída real del 17,03% desde diciembre de 2023. El impacto es todavía más severo entre los trabajadores nacionales, cuyos ingresos sufrieron una pérdida del 35,8%, mientras que en las administraciones provinciales el retroceso alcanza el 9,2%.

El entorno del sector privado tampoco muestra señales sólidas de recuperación. Aunque la caída acumulada desde el inicio de la actual gestión es menor que la del sector público, el deterioro se aceleró durante los últimos siete meses, en paralelo con el freno de la actividad económica y el debilitamiento del mercado interno.

“El estancamiento en los ámbitos ligados a la demanda interna, donde se concentra buena parte del empleo formal, combinado con una inflación todavía elevada, explica la continuidad de la caída del salario real privado”, advirtió Santiago Casas al analizar los datos.

La pérdida de ingresos aparece además acompañada por un proceso de contracción productiva. Desde la asunción de Javier Milei desaparecieron 24.437 empresas empleadoras, equivalente al 4,8% del total de unidades productivas registradas en el país. La dinámica laboral refleja esa desaceleración: en febrero el empleo privado formal generó apenas 965 puestos nuevos, una suba marginal del 0,02%.

El trabajo en casas particulares incorporó 1.651 empleos, mientras que el único crecimiento significativo provino del sector público, que sumó 8.336 trabajadores asalariados en el mismo período.

En medio del deterioro generalizado, las negociaciones paritarias de abril abrieron una expectativa moderada de alivio. Según la consultora Synopsis, los acuerdos salariales promediaron subas del 2,5%, una cifra alineada con la inflación proyectada para ese mes, estimada en torno al 2,6%.

De sostenerse esa tendencia, podría interrumpirse la secuencia de siete meses consecutivos de caída salarial frente al índice de precios, aunque todavía sin una recuperación consistente del poder adquisitivo.

Desde la consultora señalaron además que la flexibilización de la pauta oficial permitió un salto en el promedio anualizado de las paritarias, que alcanzó el 38,8%, el nivel más elevado desde 2024 y unos diez puntos por encima del promedio registrado durante 2025.

Sin embargo, las proyecciones para el resto de 2026 continúan atravesadas por la cautela. La consultora ACM estimó una eventual recuperación gradual del salario real cercana al 0,5%, aunque advirtió que el proceso dependerá de la consolidación de la actividad económica y de una desaceleración inflacionaria sostenida.

El informe alertó además sobre los riesgos de una recuperación desigual entre sectores, especialmente en ramas intensivas en empleo, donde las empresas todavía enfrentan dificultades para recomponer márgenes y sostener aumentos salariales por encima de la inflación.

A esa incertidumbre se suma la posibilidad de presiones cambiarias o un traslado más acelerado de precios, factores que podrían volver a deteriorar los ingresos reales incluso en presencia de acuerdos paritarios más elevados.

El economista Nadin Argañaraz realizó además un ejercicio de arrastre estadístico que deja al descubierto la fragilidad del panorama actual: si los salarios reales de marzo se mantuvieran sin cambios durante el resto del año, los empleados privados cerrarían 2026 con una pérdida del 3,9%, mientras que los trabajadores públicos nacionales sufrirían una caída del 5,2%.

La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud anunció una jornada federal de protesta para este miércoles, con paro y movilizaciones en todo el país. Denuncian recortes millonarios, faltantes de medicamentos, debilitamiento de programas esenciales y un retroceso creciente en el acceso a la atención sanitaria.

La conflictividad en el sistema sanitario nacional sumará este miércoles 20 de mayo un nuevo episodio de fuerte voltaje político y social. Gremios, profesionales y organizaciones vinculadas a la salud pública realizarán una jornada federal de lucha para denunciar el impacto del ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei sobre hospitales, programas de asistencia, cobertura de medicamentos y políticas de prevención.

La protesta fue convocada por la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud bajo la consigna “La salud no puede esperar” e incluirá un paro nacional, movilizaciones en distintas provincias y una marcha central hacia Plaza de Mayo. La concentración comenzará a las 13 frente al Ministerio de Salud de la Nación, desde donde las columnas avanzarán hacia la Casa Rosada.

Desde el sector sanitario advierten que el deterioro dejó de percibirse únicamente en términos administrativos o presupuestarios y ya empieza a expresarse de manera directa en la atención cotidiana. La reducción de partidas para medicamentos, la discontinuidad de programas y las dificultades para sostener prestaciones básicas configuran un cuadro que sindicatos y entidades médicas describen como “crítico”.

Durante la presentación de la medida de fuerza, referentes de FESINTRAS denunciaron que el Gobierno “avanza en la destrucción de la salud como derecho” mediante recortes que afectan áreas sensibles del sistema público. Entre las principales objeciones aparecen la reducción en la entrega de vacunas, el debilitamiento del PAMI, el ajuste sobre programas nacionales y las limitaciones crecientes para acceder a tratamientos de alto costo.

Uno de los puntos más cuestionados es la situación del programa Remediar, históricamente destinado a garantizar medicamentos esenciales en centros de atención primaria. Desde el Foro por el Derecho a la Salud alertaron sobre el desfinanciamiento y la interrupción de herramientas que permitían sostener cobertura gratuita para miles de pacientes en todo el país.

La protesta también buscará mostrar el impacto del recorte presupuestario aplicado sobre el área sanitaria. Según denunciaron las organizaciones gremiales, el Gobierno redujo en 63 mil millones de pesos las partidas destinadas al sistema de salud, con un fuerte impacto sobre programas de acceso a medicamentos e insumos médicos. Parte de esos recursos financiaban el Banco de Drogas Oncológicas, la asistencia a pacientes trasplantados y la provisión de tratamientos otorgados por vía judicial.

Lejos de tratarse de un recorte aislado, los trabajadores sostienen que la poda presupuestaria se profundizó a lo largo de los últimos meses. De acuerdo con datos oficiales citados por las entidades sindicales, el Ministerio de Salud acumula una reducción superior a los 741 mil millones de pesos respecto de las partidas originalmente previstas para 2026.

El malestar también alcanza a otros segmentos sensibles del sistema sanitario. Las organizaciones denunciaron el “desguace” del Programa Nacional de Inmunizaciones, las restricciones en políticas de salud mental, los problemas de financiamiento en discapacidad y las deudas acumuladas con prestadores y profesionales.

En este sentido, el conflicto vuelve a exponer una preocupación que crece dentro del sector: la sobrecarga sobre hospitales públicos ante la pérdida de cobertura de miles de familias. Según advirtieron desde el Foro por el Derecho a la Salud, cada vez más pacientes dependen exclusivamente del sistema estatal mientras se reducen recursos, personal e infraestructura.

“El ajuste empieza a sentirse en cada hospital, en cada centro de salud y en cada paciente que no puede acceder a su tratamiento”, sostuvo Manuel Fonseca, uno de los referentes de la organización convocante, al advertir sobre el impacto social de las medidas económicas aplicadas sobre el área sanitaria.

La jornada de protesta de este miércoles buscará además instalar el debate sanitario en el centro de la discusión pública en un presente de fuerte presión sobre el gasto estatal. Mientras el Gobierno defiende el recorte como parte de su programa de equilibrio fiscal, gremios y profesionales sostienen que el deterioro de la salud pública ya atraviesa un límite delicado y amenaza con profundizar desigualdades en el acceso a la atención médica en todo el país.