La administración de Javier Milei impulsa una reforma electoral que tiene como prioridad suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias para los próximos comicios presidenciales. La iniciativa combina negociaciones con gobernadores, incentivos para fortalecer acuerdos territoriales y una estrategia destinada a modificar la dinámica de competencia de los principales espacios políticos, en especial de un peronismo que atraviesa uno de sus períodos de mayor fragmentación desde el regreso de la democracia.

Superado el impacto político provocado por la reciente reconfiguración del Gabinete, la Casa Rosada concentra ahora buena parte de su capital político en un objetivo de largo alcance: construir las condiciones institucionales y electorales para sostener el proyecto libertario más allá del actual mandato presidencial.

Dentro de esa arquitectura ocupa un lugar central la reforma del sistema electoral. El oficialismo considera que el esquema vigente de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias dejó de cumplir los objetivos para los cuales fue concebido y sostiene que su continuidad representa un elevado costo económico y una carga innecesaria para el electorado. Sin embargo, detrás de esa argumentación administrativa también aparece una lectura estrictamente política sobre la forma en que competirán las principales fuerzas nacionales en 2027.

En el entorno presidencial reconocen que la eliminación definitiva de las PASO carece hoy del respaldo parlamentario suficiente. Esa limitación llevó al Gobierno a modificar su estrategia y concentrarse en una alternativa considerada políticamente viable: suspender el mecanismo para las próximas elecciones nacionales, dejando abierta la posibilidad de discutir una reforma permanente en el futuro.

La diferencia no resulta menor. Mientras la derogación definitiva implicaría modificar de manera estructural el sistema de selección de candidaturas, la suspensión ofrece una salida legislativa con mayores posibilidades de reunir consensos entre bloques que mantienen posiciones divergentes respecto del régimen electoral.

El oficialismo interpreta que esa alternativa puede obtener respaldo tanto en el Senado como posteriormente en la Cámara de Diputados. En esa construcción adquieren protagonismo los gobernadores, convertidos una vez más en actores decisivos para cualquier reforma de alcance institucional.

Las conversaciones entre la Casa Rosada y varios mandatarios provinciales giran alrededor de un esquema que permitiría articular acuerdos electorales sin afectar las identidades locales. Según distintas fuentes políticas, una de las herramientas analizadas contempla mecanismos similares a las tradicionales listas colectoras, una ingeniería que facilitaría acompañamientos provinciales a la candidatura presidencial libertaria preservando las estrategias territoriales de cada distrito.

La negociación excede el debate sobre las PASO. También incorpora la discusión presupuestaria, un aspecto que otorga a los mandatarios provinciales un margen adicional de influencia durante el tratamiento parlamentario de la reforma.

En la conducción libertaria consideran que la modificación del sistema de primarias alteraría significativamente la dinámica opositora, particularmente dentro del peronismo, donde conviven múltiples liderazgos sin una conducción nacional consolidada. La ausencia de una instancia obligatoria para ordenar candidaturas podría trasladar las disputas internas al armado de listas, profundizando las tensiones entre gobernadores, intendentes, dirigentes sindicales y referentes nacionales.

No obstante, esa lectura no es compartida por todos los sectores políticos. Dentro del PRO persisten diferencias sobre la conveniencia de avanzar con una suspensión de las primarias. Algunos dirigentes sostienen que el mecanismo continúa siendo una herramienta útil para legitimar liderazgos, promover la renovación partidaria y evitar que las candidaturas queden exclusivamente sujetas a acuerdos entre las conducciones políticas.

Esa posición fue sintetizada por el diputado nacional Cristian Ritondo, quien admitió que existen fundamentos atendibles tanto para revisar el funcionamiento actual del sistema como para preservar un instrumento que permitió ordenar la competencia interna de las principales fuerzas durante la última década. Como alternativa, propuso analizar un modelo de primarias voluntarias que otorgue a cada partido la posibilidad de decidir si recurre o no a ese mecanismo para seleccionar a sus candidatos.

La discusión, en consecuencia, trasciende el calendario electoral. Lo que comienza a debatirse es el modelo de competencia política que regirá durante los próximos años y la forma en que los partidos construirán sus liderazgos en una etapa marcada por la fragmentación del sistema político y el debilitamiento de las estructuras tradicionales.

Para el oficialismo, la suspensión de las PASO constituye una pieza relevante dentro de un plan orientado a consolidar el liderazgo presidencial y ampliar su base de sustentación territorial mediante acuerdos con gobernadores y sectores provinciales. Para la oposición, en cambio, la iniciativa abre interrogantes sobre el equilibrio institucional y las reglas que ordenan la competencia democrática.

Con el tratamiento parlamentario previsto para los próximos meses, la discusión electoral comienza a convertirse en un pilar fundamental de la administración nacional. Lo que finalmente resuelva el Congreso no solo definirá cómo se elegirán los candidatos en 2027: también condicionará la configuración de alianzas, el reparto del poder territorial y el escenario sobre el cual se librará la próxima disputa por la Presidencia de la Nación.

La organización que representa a los trabajadores de la economía popular sostuvo que una resolución judicial obliga al Gobierno nacional a mantener vigente el programa Volver al Trabajo durante julio. Mientras el Ministerio de Capital Humano todavía no oficializó la continuidad del beneficio, la UTEP atribuyó el resultado a la presión sindical y volvió a reclamar una actualización del monto, congelado en $78.000.

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) aseguró que los más de 900.000 beneficiarios del programa Volver al Trabajo percibirán la prestación correspondiente a julio y sostuvo que la continuidad del esquema responde a una resolución judicial que impidió su interrupción.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la organización afirmó que el Ministerio de Capital Humano había apelado la decisión con el objetivo de dejar sin efecto el pago, aunque la medida judicial obligaría a mantener vigente el programa, al menos durante un mes más.

«Producto de la lucha de la economía popular, el Gobierno deberá pagar el Volver al Trabajo al menos un mes más», expresó la UTEP. En el mismo mensaje, la organización buscó capitalizar políticamente el resultado del litigio y dejó planteado el próximo objetivo de su estrategia sindical: «¡Luchar sirve, vamos por el aumento!».

El pronunciamiento se inscribe en un conflicto que enfrenta desde hace meses a las organizaciones sociales con la administración nacional por el futuro de las políticas destinadas a los sectores de menores ingresos. La continuidad del programa constituye uno de los principales reclamos de las entidades que representan a los trabajadores de la economía popular, en una coyuntura marcada por el deterioro del ingreso real y la falta de actualización en los programas de asistencia.

Hasta el momento, el Ministerio de Capital Humano no difundió una comunicación oficial que ratifique la continuidad del pago correspondiente a julio ni confirmó el alcance de la resolución judicial mencionada por la UTEP. Esa ausencia de precisiones mantiene la incertidumbre entre los titulares del programa, que aguardan la publicación del cronograma oficial de acreditaciones.

De concretarse el pago, los beneficiarios percibirán nuevamente $78.000, ya que el Gobierno no anunció incrementos para el programa. Precisamente, el congelamiento del monto constituye hoy uno de los principales cuestionamientos de la UTEP, que considera insuficiente la asistencia frente al deterioro del costo de vida.

Aunque el calendario de pagos aún no fue oficializado, las estimaciones indican que la acreditación podría realizarse alrededor del 5 de julio, siguiendo el esquema aplicado durante los últimos meses. No obstante, la fecha definitiva dependerá de la confirmación que emita el Ministerio de Capital Humano.

La negociación entre la Federación Argentina de Trabajadores de la Seguridad Privada (FATRASEP) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI) llegó a una fase de ruptura. La organización sindical denunció que el sector empresario se negó a formalizar un entendimiento alcanzado durante las conversaciones paritarias y anunció un plan de acción con asambleas, protestas y quites de colaboración en distintos puntos del país.

La discusión salarial de los vigiladores privados quedó envuelta en un escenario de fuerte incertidumbre luego de que las negociaciones entre FATRASEP y la CAESI se interrumpieran sin la firma del acuerdo que, según la representación gremial, había sido consensuado verbalmente para recomponer los ingresos durante el segundo semestre de 2026.

Desde la federación sostienen que el entendimiento contemplaba elevar el salario conformado del Vigilador General a $2.000.050, cifra destinada a recuperar parte del deterioro sufrido por los ingresos del sector frente al avance del costo de vida. Sin embargo, aseguran que la representación empresaria desistió posteriormente de formalizar ese compromiso, reabriendo un conflicto que amenaza con extenderse a escala nacional.

Las conversaciones fueron encabezadas por el secretario general de FATRASEP, Julio Gutiérrez, acompañado por el secretario adjunto Gustavo Pedrocca, el secretario de Organización Jorge Rojas y el responsable de Asuntos Gremiales Leandro Nazarre, quienes participaron de las reuniones mantenidas con autoridades de la cámara empresaria.

De acuerdo con la versión sindical, la CAESI condicionó cualquier definición salarial a la apertura de una negociación sobre un nuevo convenio colectivo de trabajo. FATRASEP rechazó ese planteo al sostener que el convenio vigente conserva plena validez hasta el 31 de diciembre y que la actualización de los salarios debe resolverse dentro de ese marco convencional, sin incorporar modificaciones sobre derechos ya reconocidos.

La cámara empresaria es presidida por Fernando Pesce, de Watchman Seguridad SA, acompañado por Eduardo Mirayes (Prosegur SA) como vicepresidente; Sebastián Cruzado (Green Armor SA) como secretario; Fernando Rossotti (Entheus SRL) como prosecretario; y Claudio Rodríguez (Seguvip Argentina SA) en la tesorería.

Un reclamo que excede la actualización salarial

Para FATRASEP, la controversia ya no se limita al porcentaje de incremento. La federación sostiene que las propuestas presentadas por las empresas no sólo resultan insuficientes para recomponer el poder adquisitivo, sino que además pretenden vincular la discusión económica con modificaciones convencionales que afectarían condiciones laborales consolidadas.

Ese diagnóstico llevó a la conducción nacional a ratificar el estado de alerta y movilización permanente declarado el 29 de junio. En el comunicado difundido entonces, la organización acusó a la representación empresaria de evitar una propuesta que permita alcanzar una remuneración acorde con la realidad económica y reiteró que el objetivo continúa siendo superar el umbral de los $2 millones para el salario conformado del Vigilador General.

Comienza un plan de acción en todo el país

Frente a la falta de avances, FATRASEP resolvió poner en marcha un esquema progresivo de medidas gremiales que incluirá asambleas informativas en los lugares de trabajo, movilizaciones, quites de colaboración y tareas pasivas en empresas cuyos directivos integran la conducción de la CAESI.

Las primeras acciones alcanzarán establecimientos donde prestan servicios compañías como G4S, Prosegur, Watchman, Segar, Securion y Entheus, aunque la federación anticipó que el plan podrá extenderse a otras firmas mediante la participación de los sindicatos adheridos en las distintas provincias.

En este aspecto, la entidad confirmó que impulsará una presentación formal ante la Secretaría de Trabajo para denunciar la negativa empresarial a concluir la negociación colectiva en los términos planteados por la organización sindical.

El antecedente que profundiza la disputa

La actual confrontación contrasta con el entendimiento alcanzado a fines de 2025, cuando FATRASEP y la CAESI suscribieron la paritaria correspondiente al primer semestre de 2026. Aquel acuerdo permitió elevar el salario conformado del Vigilador General hasta $1.644.650 en junio y posteriormente fue replicado por la UPSRA dentro del Convenio Colectivo de Trabajo 507/07.

Precisamente ese antecedente es utilizado por la federación para sostener que existían condiciones para alcanzar un nuevo consenso y que la falta de formalización del compromiso verbal representa un cambio de postura por parte del sector empresario.