Trabajadores de la Alimentación obtuvieron una suba salarial
El Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) y la cámara empresaria de la actividad convinieron ayer en el Ministerio de Trabajo un aumento salarial trimestral del 34%, informaron fuentes gremiales y oficiales.
El acuerdo de recomposición fue firmado en el contexto de la revisión de las negociaciones paritarias de forma oportuna acordada, por lo que los trabajadores de la actividad percibirán un 34% de mejora entre agosto y octubre.
De esa forma, el personal nucleado en la organización sindical que conduce Rodolfo Daer cobrará un aumento salarial del 11% este mes, otro 11 en septiembre y 12% en octubre próximo sobre la base de los haberes vigentes en abril último, informó oficialmente un comunicado de la cartera laboral.
Los tramos de recomposición para el trimestre acordados hoy en la cartera laboral que encabeza la ministra Raquel Olmos se incorporarán al salario en noviembre.
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Turismo en modo ajuste: estadías cortas y gasto moderado durante el feriado largo
Aunque más de un millón de personas se movilizaron en todo el país, el consumo limitado y las estadías breves definieron un fin de semana largo de bajo impacto relativo. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa advirtió sobre un cambio en los hábitos turísticos, atravesado por la pérdida de poder adquisitivo.
El último fin de semana largo dejó un balance ambivalente para el sector turístico. De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, se movilizaron 1.012.000 personas en todo el país, generando un impacto económico estimado en $231.084 millones. Sin embargo, la entidad calificó el período como de “baja intensidad”, al considerar que el nivel de gasto y la duración de las estadías no estuvieron a la altura de un feriado extendido.
El informe detalla que el gasto se concentró principalmente en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras generales. Aun así, el desembolso promedio diario por turista se ubicó en $103.793, lo que representa una caída del 7% en comparación con el feriado de Carnaval de este año y una baja del 1,6% frente al mismo período del año anterior, medido a precios constantes.
En términos de movimiento, la comparación interanual muestra un crecimiento significativo del 48,8% en la cantidad de viajeros respecto a 2025. No obstante, desde la entidad explicaron que este incremento responde en gran medida a la extensión del calendario y a una mayor predisposición a viajar, aunque bajo modalidades más acotadas y de menor duración.
Uno de los datos más relevantes del informe es la reducción en el tiempo de permanencia. La estadía promedio fue de apenas 2,2 noches, una cifra baja para un fin de semana de cuatro días. Este comportamiento se explica, en parte, por el encarecimiento de los combustibles —un factor clave en la decisión de viajar— y por la particularidad del calendario: el lunes fue considerado jornada no laborable y no feriado, lo que limitó la extensión real del descanso para muchos trabajadores.
En este aspecto consolidó un cambio en el perfil del turista argentino. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, predominó un viajero más austero, que priorizó actividades culturales gratuitas o de bajo costo por sobre propuestas comerciales. La tendencia refleja una adaptación del consumo turístico a las restricciones económicas actuales.
En simultaneo, se observó una mayor presencia de turistas internacionales en centros urbanos y destinos consolidados, lo que aportó cierto dinamismo en un marco donde el turismo interno continúa mostrando señales de fragilidad.
El fin de semana largo dejó en evidencia una paradoja: más movimiento, pero menor intensidad económica. La combinación de inflación, pérdida de poder adquisitivo y costos elevados —especialmente en transporte— redefine los hábitos de viaje y obliga al sector turístico a adaptarse a un nuevo escenario, donde el volumen ya no garantiza rentabilidad.
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Endeudarse para comer: más de la mitad de los hogares recurre al crédito para subsistir
Un informe privado revela que el 56,4% de los hogares argentinos se endeudó en los últimos seis meses para cubrir gastos básicos. La mayoría no logra llegar a fin de mes y crece la desconfianza en los datos oficiales de inflación, en un presente donde el crédito dejó de ser una herramienta de progreso para convertirse en un mecanismo de supervivencia.
La economía doméstica atraviesa una transformación silenciosa pero profunda: el endeudamiento dejó de ser una decisión estratégica para convertirse en una respuesta desesperada frente a la pérdida del poder adquisitivo. Según el último relevamiento del Monitor de Opinión Pública (MOP) de la consultora Zentrix, el 56,4% de los hogares recurrió al crédito en los últimos seis meses, principalmente para afrontar gastos esenciales como alimentos, servicios, alquileres y pagos de tarjetas.
Lejos de destinarse a inversiones o mejoras patrimoniales, el financiamiento aparece hoy orientado a cubrir necesidades inmediatas. La lógica del crédito mutó: ya no impulsa crecimiento, sino que amortigua la caída. Esta dinámica evidencia una economía de subsistencia donde el ingreso mensual resulta insuficiente para sostener el consumo básico.
El deterioro se profundiza al observar la capacidad de repago. Dentro del universo de hogares endeudados, casi nueve de cada diez ya enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones. Se configura así un círculo vicioso en el que la deuda no resuelve la urgencia, sino que la posterga, agravando la fragilidad financiera de las familias.
El informe describe con claridad un proceso en cuatro etapas que define la actual coyuntura: caída del poder adquisitivo, imposibilidad de sostener el consumo mensual, recurso al endeudamiento para cubrir la brecha y, finalmente, dificultades crecientes para afrontar esas deudas. Esta secuencia no solo refleja un problema económico, sino también un cambio estructural en la forma en que los hogares administran su supervivencia.
En consecuencia, emerge una brecha cada vez más visible entre las estadísticas oficiales y la percepción social. Un 65,8% de los encuestados considera que los datos de inflación difundidos por el INDEC no reflejan el impacto real en los gastos cotidianos. La discusión excede lo técnico: se trata de una crisis de credibilidad que se alimenta de la experiencia diaria de los consumidores.
Cuando el salario pierde poder de compra y más de la mitad de la población no logra llegar al día 20 de cada mes, los indicadores pierden legitimidad social. A ello se suman cuestionamientos sobre la representatividad de las canastas de consumo y sospechas de injerencia política, factores que erosionan aún más la confianza en las estadísticas públicas.
El fenómeno del endeudamiento masivo para cubrir gastos corrientes marca un momento decisivo. La economía argentina muestra signos de una precarización extendida, donde el crédito funciona como un puente cada vez más frágil entre ingresos insuficientes y necesidades básicas.
Impacto político
El deterioro económico comienza a reflejarse en el plano político. La imagen del presidente Javier Milei registra un aumento en la desaprobación, que en marzo alcanzó el 53,3%, con una suba significativa respecto de la medición anterior. En contrapartida, la aprobación descendió al 38,5%.
Estos datos sugieren que el malestar económico empieza a trasladarse al terreno de la evaluación de la gestión. La persistencia de dificultades en la vida cotidiana, especialmente en lo que respecta al poder adquisitivo y la capacidad de llegar a fin de mes, aparece como un factor determinante en la construcción de la opinión pública.
La Argentina actual enfrenta una economía donde el endeudamiento dejó de ser una herramienta de desarrollo para convertirse en un recurso de supervivencia. La combinación de salarios rezagados, consumo restringido y crédito destinado a cubrir lo básico configura un escenario de alta fragilidad social.
Bajo estas circunstancias, el desafío no se limita a estabilizar variables macroeconómicas, sino a recomponer la capacidad real de los ingresos. Sin esa recuperación, la rueda del endeudamiento continuará girando, profundizando una crisis que ya no se mide solo en índices, sino en la vida cotidiana de millones de hogares.
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La Justicia protege a empleados del Garrahan y paraliza procesos disciplinarios
La Justicia resolvió suspender de manera provisoria los sumarios administrativos iniciados contra empleados del Hospital Garrahan, en el marco de una acción judicial promovida por ATE en representación de trabajadores del centro de salud. La medida alcanza, en particular, a delegados y activistas sindicales que —según la presentación del gremio— habrían sido objeto de procesos disciplinarios por su participación en reclamos laborales.
La resolución judicial ordena detener el trámite del expediente 2470/2025 mientras se sustancia el proceso principal, es decir, hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la controversia. De este modo, se evita, al menos de forma transitoria, que avancen eventuales sanciones que podrían incluir suspensiones o despidos.
En su planteo, ATE sostuvo que los sumarios no respondían a faltas administrativas genuinas, sino que constituían una herramienta de persecución sindical. Argumentó que las actuaciones disciplinarias apuntaban a limitar la organización gremial dentro del hospital, afectando derechos protegidos tanto por la legislación laboral como por normas constitucionales.
El tribunal, al hacer lugar a la cautelar, consideró que existían elementos suficientes para presumir un posible perjuicio irreparable si los sumarios continuaban su curso. En ese sentido, priorizó la necesidad de resguardar derechos fundamentales hasta tanto se esclarezca la situación de fondo.
El fallo se inscribe en un sentido más amplio de presiones entre autoridades estatales y organizaciones sindicales, en un escenario donde la conflictividad laboral ha ido en aumento.
La decisión judicial no implica un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad de los sumarios, pero sí establece un límite preventivo frente a posibles abusos en el ejercicio del poder disciplinario.
En términos jurídicos, la medida cautelar actúa como un resguardo ante la eventual afectación de garantías básicas, como la libertad sindical, reconocida en tratados internacionales con jerarquía constitucional. Al mismo tiempo, envía una señal sobre la necesidad de que las sanciones administrativas no se utilicen como mecanismo de disciplinamiento frente a la protesta.
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