Las dos CTA, organizaciones sociales, gremiales, de derechos humanos y ambientalistas se movilizaron hacia Tribunales en rechazo a la decisión de la Corte Suprema que revocó el fallo que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras. También reclamaron al Congreso que rechace el DNU 70/23.

La protesta fue convocada por las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), CONADU, CONADU Histórica, organismos de derechos humanos y distintas agrupaciones políticas y sociales. La concentración comenzó a las 16 en Plaza Lavalle y tuvo como consigna central la defensa de las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

El reclamo se produjo una semana después de la sentencia de la Corte que revocó el fallo que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/23, mediante el cual el Gobierno había derogado la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras. El máximo tribunal fundamentó su decisión en la falta de legitimación del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata para promover la demanda.

La resolución fue firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La Corte sostuvo que no estaba resolviendo la validez constitucional del artículo 154 en sí mismo, sino la inexistencia de un caso judicial habilitado a partir de la legitimación invocada por la organización demandante.

Las organizaciones movilizadas interpretaron, sin embargo, que el efecto concreto del fallo deja nuevamente vigente la derogación de las restricciones establecidas por la Ley de Tierras. En el documento difundido durante la marcha reclamaron que el DNU 70/23 sea rechazado y advirtieron sobre sus posibles consecuencias para el dominio de tierras, recursos naturales y producción de alimentos.

El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, calificó la decisión judicial como grave y cuestionó que los excombatientes de Malvinas hayan quedado sin posibilidad de avanzar con aquella demanda. La CTA de los Trabajadores, conducida por Hugo Yasky, también ratificó su participación en una nueva jornada de movilización prevista para el 15 de octubre.

La izquierda también intervino en la protesta. Los diputados nacionales del Frente de Izquierda Nicolás del Caño y Myriam Bregman reclamaron una movilización masiva al Congreso para esa fecha y plantearon que las centrales sindicales convoquen a un paro nacional con el objetivo de impulsar el rechazo del DNU 70/23.

La disputa tendrá además una instancia parlamentaria. La oposición busca reunir quórum en Diputados el 15 de octubre para tratar, entre otros asuntos, el rechazo del DNU 70/23. El Senado ya había votado en contra del decreto, por lo que una eventual decisión coincidente de la Cámara baja completaría el mecanismo previsto por la Ley 26.122 para los decretos de necesidad y urgencia.

La Casa Rosada recurrirá la sentencia del juez Martín Cormick que declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 y ordenó aplicar de inmediato la Ley 27.795. El Ejecutivo sostiene que el Congreso debe definir las partidas necesarias, mientras la Justicia consideró que el decreto había condicionado la vigencia de una norma ratificada por el Parlamento.

El Gobierno nacional decidió apelar el fallo que ordenó poner en marcha la Ley de Financiamiento Universitario y llevará el litigio a una nueva instancia judicial. La Casa Rosada prepara el recurso contra la sentencia del juez federal Martín Cormick, que declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 y dispuso el cumplimiento inmediato de la Ley 27.795.

La decisión fue confirmada este martes y se produce mientras la Procuración del Tesoro analiza los argumentos para cuestionar la resolución. En este sentido, el Ejecutivo evalúa alternativas vinculadas con el impacto presupuestario de la norma, cuyo cumplimiento supone mayores erogaciones para salarios, funcionamiento, becas, investigación y hospitales universitarios.

El Ejecutivo sostiene que la discusión sobre los recursos debe resolverse en el Congreso, particularmente en el tratamiento del Presupuesto 2027. Ese argumento constituye uno de los principales fundamentos de la estrategia oficial: el gobierno considera que no puede disponer partidas no contempladas sin que exista una definición parlamentaria sobre su financiamiento.

La Justicia adoptó una interpretación diferente. Cormick entendió que el Decreto 759/2025 había introducido una condición que, en los hechos, impedía la aplicación de una ley sancionada por el Congreso. La norma había sido promulgada en octubre de 2025 con una referencia al artículo 5° de la Ley 24.629, que supeditaba su ejecución a la determinación de fuentes específicas de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes al Presupuesto.

Para el magistrado, esa cláusula no podía utilizarse para suspender una legislación que el Congreso había ratificado después de rechazar el veto presidencial. En su sentencia, ordenó al Poder Ejecutivo dictar las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para garantizar el cumplimiento inmediato de la Ley 27.795.

Tras varios meses de proceso legal, el tribunal dictó su veredicto. En diciembre de 2025, el mismo juzgado había dictado una medida cautelar contra el Decreto 759/2025. El Gobierno apeló esa decisión y la controversia llegó a instancias superiores. En junio de este año, la Corte Suprema dejó firme la cautelar que obligaba al Estado a aplicar los artículos vinculados con la actualización de haberes docentes y no docentes y la recomposición de programas estudiantiles.

El diferendo se mantuvo activo durante los meses venideros. En septiembre, Cormick volvió a intimar al Ejecutivo para que acreditara el cumplimiento de la medida cautelar y otorgó un nuevo plazo de cinco días. El tribunal consideró insuficiente la documentación presentada por el Estado para demostrar que los incrementos habían sido calculados conforme a los parámetros establecidos por la ley.

Ahora, con la sentencia definitiva de primera instancia, el Gobierno vuelve a recurrir a la vía judicial. La apelación abrirá una nueva discusión ante la Cámara mientras permanece vigente la orden de ejecutar la legislación universitaria.

El expediente tiene además una dimensión presupuestaria relevante. Durante el proceso, el Estado había cuestionado el costo de implementar la ley y planteado que demandaría una erogación superior al billón de pesos. El juez, sin embargo, sostuvo que la propia norma contempla mecanismos para afrontar las obligaciones y recordó que el Ejecutivo realizó modificaciones presupuestarias durante 2025.

Además, el conflicto estalla a pocas semanas de la quinta Marcha Federal Universitaria, programada para el 15 de octubre. La comunidad universitaria llega a la movilización con el aval de consecutivas decisiones de la Justicia, manteniendo como demandas centrales el financiamiento y la recomposición de los salarios.

La insistencia del Gobierno por revertir el fallo no solo dilata el auxilio financiero a las universidades, sino que profundiza una tensión constitucional sobre la división de poderes y el alcance del control judicial ante las leyes del Congreso.

El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que había condicionado la aplicación de la Ley 27.795 a la identificación de fuentes de financiamiento y a la incorporación de partidas en el Presupuesto. Ordenó al Ejecutivo cumplir de inmediato con la norma y volvió a fijar un plazo de cinco días para acatar las medidas cautelares vigentes.

La Justicia volvió a fallar contra el Gobierno nacional en la disputa por el financiamiento de las universidades públicas. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, declaró este martes la inconstitucionalidad del tramo del Decreto 759/2025 que había condicionado la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

La resolución hizo lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas universidades, junto con la causa iniciada por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Cormick ordenó al Poder Ejecutivo aplicar de inmediato la ley y dictar las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para hacerla efectiva.

El punto cuestionado se encuentra en el propio decreto de promulgación. El Gobierno había establecido que la Ley 27.795 quedaba sujeta a lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley 24.629, una condición que en los hechos supeditaba su ejecución a que se determinaran las fuentes de financiamiento y se incorporaran las partidas correspondientes al Presupuesto. Esa fórmula quedó ahora invalidada judicialmente.

Para Cormick, el mecanismo utilizado por el Ejecutivo no supera un control mínimo de razonabilidad. El magistrado sostuvo que, después de que el Congreso insistiera con la ley mediante las mayorías agravadas previstas por la Constitución tras el veto presidencial, el Poder Ejecutivo no podía introducir por decreto una nueva instancia que demorara su aplicación.

El juez consideró, además, que esa decisión funcionó en los hechos como una forma de veto no contemplada por la Constitución. También rechazó que el control judicial sobre decisiones con impacto presupuestario constituya una intromisión excepcional: señaló que forma parte de las atribuciones propias de los tribunales cuando están en juego derechos y obligaciones establecidos por una ley vigente.

La sentencia también puso bajo análisis el argumento fiscal utilizado para justificar la demora. Según la resolución, el impacto estimado de la ley durante 2025 representaba aproximadamente 0,23% del PBI nominal proyectado, de acuerdo con información de la Oficina de Presupuesto del Congreso. El magistrado recordó, además, que los Presupuestos de 2024 y 2025 no fueron aprobados y que durante esos ejercicios se prorrogaron partidas del Presupuesto 2023.

El nuevo pronunciamiento se suma a una cadena de decisiones judiciales que comenzó a fines de 2025. En diciembre, el mismo juzgado había dictado una medida cautelar que dejó inaplicable la condición introducida por el Decreto 759/2025. La Cámara Contencioso Administrativa Federal mantuvo posteriormente esa protección y la Corte Suprema dejó firme la cautelar en junio.

A esa secuencia se agregó en septiembre una nueva intimación de Cormick al Estado nacional para que cumpliera en cinco días con los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795, referidos a la recomposición de los salarios docentes y no docentes y a las becas universitarias. El tribunal advirtió entonces que podía aplicar multas por cada día de demora.

Los gremios universitarios recibieron el fallo como un respaldo a sus reclamos y ratificaron la movilización nacional convocada para el jueves 15 de octubre. La quinta Marcha Federal Universitaria reunirá a sindicatos docentes y nodocentes, estudiantes y autoridades universitarias en reclamo del cumplimiento de la Ley 27.795, la recomposición salarial y un mayor financiamiento para las casas de estudios.

La resolución coloca nuevamente al Poder Ejecutivo ante la obligación de ejecutar una ley sancionada por el Congreso y, al mismo tiempo, mantiene abierta la confrontación por los recursos que deberán incorporarse al sistema universitario. Con la discusión del Presupuesto 2027 en el Congreso y una nueva movilización ya convocada, el financiamiento de las universidades vuelve a quedar en el centro de una pulseada que ahora suma un pronunciamiento judicial sobre la validez constitucional del mecanismo utilizado por el Gobierno para postergar su aplicación.