Un informe impulsado por sectores técnicos, sindicales y asociaciones de usuarios señala que cerca del 75% de la red vial nacional se encuentra en estado regular o malo. La advertencia pone el foco en la seguridad, la inversión pública y el rol del Estado.

La infraestructura vial argentina atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas. Un relevamiento difundido por organizaciones vinculadas al sector advierte que aproximadamente tres de cada cuatro rutas nacionales presentan condiciones deficientes, un registro que enciende señales de alarma en torno a la seguridad de quienes transitan a diario por estos corredores estratégicos.

El diagnóstico, respaldado por trabajadores, especialistas y asociaciones de usuarios, atribuye el deterioro a la interrupción de obras y a la reducción de tareas de conservación básica. Según sostienen, la falta de intervención sostenida aceleró el desgaste de la red, afectando tanto la transitabilidad como los estándares de seguridad. La consecuencia inmediata —advierten— es una mayor exposición a siniestros, especialmente en tramos donde el deterioro del pavimento, la señalización insuficiente y la ausencia de mantenimiento configuran un riesgo permanente.

En este punto, se conformó un espacio multisectorial que reúne a empleados de Vialidad Nacional, técnicos de organismos vinculados al transporte y la seguridad vial, junto a familiares de víctimas y usuarios autoconvocados. El objetivo es visibilizar la situación y promover un abordaje integral que permita revertir el cuadro actual. La iniciativa incluye la participación de trabajadores de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, entre otros actores con injerencia directa en la materia.

Desde estos sectores también surgieron cuestionamientos a la expansión de esquemas de concesión mediante peajes. Si bien reconocen la necesidad de financiamiento, plantean que este modelo no resuelve los problemas estructurales de la red y puede profundizar desigualdades territoriales. En particular, advierten que la lógica de rentabilidad podría relegar tramos menos transitados pero igualmente esenciales para la conectividad regional, consolidando un sistema fragmentado y con cobertura desigual.

Otro de los ejes de preocupación es el debilitamiento de organismos públicos clave. Referentes sindicales sostienen que la reducción de capacidades operativas y técnicas limita la posibilidad de planificar, ejecutar y controlar políticas viales de largo alcance. Esta situación, afirman, impacta de manera directa en la prevención de accidentes y en la calidad de los servicios asociados al transporte.

La problemática será expuesta este jueves 7 de mayo a las 12 en la sede del Sindicato de Empleados Viales Nacionales (SEVINA), en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, junto a representantes sindicales y organizaciones del sector, presentará un diagnóstico detallado y un conjunto de propuestas orientadas a atender la emergencia. Bajo la consigna “en defensa de la vida”, los convocantes buscarán instalar el tema en la agenda pública y reclamar definiciones concretas.

Más allá de las diferencias en torno a los modelos de gestión, existe un consenso amplio respecto de la necesidad de intervenir con urgencia. La red vial no solo es un componente esencial para la circulación de bienes y personas, sino también un factor determinante en la reducción de la siniestralidad. Su estado, por lo tanto, trasciende la discusión técnica y se inscribe en el terreno de las políticas públicas prioritarias.

Un informe advierte que desde fines de 2023 más de 740 mil personas dejaron de contar con medicina privada. El aumento de cuotas por encima de la inflación y la pérdida de empleo formal reconfiguran el acceso a la salud, mientras hospitales públicos alertan por falta de financiamiento.

De acuerdo con un relevamiento del Instituto Argentina Grande (IAG), unas 742.000 personas dejaron de contar con servicios de medicina prepaga, obra social o esquemas similares desde diciembre de 2023, en un proceso vinculado al fuerte encarecimiento de las cuotas y al deterioro del empleo registrado.

El informe señala que la proporción de la población con algún tipo de cobertura descendió del 67,5% en el segundo trimestre de 2023 al 65,4% en el mismo período de 2025. En términos absolutos, ese retroceso se traduce en un incremento significativo de quienes dependen exclusivamente del sistema público: el universo pasó de 9,55 millones a más de 10,29 millones de personas.

Uno de los factores determinantes de esta dinámica es la evolución de los costos en la medicina privada. Según el IAG, las cuotas de las prepagas acumularon un incremento del 417% desde fines de 2023, tras la desregulación de precios impulsada por el Gobierno nacional a través del DNU 70/2023. En el mismo lapso, la inflación alcanzó el 293%, lo que evidencia un desfasaje considerable entre los aumentos del sector y la capacidad de pago de los usuarios.

Este desajuste impacta de manera directa en los hogares. Con ingresos que no acompañan la escalada de las cuotas, muchas familias optaron por reducir coberturas o directamente abandonarlas. A este cuadro se suma la pérdida de más de 200 mil empleos registrados desde noviembre de 2023, un dato que incide de forma directa en la caída de afiliaciones a obras sociales vinculadas al trabajo formal.

El resultado es una presión creciente sobre el sistema público, que absorbe la demanda de quienes quedan fuera del circuito privado. Sin embargo, ese mismo sistema enfrenta restricciones severas. Autoridades de hospitales dependientes de la Universidad de Buenos Aires advirtieron recientemente que podrían sostener la atención apenas por 45 días más ante la falta de transferencias de fondos por parte del Estado nacional.

Desde el Hospital de Clínicas, su director Marcelo Melo describió un panorama crítico: sin recursos suficientes y con costos en insumos y medicamentos sujetos a variaciones constantes —muchos de ellos atados al dólar—, las instituciones se ven obligadas a destinar todos sus ingresos a gastos urgentes. “En un mes y medio no sabemos si vamos a poder seguir prestando atención”, señaló, al tiempo que graficó la magnitud del problema al mencionar que los costos hospitalarios pueden multiplicarse varias veces respecto de los valores habituales en la economía doméstica.

En este cuadro, el debate sobre el rol del Estado en la salud adquiere una centralidad renovada. El informe del IAG cuestiona la reducción de la intervención pública y advierte que, lejos de aliviar la carga sobre el sistema estatal, la dinámica actual amplía su responsabilidad al incorporar a un número creciente de pacientes sin cobertura privada.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal intimó al juez laboral Raúl Ojeda a remitir en 24 horas la causa iniciada por la CGT contra el Estado Nacional. La resolución cierra la controversia sobre la competencia judicial y reencauza el proceso hacia un nuevo ámbito de definición.

La controversia judicial en torno a la Ley de Modernización Laboral sumó un capítulo decisivo con la intervención de la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que dispuso un plazo perentorio para que el juez laboral Raúl Ojeda remita el expediente iniciado por la Confederación General del Trabajo (CGT). La orden, de cumplimiento inmediato, busca hacer efectiva una decisión previa que ya había definido el fuero competente para entender en la causa.

El pronunciamiento lleva las firmas de los camaristas Jorge Eduardo Morán, Rogelio W. Vincenti y Marcelo Daniel Duffy, quienes consideraron que la discusión sobre la competencia se encuentra definitivamente zanjada conforme al artículo 20 de la Ley 26.854. En consecuencia, requirieron al titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 que remita el expediente “Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional s/ acción declarativa” dentro del plazo de 24 horas, bajo apercibimiento implícito de incurrir en incumplimiento judicial.

La decisión no solo establece un límite temporal preciso, sino que también introduce un elemento de orden en un trámite que venía signado por resoluciones contrapuestas. El expediente en cuestión adquirió notoriedad luego de que Ojeda dictara una medida cautelar que suspendió la aplicación de la reforma laboral promovida por el Gobierno, una determinación que modificó el ritmo de implementación de la norma y activó una inmediata reacción por parte del Ejecutivo y de actores económicos interesados en el desenlace.

En ese marco, la discusión sobre el fuero competente adquirió centralidad. Mientras la Justicia del Trabajo entendía que debía intervenir por tratarse de un conflicto vinculado a derechos laborales, la jurisdicción contencioso administrativa sostuvo que la naturaleza de la demanda —dirigida contra el Estado Nacional— exigía su tratamiento en ese ámbito. La resolución de la Cámara viene a cerrar esa controversia y a establecer un criterio uniforme para la continuidad del proceso.

El fallo incorpora además un dato relevante en términos operativos: la habilitación de días y horas inhábiles para concretar las notificaciones, lo que evidencia la intención del tribunal de evitar nuevas dilaciones. La medida alcanza tanto al juzgado de origen como a la Sala VII de la Cámara Nacional del Trabajo, consolidando así un circuito de comunicación que refuerza la obligatoriedad de la orden.

Detrás de la disputa procesal subyace un conflicto de mayor alcance. La reforma laboral impulsada por el Gobierno se encuentra atravesada por objeciones sindicales y cuestionamientos jurídicos que ponen en juego principios consagrados en la legislación vigente. La CGT, impulsora de la acción judicial, sostiene que la norma vulnera derechos fundamentales de los trabajadores y defiende la intervención del fuero laboral como ámbito natural para su tratamiento. Del otro lado, el Ejecutivo y sectores empresariales buscan revertir la suspensión y acelerar la vigencia de la ley.

El expediente también registra la participación de terceros interesados, como la Sociedad Rural Argentina, que solicitó intervenir en el proceso, lo que añade complejidad a la tramitación. En ese aspecto, se han formulado críticas cruzadas entre los distintos actores del sistema judicial, con cuestionamientos sobre la actuación de magistrados y sobre la consistencia de algunas resoluciones adoptadas en instancias previas.

La intimación dirigida a Ojeda introduce ahora un momento decisivo. El magistrado deberá resolver en un plazo exiguo si acata la orden y remite el expediente o si abre un nuevo frente de discusión institucional. Un eventual incumplimiento podría derivar en consecuencias procesales o incluso en evaluaciones disciplinarias, lo que elevaría el nivel de exposición del caso.