Diputados nacionales presentaron una acción de amparo para que la Justicia declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del DNU 941/2025, que reforma la Ley de Inteligencia sin intervención del Congreso. Denuncian que la norma habilita prácticas de espionaje, elimina controles democráticos y otorga a la Side facultades que vulneran garantías constitucionales.

Un grupo de legisladores nacionales presentó este lunes una acción de amparo judicial para que se declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo modificó de manera sustancial la Ley Nacional de Inteligencia y amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side).

La presentación fue realizada por los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, y Esteban Paulón, del bloque Provincias Unidas, quienes advirtieron que el decreto configura un grave retroceso institucional al alterar el sistema de inteligencia sin debate parlamentario y habilitar un entramado de acciones que, según sostienen, carecería de controles efectivos.

“Junto a Mónica Frade y Esteban Paulón presentamos una acción de amparo contra el DNU 941/2025 sobre la Ley de Inteligencia, solicitando que se declare su inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable”, expresó Ferraro a través de la red social X, donde además remarcó la gravedad del avance del Ejecutivo sobre facultades que corresponden al Congreso.

Cuestionamientos al uso del DNU

En el escrito judicial, los legisladores sostienen que no existieron ni existen razones de necesidad y urgencia que justifiquen el dictado del decreto. Subrayan que el Congreso se encuentra en condiciones de sesionar y que una reforma de esta magnitud requiere un debate democrático profundo.

“Eludir este procedimiento debilita la legitimidad democrática de la norma”, señalan, y remarcan que la modificación del sistema de inteligencia es una materia sensible que exige deliberación, equilibrio institucional y control parlamentario, principios que —afirman— fueron deliberadamente soslayados.

El amparo sostiene que el DNU viola el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, que limita el uso de decretos de necesidad y urgencia, así como el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al habilitar prácticas que podrían afectar derechos y libertades fundamentales.

Facultades controvertidas y alarma institucional

Entre los puntos más cuestionados del DNU 941/2025 se encuentra la habilitación a los agentes de la Side para realizar detenciones, una facultad que hasta ahora estaba expresamente prohibida por la Ley 25.520 y que corresponde exclusivamente a fuerzas policiales, siempre bajo orden judicial.

Además, el decreto establece que todas las actividades del organismo de inteligencia pasen a ser consideradas “encubiertas”, lo que, según los diputados, elimina de hecho los mecanismos de supervisión y control previstos por la legislación vigente.

Otro aspecto central es la autorización para que los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas produzcan información sobre “organizaciones no estatales de interés”, una redacción amplia y ambigua que, advierten, podría derivar en tareas de espionaje interno sobre actores sociales, políticos o sindicales.

Argumentos jurídicos del amparo

En su presentación, los legisladores enfatizan que el decreto cuestionado invade materias expresamente vedadas para los DNU, como las de carácter penal o procesal penal. En particular, destacan que la habilitación de aprehensiones por parte del personal de inteligencia constituye una violación directa a los límites constitucionales.

“La disposición del Poder Ejecutivo no cumple con los presupuestos para el dictado de un DNU, toda vez que en sus fundamentos no se invocaron razones de urgencia alguna”, afirman en el escrito, al tiempo que alertan sobre el riesgo de un uso discrecional del aparato de inteligencia sin control judicial ni parlamentario.

La presentación del amparo reabre un debate de fondo sobre el alcance del poder presidencial y el uso recurrente de decretos para modificar marcos normativos sensibles. En particular, el sistema de inteligencia ha sido históricamente un área atravesada por cuestionamientos, abusos y reformas orientadas a limitar su opacidad.

La ampliación de facultades de la Side por vía de un DNU, sin control legislativo y con habilitaciones que rozan el terreno penal, despierta alarmas no solo en la oposición política, sino también en sectores especializados en derechos humanos e institucionalidad democrática.

Tras el fracaso de las negociaciones entre sindicatos y empleadores, el Gobierno nacional estableció por resolución una nueva escala del Salario Mínimo, Vital y Móvil. El monto asciende a $341.000 desde enero de 2026 y tendrá incrementos mensuales hasta agosto. La medida impacta de forma directa en planes sociales, prestaciones y criterios de acceso a programas estatales, en un contexto de pérdida sostenida del poder adquisitivo.

El Ejecutivo nacional resolvió fijar por decreto el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) luego de que el Consejo del Salario no lograra consensuar una actualización entre las representaciones sindicales y empresarias. A través de la Resolución 9/2025 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, se estableció una serie de incrementos progresivos que comenzarán a regir a partir del 1° de enero de 2026.

De este modo, el salario mínimo para trabajadores mensualizados con jornada completa pasará de $334.800 en diciembre de 2025 a $341.000 en enero, con aumentos mensuales que se extenderán hasta agosto de 2026, cuando alcanzará los $376.600. La decisión refleja, una vez más, la incapacidad del ámbito tripartito para arribar a acuerdos en un escenario económico atravesado por la desaceleración inflacionaria, pero también por un fuerte deterioro de los ingresos reales.

Para los trabajadores jornalizados, el valor de la hora se fijó en $1.705 en enero, con una progresión que lo llevará a $1.883 en agosto, siguiendo la misma lógica de actualizaciones graduales definida para los asalariados mensualizados.

La nueva escala del salario mínimo

Enero 2026: $341.000
Febrero 2026: $346.800
Marzo 2026: $352.400
Abril 2026: $357.800
Mayo 2026: $363.000
Junio 2026: $367.800
Julio 2026: $372.400
Agosto 2026: $376.600

Impacto directo en planes y prestaciones sociales

La actualización del SMVM no solo afecta al universo de trabajadores formales de menores ingresos, sino que también tiene un impacto transversal en múltiples programas sociales y prestaciones, ya que el salario mínimo funciona como variable de referencia para montos, topes y condiciones de acceso.

Entre los principales efectos se destacan:

Prestación por Desempleo: Se ajusta automáticamente y oscila entre el 50% y el 100% del SMVM. En enero, el monto mínimo será de $170.500 y el máximo de $341.000.
Becas Progresar: El ingreso familiar permitido no puede superar tres veces el salario mínimo, por lo que la suba redefine el universo de potenciales beneficiarios.
Asignaciones y planes sociales: Diversos programas utilizan el SMVM como parámetro para establecer montos y criterios de elegibilidad.
Paritarias y empleo informal: El salario mínimo continúa funcionando como piso de referencia para sectores con alta informalidad o bajos niveles de negociación colectiva.

Si bien el Gobierno presenta la medida como un intento de armonizar la evolución salarial con el nuevo contexto macroeconómico, distintos análisis advierten que el salario mínimo continúa muy lejos de cubrir las necesidades básicas de una familia tipo. En términos reales, el SMVM mantiene una pérdida acumulada significativa respecto de años anteriores y se ubica por debajo de niveles históricos de poder adquisitivo.

Además, la reiteración de aumentos definidos por decreto vuelve a poner en discusión el rol efectivo del Consejo del Salario, un ámbito que, en la práctica, aparece cada vez más debilitado como espacio de negociación genuina entre las partes.

Sin anuncio oficial, el Gobierno nacional desarticuló el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, despidió a sus siete profesionales hiperespecializados y dejó sin coordinación estatal a la red que garantizaba la atención de unos 4.000 bebés que nacen cada año con estas afecciones. La medida generó conmoción en el ámbito sanitario y fuertes cuestionamientos por su impacto directo en la mortalidad infantil.

El Gobierno de Javier Milei decidió desarticular el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC), una política pública clave del sistema de salud argentino que durante 15 años coordinó la atención, derivación y tratamiento de niños con cardiopatías congénitas en todo el país. La medida se ejecutó sin comunicación previa y se tradujo en el despido de los siete profesionales hiperespecializados que conducían el programa.

El equipo estaba integrado por Willy Conejeros Parodi, Paula Campana, Carlos Fernando Rosental, Silvina Rosellot, Mariana Fernández, Tomás Schwaller y María Eugenia Olivetti, quienes fueron notificados de manera verbal o mediante un escueto mensaje administrativo que informaba la no renovación de sus contratos para 2026. Ante esa decisión, el resto de los integrantes dio por finalizada su relación laboral.

La desvinculación del equipo técnico, columna vertebral del programa, provocó una inmediata alarma en la comunidad médica, dado que el PNCC recibía y gestionaba derivaciones de familias de alrededor de 4.000 bebés que nacen cada año con cardiopatías congénitas, de los cuales el 50% requiere cirugía, muchas veces en las primeras horas de vida.

Un programa federal que salvó miles de vidas

Creado en 2008 y respaldado por una ley sancionada en 2023, el PNCC surgió con el objetivo de reducir la mortalidad infantil asociada a las cardiopatías congénitas, que constituyen la tercera causa de muerte en niños y niñas en la Argentina.

“El programa nació por iniciativa de Guillermo Kreutzer y Horacio Capelli para dar respuesta a una demanda crítica del sistema de salud”, explicó Willy Conejeros Parodi, uno de los coordinadores despedidos. “Se creó una red federal de centros de distintas complejidades para asistir a los pacientes, disminuir los tiempos de espera y reducir la morbimortalidad. Hoy tenemos una sobrevida cercana al 95%, comparable con la de países del Primer Mundo”.

El PNCC articulaba 15 centros categorizados según niveles de complejidad y funcionaba como un nodo central que, a través del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SIISA), evaluaba cada caso y definía la mejor derivación posible.

Derivación urgente, atención especializada

La tarea del equipo era decisiva. “Si el niño estaba en Salta y el caso era de baja complejidad, se resolvía en la provincia. Si era más complejo, se derivaba a Córdoba o Tucumán, y si era de alta complejidad, a Buenos Aires”, detalló Conejeros. En la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires operan los cinco centros de mayor complejidad del país.

El programa también capacitó profesionales en todas las provincias, fortaleció el diagnóstico prenatal, orientó la estabilización de pacientes críticos y garantizó derivaciones en tiempo récord. “En muchas provincias no hay diagnóstico prenatal. Si no se interviene rápido, el bebé puede morir. Nosotros interveníamos para que llegara estabilizado al lugar adecuado”, subrayó el especialista.

Resultados concretos y reconocimiento internacional

El PNCC realizaba alrededor de 800 cirugías por año, recibía más de 6.000 notificaciones anuales, eliminó la lista de espera quirúrgica y ayudó a equipar hospitales con bombas de circulación extracorpórea, instrumental quirúrgico y equipos de hemodinamia.

Además, fue considerado un programa modelo en la región y presentado como experiencia exitosa ante organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En 2023, la sanción de la Ley Integral de Atención del Paciente Cardiópata, aún sin reglamentar, consolidó su marco normativo y garantizó la continuidad de la atención más allá de los 18 años.

Denuncias y críticas

Desde las redes sociales, el médico y diputado Pablo Yedlin advirtió que el desmantelamiento del programa “es ilegal y constituye un grave error del Ministerio de Salud”, al tiempo que recordó que el PNCC permitía que bebés nacidos en cualquier punto del país accedieran al centro de complejidad que necesitaban.

La situación fue definida por sus protagonistas como un vaciamiento deliberado. “Funcionábamos las 24 horas, los 365 días del año, incluso durante la pandemia. No lo hacíamos por el sueldo, sino por los chicos”, afirmó Conejeros. Y alertó: “Los más perjudicados no son los grandes hospitales, sino los niños que nacen lejos de los centros de alta complejidad”.

Una red que se apaga

Hoy, del programa solo quedan seis empleados administrativos y un asesor médico del Hospital Garrahan. La estructura técnica que garantizaba coordinación, seguimiento y decisión clínica fue eliminada.

En una carta abierta, Alejandra Villa, primera coordinadora del PNCC, sintetizó el alcance de lo perdido: “No se trata de cargos ni de estructuras. Se trata de personas, de familias y de un modelo que demostró que cuando el Estado y los equipos de salud trabajan en red, los resultados salvan vidas”.

El cierre del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas representa mucho más que un ajuste administrativo: implica la desarticulación de una política pública federal que redujo la mortalidad infantil y garantizó equidad en el acceso a la salud. La decisión del Gobierno abre un interrogante profundo sobre el futuro de miles de bebés que nacen cada año con estas afecciones y vuelve a colocar en el centro del debate el rol del Estado en la protección de la vida desde el inicio.