En un encuentro calificado como “picante”, la CGT recibió a representantes de CGERA y CAME y acordó una hoja de ruta conjunta para enfrentar el proyecto de reforma laboral que el Gobierno planea enviar al Congreso el 9 de diciembre. Con diagnósticos compartidos y preocupación por la caída del empleo y la falta de diálogo institucional, gremios y pymes anunciaron reuniones quincenales y el diseño de propuestas propias.

La sede de la CGT fue escenario de una reunión que, aunque inicialmente discreta, terminó mostrando el nacimiento de una alianza que pocos imaginaban en tiempos de polarización: gremios y empresarios pyme, sentados en la misma mesa, coordinando posiciones frente a un Gobierno que —según ambos sectores— avanza sin consulta sobre reformas estructurales.

El encuentro reunió a la conducción renovada de la central obrera —integrada por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello— con referentes de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Fue esta última la que, a último momento, confirmó su presencia y sumó un condimento inesperado a la discusión.

“Fue una reunión picante contra el Gobierno”, resumió uno de los presentes, graficando el clima de coincidencias críticas que atravesó toda la conversación, centrada en la inminente reforma laboral que el Ejecutivo presentará el 9 de diciembre.

Reuniones periódicas y una agenda común

Tras el encuentro, desde el entorno gremial anticiparon que el espacio llegó para quedarse:

“Nos vamos a juntar cada 15 días; este es el camino”.

La apuesta es construir una agenda conjunta que trascienda la mera oposición a las medidas del Gobierno. En la CGT aseguran que no quieren “solo mostrar críticas”, sino elaborar propuestas que contemplen las necesidades de trabajadores y empresas frente a un escenario económico restrictivo.

CGT: señal de alarma por la caída del empleo

Uno de los puntos centrales del análisis de la central obrera fue la destrucción de puestos de trabajo en los últimos meses. Según plantearon los dirigentes, la coyuntura exige fortalecer el vínculo entre inversión productiva y empleo, un eje que consideran ausente en la estrategia del Gobierno.

“No hay tiempo que perder”, señalaron, subrayando que cualquier reforma laboral debería discutirse con las partes involucradas, y no definirse por decreto o sin participación real, como —advirtieron— está ocurriendo en el Consejo del Salario.

Las PyMEs ampliaron el diagnóstico: costos, presión fiscal y burocracia

Del lado empresario, CGERA y CAME reclamaron abordar con urgencia los temas que condicionan su competitividad: costos logísticos, presión impositiva, estabilidad monetaria, burocracia administrativa, tarifas energéticas y acceso al crédito.

Coincidieron en que, sin resolver esos nudos estructurales, cualquier reforma laboral tendrá un impacto marginal.

En particular, señalaron que la falta de diálogo oficial les preocupa tanto como a la CGT. Ejemplo de ello —afirmaron— es el funcionamiento del Consejo del Salario, donde el Gobierno define el salario mínimo por decreto desde diciembre de 2023.

“Propuestas propias”, no reactivas

El presidente de CGERA, Marcelo Fernández, calificó el encuentro como “muy positivo” y remarcó que la articulación gremio–pyme debe traducirse en iniciativas concretas:

“Es fundamental acercar propuestas al Congreso y al Gobierno elaboradas por quienes conocen la realidad productiva y laboral. No pueden legislar quienes desconocen lo que ocurre en las empresas y en los puestos de trabajo”.

Además, adelantó la creación de mesas de trabajo temáticas para ordenar esos proyectos.

La foto conjunta entre la CGT y las principales entidades pyme representa más que una coincidencia coyuntural. Implica la conformación de un frente socio-productivo que podría convertirse en un actor relevante a la hora de discutir la reforma laboral y otras políticas estructurales impulsadas por el Gobierno.

En un escenario de tensiones crecientes, gremios y pymes parecen haber encontrado un punto de encuentro claro: la defensa de la producción nacional, el empleo y la necesidad de políticas consensuadas. Si la articulación quincenal se sostiene, podría convertirse en una de las oposiciones más consistentes a las reformas libertarias.

La Federación de Sindicatos de la Carne (FESITCARA) acordó con las cámaras empresarias un incremento salarial que supera el 8% para el período noviembre 2025–febrero 2026, junto con una suma fija mensual de $20.000 por presentismo. El aumento se aplicará de manera escalonada y se suma a las mejoras pactadas en los meses anteriores, en un contexto de fuerte tensión entre ingresos y precios.

El esquema escalonado quedó definido de la siguiente manera:

Noviembre: 2,5%

Diciembre: 2%

Enero: 1,8%

Febrero: 1,7%

A esto se suma la continuidad de la suma fija de $20.000 por presentismo, que se extenderá durante diciembre y enero.

Una suba que supera la pauta oficial

El dato político-económico más relevante del acuerdo es que el incremento del 8% se ubica muy por encima de la pauta oficial del 1% mensual, un límite que el Gobierno busca sostener en las paritarias para anclar expectativas y consolidar la desaceleración inflacionaria.

En ese contexto, el acuerdo de la carne se destaca como un caso donde la negociación sectorial se impone a la directriz oficial, apoyada en la presión del gremio y en la dinámica particular de una industria estratégicamente sensible para el mercado interno y las exportaciones.

Un sendero de ajustes consecutivos

Este entendimiento se suma a una serie de incrementos ya otorgados durante el segundo semestre. Entre julio y septiembre, los frigoríficos aplicaron subas del 1,9% mensual, mientras que en octubre se pactó un aumento del 1%, siempre acompañado por sumas fijas de $20.000.

La persistencia de estos ajustes evidencia que la recomposición salarial viene siendo gradual, fragmentada y muy por debajo del ritmo de los precios, pero representa un esfuerzo por evitar un mayor rezago en un sector donde los salarios de base quedaron extremadamente deteriorados

El diputado nacional Cristian Ritondo anunció que el Ejecutivo enviará el proyecto de reforma laboral un día antes del recambio parlamentario. La iniciativa se presentará sin acuerdo pleno entre los actores del Consejo de Mayo, mientras la CGT y la UIA expresan reparos y persisten dudas sobre los alcances reales de los cambios propuestos.

“El 9 de diciembre lo presentamos. No va a ser el 15, va a ser el martes 9”, señaló Ritondo ante los periodistas acreditados, despejando así las versiones cruzadas que circulaban desde hace semanas sobre la fecha y el contenido de la iniciativa.

Del encuentro, además del propio Ritondo, participaron el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora Carolina Losada; el titular de la UOCRA y representante sindical del Consejo, Gerardo Martínez; y el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini.

Un proyecto sin acuerdo pleno

Según fuentes que participaron del cónclave, la presentación se hará sin consenso total entre los distintos sectores que integran el Consejo de Mayo.

Si bien el borrador del Gobierno incorporó algunas de las propuestas surgidas en las reuniones previas, la base central del proyecto será la que defina la Casa Rosada, bajo la impronta de la “modernización laboral” promovida por el oficialismo.

Gerardo Martínez, referente de la CGT en la mesa de diálogo, fue claro al expresar sus reservas:

“Hablamos de una modernización laboral, sin perder derechos”.

Por su parte, Rappallini también marcó discrepancias desde el sector empresario. El presidente de la UIA cuestionó algunos puntos del borrador y coincidió con Martínez en que la propuesta oficial aún está lejos de un consenso equilibrado.

Ritondo sintetizó el clima de la reunión:

“La CGT quiere un proyecto, la UIA otro, y nosotros estamos en el medio con la idea de consensuar”.

Los puntos que generan fricción

Aunque el Ejecutivo desmintió reiteradamente filtraciones, trascendió que el proyecto incluiría cambios sensibles, entre ellos:

Convenios colectivos por empresa

Nuevos mecanismos de indemnización

Premios por productividad

Flexibilización en modalidades de contratación

Posible ampliación de la jornada laboral

Estos aspectos enfrentan resistencia tanto en la CGT como en algunos sectores empresariales, lo que dificulta el acuerdo político que el Gobierno intentó construir a través del Consejo de Mayo.

Tema previsional y coparticipación, en suspenso

Durante la reunión también se resolvió que, al menos por ahora, la Reforma Previsional y la Ley de Coparticipación quedarán excluidas de los diez puntos del Pacto de Mayo, una decisión que busca desactivar tensiones y avanzar en los acuerdos mínimos que aún se mantienen en pie.

La confirmación del envío del proyecto de reforma laboral el 9 de diciembre abre una nueva etapa de negociación —y conflicto— en el Congreso. Sin consenso entre sindicatos, empresarios y gobernadores, el Gobierno apuesta a que la nueva composición parlamentaria facilite la aprobación de una reforma estructural que considera clave para su programa económico. Sin embargo, el escenario político y las resistencias anticipan un debate intenso, con impacto directo en el mundo del trabajo y en la arquitectura laboral del país.