El secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) en San Juan, Miguel Agüero, advirtió que la falta de prórroga del decreto 514/2021 —que permite compatibilizar planes sociales con empleo registrado— pone en riesgo la formalidad laboral de miles de trabajadores rurales. Además, denunció la existencia de casos de trabajo no registrado y pagos por debajo del salario convenido.

En un momento de incertidumbre económica y social que golpea con fuerza al interior del país, el gremio rural UATRE encendió una señal de alarma. La organización reclama la urgente extensión del decreto 514/21, una norma clave que permitió durante los últimos cuatro años que beneficiarios de programas sociales pudieran acceder a empleos temporarios registrados sin perder sus beneficios estatales.

“El decreto perdió vigencia el 30 de septiembre y eso genera un perjuicio enorme”, explicó en diálogo con Mundo Laboral SJ. Según precisó, la medida impacta directamente sobre unas 120.000 familias rurales en todo el país, que durante este período pudieron trabajar formalmente, acceder a salarios dignos y a la cobertura social correspondiente.

El dirigente sostuvo que la compatibilidad entre trabajo y asistencia “fue una herramienta fundamental para combatir la informalidad, el trabajo infantil y las condiciones precarias que persisten en el campo”. En ese sentido, destacó que “el decreto 514/21 permitió registrar a miles de trabajadores y mejorar el control sobre la actividad rural, garantizando derechos básicos que durante años fueron postergados”.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) también se hizo eco del reclamo. Según informó el gremialista, el presidente del Secretariado Nacional de UATRE, José Voytenco, mantuvo reuniones con representantes del organismo internacional para exponer la situación y solicitar apoyo frente a la falta de respuesta del Gobierno nacional. “El Ejecutivo no está dimensionando la importancia que tiene esta herramienta para el sostenimiento del empleo rural”, subrayó Agüero.

La preocupación gremial no es solo por los trabajadores. El propio dirigente advirtió que los productores también se verán afectados si no se restablece la medida: “Los costos laborales se encarecerán, y muchos empleadores se verán tentados a recurrir nuevamente a la informalidad o incluso a mano de obra externa. Es una situación regresiva que perjudica a toda la cadena productiva”.

Fiscalizaciones y trabajo no registrado

A la par del reclamo formal, UATRE San Juan continúa con los operativos de fiscalización en distintos departamentos de la provincia. Durante la última semana, el gremio detectó entre 14 y 15 trabajadores sin registrar en el sector pistachero. “Nos encontramos con casos de jóvenes que cobran la mitad de lo que establece el convenio. En octubre el jornal diario debía ser de $41.210, pero algunos recibían apenas $20.000”, detalló Agüero.

El sindicalista relató además que muchos de esos trabajadores se niegan a brindar sus datos por temor a perder los beneficios de sus planes sociales, lo que evidencia el vacío legal dejado por la falta de prórroga del decreto. “La gente está informada, sabe que el decreto venció, y eso genera miedo. El empleador se aprovecha de esa situación y paga menos, mientras el trabajador queda sin protección”, denunció.

Las inspecciones se realizan junto al RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores), aunque Agüero reclamó una participación más activa de la Nación y de la Provincia. “Las fiscalizaciones buscan asegurar el cumplimiento de la ley laboral, detectar irregularidades y proteger a los trabajadores. Es fundamental que los organismos públicos acompañen este esfuerzo”, remarcó.

La pérdida de vigencia del decreto 514/21 expone una frágil estructura laboral en el corazón productivo del país. Lo que para muchos fue una herramienta transitoria se consolidó en la práctica como un mecanismo esencial para sostener la formalidad y la inclusión en el ámbito rural. Su ausencia no solo amenaza los ingresos de miles de familias, sino que también profundiza la brecha entre el trabajo registrado y la economía informal.

Desde UATRE, la advertencia es clara: sin una prórroga inmediata, la Argentina corre el riesgo de retroceder en derechos laborales que costaron décadas en consolidarse. En un escenario donde la pobreza y la precariedad se expanden, la formalización del trabajo rural no puede quedar sujeta a la desidia burocrática. La compatibilidad entre empleo y asistencia no es una concesión, sino una política de Estado indispensable para garantizar dignidad en el campo argentino.

En diálogo con Mundo Laboral San Juan, el secretario general del Sindicato de Obreros, Especialistas y Empleados de las Telecomunicaciones, (Soeesit), Marcelo Trujillo, se refirió al nuevo acuerdo salarial del sector y cuestionó los intentos de impulsar una reforma laboral que implique retrocesos en derechos adquiridos. “Podemos hablar de modernizar, pero no de quitar conquistas. La reducción horaria debe ser el punto de partida”, afirmó.

El gremialista destacó que los acuerdos paritarios se están volviendo cada vez más cortos debido a la inestabilidad económica y la inflación constante. “Antes las paritarias eran anuales, luego pasaron a ser semestrales, y hoy prácticamente negociamos mes a mes”, explicó.

Según Trujillo, el objetivo principal es “acercar algo de dinero al bolsillo de los compañeros” para enfrentar una inflación que “no refleja la verdadera situación” de los trabajadores.

“El gobierno impone cifras y mediciones que no se corresponden con la realidad del costo de vida. Por eso debemos revisar los salarios constantemente, porque a muchos compañeros se les hace imposible llegar a fin de mes”, sostuvo el dirigente, aludiendo al deterioro del poder adquisitivo en el sector de las telecomunicaciones.

Trujillo reivindicó el rol de los sindicatos como “la representación genuina del pueblo trabajador”, y rechazó los intentos de demonizar su función. “Los gremios no son enemigos de nadie: son el canal a través del cual los trabajadores pueden hacer oír sus reclamos y defender sus derechos”, remarcó.

En relación con la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional, el titular de Soeesit fue enfático: “Podemos discutir modificaciones, pero no la pérdida de derechos. Una verdadera reforma debe buscar equilibrio entre trabajadores y empleadores”.
Según Trujillo, la clave está en reducir la jornada laboral para generar más empleo y distribuir mejor las horas de trabajo:

“No se puede tener a una persona trabajando doce horas seguidas. Si en ese tiempo pueden trabajar dos, ganamos todos: hay más empleo y mejor calidad de vida.”

El dirigente también advirtió que es necesario vincular los salarios con las ganancias empresarias. “No puede ser que porque alguien da trabajo pague lo que se le antoja. Debe haber una relación justa entre la rentabilidad de las empresas y el ingreso de los trabajadores”, subrayó.

Marcelo Trujillo cerró su mensaje con una apelación al diálogo social: “Hay que sentarse a hablar en serio, sin borrar lo que ya se construyó. La ley laboral benefició muchas veces también a los empresarios, aunque no siempre lo digan. Hoy debemos encontrar un nuevo equilibrio que preserve los derechos y garantice trabajo digno.”

El referente de Soeesit San Juan reafirmó que el sindicato seguirá defendiendo los derechos de los trabajadores frente a cualquier intento de flexibilización. En tiempos de incertidumbre económica, sostuvo, “el camino no es quitar derechos, sino distribuir mejor el trabajo y dignificar el salario”.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) anunció un paro de 24 horas y una jornada nacional de protesta ante la inacción del Gobierno, que no promulgó en tiempo y forma la Ley de Financiamiento Universitario. El reclamo suma adhesiones en universidades de todo el país y pone en foco el deterioro presupuestario del sistema público de educación superior.

La posición rígida entre el Gobierno nacional y el sistema universitario público se profundiza. Este martes y miércoles, las universidades de todo el país se verán afectadas por medidas de fuerza convocadas por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), en reclamo de la inmediata promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo plazo legal venció este lunes.

La norma, aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso y con veto previo del Poder Ejecutivo, busca recomponer el presupuesto del sistema universitario nacional, garantizar la actualización de los fondos para gastos de funcionamiento, becas y proyectos científicos, además de reabrir las paritarias para docentes y nodocentes, paralizadas desde octubre del año pasado. Sin embargo, pese a haber sido sancionada nuevamente tras el rechazo del veto presidencial, el Poder Ejecutivo no la promulgó ni publicó en el Boletín Oficial, incumpliendo los plazos establecidos por la Constitución.

Ante esta situación, CONADU lanzó un plan de lucha de dos días. Este martes se realizará una jornada nacional de protesta y el miércoles un paro general de 24 horas en todas las universidades públicas del país. Según confirmaron fuentes gremiales, se espera una amplia adhesión de docentes, estudiantes y organizaciones sociales.

“El Gobierno sólo genera tensión y malestar con su silencio”, advirtió el secretario general de la Federación Argentina de Docentes de las Universidades Tecnológicas (FAGDUT), Ricardo Mozzi. “Hoy es el último día que tiene el Ejecutivo para promulgar la ley, y el silencio es total. Senadores y diputados ya la aprobaron y rechazaron el veto. ¿Qué más quieren?”, cuestionó el dirigente, quien confirmó que las 30 facultades regionales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) permanecerán sin clases durante las dos jornadas de protesta.

Mozzi fue aún más contundente al señalar el contraste entre las prioridades del Gobierno y la realidad docente: “Mientras el presidente Milei sigue enfocado en contraer deuda en dólares para negocios de unos pocos, más de la mitad de los docentes universitarios están bajo la línea de pobreza”.

Desde la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Asociación Gremial Docente (AGDUBA) y el gremio de nodocentes APUBA confirmaron su adhesión a las medidas. “Ante el incumplimiento del Poder Ejecutivo Nacional de promulgar la Ley de Financiamiento Universitario y dar cumplimiento a la misma, realizamos un paro de 24 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo este martes 21 de octubre”, señalaron en un comunicado conjunto.

Además, los gremios universitarios adelantaron que impulsarán acciones legales coordinadas con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Sindical Universitario, con el objetivo de exigir “la plena aplicación real y efectiva de la ley”. En paralelo, la AGDUBA convocó a una manifestación en la Plaza de Mayo para visibilizar el reclamo.

La Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación está en suspenso, prevé la creación de una caja de $10.000 millones —actualizable por el Índice de Precios al Consumidor (IPC)— destinada a incentivar el ingreso a carreras estratégicas, además de un incremento presupuestario equivalente al 0,23% del Producto Bruto Interno, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

El reclamo se produce en un contexto de fuerte deterioro de la educación pública, donde los sueldos docentes han perdido más del 40% de su poder adquisitivo en el último año, y los fondos para gastos corrientes se encuentran prácticamente agotados en varias universidades del interior.

El conflicto también se vincula a otras tensiones recientes entre el Congreso y el Ejecutivo. Durante la última sesión, el Senado rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica, otra norma de fuerte impacto social impulsada por trabajadores del Hospital Garrahan. Dicha ley, que busca recomponer los salarios de los profesionales de la salud y restablecer el sistema de residencias médicas, implica una inversión anual de $133.433 millones, de acuerdo con la OPC.

Mientras tanto, la comunidad académica advierte sobre la gravedad del escenario. “Las universidades no pueden seguir funcionando con partidas de hace un año. No se trata de un reclamo sectorial, sino de la defensa de la educación pública”, expresó una docente de la Universidad Nacional de Córdoba durante una asamblea preparatoria.

La falta de respuesta del Ejecutivo amenaza con profundizar el conflicto. En varias provincias, los gremios analizan extender el paro si el Gobierno mantiene su negativa a promulgar la norma o intenta desactivar su aplicación mediante un decreto reglamentario restrictivo.

El paro universitario nacional reabre una grieta central en la agenda política y social del país: la del financiamiento del conocimiento, la ciencia y la educación pública. Mientras el Ejecutivo posterga decisiones que el Congreso ya convirtió en ley, los docentes, investigadores y estudiantes vuelven a ocupar el centro del debate público. La tirantez entre recorte fiscal y derecho a la educación se instala una vez más en el corazón de la democracia argentina, y promete nuevos capítulos en los próximos días si la Casa Rosada mantiene su silencio.