
Proponen que el personal de salud se jubile con el 82% móvil
El proyecto lo impulsa un legislador salteño del oficialismo. Está destinado a quienes tengan los 30 años de aportes.
El diputado nacional de Salta por el Frente de Todos y actual presidente de la comisión de Legislación General, Lucas Godoy, presentó un proyecto de ley para que el personal de salud perciba una jubilación con el 82% móvil de los sueldos que cobraba cuando se encontraba en actividad.
Según la propuesta del legislador oficialista, podrán acceder a este sistema previsional las mujeres que tengan 60 años y los hombres que tengan 65 años, con 30 años de aportes, de los cuales 15 deben haber sido dentro del sistema público de salud dependiente del Sistema del Estado Nacional, de Gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La iniciativa impulsada por Godoy pretende equiparar el régimen jubilatorio de los empleados de la salud con los docentes, jueces, personal de Cancillería, y científicos, entre otros, y la movilidad del haber se aplicará cada vez que varíe, para el personal en actividad, la remuneración que se tuvo en cuenta para determinar el haber de la jubilación.
Algunas medidas enunciadas por el diputado salteño serán que si un trabajador desempeña su tarea en un establecimiento de ubicación desfavorable, se computarán cuatro años por cada tres de servicios efectivos.
Además, uno de los requisitos que el trabajador deberá tener para cobrar el 82% móvil del sueldo mensual del cargo que tuviera en el momento de concluir en el cargo que venía desempeñando, es que lo hubiera ejercido en los últimos dos años.
En tanto, para aquellos servicios prestados por trabajadores en la pandemia “se computará el doble por cada mes y/o años de servicios trabajados bajo la emergencia sanitaria declarada por Ley 27.541 y los decretos Números 260/2020 y 167/2021” .
“Este proyecto que presentamos viene también como medida complementaria, a promover la localización de profesionales en nuestras provincias del Norte Grande que son las que mas sufren la falta de profesionales y personal de enfermería; y a su vez, estimular la relocalización en el interior de cada una de ellas, que es el otro inconveniente que existe hacia adentro”, explicó Godoy.
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Escándalo en la Dirección Nacional de Vialidad: Licitación millonaria para compra de neumáticos en vísperas de su cierre

La Dirección Nacional de Vialidad, organismo que se encuentra en proceso de disolución por decisión del gobierno de Javier Milei, generó un escándalo al lanzar una licitación millonaria para la compra de neumáticos. La licitación, que asciende a 2,4 millones de dólares, tiene como objetivo adquirir neumáticos destinados a la flota de vehículos y equipos viales de la institución.
Esta decisión originó fuertes críticas y sospechas de irregularidades por parte de los sindicatos y trabajadores de la institución. Fabián Cattanzaro, secretario gremial de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), denunció que «están reequipando a una Vialidad Nacional disuelta», y sugirió que los materiales podrían ser transferidos a concesionarios o provincias, en contravención con normativas de ética pública y contrataciones estatales.
Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales (STV), comparó la situación con la década del 90: «En la época de Menem se pavimentaban rutas que después pasaban a ser concesionadas. Esta licitación y la del sistema de vigilancia se hacen justo cuando cierran Vialidad, y nadie explica cómo será la reestructuración».
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El Gobierno Nacional avanza con la flexibilización laboral en el sector público

La decisión del Gobierno nacional de crear un registro para los trabajadores en situación de disponibilidad es un nuevo golpe para los empleados públicos. La medida flexibiliza la condición de los trabajadores de planta permanente que quedaron en un limbo tras el cierre de su sector laboral. Ahora, estos empleados podrán ser reubicados discrecionalmente o perder su puesto en caso de que no se les reasignara una nueva área en el plazo de un año.
La creación del registro fue formalizada a través de la Resolución 54/2025 del Ministerio de Desregulación. La medida publicada en el Boletín Oficial le da al Poder Ejecutivo una parte de la cuota de poder que perdió tras el vencimiento de las facultades con las que cerró decenas de organismos y despidió a más de 50 mil trabajadores del Estado.
La situación de los trabajadores en situación de disponibilidad es precaria. No solamente deberán cerrar su perfil sino que, además, deberán ajustar su idoneidad para un área en la que nunca se desempeñó pero a la que fue trasladado de facto. La puesta en marcha del registro creado por la Secretaría de Transformación del Estado fue la artimaña que el ministro desregulador Federico Sturzenegger encontró para seguir con su objetivo de vaciar el Estado.
De esta manera, los cargos vacantes en el Estado podrán ser cubiertos solamente con el personal inscripto en situación de disponibilidad, pero cuya condición tendrá una cuenta regresiva de un año.
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Conciliación obligatoria: El Gobierno desactivó el paro de pilotos

La Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto con la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que había anunciado un paro total para el próximo sábado 19 de julio. La medida obliga al sindicato a suspender la huelga y prestar servicios de manera normal durante 15 días hábiles.
El conflicto entre el Gobierno y la APLA se originó tras la publicación del Decreto 378/2025, que modifica las condiciones laborales de las tripulaciones. El gremio considera que estas modificaciones incrementan los tiempos de servicio de vuelo, reducen los períodos de descanso y suprimen artículos que protegían contra la fatiga de las tripulaciones. La medida había originado fuertes críticas por parte del Gobierno y de Aerolíneas Argentinas, que consideró que la dirigencia gremial utilizaba “los planes de viaje de los ciudadanos como herramienta de presión”.
La Conciliación Obligatoria
La conciliación obligatoria dictada por el Ejecutivo nacional evita el paro de 24 horas previsto para este sábado. La medida obliga al sindicato a suspender la huelga y prestar servicios de manera normal durante 15 días hábiles. Durante este período, las partes deberán negociar y buscar una solución al conflicto. El Gobierno recordó que el decreto aún no entró en vigencia y que su impacto puede variar según cada empresa del sector.
La Posición del Gobierno y de la APLA
El Gobierno consideró que el paro era un intento de boicot al esfuerzo de los trabajadores comprometidos con la sustentabilidad de la compañía. Por su parte, la APLA había decidido realizar la huelga para protestar contra las modificaciones en las condiciones laborales de las tripulaciones. El gremio, encabezado por Pablo Biró, había considerado estas modificaciones como una amenaza directa a la seguridad aérea y responsabilizaba al Gobierno de sus eventuales consecuencias.
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