Desde el Congreso Nacional de Delegados de la UOM, Martín Solazzo advirtió sobre la pérdida del poder adquisitivo, la destrucción de empleo industrial y las restricciones en las negociaciones paritarias. Con un diagnóstico crítico, el sector definió un plan de acción que podría derivar en medidas de fuerza de mayor alcance.

El movimiento metalúrgico atraviesa una etapa de definiciones, marcada por el deterioro salarial, la contracción del empleo y el endurecimiento de las posiciones gremiales. Así lo expresó Martín Solazzo, referente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en San Juan, tras su participación en el Congreso Nacional de Delegados realizado en Mar del Plata, instancia clave donde se delinean las principales decisiones del gremio a nivel país.

El encuentro, que reúne a representantes de todas las seccionales, constituye el máximo órgano deliberativo de la organización. Allí se aprueban balances, se fijan lineamientos y se establecen las estrategias que regirán la acción gremial. En esta oportunidad, el eje dominante giró en torno a la pérdida de ingresos y a las dificultades para sostener negociaciones paritarias sin condicionamientos.

“Las paritarias hoy no están alcanzando ni siquiera los índices de inflación”, sostuvo Solazzo, quien además cuestionó la injerencia del Gobierno nacional en la definición de los porcentajes de aumento. Según explicó, existen limitaciones que impiden discutir libremente las recomposiciones salariales, lo que termina consolidando un atraso sostenido en los haberes. “Seguimos perdiendo puntos mes a mes, y eso impacta directamente en la calidad de vida”, advirtió.

El diagnóstico fue compartido por delegados de todo el país y reforzado por la participación del Frente de Sindicatos Unidos, un espacio que nuclea a más de 140 organizaciones. Durante el congreso, sus representantes expusieron un estudio que estima el ingreso necesario para sostener condiciones de vida adecuadas. La cifra, ajustada por la inflación reciente, ubica ese piso por encima de los 2,8 millones de pesos mensuales.

El planteo excede la discusión técnica sobre sueldos. Desde el sector sostienen que el ingreso mínimo debe superar la canasta básica y contemplar no solo la alimentación, sino también el acceso a servicios, educación, transporte y recreación. “No se puede aceptar que un trabajador formal no llegue a fin de mes”, enfatizó el dirigente, en línea con el consenso alcanzado durante el encuentro.

La situación del empleo industrial constituye otro de los puntos críticos. Según datos compartidos en el congreso, el sector metalúrgico perdió más de 30.000 puestos de trabajo en los últimos meses, una cifra que refleja el impacto de la caída de la actividad. Para el sindicalista sanjuanino, este fenómeno tiene consecuencias profundas, ya que detrás de cada desvinculación hay familias que quedan sin sustento y sin alternativas de reinserción.

“La industria es uno de los pilares del trabajo registrado, y cuando se la debilita, el impacto es inmediato”. En ese sentido, expresó que la falta de oportunidades laborales agrava la situación de quienes pierden su empleo, ya que no encuentran opciones en otros sectores. “El problema no es solo perder el trabajo, sino no tener dónde volver a insertarse”, remarcó.

Ante este cuadro, el congreso aprobó un plan de acción que abarca el período 2026-2030. La iniciativa, impulsada por el cuerpo de delegados y respaldada por la conducción nacional, establece una hoja de ruta que contempla desde instancias de negociación hasta la posibilidad de medidas de fuerza de mayor intensidad. Entre las opciones mencionadas figura la convocatoria a paros por tiempo indeterminado en caso de no obtener respuestas satisfactorias.

“La decisión es clara: hasta acá llegamos”, sintetizó Solazzo, al describir el ánimo predominante entre los delegados. La consigna apunta a evitar que el costo del ajuste recaiga nuevamente sobre los trabajadores y a rechazar iniciativas que impliquen retrocesos en materia de derechos laborales.

El congreso también dejó en evidencia la búsqueda de mayor articulación entre organizaciones sindicales. La participación del Frente de Sindicatos Unidos reflejó la intención de construir una estrategia común frente a los desafíos actuales. Para el representante metalúrgico, la unidad resulta imprescindible para enfrentar un escenario adverso. “Esto no lo puede resolver un solo gremio; hace falta un trabajo conjunto”, señaló.

En este aspecto, la agenda gremial se vincula con la convocatoria de la CGT a una movilización nacional el 30 de abril, en la antesala del Día del Trabajador. La UOM confirmó su participación y llamó a los afiliados a sumarse. “Es fundamental que los trabajadores acompañen; el sindicato es la herramienta que tienen para defender sus derechos”, destacando la necesidad de mayor involucramiento, concluyó Solazzo.

El panorama que surge del Congreso Nacional de Delegados de la UOM refleja una realidad compleja para el sector industrial. La pérdida de poder adquisitivo, la caída del empleo y las limitaciones en la negociación salarial configuran un cuadro que exige respuestas urgentes.

En este contexto, el gremio metalúrgico avanza hacia una estrategia más firme, con la posibilidad de profundizar las medidas de fuerza si no se producen cambios. La evolución de las paritarias, la recuperación de la actividad industrial y el grado de cohesión sindical serán factores determinantes para definir el rumbo de un conflicto que, lejos de atenuarse, muestra señales de intensificación.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63 rechazó el intento oficial de trasladar la causa al fuero contencioso administrativo y ratificó que el conflicto por la Ley 27.802 debe resolverse en la Justicia del Trabajo. La definición final quedará en manos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

En una resolución de alto impacto institucional, el juez Raúl Ojeda desestimó la estrategia del Gobierno nacional para desplazar la causa iniciada por la CGT contra la reforma laboral contenida en la Ley 27.802. El fallo reafirma que la controversia debe tramitar en el ámbito laboral, al considerar que el núcleo del litigio está directamente vinculado con derechos individuales y colectivos de los trabajadores.

La decisión desactiva el intento del Ejecutivo de radicar el expediente en el fuero contencioso administrativo federal bajo el argumento de que la norma cuestionada pertenece al derecho público. El magistrado fue categórico al rechazar ese planteo: la competencia no se define por la calidad de las partes involucradas, sino por la materia en discusión. Bajo ese criterio, sostuvo que el caso involucra institutos centrales del derecho del trabajo, como convenios colectivos, derecho de huelga, régimen indemnizatorio, período de prueba y libertad sindical.

El pronunciamiento introduce, además, un razonamiento de fondo que excede la cuestión formal. Al caracterizar la materia como “exclusivamente de derecho social”, el juez refuerza la especialidad del fuero laboral y delimita el terreno en el que deberá dirimirse la controversia.

Esa definición no es menor: implica que cualquier análisis sobre la validez de la reforma deberá contemplar estándares propios del derecho laboral y de los tratados internacionales que protegen estos derechos.

La estrategia oficial, sin respaldo judicial

El Estado nacional había promovido la inhibitoria con el objetivo de modificar el ámbito de resolución del expediente. Sin embargo, el fallo desmonta ese intento con un argumento central: la presencia del Ejecutivo como parte no altera la naturaleza del conflicto. En esa línea, la resolución deja en claro que el debate gira en torno a derechos laborales sustantivos, lo que vuelve improcedente su tratamiento fuera del fuero especializado.

A su vez, el magistrado advierte que el traslado del expediente en esta instancia implicaría una alteración significativa del proceso en curso. La causa ya se encuentra inscripta en el registro de procesos colectivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y agrupa múltiples presentaciones de sindicatos y federaciones. Un cambio de jurisdicción, sostiene, afectaría la economía procesal y podría generar incertidumbre jurídica.

Reforma en revisión judicial

Aunque la resolución no se pronuncia aún sobre la constitucionalidad de la Ley 27.802, introduce consideraciones que anticipan la dificultad del debate. La demanda impulsada por la CGT cuestiona una serie de artículos por presunta regresión en derechos laborales y sindicales, en posible contradicción con garantías constitucionales y compromisos internacionales asumidos por el país.

En ese aspecto, el fallo deja abierta la discusión sobre principios como la progresividad de los derechos sociales, la tutela judicial efectiva y la libertad sindical. Incluso desliza que eventuales modificaciones orientadas a limitar la competencia del fuero laboral podrían enfrentar objeciones desde el control de constitucionalidad y convencionalidad.

El juez natural, en el centro del debate

Otro de los ejes relevantes del pronunciamiento es la defensa del principio de juez natural. El magistrado advierte que apartar la causa del fuero laboral podría comprometer garantías esenciales del debido proceso. Para sostener esta posición, recurre a estándares internacionales que subrayan la necesidad de tribunales especializados en materia laboral, una exigencia vinculada al acceso efectivo a la justicia. La advertencia no es menor: una eventual desviación de esos parámetros podría exponer al Estado argentino a responsabilidades en el plano internacional.

Definición pendiente

Con el rechazo de la inhibitoria, la controversia sobre la competencia será ahora resuelta por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Su dictamen marcará el rumbo inmediato del expediente y condicionará el desarrollo del litigio en torno a la reforma laboral.

El fallo consolida la centralidad del fuero laboral en el tratamiento de la Ley 27.802 y redefine el tablero judicial en el que se disputará su validez. Más allá del resultado final, la resolución fija un criterio claro: los conflictos que involucran derechos del trabajo deben ser analizados por los tribunales especializados en la materia. En ese terreno se jugará, de ahora en más, el destino de una de las reformas más controvertidas del actual Gobierno.

El gremio bancario acordó una nueva actualización salarial atada a la inflación que eleva el ingreso inicial a casi $2,3 millones. También se incrementó el bono por el Día del Bancario, que supera los $2 millones. El mecanismo se proyecta para los próximos meses.

En un presente donde predominan acuerdos salariales rezagados frente al avance de los precios, el sector bancario vuelve a destacarse con un esquema de recomposición que ajusta los ingresos de manera periódica. La Asociación Bancaria, aplicó en marzo una actualización del 3,4% que impacta sobre el conjunto de las remuneraciones y consolida un modelo de negociación diferenciado.

Como resultado de esta política, el sueldo inicial de la actividad quedó fijado en $2.259.305,03, posicionándose entre los más elevados del mercado laboral argentino. La actualización alcanza tanto a los componentes remunerativos como a aquellos adicionales contemplados en los convenios, lo que refuerza el alcance integral de la mejora.

El mecanismo acordado con las cámaras empresariales permite una revisión constante de los ingresos en función de la evolución inflacionaria. Durante el primer trimestre del año, el incremento acumulado alcanza el 9,4% respecto de los valores de diciembre de 2025, lo que contribuye a sostener la capacidad de compra en un entorno económico exigente.

En la misma línea, el tradicional bono por el Día del Bancario también fue ajustado bajo este esquema, elevando su piso a $2.014.092,28. Este monto, además, continuará sujeto a futuras actualizaciones, replicando la lógica aplicada a los salarios mensuales.

El entendimiento contempla la continuidad de este sistema durante abril y mayo, con el compromiso de las partes de mantener el mismo criterio de ajuste automático. Asimismo, se estableció una nueva instancia de negociación para la segunda quincena de junio, donde se evaluará la evolución de las variables económicas y se definirán eventuales adecuaciones.

Desde el sindicato subrayaron que esta modalidad busca resguardar los ingresos de los trabajadores frente al comportamiento de la inflación, evitando el deterioro que afecta a otros sectores. La estrategia combina revisiones frecuentes con una cobertura amplia de los conceptos salariales, lo que permite una respuesta más ágil ante cambios en el nivel de precios.