La huelga nacional convocada por APPAMIA se extenderá hasta el viernes. Mientras un grupo de profesionales reprogramará consultas no urgentes y garantizará guardias y recetas, la Asociación de Médicos de Cabecera provincial resolvió mantener la atención habitual. El reclamo apunta a recuperar ingresos tras el cambio en el sistema de pagos aplicado en abril.

El paro nacional de 96 horas de médicos de cabecera y odontólogos de PAMI abrió una división entre los profesionales de San Juan. Mientras prestadores adheridos a la medida reprogramarán turnos no urgentes hasta el viernes 16 de octubre, la Asociación de Médicos de Cabecera de la provincia resolvió no sumarse a la huelga y mantener las consultas habituales para jubilados y pensionados.

La protesta, convocada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), reclama una actualización de los honorarios y cuestiona el cambio en la modalidad de pago aplicado en abril. Sandra Brizuela, delegada sindical en San Juan, afirmó que la modificación redujo más del 50% los ingresos que percibían algunos profesionales. En los consultorios que adhieran, se garantizarán las urgencias y la emisión de recetas.

Miguel Coria, presidente de la Asociación de Médicos de Cabecera provincial, calificó el reclamo como «totalmente justo», pero explicó que la entidad decidió preservar la atención para evitar que los jubilados vuelvan a sufrir interrupciones. Aclaró que los pacientes podrán concurrir con normalidad, salvo ausencias particulares de los profesionales.

La principal disputa gira en torno al pago fijo por afiliado. Los médicos de cabecera reciben actualmente $2.700 por paciente y reclaman elevar la cápita a entre $4.000 y $4.500. Brizuela sostuvo que un profesional con 500 afiliados puede percibir alrededor de $1,4 millones mensuales, frente a los $2,8 millones que, según su comparación, cobraba antes de la modificación.

Los odontólogos también exigen una recomposición por los costos de los insumos y el funcionamiento de sus consultorios. Los montos reclamados varían según las entidades y las prestaciones contempladas: APPAMIA exige elevar los valores por afiliado y denuncia una fuerte pérdida de ingresos reales desde abril.

Coria reveló, además, que diez médicos de cabecera renunciaron en San Juan desde el cambio en el sistema de pagos. La asociación considera que la discusión debe concentrarse en una actualización que permita sostener los consultorios sin trasladar el costo a los pacientes.

Desde PAMI a nivel nacional, en tanto, señalaron que mantienen abiertas las instancias de diálogo y que revisarán los valores dentro de sus posibilidades presupuestarias. También defendieron la unificación de las cápitas como una medida destinada a simplificar el sistema, y recordaron que existen pagos adicionales por determinadas prestaciones.

El secretario adjunto de ADICUS, Sergio Castro, sostuvo que la apelación del Ejecutivo no anula la obligación de cumplir la medida judicial vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. Denunció una pérdida salarial de entre el 34% y el 35%, alertó sobre el deterioro presupuestario y convocó a acompañar la marcha federal del 15 de octubre.

La puja por el financiamiento de las universidades nacionales entró en una instancia decisiva. ADICUS sostiene que el Gobierno nacional debe cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario pese a haber apelado la resolución judicial que ordenó su aplicación. Al mismo tiempo, advierte que la pérdida de poder adquisitivo de los docentes y la insuficiencia de recursos amenazan tanto las condiciones laborales como la calidad académica de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

Castro explicó que la decisión judicial inicialmente alcanzó los artículos vinculados con la recomposición salarial y las becas, pero luego avanzó sobre el cumplimiento integral de la norma. Según su interpretación, la aceptación de la apelación del Ejecutivo no dejó sin efecto la obligación establecida en primera instancia.

«Hasta tanto se analice la apelación del Gobierno, tiene que salir a pagar lo que adeuda», sostuvo el dirigente, quien cuestionó que los compromisos asumidos previamente no se hayan traducido en una respuesta suficiente para las necesidades de las universidades.

Una pérdida salarial que ronda el 35%

El representante sindical afirmó que los docentes universitarios de San Juan atraviesan una situación similar a la del resto del país, debido a que comparten el convenio colectivo de trabajo y el nomenclador salarial. En ese marco, señaló que las federaciones docentes y no docentes calculan una pérdida del poder adquisitivo de entre el 34% y el 35%.

Castro consideró insuficiente la propuesta salarial del Gobierno y sostuvo que la recuperación de los ingresos debe formar parte de una solución más amplia, que contemple también los recursos necesarios para sostener las actividades académicas y administrativas.

La preocupación gremial excede, por lo tanto, la discusión paritaria. Castro advirtió que las restricciones presupuestarias obligan a las instituciones a postergar o dejar de realizar tareas por falta de fondos, mientras las previsiones para el presupuesto universitario de 2027 anticipan, según su evaluación, nuevas limitaciones.

El riesgo para la calidad académica

El secretario adjunto de ADICUS alertó que la combinación de salarios deteriorados y recursos insuficientes dificulta garantizar un ciclo lectivo normal y con estándares adecuados de enseñanza. En su análisis, el problema compromete las condiciones de trabajo de docentes y no docentes, pero también las oportunidades de formación de los estudiantes.

Castro atribuyó la política de ajuste a una orientación del Gobierno nacional que, a su entender, debilita la educación y la salud públicas. Frente a ese diagnóstico, convocó a la comunidad universitaria y a la ciudadanía a participar de la movilización prevista para el 15 de octubre, en defensa del financiamiento de las universidades.

El dirigente también confirmó que la Intersindical de San Juan acompañará la marcha con las organizaciones que la integran. Para ADICUS, la defensa de la universidad pública involucra a toda la sociedad, porque la formación profesional constituye una vía de movilidad social para las familias.

En el tramo final de la entrevista, Castro pidió unidad entre las organizaciones gremiales y participación ciudadana para respaldar los reclamos. Su planteo enlaza la disputa judicial con una discusión de mayor alcance: la capacidad del sistema universitario para sostener salarios, becas y condiciones de enseñanza sin un financiamiento acorde con sus obligaciones.

La marcha del 15 de octubre encontrará así a los gremios universitarios con dos reclamos centrales: el cumplimiento efectivo de la ley y una recomposición de los recursos salariales y presupuestarios. Para ADICUS, la resolución de esa disputa será determinante para el futuro inmediato de la UNSJ y de la universidad pública argentina.

La Confederación General del Trabajo (CGT) rechazó la decisión del Gobierno de restituir la denominación Día de la Raza para el 12 de octubre y la calificó de «provocación burda». La central obrera ratificó su adhesión al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, nombre adoptado oficialmente en 2010, y cuestionó la ausencia de fundamentos históricos que, a su entender, respalden el cambio.

En un comunicado, la organización sostuvo que la denominación original no había surgido de una concepción biologicista o racista. Recordó que el expresidente Hipólito Yrigoyen instituyó la fecha como fiesta nacional con la intención de estrechar los vínculos de hispanidad entre los pueblos latinoamericanos, en contraposición a la influencia imperialista anglosajona.

La central obrera también recuperó un discurso pronunciado por Juan Domingo Perón el 12 de octubre de 1947, en el que el entonces mandatario cuestionó las formas de subordinación económica y cultural que, según planteó, favorecían intereses imperialistas. Con esa referencia, la central buscó inscribir la discusión en una tradición política vinculada con la soberanía y la identidad regional.

Sin embargo, el mensaje remarcó que la interpretación de la fecha fue evolucionando hacia una concepción más amplia de la identidad latinoamericana, que reconoce el aporte de los pueblos originarios y la diversidad de raíces que conforman la cultura del continente.

Desde 2010, la denominación oficial es Día del Respeto a la Diversidad Cultural, un cambio orientado a promover una mirada que reconozca las identidades indígenas y la pluralidad cultural. La CGT defendió esa definición por considerarla acorde con los principios constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por la Argentina.

La postura sindical suma una dimensión política e histórica a la discusión sobre el significado del 12 de octubre. Mientras el Gobierno recupera una denominación asociada a la tradición hispánica, la CGT sostiene que la conmemoración debe preservar el reconocimiento de los pueblos originarios y de la diversidad cultural como componentes centrales de la identidad nacional.