La paritaria docente de San Juan entró nuevamente en una fase clave. Este viernes, durante la quinta sesión de la cuarta negociación salarial del año, el Gobierno provincial formalizó una nueva propuesta integral que apunta a recomponer los haberes del sector docente hacia fin de año y proyectar aumentos para los primeros meses de 2026. Los gremios decidieron trasladar la propuesta a sus bases y retomar la negociación el 12 de diciembre.

Pese a la expectativa generada, la reunión concluyó sin una definición final. Tal como lo establece el procedimiento estatutario, los tres gremios docentes —UDAP, UDA y AMET— resolvieron trasladar la oferta a sus bases, donde será evaluada antes de dar una respuesta en la próxima convocatoria.

El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes, acompañados por funcionarios de ambas carteras. Por el lado sindical, las conducciones gremiales participaron con sus equipos técnicos y asesores legales.

Los puntos centrales de la propuesta oficial

El Ejecutivo provincial detalló una oferta que combina actualizaciones inmediatas y proyecciones hacia 2026. Los principales ejes son:

Incremento del valor índice para diciembre, aplicando la variación mensual del IPC informada por el INDEC correspondiente al mes previo.

Aumento de 4 puntos en todos los cargos del nomenclador docente, a partir de diciembre.

Suba de 5 puntos en el código E60, que alcanzará los 44 puntos desde diciembre de 2025.

Incremento del 5% del valor índice para marzo de 2026, tomando como base el valor de diciembre de 2025.

Según explicaron desde la mesa negociadora, se trata de una actualización que busca sostener el poder adquisitivo en un contexto de alta inflación y, al mismo tiempo, ordenar la estructura salarial docente hacia el inicio del ciclo lectivo 2026.

Quiénes estuvieron presentes

En representación del Gobierno participaron:

Roberto Gutiérrez, ministro de Economía

Silvia Fuentes, ministra de Educación

Emilio Achem, secretario General de la Gobernación

Mariela Mingorance, secretaria de Hacienda

Mariela Lueje, secretaria de Educación

Rodolfo Navas y Abel Farías, directores de Educación

Sergio Castro, director de Recursos Humanos

Vanesa Mestre, jefa de Asesoría Letrada

Martín Recabarren y Adriana Aguirre, asesores jurídicos

Por los sindicatos:

UDAP: Patricia Quiroga, Daniel Persichella, Verónica Jofré, Walter Ríos

AMET: Daniel Quiroga, Adrián Ruiz

(La representación de UDA también estuvo presente, aunque sin detalle nominal en el acta difundida).

Un cuarto intermedio que abre un compás de espera

La decisión de pasar a cuarto intermedio hasta el 12 de diciembre a las 14 horas responde a la necesidad de que cada gremio consulte la propuesta con sus afiliados, un paso que siempre resulta determinante en negociaciones de alto impacto como la salarial.

En el Gobierno hay expectativa de obtener una respuesta favorable, aunque las conducciones gremiales advierten que la definición estará en manos de las bases, que evaluarán si la oferta responde a sus demandas en un cierre de año marcado por la tensión económica.

En un plenario nacional, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) resolvió presentar un amparo judicial para exigir que el Gobierno cumpla íntegramente la Ley de Financiamiento Universitario. La conducción del gremio, encabezada por Walter Merkis, denunció un “incumplimiento sistemático” del Ejecutivo y alertó que, sin respuestas, podría verse comprometido el inicio del ciclo lectivo 2026 en las universidades públicas.

La tensión entre el sistema universitario y el Gobierno de Javier Milei sumó un nuevo capítulo. En un masivo plenario nacional de secretarios generales, FATUN definió los pasos a seguir frente a lo que considera un incumplimiento grave del Ejecutivo: la suspensión de hecho de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en dos oportunidades.

La organización nodocente ratificó el estado de “alerta y movilización” y sostuvo que el oficialismo, al no aplicar la norma, agrava la situación presupuestaria de las universidades y deteriora las condiciones laborales de casi 50.000 trabajadores del sector.

La vía judicial: un amparo contra la suspensión de la ley

La resolución del plenario incluye un elemento clave: FATUN acompañará y monitoreará la acción de amparo colectivo Expte. 16.348/2025, impulsada por el personal de la Universidad Nacional de Tucumán (APUNT), que pide declarar la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno suspendió la Ley 27.795.

El objetivo del gremio es claro: que la Justicia fuerce al Poder Ejecutivo a poner en plena vigencia la ley que garantiza el financiamiento del sistema universitario y la recomposición salarial del personal nodocente.

Para FATUN, el decreto que frena la norma es “irregular”, vulnera la división de poderes y desconoce una ley aprobada por ambas cámaras del Congreso.

Advertencia fuerte: riesgo para el ciclo lectivo 2026

En su documento final, el plenario fue contundente: si el Gobierno mantiene su postura y no habilita los fondos previstos, “peligra el comienzo del ciclo lectivo 2026 y el normal funcionamiento” de todas las universidades nacionales.

La falta de actualización presupuestaria ya afecta áreas críticas como mantenimiento, servicios esenciales, becas, funcionamiento administrativo, insumos tecnológicos y programas de extensión.

Reclamo político: presión al Congreso y al CIN

Además de la vía judicial, FATUN definió otras acciones políticas y gremiales:

1. Reclamo al Congreso

El gremio solicitará nuevamente que el Parlamento ratifique públicamente su defensa de la universidad pública y exija el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario, tal como ya hizo al sancionarla dos veces este año.

2. Convocatoria a la Comisión Negociadora

El sindicato reclamará al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que convoque a la Comisión Negociadora de Nivel General. El objetivo: evaluar la situación crítica y consensuar estrategias para defender las necesidades presupuestarias del sistema.

3. Facultades para acciones directas

El plenario otorgó a la Mesa Ejecutiva de FATUN la potestad de adoptar todas las medidas de acción directa que considere necesarias, manteniendo activa la estructura del plan de lucha.

Un conflicto que se agrava

FATUN denunció que, pese a dos años de “firme voluntad negociadora”, el Gobierno no respondió a ninguna de las propuestas elevadas por el gremio. La situación —según la entidad— profundiza la pérdida salarial, afecta la sustentabilidad de las cajas previsionales y deteriora la salud laboral del personal.

La pulseada se inscribe en un conflicto mayor que atraviesa todo el sistema universitario: congelamiento presupuestario, paritarias cerradas, recortes en programas y la suspensión de la normativa que garantizaba un horizonte de financiamiento a mediano plazo.

El secretario general de ASIMM, Marcelo Pariente, advirtió que la inmensa mayoría de los trabajadores de plataformas opera sin formalidad laboral, expuestos a largas jornadas, ingresos inestables y sin cobertura social. Reclaman que las empresas cumplan el convenio vigente y garanticen derechos básicos.

La expansión del delivery por aplicaciones se convirtió en uno de los fenómenos laborales más visibles de los últimos años en Argentina. Sin embargo, detrás de la comodidad del servicio y de la supuesta “flexibilidad” que promocionan las plataformas, se despliega una realidad marcada por la precarización extrema.

En una entrevista con Habrá Consecuencias por El Destape 1070, el secretario general de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASIMM), Marcelo Pariente, trazó un diagnóstico contundente:
“El 95% de los trabajadores de reparto está en negro y trabaja entre 10 y 12 horas por día”, afirmó.

Según Pariente, la informalidad es tan extendida que los repartidores quedan fuera de cualquier derecho básico: sin obra social, sin ART, sin aportes jubilatorios, sin licencias y sin aguinaldo. Las empresas, denuncia, incumplen un convenio colectivo ya homologado, lo que agrava la desprotección. “Los trabajadores de plataformas estamos totalmente abandonados”, sentenció.

El dirigente explicó que la precarización no solo es laboral, sino también tecnológica. El llamado “algoritmo”, que asigna horarios, pedidos y tarifas, funciona como un mecanismo silencioso de control y disciplinamiento. “No podemos discutir el salario. El sistema decide cuánto ganamos”, señaló Pariente, y añadió que cuando ocurre un accidente la fragilidad queda expuesta con crudeza:
“Si te quiebra una pierna, te quedás meses sin poder trabajar a la buena de Dios”.

El crecimiento del sector agrava el problema. Se estima que unas 160.000 personas trabajan hoy en plataformas de reparto en Argentina, muchas de ellas como único ingreso familiar. Pero la enorme mayoría lo hace en una situación de total informalidad. La promesa de independencia y horarios flexibles se diluye frente a la realidad: jornadas que superan las diez horas, ganancias variables y gastos que corren por cuenta del trabajador, desde nafta hasta reparaciones de moto o bicicleta.

En ese contexto, ASIMM exige que se cumpla el convenio colectivo vigente y que se reconozca a los repartidores como trabajadores formales con todos los derechos que les corresponden: registro, obra social, ART, elementos de seguridad, pago por movilidad, vacaciones, aguinaldo y licencias. Pariente resumió el reclamo con claridad:
“No queremos discutir viajes, queremos discutir salarios y el poder adquisitivo de mis compañeros”.

Con miles de trabajadores sosteniendo una industria que crece sin regulaciones efectivas, el conflicto ya no gira solo en torno a un modelo de negocio tecnológico, sino a la necesidad urgente de garantizar condiciones dignas, seguridad y derechos básicos. El desafío, coinciden los especialistas, es evitar que la modernización se siga construyendo sobre un modelo de informalidad masiva.