La Junta Electoral de la Unión Tranviarios Automotor oficializó las cuatro listas que competirán en los comicios nacionales de octubre. Roberto Fernández buscará continuar al frente del gremio, mientras que Maximiliano Escriba, Alberto Patiño y Claudio Gómez disputarán la conducción.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) tendrá cuatro listas en competencia para las elecciones nacionales del 7 y 8 de octubre de 2026, en las que los afiliados elegirán a la conducción que estará al frente del sindicato durante los próximos cuatro años.

La Junta Electoral oficializó este miércoles las agrupaciones que cumplieron con los requisitos estatutarios y legales, luego de analizar los avales, candidaturas y documentación presentada por cada espacio.

Las listas habilitadas son la Celeste y Blanca, encabezada por el actual secretario general Roberto Fernández; la Negra, que lleva como candidato a Maximiliano Escriba; la Marrón, liderada por Alberto Patiño; y la Bordó, con Claudio Gómez como postulante.

La oficialización cierra una etapa marcada por cuestionamientos de distintos espacios opositores sobre las condiciones de participación y el desarrollo del proceso electoral.

Finalmente, las cuatro agrupaciones que acreditaron los avales y la documentación requerida quedaron habilitadas para disputar los comicios.

De acuerdo con la resolución de la Junta Electoral, el procedimiento se desarrolló conforme a las disposiciones del Estatuto de la UTA y de la Ley de Asociaciones Sindicales, con la correspondiente verificación de los requisitos exigidos a cada lista.

La elección se realizará durante dos jornadas, 7 y 8 de octubre, y definirá la conducción nacional de uno de los principales sindicatos del transporte argentino. La lista ganadora asumirá el 2 de enero de 2027 y ejercerá un mandato de cuatro años.

El Observatorio del Salario de la Junta Interna de ATE en el INDEC estimó que un hogar compuesto por dos adultos y dos hijos necesitó $2.558.677 durante julio para cubrir consumos mínimos. El informe advierte que el poder adquisitivo del salario testigo perdió alrededor del 30% desde diciembre de 2023 y reclama una recomposición urgente.

El cálculo surge de una canasta que destinó $876.365 a alimentos y otros $1.682.312 a bienes y servicios básicos. El relevamiento fue presentado este miércoles 26 de agosto y vinculó el deterioro de los ingresos con la evolución de los precios, la caída del consumo y el creciente endeudamiento de los hogares.

Raúl Llaneza, secretario general de la Junta Interna de ATE en el INDEC, sostuvo que los resultados muestran que el ajuste continúa trasladándose sobre las familias. Según el dirigente, cuando los ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades esenciales, los hogares recurren al crédito para completar sus gastos mensuales.

El dato salarial se conoce después de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrara una variación del 2,1% en julio, frente al 1,9% de junio. La inflación acumulada durante los primeros siete meses de 2026 alcanzó el 19,3%, mientras que la comparación interanual llegó al 33,8%.

El Observatorio tomó como referencia un salario correspondiente al SINEP Nivel D, Grado 0 para medir la evolución del poder adquisitivo. De acuerdo con sus cálculos, ese ingreso perdió aproximadamente 30% de su capacidad de compra desde diciembre de 2023.

Para recuperar el poder adquisitivo que tenía en noviembre de 2023, el salario utilizado como referencia debería recibir, según el informe, una recomposición inmediata del 42%.

La pérdida se vuelve todavía más pronunciada al ampliar el período de comparación. El estudio señala que un salario de $10.191 correspondiente a diciembre de 2015 debería ubicarse actualmente en torno a $1.782.225 para conservar su capacidad de compra. Sin embargo, el ingreso de referencia alcanza apenas $756.396, lo que representa una pérdida de poder adquisitivo calculada en 57,3%.

Endeudamiento y salarios insuficientes

El informe cuestionó además la interpretación oficial que atribuye el endeudamiento de las familias a decisiones individuales desvinculadas del nivel de ingresos. Para ATE, la expansión del crédito entre los hogares responde en buena medida a la necesidad de cubrir gastos cotidianos que los salarios ya no logran afrontar.

“Cuando el salario no alcanza para cubrir las necesidades básicas, las familias recurren al crédito para llegar a fin de mes”, afirmó Llaneza.

El diagnóstico incorpora así tres variables que, según el Observatorio, evolucionan de manera simultánea: inflación, pérdida salarial y mayor utilización del crédito para financiar el consumo corriente.

El documento también examinó las condiciones laborales dentro del Estado nacional y puso el foco en la precarización de los vínculos contractuales. El relevamiento señaló una informalidad laboral del 44,2% y cuestionó la falta de concursos periódicos y la continuidad de modalidades de contratación que, según ATE, afectan la estabilidad y las condiciones de ingreso al empleo público.

Entre los puntos abordados también aparece la situación de los monotributistas comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo y el reclamo para preservar las condiciones laborales establecidas en esa normativa.

Reclamo por el INDEC y una nueva paritaria

El Observatorio reclamó, además, preservar la independencia técnica del INDEC frente a los gobiernos de turno y avanzar con una actualización metodológica del IPC. La organización sindical considera que la credibilidad de las estadísticas oficiales requiere autonomía institucional y criterios técnicos sostenidos en el tiempo.

En materia laboral, ATE reclama la reapertura de la paritaria estatal, una recomposición salarial urgente y el pago de un bono de emergencia. También plantea la necesidad de implementar mecanismos de crédito accesible y con tasas más bajas para reducir el peso financiero que enfrentan los hogares endeudados.

El reporte vuelve a colocar el poder adquisitivo en el centro de la discusión salarial. Mientras la inflación continúa acumulando variaciones mensuales y una familia tipo requiere ingresos superiores a los $2,5 millones para cubrir sus consumos mínimos, los salarios utilizados como referencia por el Observatorio permanecen por debajo de los niveles necesarios para recuperar el poder de compra perdido en los últimos años.

La organización sindical cuestionó no haber sido convocada a una reunión con autoridades de Santa Cruz y reclamó respuestas por el Bono de Producción y las denuncias de persecución sindical en empresas contratistas. Su secretario general, Marcelo Mena Muñoz, pidió que el diálogo incluya a todas las entidades con representación efectiva en los yacimientos.

La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) reclamó su incorporación a las instancias de diálogo que el Gobierno de Santa Cruz mantiene con representantes de los trabajadores mineros y cuestionó no haber sido convocada a una reciente reunión con autoridades provinciales encabezadas por el gobernador Claudio Vidal.

El gremio sostuvo que su participación resulta necesaria por la representación que ejerce sobre trabajadores jerárquicos, profesionales y técnicos de la minería, tanto de empresas operadoras como de firmas contratistas. En ese sentido, planteó que las decisiones gubernamentales vinculadas con empleo, condiciones laborales y relaciones gremiales deben contemplar a todas las organizaciones con personería y presencia efectiva en los yacimientos.

El reclamo fue formulado por el secretario general de ASIJEMIN y titular de la Delegación Regional Sur, Marcelo Mena Muñoz, quien advirtió que la ausencia del sindicato en la reunión impidió llevar ante las autoridades una serie de cuestiones que continúan pendientes de resolución.

Entre ellas, la entidad ubicó la definición del Bono de Producción, una demanda que mantiene abierta con trabajadores de la minería, y los reclamos vinculados con presuntas situaciones de persecución sindical en empresas contratistas. Según ASIJEMIN, ambos asuntos continúan sin respuestas concretas para los trabajadores involucrados.

El sindicato remarcó que corresponde al Gobierno provincial intervenir dentro de sus competencias para encauzar los conflictos laborales y brindar definiciones que permitan evitar la prolongación de reclamos sin resolución. Por ese motivo, consideró que la reunión mantenida con representantes gubernamentales constituyó una oportunidad que podría haber sido aprovechada para abordar los planteos pendientes.

ASIJEMIN cuenta con Personería Gremial N° 1904 y tiene homologado el Convenio Colectivo de Trabajo N° 789/21. Desde esa posición institucional, la organización reivindicó su representación sobre trabajadores jerárquicos, profesionales y técnicos y reclamó que esa legitimidad sea contemplada en las conversaciones oficiales relacionadas con la minería santacruceña.

Mena Muñoz sostuvo que la participación gremial no debe limitarse a las discusiones salariales, sino extenderse a las cuestiones vinculadas con seguridad, condiciones de trabajo, desarrollo profesional y estabilidad laboral. Para el dirigente, incorporar a las entidades con representación efectiva permite que las decisiones contemplen la diversidad de funciones y realidades existentes dentro de los emprendimientos mineros.

La asociación anticipó que continuará realizando gestiones ante las autoridades provinciales y los organismos competentes para obtener respuestas sobre las problemáticas pendientes. La organización también insistió en la necesidad de consolidar un diálogo social que incluya a todas las representaciones gremiales reconocidas dentro de los yacimientos.

El planteo de ASIJEMIN vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de que las discusiones laborales vinculadas con la minería santacruceña incorporen a las distintas organizaciones que representan a los trabajadores. Para el gremio jerárquico, la participación gremialconstituye una condición necesaria para avanzar hacia definiciones concretas sobre derechos laborales y conflictos todavía abiertos.