Se levantó el paro de colectivos
El Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria por cinco días en el conflicto de los choferes de colectivos de corta y media distancia, que habían dispuesto un paro nacional de 24 horas para este viernes, por lo cual mañana esos servicios funcionarán normalmente.
De acuerdo con la medida, la cartera que conduce Raquel «Kelly» Olmos dispuso «dar por iniciado un período de conciliación obligatoria por el término de cinco (5) días hábiles (…) debiendo retrotraerse la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto y por el plazo de duración del presente procedimiento conciliatorio». Además, la cartera de Estado citó a una reunión de las partes para el próximo martes 23.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que conduce Roberto Fernández, había dispuesto un paro nacional de 24 horas de choferes de colectivos de corta y media distancia a partir de esta medianoche en reclamo de mejoras salariales. Trabajo indicó que ante la declaración de la huelga se debía «promover una solución pacífica y legal al conflicto planteado» y «otorgarse especial consideración al interés general como principio rector de las relaciones desarrolladas en la materia y por cuya protección esta administración debe velar».
El Ministerio recordó que «por imperio de lo establecido constitucionalmente a partir de la reforma del año 1994, los derechos colectivos del trabajo fundamentales y los de protección al conjunto de la comunidad deben ser interpretados armónicamente». También destacó que la conciliación obligatoria procura que las partes «lleguen a un acuerdo», así como «garantizar la paz social atendiendo a la necesidad pública de contrarrestar eventuales desbordes que pudieran suscitar las acciones de las partes».
La disposición de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo -que conduce Raúl Ferrara- dispuso en ese marco «intimar» a la UTA y a los trabajadores «a dejar sin efecto, durante el período indicado (…) toda medida de acción directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar, prestando servicios de manera normal y habitual».
A la vez, «intimar a las empresas de transporte que se desempeñan en el ámbito Región Metropolitana de Buenos Aires» involucradas en el conflicto «a abstenerse de tomar represalias de cualquier tipo con el personal representado por la organización sindical y/o con cualquier otra persona, en relación al diferendo aquí planteado, así como también a otorgar tareas en forma normal y habitual a su personal». En caso de que las partes no cumplan con lo prescripto se les aplicarán sanciones, tal como lo prevé la ley, se advirtió.
Tras exhortar a las empresas y a la UTA a «mantener la mejor predisposición y apertura para negociar», Trabajo ratificó una audiencia fijada para el martes 23 de mayo a las 13 mediante plataforma virtual, para evaluar el avance de las negociaciones y el acatamiento de lo ordenado».
La ministra Olmos había anticipado a Télam que ante el anuncio del paro se iba a dictar la conciliación «para garantizar el servicio de colectivos y que las trabajadoras y los trabajadores puedan trasladarse mañana como cualquier día normal».
El secretario de prensa de la UTA, Mario Calegari, había dicho que la huelga dependía de la declaración o no de la conciliación. La UTA informó en un comunicado que había resuelto un plan de lucha «en la búsqueda de la mejora de nuestros salarios». Y denunció que «las empresas niegan la posibilidad de aumento salarial, tanto en el AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires) como en el interior del país».
«La medida de fuerza es empujada por quienes tienen la responsabilidad de solucionar la grave crisis en la que están poniendo al transporte, por todos los efectos «dañosos» que causan, afectando a los 10 millones de usuarios diarios del AMBA y 9 millones en el interior del país, poniendo seriamente en riesgo la seguridad pública», alertó el gremio.
«La posición es clara, los salarios de los trabajadores requieren un aumento urgente», enfatizó el sindicato
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Paro universitario: ADICUS se suma a la medida nacional del 12 al 18 de noviembre
El gremio que conduce Jaime Barcelona acompañará la medida de fuerza convocada por las federaciones nacionales en reclamo de una recomposición salarial, mayores recursos presupuestarios y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La Asociación de Docentes, Investigadores y Creadores de la Universidad Nacional de San Juan (ADICUS) confirmó su adhesión al paro universitario nacional previsto entre el 12 y el 18 de noviembre, en el marco del conflicto que mantienen las organizaciones sindicales con el Gobierno por el deterioro salarial y el financiamiento de la educación superior.
Barcelona, referente del sindicato sanjuanino, ratificó que la entidad acompañará las siete jornadas de protesta impulsadas por las federaciones nacionales. La convocatoria busca exigir una actualización de los haberes que permita recuperar el poder adquisitivo, además de garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de las universidades públicas.
La medida se suma a una serie de acciones gremiales desarrolladas durante los últimos meses ante la falta de respuestas satisfactorias a las demandas del sector. Los sindicatos advierten que la pérdida de ingresos y las dificultades presupuestarias afectan las condiciones laborales y comprometen el sostenimiento de las tareas académicas, científicas y administrativas.
Otro de los puntos centrales del reclamo es el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, considerada por las organizaciones como una herramienta fundamental para asegurar la estabilidad institucional y atender las necesidades económicas del sistema.
En San Juan, el impacto de la protesta dependerá del nivel de adhesión que registre la Universidad Nacional de San Juan durante las jornadas convocadas. La continuidad del conflicto vuelve a situar en el centro del debate la recomposición de los salarios, la asignación de recursos públicos y las condiciones necesarias para preservar el funcionamiento de la educación superior.
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La CGT busca convertir el mensaje del Papa en una mesa de negociación con Milei
La central obrera presentó un documento en el que propone una mesa integrada por sindicatos, empresarios y representantes del Estado para discutir empleo registrado, recuperación salarial y desarrollo productivo. Las definiciones de León XIV fueron interpretadas por la dirigencia gremial como un respaldo a sus planteos, mientras el pedido de negociación también encontró eco en las principales entidades empresariales.
La Confederación General del Trabajo (CGT) busca aprovechar la repercusión del mensaje del papa León XIV sobre el mundo laboral para reactivar una negociación institucional con el gobierno de Javier Milei y las principales organizaciones empresariales. La central obrera pretende instalar una mesa tripartita que permita discutir salarios, empleo registrado, producción y condiciones laborales, en momentos en que persisten las diferencias con el oficialismo por el rumbo económico y los cambios en la legislación del trabajo.
La iniciativa quedó formalizada en un documento entregado al Pontífice durante su encuentro con representantes del mundo laboral en la Universidad Católica Argentina (UCA). Allí, la conducción sindical vinculó las definiciones papales con una agenda de demandas que incluye la recuperación del poder adquisitivo, la generación de puestos de trabajo de calidad, el fortalecimiento de la industria y la protección de los derechos laborales.
Para la CGT, las palabras de León XIV sobre la dignidad del trabajador, la justicia social y la función de las organizaciones gremiales reforzaron la legitimidad de sus planteos. El Papa había sostenido que la economía debe estar al servicio de las personas y advirtió que la pérdida del empleo no representa solamente la desaparición de un ingreso, sino también una lesión a la dignidad y a la integración social.
La central obrera recuperó especialmente esa definición para cuestionar un modelo de crecimiento que, según su interpretación, puede mejorar determinados indicadores económicos sin traducirse necesariamente en mejores condiciones de vida para la población. En el documento presentado al Pontífice, advirtió: “Un país puede producir más y, sin embargo, distribuir peor. Puede crecer y aumentar la desigualdad. Puede incorporar tecnología y destruir puestos de trabajo sin generar alternativas”.
La agenda que la CGT quiere discutir
La propuesta sindical apunta a reunir a representantes del trabajo, el capital inversor y los distintos niveles del Estado para construir acuerdos sobre el desarrollo económico y social. Entre los principales temas aparecen la creación de empleo registrado, la recuperación de los ingresos, el fortalecimiento del entramado productivo y la promoción de actividades como la industria, la construcción, los servicios y las economías regionales.
La negociación colectiva y la reforma laboral también forman parte de las diferencias entre la central obrera y el Ejecutivo. Los gremios cuestionan los cambios impulsados por el oficialismo porque consideran que pueden debilitar derechos adquiridos y favorecer modalidades de contratación más precarias. Desde el Gobierno, en cambio, las modificaciones se inscriben en su propuesta de transformación del mercado laboral.
La conducción cegetista mantiene, por ahora, su apuesta a una instancia de negociación, pese a las presiones internas de sectores sindicales que reclaman respuestas más contundentes frente al deterioro de los ingresos y las dificultades del mercado laboral. La intención es que el diálogo no quede limitado a una reunión protocolar, sino que permita establecer compromisos concretos entre los distintos actores.
El respaldo empresarial y las dificultades para acercarse al Gobierno
El planteo de la CGT encontró una coincidencia significativa en el ámbito empresario. El Grupo de los Seis (G6), que reúne a las principales entidades empresariales del país, también expresó su voluntad de promover una mesa amplia con representantes del Estado, las provincias, los trabajadores y la sociedad civil. La propuesta apunta a construir acuerdos que puedan sostenerse más allá de los cambios de gobierno y de las diferencias políticas.
Sin embargo, la posibilidad de un acercamiento entre la central obrera y la Casa Rosada mostró dificultades. Según las últimas informaciones periodísticas, el Gobierno recibió con malestar el documento difundido por la CGT y la posibilidad de una reunión quedó bajo incertidumbre, pese a los contactos iniciales que se habían producido después del encuentro en la UCA.
Tecnología y futuro del empleo
Otro de los puntos que la dirigencia sindical incorporó a su agenda es el impacto de la inteligencia artificial y la automatización. León XIV advirtió sobre los riesgos de que las transformaciones tecnológicas se desarrollen exclusivamente bajo criterios de rentabilidad, sin considerar sus consecuencias sobre los puestos de trabajo y la dignidad de quienes viven de su actividad laboral.
La CGT considera que ese proceso requiere reglas y mecanismos de protección que permitan incorporar innovación sin trasladar sus costos exclusivamente a los trabajadores. La discusión incluye la capacitación profesional, la adaptación de las relaciones laborales y la necesidad de generar alternativas para quienes puedan resultar desplazados por los cambios productivos.
El desafío para la central obrera será transformar las coincidencias expresadas tras la visita papal en una instancia efectiva de negociación. Las demandas sobre salarios, empleo y producción ya están planteadas, y también existe una coincidencia inicial con las principales entidades empresariales sobre la necesidad de recuperar el diálogo social. Sin embargo, la falta de una convocatoria oficial y las diferencias con el Ejecutivo mantienen abierto el interrogante sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo. El mensaje de León XIV aportó un marco de reflexión sobre la dignidad del trabajo, pero su traducción en políticas concretas dependerá de la voluntad de negociación de los actores económicos, sindicales y gubernamentales.
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Los gremios universitarios reivindicaron el mensaje de León XIV en defensa de la educación pública
Representantes de FEDUN, UDA y FATUN valoraron las definiciones del Pontífice sobre el papel de la educación, la investigación y el conocimiento en el desarrollo argentino. Las organizaciones vincularon sus palabras con la necesidad de garantizar el financiamiento universitario y ampliar las oportunidades de las nuevas generaciones, en medio de los cuestionamientos al ajuste del Gobierno nacional.
Las principales organizaciones sindicales vinculadas con la educación y las universidades nacionales destacaron las definiciones del papa León XIV en defensa de la formación, la investigación científica y el acceso al conocimiento. Referentes de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) interpretaron que el mensaje del Pontífice puso en primer plano la responsabilidad del Estado y de la sociedad en la construcción de un sistema educativo capaz de garantizar igualdad de oportunidades.
Las expresiones fueron recibidas en un momento de fuertes cuestionamientos al financiamiento de las universidades públicas y a las políticas nacionales destinadas al sistema científico. En ese marco, las entidades gremiales consideraron que las palabras de León XIV aportaron una dimensión social al debate presupuestario, al vincular el futuro de la Argentina con la posibilidad de sostener instituciones educativas, promover la investigación y asegurar que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos de vida en el país.
Durante su primer discurso oficial en territorio argentino, pronunciado en el Palacio Libertad ante autoridades nacionales y representantes institucionales, el Papa subrayó que el desarrollo de una sociedad requiere fortalecer la educación, la formación profesional, las universidades y la investigación. En particular, sostuvo que generar condiciones para que las nuevas generaciones puedan construir libremente su futuro en Argentina exige una apuesta sostenida por esas áreas.
La reflexión tuvo una recepción favorable entre los representantes universitarios, que destacaron la relación establecida por el Pontífice entre conocimiento, dignidad humana y desarrollo colectivo. Desde FEDUN valoraron que la educación y la ciencia fueran incorporadas como prioridades para pensar el futuro nacional, y remarcaron la necesidad de que las decisiones públicas coloquen el desarrollo y las oportunidades de la población en el centro de sus objetivos.
UDA vinculó educación y dignidad del trabajo
El secretario general de la Unión Docentes Argentinos, Sergio Romero, participó del encuentro que León XIV mantuvo con representantes del mundo laboral en la Universidad Católica Argentina. Allí destacó la sensibilidad del Pontífice frente a las dificultades que atraviesan tanto los trabajadores como el sistema educativo.
Romero valoró especialmente la afirmación papal de que “la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”. También recuperó la reflexión sobre el trabajo como una dimensión constitutiva de la dignidad humana y destacó la referencia a las tres demandas históricas de los movimientos populares: tierra, techo y trabajo.
Para el dirigente, esas definiciones expresan una concepción social que reconoce la educación y el empleo como componentes fundamentales de una sociedad con mayores posibilidades de integración y desarrollo.
FATUN defendió el carácter público de la universidad
Desde la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales, que conduce Walter Merkis, también destacaron las palabras del Papa y su referencia al acceso a la educación como un derecho que no debe quedar reservado a determinados grupos sociales.
La organización puso especial atención en una de las expresiones del Pontífice: “Allí donde el acceso a la educación sigue siendo un privilegio, la Iglesia debe abrir puertas e inventar caminos”. Para los trabajadores nodocentes, esa definición trasciende el ámbito religioso y constituye una convocatoria a reconocer la educación como herramienta de inclusión, igualdad y transformación social.
FATUN sostuvo que la universidad debe permanecer abierta a todos los sectores y advirtió sobre los riesgos de convertirla en un ámbito restringido por las condiciones económicas. También reivindicó el aporte de los trabajadores nodocentes, cuyo desempeño cotidiano resulta indispensable para el funcionamiento de las instituciones, el desarrollo de las actividades académicas y la producción de conocimiento.
La federación reafirmó que defender la universidad pública significa preservar oportunidades de formación, investigación y movilidad social. En esa línea, vinculó la continuidad de esas funciones con la necesidad de contar con recursos suficientes para sostener el sistema.
Las reacciones de los gremios reflejaron una coincidencia alrededor de un principio: la educación no puede ser considerada un gasto prescindible, sino una inversión determinante para el desarrollo social y productivo. El mensaje de León XIV volvió a colocar esa discusión en el centro de la agenda pública y encontró eco en organizaciones que reclaman condiciones presupuestarias adecuadas para garantizar el funcionamiento de las universidades, proteger el trabajo de sus integrantes y sostener el acceso al conocimiento. La dimensión del debate excede, por lo tanto, una disputa salarial o presupuestaria: compromete el modelo de educación y las oportunidades que la Argentina estará en condiciones de ofrecer a las próximas generaciones.
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