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El Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria por cinco días en el conflicto de los choferes de colectivos de corta y media distancia, que habían dispuesto un paro nacional de 24 horas para este viernes, por lo cual mañana esos servicios funcionarán normalmente.

De acuerdo con la medida, la cartera que conduce Raquel «Kelly» Olmos dispuso «dar por iniciado un período de conciliación obligatoria por el término de cinco (5) días hábiles (…) debiendo retrotraerse la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto y por el plazo de duración del presente procedimiento conciliatorio». Además, la cartera de Estado citó a una reunión de las partes para el próximo martes 23.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que conduce Roberto Fernández, había dispuesto un paro nacional de 24 horas de choferes de colectivos de corta y media distancia a partir de esta medianoche en reclamo de mejoras salariales. Trabajo indicó que ante la declaración de la huelga se debía «promover una solución pacífica y legal al conflicto planteado» y «otorgarse especial consideración al interés general como principio rector de las relaciones desarrolladas en la materia y por cuya protección esta administración debe velar».

El Ministerio recordó que «por imperio de lo establecido constitucionalmente a partir de la reforma del año 1994, los derechos colectivos del trabajo fundamentales y los de protección al conjunto de la comunidad deben ser interpretados armónicamente». También destacó que la conciliación obligatoria procura que las partes «lleguen a un acuerdo», así como «garantizar la paz social atendiendo a la necesidad pública de contrarrestar eventuales desbordes que pudieran suscitar las acciones de las partes».

La disposición de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo -que conduce Raúl Ferrara- dispuso en ese marco «intimar» a la UTA y a los trabajadores «a dejar sin efecto, durante el período indicado (…) toda medida de acción directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar, prestando servicios de manera normal y habitual».

A la vez, «intimar a las empresas de transporte que se desempeñan en el ámbito Región Metropolitana de Buenos Aires» involucradas en el conflicto «a abstenerse de tomar represalias de cualquier tipo con el personal representado por la organización sindical y/o con cualquier otra persona, en relación al diferendo aquí planteado, así como también a otorgar tareas en forma normal y habitual a su personal». En caso de que las partes no cumplan con lo prescripto se les aplicarán sanciones, tal como lo prevé la ley, se advirtió.

Tras exhortar a las empresas y a la UTA a «mantener la mejor predisposición y apertura para negociar», Trabajo ratificó una audiencia fijada para el martes 23 de mayo a las 13 mediante plataforma virtual, para evaluar el avance de las negociaciones y el acatamiento de lo ordenado».

La ministra Olmos había anticipado a Télam que ante el anuncio del paro se iba a dictar la conciliación «para garantizar el servicio de colectivos y que las trabajadoras y los trabajadores puedan trasladarse mañana como cualquier día normal».

El secretario de prensa de la UTA, Mario Calegari, había dicho que la huelga dependía de la declaración o no de la conciliación. La UTA informó en un comunicado que había resuelto un plan de lucha «en la búsqueda de la mejora de nuestros salarios». Y denunció que «las empresas niegan la posibilidad de aumento salarial, tanto en el AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires) como en el interior del país».

«La medida de fuerza es empujada por quienes tienen la responsabilidad de solucionar la grave crisis en la que están poniendo al transporte, por todos los efectos «dañosos» que causan, afectando a los 10 millones de usuarios diarios del AMBA y 9 millones en el interior del país, poniendo seriamente en riesgo la seguridad pública», alertó el gremio.

«La posición es clara, los salarios de los trabajadores requieren un aumento urgente», enfatizó el sindicato

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Nuevo paro en las universidades tras el fracaso de la negociación salarial

Docentes y trabajadores nodocentes de las universidades nacionales realizarán este martes 22 de septiembre una nueva jornada de paro, en rechazo a la oferta salarial del 3%. Los gremios sostienen que necesitan una recomposición del 33,4% para recuperar el poder adquisitivo de noviembre de 2023 y reclaman la aplicación del artículo 5 de la Ley de Financiamiento Universitario. También convocaron a la quinta Marcha Federal para el 15 de octubre.

Las universidades nacionales volverán a paralizar este martes 22 de septiembre sus actividades por 24 horas, en la segunda jornada del paro de 48 horas dispuesto por el Frente Sindical de Universidades Nacionales. La medida completa la huelga iniciada el viernes 18 y fue definida luego de que las organizaciones docentes y nodocentes rechazaran nuevamente una propuesta de aumento salarial del 3%.

La disputa excede la discusión de un porcentaje mensual. Los sindicatos reclaman la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, sancionada en octubre de 2025. Su artículo 5 establece que los haberes docentes y nodocentes debían actualizarse desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma tomando como referencia, como mínimo, la evolución del IPC, además de disponer actualizaciones mensuales no inferiores a la inflación publicada por el INDEC.

Una brecha salarial que los gremios calculan en 33,4%

El porcentaje que concentra el reclamo surge de los informes elaborados por FEDUN y CIICTI. El último relevamiento disponible ubica en 33,4% la recomposición nominal necesaria para recuperar, en términos reales, el nivel salarial de noviembre de 2023. CIICTI volvió a señalar ese mismo cálculo en agosto de 2026.

Frente a esa referencia, la propuesta del 3% presentada en la negociación paritaria fue considerada insuficiente por las organizaciones que integran el Frente Sindical. Desde ADIUC, uno de los gremios que participa de la articulación nacional, sostuvieron además que la diferencia acumulada derivada de la aplicación pendiente del artículo 5 equivaldría a unos cuatro salarios. Esa estimación corresponde a la organización gremial y forma parte de sus argumentos para sostener la continuidad de la protesta.

La FEDUN reclama, junto con la recomposición de los haberes, que el Gobierno aplique la normativa vigente. Su secretario general, Daniel Ricci, cuestionó la nueva propuesta oficial y sostuvo que el porcentaje ofrecido no permite recuperar la pérdida acumulada por los trabajadores universitarios.

El reclamo también alcanza becas, hospitales e investigación

El conflicto incorpora además recursos para las funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación y extensión. Los gremios plantean que el financiamiento debe contemplar las becas estudiantiles, los hospitales universitarios y las condiciones necesarias para sostener la enseñanza y la investigación.

La propia Ley 27.795 establece entre sus objetivos garantizar el ingreso, la permanencia y la terminalidad de los estudiantes, además de asegurar condiciones laborales y salariales para docentes y nodocentes. También dispone recursos para tecnología, formación y fortalecimiento de las plantas universitarias.

La continuidad de la huelga no constituye una medida aislada. El Frente Sindical anunció un esquema de 23 jornadas de protestas, que desembocará en una nueva Marcha Federal Universitaria el 15 de octubre, acordada junto con el Consejo Interuniversitario Nacional.

La convocatoria reúne a FATUN, FEDUN, CONADU, CONADU Histórica, FAGDUT, UDA y CTERA, con participación de docentes y nodocentes de universidades de todo el país. En distintas casas de estudios se sumaron actividades de visibilización, clases públicas y otras iniciativas durante las jornadas de protesta.

La huelga de este martes reinstala la controversia salarial entre el Ejecutivo y el sector universitario, donde la brecha entre el 3% ofertado y el 33,4% exigido expone un quiebre profundo. Esta distancia no solo frustra el acuerdo mensual, sino que reactiva el debate de fondo sobre el cumplimiento de la Ley 27.795 y la garantía presupuestaria para las casas de altos estudios.

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Día de la Sanidad 2026: cuánto cobra cada trabajador según su convenio

Este 21 de septiembre se celebra el Día del Trabajador de la Sanidad. Los acuerdos paritarios de FATSA establecieron asignaciones extraordinarias, no remunerativas y por única vez, cuyo monto depende del convenio colectivo y oscila entre $58.003 y $101.560. El pago debía efectuarse durante septiembre y antes del día 20.

El Día del Trabajador de la Sanidad encuentra este año a los trabajadores comprendidos en los convenios de FATSA con un ingreso extraordinario que no es igual para todos. La asignación fue fijada en las distintas negociaciones paritarias y depende del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) aplicable a cada establecimiento.

Se trata de una suma no remunerativa, excepcional y de pago único, que alcanza a los trabajadores comprendidos en cada convenio con independencia de la categoría o antigüedad. Los acuerdos establecieron que los empleadores debían abonarla durante septiembre y antes del 20 de este mes.

Cuánto corresponde según el convenio

Los montos establecidos para 2026 son los siguientes:
Convenio
Trabajadores comprendidos
Asignación
CCT 103/75
Hospitales privados de colectividades y establecimientos de la comunidad
$71.635
CCT 107/75
Personal técnico, administrativo y de maestranza de mutualidades
$68.925,70
CCT 108/75
Institutos médicos y odontológicos, laboratorios, centros de diagnóstico y establecimientos sin internación
$68.863,34
CCT 122/75
Clínicas, sanatorios, geriátricos y establecimientos con internación
$68.925,70
CCT 743/16
Atención, cuidado e internación domiciliaria
$58.003
CCT 459/06
Emergencias médicas, medicina domiciliaria y traslado de pacientes
$68.920,58
CCT 120/75
Droguerías y distribuidoras de especialidades medicinales
$101.560
CCT 42/89
Laboratorios fabricantes de productos medicinales y veterinarios
$101.560

Los valores de los CCT 108/75 y 459/06 surgen de los acuerdos salariales publicados por la propia organización sindical. En ambos casos, la cláusula específica establece expresamente el carácter excepcional, no remunerativo y de pago único de la asignación. Los convenios vinculados con droguerías e industria farmacéutica también fijaron una asignación de $101.560.

La diferencia responde al convenio aplicable y no a la profesión individual. Por eso, dos trabajadores con funciones similares pueden recibir montos distintos si están encuadrados en actividades o establecimientos alcanzados por diferentes convenios colectivos.

El bono se suma al salario

La asignación por el Día de la Sanidad no reemplaza el sueldo ni los aumentos establecidos en las paritarias. En los convenios asistenciales 103/75, 108/75 y 122/75, por ejemplo, la negociación para junio-agosto contempló incrementos acumulativos de 3,7% en junio, 2% en julio y 1,6% en agosto, además de sumas no remunerativas de $90.000 para junio y julio y $80.000 para agosto.

En consecuencia, el ingreso de septiembre debe calcularse a partir del básico correspondiente a cada categoría, los adicionales previstos por el convenio y los restantes conceptos salariales, a los que se agrega esta asignación extraordinaria cuando corresponde.

Cómo verificar cuánto debe cobrar cada trabajador

La referencia clave para determinar el monto es el CCT que figura en el recibo de haberes. No alcanza con identificar la profesión o el puesto: el encuadramiento depende de la actividad del establecimiento y de la convención colectiva aplicable.

Si la suma no fue acreditada dentro del plazo establecido, el trabajador puede consultar ante la representación sindical correspondiente o el sindicato de primer grado adherido a FATSA en su jurisdicción. La asignación tiene carácter extraordinario y no modifica, por sí misma, la remuneración básica ni las escalas permanentes.

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León XIV pondrá al mundo del trabajo en el centro de su agenda argentina

La agenda oficial de la visita de León XIV confirmó para el 9 de noviembre un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. La CGT prevé además una reunión reservada con dirigentes de su mesa chica y busca ampliar la convocatoria a organizaciones sindicales, movimientos sociales y referentes empresariales.

Según el cronograma oficial difundido este lunes, el encuentro ampliado se llevará a cabo el 9 de noviembre a las 16:10 en un auditorio de la Universidad Católica Argentina (UCA).

La central obrera trabaja, además, sobre una instancia previa de carácter reservado con dirigentes de su mesa chica. La intención es trasladar a León XIV las principales preocupaciones del sindicalismo sobre la realidad económica y social argentina y plantear una visión centrada en la producción, el empleo y la inclusión, según anticiparon fuentes gremiales.

La convocatoria posterior tendrá una dimensión considerablemente mayor. Desde la CGT pretenden que participen alrededor de 300 representantes y que la composición no quede limitada a la conducción de la central. La intención expresada por dirigentes cegetistas es que estén representadas distintas expresiones del movimiento obrero y que puedan incorporarse la UTEP y las CTA, además de otros actores vinculados con el mundo laboral.

El programa oficial del Vaticano no identifica individualmente a las organizaciones participantes, sino que establece para las 16.10 un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la UCA. La definición de los asistentes y la organización concreta de la convocatoria quedarán, por lo tanto, sujetas a las gestiones previas entre los distintos actores.

Un diálogo que comenzó en Roma

La reunión en Buenos Aires tendrá como antecedente inmediato el encuentro que Cristian Jerónimo, co-secretario general de la CGT, y Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la central y titular de la UOCRA, mantuvieron con León XIV en el Vaticano el 12 de septiembre.

La delegación sindical presentó allí un diagnóstico sobre la realidad laboral y social argentina y abordó, entre otros asuntos, la evolución del empleo, los ingresos y el impacto de la inteligencia artificial sobre el mercado de trabajo. La audiencia se produjo en el marco del Encuentro Sinodal Fratelli Tutti, que reunió a dirigentes sindicales, empresarios, referentes sociales y representantes de la Iglesia.

Ese contacto en Roma fue también el punto de partida para avanzar sobre la convocatoria argentina. Desde la CGT señalaron que la organización del encuentro ampliado quedó en manos del Vaticano y que la central procurará que la participación sea lo más amplia posible.

La posibilidad de incorporar representantes empresarios agrega otra dimensión a la iniciativa. Dentro de las conversaciones aparece el denominado G6, integrado por las principales entidades empresariales y financieras del país. De concretarse esa participación, el encuentro podría reunir en un mismo ámbito a representantes sindicales y empresarios, aunque la composición definitiva todavía no fue oficializada.

El planteo adquiere relevancia porque la agenda de León XIV contempla una jornada específicamente dedicada al trabajo dentro de una visita que se extenderá del 8 al 11 de noviembre y que incluirá Buenos Aires, Córdoba y Luján. El lunes 9, antes del encuentro en la UCA, el pontífice visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y celebrará una misa en el Monumento de los Españoles.

La presencia del mundo sindical en la agenda papal se produce, además, mientras la CGT mantiene diferencias con las políticas impulsadas por el Gobierno nacional y prepara nuevas acciones gremiales. La central deberá ahora definir la representación que llevará a la UCA y los planteos que buscará instalar ante León XIV, en una jornada que reunirá a trabajadores, dirigentes sindicales y otros referentes de la realidad productiva y laboral argentina.

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