Se levantó el paro de colectivos
El Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria por cinco días en el conflicto de los choferes de colectivos de corta y media distancia, que habían dispuesto un paro nacional de 24 horas para este viernes, por lo cual mañana esos servicios funcionarán normalmente.
De acuerdo con la medida, la cartera que conduce Raquel «Kelly» Olmos dispuso «dar por iniciado un período de conciliación obligatoria por el término de cinco (5) días hábiles (…) debiendo retrotraerse la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto y por el plazo de duración del presente procedimiento conciliatorio». Además, la cartera de Estado citó a una reunión de las partes para el próximo martes 23.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que conduce Roberto Fernández, había dispuesto un paro nacional de 24 horas de choferes de colectivos de corta y media distancia a partir de esta medianoche en reclamo de mejoras salariales. Trabajo indicó que ante la declaración de la huelga se debía «promover una solución pacífica y legal al conflicto planteado» y «otorgarse especial consideración al interés general como principio rector de las relaciones desarrolladas en la materia y por cuya protección esta administración debe velar».
El Ministerio recordó que «por imperio de lo establecido constitucionalmente a partir de la reforma del año 1994, los derechos colectivos del trabajo fundamentales y los de protección al conjunto de la comunidad deben ser interpretados armónicamente». También destacó que la conciliación obligatoria procura que las partes «lleguen a un acuerdo», así como «garantizar la paz social atendiendo a la necesidad pública de contrarrestar eventuales desbordes que pudieran suscitar las acciones de las partes».
La disposición de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo -que conduce Raúl Ferrara- dispuso en ese marco «intimar» a la UTA y a los trabajadores «a dejar sin efecto, durante el período indicado (…) toda medida de acción directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar, prestando servicios de manera normal y habitual».
A la vez, «intimar a las empresas de transporte que se desempeñan en el ámbito Región Metropolitana de Buenos Aires» involucradas en el conflicto «a abstenerse de tomar represalias de cualquier tipo con el personal representado por la organización sindical y/o con cualquier otra persona, en relación al diferendo aquí planteado, así como también a otorgar tareas en forma normal y habitual a su personal». En caso de que las partes no cumplan con lo prescripto se les aplicarán sanciones, tal como lo prevé la ley, se advirtió.
Tras exhortar a las empresas y a la UTA a «mantener la mejor predisposición y apertura para negociar», Trabajo ratificó una audiencia fijada para el martes 23 de mayo a las 13 mediante plataforma virtual, para evaluar el avance de las negociaciones y el acatamiento de lo ordenado».
La ministra Olmos había anticipado a Télam que ante el anuncio del paro se iba a dictar la conciliación «para garantizar el servicio de colectivos y que las trabajadoras y los trabajadores puedan trasladarse mañana como cualquier día normal».
El secretario de prensa de la UTA, Mario Calegari, había dicho que la huelga dependía de la declaración o no de la conciliación. La UTA informó en un comunicado que había resuelto un plan de lucha «en la búsqueda de la mejora de nuestros salarios». Y denunció que «las empresas niegan la posibilidad de aumento salarial, tanto en el AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires) como en el interior del país».
«La medida de fuerza es empujada por quienes tienen la responsabilidad de solucionar la grave crisis en la que están poniendo al transporte, por todos los efectos «dañosos» que causan, afectando a los 10 millones de usuarios diarios del AMBA y 9 millones en el interior del país, poniendo seriamente en riesgo la seguridad pública», alertó el gremio.
«La posición es clara, los salarios de los trabajadores requieren un aumento urgente», enfatizó el sindicato
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Las universidades públicas se suman a la huelga docente nacional
Los docentes universitarios de San Juan se plegarán este lunes 3 de agosto a la medida de fuerza convocada a nivel nacional. La protesta, que también contará con la adhesión de los principales gremios docentes provinciales, reclama una recomposición salarial, mayor financiamiento para las universidades y la restitución de fondos educativos.
Los docentes universitarios iniciarán este lunes el segundo cuatrimestre con una jornada de paro docente. Los gremios confirmaron su participación a la medida nacional, por lo que el dictado de clases y buena parte de las actividades académicas quedarán afectadas durante toda la jornada.
La protesta forma parte del plan de lucha impulsado por las federaciones docentes universitarias, que denuncian el deterioro salarial, reclaman la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y exigen un incremento del presupuesto destinado a las casas de altos estudios. También advierten sobre las dificultades que enfrentan las universidades para sostener su funcionamiento y las tareas de investigación y extensión.
En San Juan, la Asociación de Docentes, Investigadores y Creadores de la Universidad Nacional de San Juan (ADICUS) confirmó que la modalidad será sin asistencia a los lugares de trabajo, mientras que el Sindicato de Docentes Universitarios de San Juan (SIDUNSJ) también ratificó su participación en la huelga.
La convocatoria no se limitará al ámbito universitario. Los principales sindicatos docentes de la provincia —UDAP, UDA y AMET— anunciaron que acompañarán el paro nacional impulsado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), lo que amplía el alcance de la protesta al conjunto del sistema educativo.
Entre los reclamos compartidos por las organizaciones sindicales figuran la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la reactivación de la Paritaria Nacional Docente y Universitaria, el fortalecimiento del financiamiento educativo y el rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa promovido por el Gobierno nacional.
En el caso de AMET, el gremio también incorporó a su plataforma de demandas la recuperación de los recursos destinados a la educación técnica y mejores condiciones laborales para los trabajadores del sistema educativo.
Durante el primer semestre, el conflicto universitario estuvo signado por sucesivos paros de 24, 48 y hasta 72 horas, y por semanas completas de reclamo clases públicas, jornadas de visibilización y la realización de una Marcha Federal Universitaria que reunió a docentes, estudiantes, nodocentes y autoridades académicas en defensa de la educación pública.
Con este cuadro, el Ministerio de Capital Humano informó que este lunes desplegará operativos de supervisión en establecimientos educativos de distintas provincias para verificar el cumplimiento de la Ley 27.802, que declara a la educación como servicio esencial. Según indicó la cartera que conduce Sandra Pettovello, las inspecciones buscarán constatar que se garantice la prestación mínima del 75% del servicio educativo cuando corresponda, y advirtió que, en caso de detectarse incumplimientos, podrán iniciarse los procedimientos administrativos previstos por la normativa vigente.
Con la adhesión de los gremios universitarios y de los principales sindicatos docentes provinciales, San Juan volverá a ser parte de una protesta nacional que coloca en el centro del debate el financiamiento de la educación pública, la recomposición salarial y las condiciones para el funcionamiento de las universidades nacionales.
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Con el respaldo de más de 40 gremios, Cabello quedó a un paso de la reelección
A menos de un mes de la renovación de autoridades, el actual secretario general de la CGT Regional San Juan oficializó la nómina que competirá en los comicios del 25 de agosto. La convocatoria reunió a los principales sindicatos de la provincia y dejó en evidencia la fortaleza del oficialismo dentro del movimiento obrero.
La cuenta regresiva hacia las elecciones de la CGT Regional San Juan comenzó con una clara señal de fortaleza del oficialismo. Eduardo Cabello encabezó la presentación de la lista que buscará conducir la central obrera durante los próximos cuatro años y lo hizo rodeado por representantes de más de cuarenta organizaciones sindicales, en una convocatoria que evidenció el amplio respaldo que conserva dentro del movimiento obrero provincial.
La reunión se realizó en la sede de AOMA y congregó a dirigentes de los gremios con mayor peso institucional de San Juan. La presencia de referentes de la minería, la administración pública, el transporte, la construcción, la educación, la hotelería, la industria, el comercio y los servicios terminó de configurar una fotografía que el oficialismo buscó convertir en un mensaje político: llegar al proceso electoral mostrando cohesión y capacidad de representación.
La nómina que competirá en los comicios del 25 de agosto reúne a dirigentes de prácticamente todas las ramas de la producción y los servicios. Junto a Cabello aparecen referentes de AOMA, UPCN, UTA, UTHGRA, UDA, SADOP, Luz y Fuerza, Telefónicos, FOECYT, FOEVA, STOTAC, UPCN, Estaciones de Servicio, Judiciales, SUTERyH, APOPS, APEL y otros sindicatos que históricamente integran la vida interna de la CGT sanjuanina, además de representantes de actividades como comercio, alimentación, farmacia, SMATA, UATRE, ceramistas, panaderos, taxistas, remiseros, visitadores médicos y trabajadores del vidrio.
El armado oficialista se presentó cuando restan pocas semanas para la renovación de autoridades y, hasta el momento, ninguna otra línea interna formalizó una propuesta alternativa. Esa circunstancia fortalece la posición del actual secretario general, que aspira a prolongar una conducción iniciada hace casi dos décadas y que, de imponerse nuevamente, alcanzará los 22 años al frente de la regional sanjuanina.
A pocos días de los comicios, el oficialismo continúa siendo el único espacio que exhibió una estructura organizada y una lista completa, un dato que refuerza su posición de cara a la definición prevista para el 25 de agosto.
La imagen que dejó el encuentro en la sede de AOMA excede la formalidad de una presentación de candidatos. También refleja el mapa de poder del sindicalismo sanjuanino en la actualidad, con una conducción que conserva el apoyo de la mayoría de las organizaciones confederadas y que buscará ratificar ese liderazgo en las urnas.
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CTERA desafía la advertencia oficial y mantiene la huelga nacional del 3 de agosto
El Ministerio de Capital Humano intimó a CTERA a garantizar la prestación mínima del servicio educativo durante la huelga prevista para este lunes y advirtió que aplicará sanciones en caso de incumplimiento. El gremio ratificó la medida en reclamo de la reapertura de la paritaria nacional, mejoras salariales y mayor financiamiento para la educación pública.
El conflicto entre el Gobierno nacional y los sindicatos docentes sumó un nuevo episodio en la antesala del paro convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) para este lunes 3 de agosto. A pocas horas del inicio de la protesta, el Ministerio de Capital Humano intimó a la organización sindical a cumplir con las obligaciones previstas para los servicios considerados esenciales y anticipó que recurrirá a las herramientas legales disponibles si no se garantiza la prestación mínima exigida.
Desde la cartera conducida por Sandra Pettovello recordaron que la normativa laboral vigente incorpora a la educación entre las actividades alcanzadas por el régimen de servicios esenciales, por lo que durante una huelga debe mantenerse una cobertura equivalente al 75% del funcionamiento habitual. El comunicado oficial también advierte que cualquier incumplimiento podrá derivar en sanciones contra las entidades sindicales.
Pese a esa advertencia, CTERA confirmó que sostendrá la medida de fuerza aprobada por su congreso nacional. La organización reclama la inmediata convocatoria a la paritaria nacional docente, una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el tratamiento de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.
La secretaria general del gremio, Sonia Alesso, sostuvo que la realidad económica de los trabajadores de la educación se agravó de manera sostenida y afirmó que miles de docentes no logran cubrir sus necesidades básicas. Según explicó, el deterioro de los ingresos empuja a numerosos profesionales a abandonar la carrera y desalienta el ingreso de nuevos estudiantes a los institutos de formación.
«Nos vamos a quedar sin maestros en la Argentina», advirtió la dirigente, al considerar que la pérdida salarial y las dificultades económicas ponen en riesgo el futuro del sistema educativo. También señaló que el endeudamiento de los trabajadores se volvió una constante para afrontar gastos cotidianos.
Alesso cuestionó además la política educativa del Gobierno nacional al asegurar que la ejecución presupuestaria destinada al área se encuentra en uno de los niveles más bajos de las últimas décadas. En esa línea, denunció la paralización de obras de infraestructura escolar, expresó su preocupación por la disminución de la matrícula en los profesorados y rechazó el proyecto oficial de «libertad educativa», al considerar que profundiza el debilitamiento de la enseñanza pública.
La protesta docente coincidirá con el paro nacional convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que incluirá una movilización hacia el Ministerio de Economía para reclamar aumentos salariales y denunciar el ajuste sobre la administración pública. A la convocatoria de CTERA también adhirieron las federaciones universitarias CONADU y CONADU Histórica, ampliando el alcance de la jornada de protesta.
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