CONÉCTATE CON NOSOTROS

El Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria por cinco días en el conflicto de los choferes de colectivos de corta y media distancia, que habían dispuesto un paro nacional de 24 horas para este viernes, por lo cual mañana esos servicios funcionarán normalmente.

De acuerdo con la medida, la cartera que conduce Raquel «Kelly» Olmos dispuso «dar por iniciado un período de conciliación obligatoria por el término de cinco (5) días hábiles (…) debiendo retrotraerse la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto y por el plazo de duración del presente procedimiento conciliatorio». Además, la cartera de Estado citó a una reunión de las partes para el próximo martes 23.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que conduce Roberto Fernández, había dispuesto un paro nacional de 24 horas de choferes de colectivos de corta y media distancia a partir de esta medianoche en reclamo de mejoras salariales. Trabajo indicó que ante la declaración de la huelga se debía «promover una solución pacífica y legal al conflicto planteado» y «otorgarse especial consideración al interés general como principio rector de las relaciones desarrolladas en la materia y por cuya protección esta administración debe velar».

El Ministerio recordó que «por imperio de lo establecido constitucionalmente a partir de la reforma del año 1994, los derechos colectivos del trabajo fundamentales y los de protección al conjunto de la comunidad deben ser interpretados armónicamente». También destacó que la conciliación obligatoria procura que las partes «lleguen a un acuerdo», así como «garantizar la paz social atendiendo a la necesidad pública de contrarrestar eventuales desbordes que pudieran suscitar las acciones de las partes».

La disposición de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo -que conduce Raúl Ferrara- dispuso en ese marco «intimar» a la UTA y a los trabajadores «a dejar sin efecto, durante el período indicado (…) toda medida de acción directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar, prestando servicios de manera normal y habitual».

A la vez, «intimar a las empresas de transporte que se desempeñan en el ámbito Región Metropolitana de Buenos Aires» involucradas en el conflicto «a abstenerse de tomar represalias de cualquier tipo con el personal representado por la organización sindical y/o con cualquier otra persona, en relación al diferendo aquí planteado, así como también a otorgar tareas en forma normal y habitual a su personal». En caso de que las partes no cumplan con lo prescripto se les aplicarán sanciones, tal como lo prevé la ley, se advirtió.

Tras exhortar a las empresas y a la UTA a «mantener la mejor predisposición y apertura para negociar», Trabajo ratificó una audiencia fijada para el martes 23 de mayo a las 13 mediante plataforma virtual, para evaluar el avance de las negociaciones y el acatamiento de lo ordenado».

La ministra Olmos había anticipado a Télam que ante el anuncio del paro se iba a dictar la conciliación «para garantizar el servicio de colectivos y que las trabajadoras y los trabajadores puedan trasladarse mañana como cualquier día normal».

El secretario de prensa de la UTA, Mario Calegari, había dicho que la huelga dependía de la declaración o no de la conciliación. La UTA informó en un comunicado que había resuelto un plan de lucha «en la búsqueda de la mejora de nuestros salarios». Y denunció que «las empresas niegan la posibilidad de aumento salarial, tanto en el AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires) como en el interior del país».

«La medida de fuerza es empujada por quienes tienen la responsabilidad de solucionar la grave crisis en la que están poniendo al transporte, por todos los efectos «dañosos» que causan, afectando a los 10 millones de usuarios diarios del AMBA y 9 millones en el interior del país, poniendo seriamente en riesgo la seguridad pública», alertó el gremio.

«La posición es clara, los salarios de los trabajadores requieren un aumento urgente», enfatizó el sindicato

Continúe Leyendo

destacada

La CGT se suma a la marcha del miércoles contra los vetos de Milei

La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió este lunes sumarse a la movilización prevista para el próximo miércoles frente al Congreso, en rechazo a los vetos presidenciales a la ley de emergencia pediátrica y a la norma de financiamiento universitario. La decisión se tomó luego de una reunión de la mesa chica de la central obrera, en la que participaron más de 20 dirigentes sindicales.

El encuentro estuvo encabezado por referentes de peso como Héctor Daer (Sanidad), Hugo Moyano y Octavio Argüello (Camioneros), Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Uocra), Armando Cavalieri (Comercio) y Omar Maturano (Trenes), entre otros.

“Hay que prepararse más para el conflicto que para el diálogo”, advirtió Rodríguez al término de la reunión. Y agregó: “Todas las veces que nos quisimos sentar a dialogar con el Gobierno o no nos entendieron o fracasó la instancia”.

La presión para que la CGT adoptara una medida concreta venía creciendo en los últimos días. Desde el hospital Garrahan, trabajadores y representantes gremiales reclamaban un paro general en defensa de la emergencia pediátrica. “Necesitamos que la CGT apoye nuestro reclamo y convoque a parar y movilizar para que la enorme simpatía de los trabajadores y el pueblo sea verdaderamente multitudinaria”, había planteado Norma Lezana, secretaria general de la APyT.

En la misma línea, el camillero Esteban Argañaraz pidió “unidad del movimiento obrero en los reclamos por la educación y la salud”. El llamado se sumó a la voz de los universitarios, que ya habían exigido una movilización nacional en defensa de la educación pública, similar a la realizada meses atrás con amplio respaldo social.

Con este pronunciamiento, la CGT busca consolidar la protesta de este miércoles en un clima político marcado por el enfrentamiento entre el Gobierno y diversos sectores sociales tras la sucesión de vetos presidenciales.

Continúe Leyendo

destacada

Super miércoles: La comunidad científica, universitaria y médica se moviliza contra la motosierra

El Congreso Nacional se prepara para tratar una serie de leyes decisivas que afectan a la ciencia, la universidad y la salud en Argentina. La comunidad científica, universitaria y médica se moviliza para respaldar las iniciativas y repudiar las acciones del gobierno que ponen en riesgo la estabilidad y el futuro de estos sectores fundamentales para el desarrollo del país.

La ciencia argentina enfrenta un ajuste brutal que llevó a una caída del 65% en la inversión en equipos científicos. Esto causó una situación de emergencia en los institutos y centros de investigación, donde los científicos y técnicos se ven obligados a trabajar con equipamiento obsoleto y sin recursos suficientes para desarrollar sus proyectos. La consecuencia es una pérdida significativa de la capacidad de investigación y desarrollo del país, lo que puede tener un impacto negativo en la economía y la sociedad en general.

Por otro lado, las universidades nacionales han perdido más del 20% de su presupuesto en 2024 y se espera que pierdan un 8,6% adicional en 2025. Esto generó una situación de incertidumbre y preocupación entre los estudiantes, docentes y no docentes, que ven en peligro la calidad de la educación y la investigación en las universidades. La falta de recursos ha llevado a una reducción en la oferta de carreras y programas, lo que puede afectar la formación de profesionales y la generación de conocimiento en el país.

La salud pública también está en crisis. Los hospitales enfrentan dificultades para mantener sus servicios y personal capacitado. La falta de recursos y la sobrecarga de trabajo han llevado a una situación de agotamiento y desmotivación entre los profesionales de la salud, lo que puede afectar la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes. La situación es particularmente grave en los hospitales públicos, donde la demanda de servicios es alta y los recursos son limitados.

En estas circunstancias, la comunidad científica, universitaria y médica se une para exigir una solución. La Ley de Emergencia Pediátrica, la Ley de Financiamiento Universitario y la emergencia del sistema científico-tecnológico son algunas de las iniciativas que se tratarán en el Congreso Nacional. Estas leyes buscan garantizar el sostenimiento de los programas científicos y tecnológicos, actualizar las partidas presupuestarias para el sistema universitario nacional y proteger los salarios del personal de salud.

La importancia de la ciencia, la universidad y la salud es fundamental para el desarrollo y la innovación en Argentina. La ciencia es clave para generar conocimiento y tecnología, la universidad es esencial para la formación de profesionales y la creación del saber, y la salud pública es fundamental para garantizar el bienestar y la calidad de vida de la población.

Continúe Leyendo

destacada

Universitarios convocan a la tercera Marcha Federal el 17 de septiembre

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) convocó a una nueva movilización en defensa de la universidad pública y la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente vetada por el presidente Javier Milei.

La tercera Marcha Federal Universitaria se llevará a cabo el 17 de septiembre en el Congreso de la Nación, con el objetivo de expresar el rechazo al veto presidencial y exigir un mayor presupuesto para las universidades nacionales.

La universidad pública argentina se encuentra en una situación crítica, con un futuro incierto que depende en gran medida de la decisión del Gobierno nacional de asignar los recursos necesarios para su funcionamiento. La falta de financiamiento adecuado ocasionado una serie de problemas que afectan directamente a la calidad de la educación y la investigación en las universidades nacionales.

En este escenario, la FATUN ha sido una de las principales voces en defensa de la educación pública, y ahora convoca a una nueva movilización para exigir un cambio en la política educativa del Gobierno. La marcha del 17 de septiembre será una oportunidad para que la comunidad universitaria exprese su rechazo al veto presidencial y exija un mayor compromiso del Ejecutivo nacional con la educación pública.

El veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario generó un amplio rechazo entre los sectores académicos y estudiantiles, que ven en esta medida un golpe significativo a la estabilidad del sistema universitario. Los reclamos de la FATUN incluyen un aumento en el presupuesto para las universidades, mejoras en los salarios de los docentes y no docentes, y la garantía de continuidad de los programas de becas estudiantiles.

Continúe Leyendo

Tendencias