La morosidad de los hogares pasó del 12,77% al 12,94% en julio, según datos de la Central de Deudores del Banco Central analizados por la consultora 1816. Casi seis millones de personas acumulan atrasos superiores a 90 días. Mientras el oficialismo relativiza el fenómeno y rechaza una intervención estatal, la Iglesia reclamó medidas frente a las deudas que considera abusivas.

El incremento puede parecer acotado en términos porcentuales, pero adquiere otra dimensión cuando se lo proyecta sobre la cantidad de personas alcanzadas. Se estima que casi seis millones de argentinos acumulan atrasos superiores a 90 días dentro de un universo de 20,8 millones de deudores. En octubre de 2024, la morosidad general se ubicaba en torno al 2,5%.

La evolución tampoco fue uniforme entre los distintos actores del sistema financiero. Mientras la mora empresarial avanzó del 3,50% al 3,61%, las deudas de los hogares aumentaron en 23 de las 30 principales entidades relevadas. La mayor fragilidad aparece en las billeteras virtuales y entidades financieras no tradicionales, donde el índice trepó al 33,69%.

El dato adquiere especial relevancia porque se conoce mientras el Congreso debate iniciativas destinadas a brindar algún tipo de alivio a quienes acumularon compromisos financieros. La oposición logró reunir 133 diputados para impulsar el tratamiento de proyectos vinculados con los hogares endeudados, aunque el oficialismo busca postergar la discusión.

El Gobierno relativiza la morosidad

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, minimizó el alcance del fenómeno y sostuvo que existe “un poco de mora” asociado al incremento de las tasas de interés. Según su evaluación, el volumen de deuda representa una magnitud “insignificante” en relación con el Producto Bruto Interno, debido a que buena parte de los compromisos corresponde a montos reducidos.

Menem también afirmó que la morosidad “ya empezó a bajar”, una apreciación que no coincide con el último registro disponible, que muestra un nuevo incremento durante julio. El titular de Diputados insistió además en que el Estado no debería intervenir para resolver las obligaciones contraídas entre particulares.

Esa posición coincide con el criterio expresado por el Gobierno de Javier Milei, que considera el endeudamiento familiar principalmente como una relación entre deudores y acreedores privados. Desde esa perspectiva, no se justificaría una política pública específica de asistencia o refinanciación.

La Iglesia reclama una respuesta

El rechazo a esa postura llegó esta vez desde la Iglesia Católica. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, reclamó una intervención que permita establecer criterios frente al crecimiento de las obligaciones financieras de los hogares.

El titular de la CEA advirtió sobre la existencia de “deudas leoninas” y planteó la necesidad de discutir límites que contemplen la capacidad real de pago de cada persona. Entre otras alternativas, propuso revisar cuánto del salario puede comprometerse para afrontar créditos y otras obligaciones.

Colombo cuestionó además cualquier respuesta que reduzca el fenómeno a una cuestión exclusivamente privada. “Lo que no se puede es tener una mirada superficial”, sostuvo, al reclamar que las autoridades no se desentiendan de quienes quedaron atrapados por compromisos que ya no pueden afrontar.

La discusión combina así dos datos que avanzan en direcciones diferentes: mientras los registros financieros muestran un nuevo deterioro de la capacidad de pago de los hogares, el Gobierno sostiene que no existe una magnitud suficiente para justificar una intervención pública.

Con casi seis millones de personas con atrasos superiores a 90 días y niveles de mora particularmente elevados en las entidades no tradicionales, el endeudamiento familiar se convirtió en uno de los asuntos que volverán al centro del debate legislativo y económico en los próximos meses.

La administración de Javier Milei busca concretar antes del primer semestre de 2027 nuevos procesos de privatización o concesión sobre al menos cinco compañías estatales. AySA encabeza el cronograma, seguida por Belgrano Cargas, Intercargo, ENARSA y la central termoeléctrica Vuelta de Obligado.

AySA aparece como la operación más inmediata. La apertura de ofertas por el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos está prevista para el 15 de septiembre. El proceso no contempla un precio base, aunque existe una valuación elaborada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) que funcionará como referencia para las propuestas.

Entre los empresarios mencionados como potenciales interesados figura Mauricio Filiberti, propietario de Transclor y vinculado a Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor. La definición quedará supeditada al proceso licitatorio y a las condiciones establecidas por el Gobierno.

El sistema ferroviario de cargas constituye otra de las apuestas centrales. El Gobierno ya lanzó la licitación para concesionar las vías y los inmuebles asociados a las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.

La concesión tendrá un plazo de 50 años y requeriría inversiones estimadas en alrededor de US$1.000 millones. Las empresas adjudicatarias podrán acceder además a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El pliego incorpora una condición particular: quedan excluidas las compañías controladas directa o indirectamente por gobiernos extranjeros. Los interesados podrán formular consultas hasta el 28 de octubre y deberán presentar sus ofertas antes del 11 de noviembre a las 9.59.

El Ejecutivo también trabaja sobre Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de asistencia en tierra y operaciones de rampa en los aeropuertos. Después de un primer proceso sin resultado definitivo, las autoridades preparan un nuevo llamado antes de fin de año, aunque todavía resta definir la modalidad.

La agenda continúa con ENARSA, compañía dedicada a la exploración, producción, transporte y comercialización de hidrocarburos y a la generación eléctrica. La administración nacional también analiza avanzar sobre los gasoductos que permanecen bajo su órbita.

A estas operaciones se suma la central termoeléctrica Vuelta de Obligado, cuyo proceso está previsto para el primer trimestre de 2027.

La secuencia revela una política sostenida de transferencia de activos y concesiones estatales al capital privado. Con AySA como primera prueba relevante, el Gobierno busca avanzar durante los próximos meses sobre infraestructura sanitaria, transporte ferroviario, servicios aeroportuarios y energía, con el objetivo de reducir la participación directa del Estado en esas áreas.

Un informe reveló que el 46% de los hogares con personas de 60 años o más tuvo ingresos insuficientes durante 2024-2025. Es el registro más elevado desde el inicio de la serie, en 2017, y las mayores carencias se concentran entre las familias de menores recursos.

La insuficiencia de ingresos alcanzó un máximo histórico en la serie del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. Durante 2024-2025, el 46% de los hogares con al menos una persona de 60 años o más no logró reunir recursos suficientes para cubrir sus gastos básicos, cinco puntos porcentuales por encima del registro correspondiente a 2022-2023.

El deterioro se profundiza a medida que disminuyen los ingresos. Entre los hogares del estrato socioeconómico muy bajo, la proporción llega al 71,1%, mientras que en el nivel bajo alcanza el 55,2%. El relevamiento contempló dimensiones vinculadas con alimentación, vivienda, servicios, asistencia social y acceso a la atención sanitaria.

Uno de los indicadores más sensibles es la alimentación. La inseguridad alimentaria entre las personas mayores pasó del 12,3% en 2017-2019 al 18,4% en 2024-2025. La distancia entre grupos sociales resulta particularmente pronunciada: afecta al 39,1% de los adultos mayores del estrato muy bajo, frente al 1,1% entre quienes pertenecen al nivel medio alto.

La falta de recursos también repercute sobre los servicios esenciales. Casi uno de cada cinco hogares con personas mayores dejó de pagar alguna factura por dificultades económicas. Entre las familias del estrato muy bajo, el porcentaje trepa al 39,4%.

Salud y medicamentos, entre las principales dificultades

La atención sanitaria aparece como otro de los puntos críticos. El 35,2% de los hogares con adultos mayores postergó consultas médicas o la compra de medicamentos durante 2024-2025 por falta de dinero. Es el valor más alto de la serie y representa un incremento cercano a diez puntos respecto de 2022-2023.

La brecha vuelve a ser considerable entre los distintos niveles sociales: en los hogares más vulnerables, el indicador alcanza al 55%.

El informe también analizó durante 2025 el vínculo de las personas afiliadas con PAMI. Cerca del 74% recurrió al organismo para consultas médicas y alrededor del 70% utilizó sus prestaciones para acceder a medicamentos.

La evaluación de esas prestaciones, sin embargo, presenta diferencias. El 61,7% valoró favorablemente la atención médica, mientras que la aprobación descendió al 49,7% cuando se consultó por la cobertura de medicamentos.

Vivienda y asistencia

Las condiciones habitacionales constituyen otra dimensión de la desigualdad. El 11,8% de las personas mayores reside en viviendas que no reúnen condiciones adecuadas; entre los grupos socioeconómicos más desfavorecidos, la proporción asciende al 27,5%.

La asistencia estatal tampoco alcanza a todos los hogares con necesidades económicas. Aunque el 71,1% de las familias del estrato muy bajo registra ingresos insuficientes, solo el 42,4% recibe algún programa de transferencia de ingresos o asistencia alimentaria.

En el conjunto de los hogares con adultos mayores, la cobertura de estos programas cayó del 30,6% registrado durante la pandemia de Covid-19 al 26,8% en 2024-2025.

Los datos del ODSA-UCA muestran un deterioro marcado en distintas dimensiones de la vida cotidiana de las personas mayores. Ingresos insuficientes, dificultades alimentarias, incumplimiento de servicios y postergación de gastos sanitarios convergen en una población para la que la capacidad de recomponer ingresos suele ser más limitada.