El Segundo Tribunal Ambiental de Chile dispuso la suspensión temporal del permiso de exploración El Alto, una iniciativa de US$35 millones que contempla sondajes de hasta 700 metros de profundidad. La decisión respondió a reclamos de comunidades diaguitas y organizaciones locales por la cercanía con antiguos trabajos de Pascua Lama, la posible presencia de formaciones de hielo y las obligaciones ambientales derivadas del cierre del emprendimiento.

La Justicia chilena volvió a poner bajo revisión la actividad minera en el área de Pascua Lama. El Segundo Tribunal Ambiental de Santiago ordenó suspender durante 30 días, con posibilidad de prórroga, el permiso ambiental del proyecto de exploración El Alto, impulsado por Barrick a través de su filial Compañía Minera Nevada. La medida impide que la empresa avance con las perforaciones mientras permanezca vigente y reabre la discusión sobre la compatibilidad de nuevas tareas exploratorias con las obligaciones de cierre del histórico emprendimiento.

La resolución se originó en tres presentaciones judiciales promovidas por el Comité Ambiental Comunal de Alto del Carmen, la Comunidad Indígena Diaguita Alta Cordillera y la Comunidad Agrícola Diaguita Los Huascoaltinos. Las organizaciones sostienen que la iniciativa podría representar, en los hechos, una continuidad de Pascua Lama, cuya clausura definitiva fue ordenada en 2018 por la Superintendencia del Medio Ambiente chilena y posteriormente ratificada por la Justicia.

El proyecto El Alto prevé una inversión de 35 millones de dólares y contempla sondajes de hasta 700 metros de profundidad, distribuidos en 43 plataformas durante dos temporadas estivales. De acuerdo con la información presentada por la compañía, los trabajos permitirían generar alrededor de 75 puestos laborales por temporada. Barrick sostiene que se trata de una campaña de exploración independiente, sin utilización de infraestructura del emprendimiento clausurado.

Sin embargo, el emplazamiento de las perforaciones se convirtió en el principal foco de controversia. Durante el análisis de los antecedentes, los magistrados advirtieron que algunas tareas se desarrollarían en sectores donde anteriormente se habían ejecutado sondajes vinculados con Pascua Lama, circunstancia que fue corroborada por el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin).

Otro elemento considerado fue que parte del área de El Alto se encuentra dentro de la zona correspondiente al antiguo rajo de Pascua Lama, alcanzada por las obligaciones de su plan de cierre. La cuestión tiene un antecedente judicial relevante: en 2022, la Corte Suprema chilena declaró ilegales perforaciones realizadas por la misma compañía entre 2020 y 2021 en ese territorio, al considerar que resultaban incompatibles con las condiciones establecidas para el cierre de la explotación.

A las objeciones sobre el emplazamiento se sumaron los interrogantes ambientales vinculados con la presencia de glaciares y glaciaretes cercanos, entre ellos Toro 1, Toro 2 y Esperanza, además de posibles formaciones de permafrost en el subsuelo. La mayoría del tribunal consideró que, frente a esos antecedentes, no podía darse por acreditada sin más la afirmación de que las exploraciones no afectarían formaciones de hielo.

La resolución también se apoyó en el principio precautorio, que habilita la adopción de medidas preventivas cuando existe riesgo de daños ambientales potencialmente irreversibles, aun cuando no se haya alcanzado certeza científica sobre sus consecuencias. Los jueces tuvieron en cuenta, además, que las perforaciones están previstas para dos temporadas de verano. Si los trabajos concluyeran antes de una sentencia definitiva, una eventual decisión favorable a las comunidades podría perder eficacia práctica.

Los cuestionamientos de las comunidades y la respuesta de Barrick

La controversia incluyó también un planteo relacionado con la participación indígena. El tribunal observó que la Comunidad Agrícola Diaguita Los Huascoaltinos no fue incorporada al procedimiento de evaluación ambiental de El Alto, pese a que el Servicio de Evaluación Ambiental sí la había considerado en la consulta indígena correspondiente al cierre de Pascua Lama, desarrollada sobre el mismo territorio.

En cambio, los magistrados rechazaron el pedido de suspender la consulta indígena vinculada con el plan de cierre del antiguo emprendimiento. Consideraron que se trata de un procedimiento diferente y que su paralización podría afectar los derechos de otras comunidades ajenas al litigio.

La suspensión del permiso no contó con unanimidad. El ministro Cristián López votó en disidencia al entender que determinar si El Alto constituye una prolongación de Pascua Lama es una cuestión de fondo que deberá resolverse durante el desarrollo del proceso judicial. También sostuvo que la iniciativa cuenta con evaluación ambiental y permanece bajo fiscalización de la autoridad competente.

Barrick, por su parte, defendió la legalidad del proyecto y cuestionó los fundamentos de la resolución. La compañía recordó que El Alto obtuvo la aprobación de la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama en enero y que, desde entonces, el permiso atravesó distintas instancias de revisión administrativa y judicial.

La minera reconoció que las exploraciones se realizarían dentro del yacimiento y de las concesiones vinculadas con Pascua Lama, pero insistió en que se trata exclusivamente de una campaña de sondajes y no de una reactivación del proyecto clausurado. También aseguró que no utilizará instalaciones ni infraestructura del emprendimiento anterior, que contará con campamento y fuentes de agua propios y que sus operaciones no interferirán con el proceso de cierre.

En su defensa técnica, la empresa sostuvo que las vibraciones generadas por las perforaciones alcanzarían aproximadamente 36 metros, mientras que las formaciones de hielo más cercanas se encontrarían a más de 300 metros. A partir de esos argumentos, afirmó que existen elementos técnicos y jurídicos para solicitar la reconsideración de la medida y aseguró que continuará cumpliendo las obligaciones ambientales correspondientes a Pascua Lama.

El expediente también estuvo marcado por cuestionamientos sobre la tramitación judicial. Una publicación anticipada de información sobre una resolución del Primer Tribunal Ambiental, antes de que las partes fueran notificadas formalmente, derivó en el apartamiento de sus integrantes. Posteriormente, ya con el caso en el Segundo Tribunal Ambiental, se formularon pedidos de inhabilitación contra algunos magistrados, aunque uno de esos planteos fue rechazado. La sala que dispuso la suspensión estuvo integrada por Cristián López y los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago Pedro Caro y Elsa Barrientos; la presidenta del tribunal, Marcela Godoy, no participó de la decisión.

Por el momento, la restricción tiene una vigencia inicial de 30 días y podrá ser renovada. El conflicto judicial vuelve a colocar bajo observación la actividad exploratoria en un territorio señalado por los antecedentes ambientales de Pascua Lama y plantea una discusión de fondo sobre los límites de los nuevos proyectos cuando se desarrollan en áreas alcanzadas por obligaciones de cierre.

La disposición no define todavía la continuidad de El Alto, pero condiciona su avance a una revisión más profunda de los riesgos ambientales y de su compatibilidad con los compromisos asumidos por la compañía.

El gobernador Orrego encabezó la adjudicación de las unidades del barrio Villicum, equipadas con dos dormitorios y servicios esenciales. La entrega se concretó después de ejecutar una obra complementaria de 3.760 metros de cañería para garantizar el abastecimiento de agua potable.

El acceso a la vivienda propia se concretó para 137 familias de Albardón con la entrega de las unidades habitacionales del barrio Villicum, en un acto encabezado por el gobernador Marcelo Orrego. La adjudicación permitió completar un conjunto residencial que ya estaba terminado, pero cuya habilitación había quedado pendiente por la falta de conexión a la red de agua potable.

La ceremonia contó con la presencia del intendente Abarca, el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, y otras autoridades provinciales y departamentales. Durante el encuentro, el mandatario provincial destacó el significado social de la vivienda y la posibilidad de que cada familia pueda desarrollar su vida en un hogar propio, con condiciones adecuadas de seguridad y servicios.

“Me pongo en el lugar de ese papá y esa mamá que entran hoy a su casa, miran por la ventana y dicen: ‘Esta es nuestra casa. Acá van a llegar nuestros hijos cuando salgan y vuelvan a un lugar seguro. Este va a ser nuestro hogar’”, expresó Orrego al referirse a la importancia que tiene la adjudicación para quienes aguardaban las llaves.

Uno de los aspectos determinantes para concretar la entrega fue la ejecución de una obra complementaria destinada a resolver la conexión de agua potable. A través de Obras Sanitarias, el Gobierno provincial construyó 3.760 metros de cañería con personal y equipamiento propios, una intervención que permitió completar la infraestructura necesaria para que las viviendas pudieran ser habitadas.

El barrio cuenta con redes de agua, cloacas, gas y electricidad, además de calles enripiadas y espacios destinados al uso comunitario. Las 137 unidades tienen una superficie aproximada de 62 metros cuadrados y disponen de dos dormitorios, cocina, comedor, baño y pérgola de acceso. También contemplan espacio para futuras ampliaciones, una característica que permite adaptar los hogares a las necesidades de cada grupo familiar.

Las viviendas se entregan equipadas con cocina, estufa a gas, termotanque, mesada de granito, rejas y reserva de agua. El conjunto residencial incorpora, además, dos espacios verdes con juegos infantiles, bancos e iluminación LED. El proyecto incluyó casas adaptadas para personas con discapacidad motora, con el objetivo de contemplar diferentes requerimientos de accesibilidad.

La adjudicación tiene también una dimensión vinculada con el arraigo territorial. La mayoría de los beneficiarios reside en Albardón y desarrolla allí sus actividades laborales, especialmente en el ámbito rural. La posibilidad de acceder a un hogar propio les permitirá sostener sus vínculos familiares y comunitarios sin alejarse de sus lugares de trabajo.

Durante su intervención, Orrego destacó el esfuerzo realizado para completar la infraestructura pendiente y sostuvo que el desarrollo provincial depende de la capacidad de trabajar de manera conjunta frente a las dificultades. “San Juan tiene elegido un rumbo de ser una de las mejores provincias de la República Argentina, y es gracias a su gente. En los momentos difíciles, estando unidos, no hay nada que no podamos resolver”, afirmó.

La entrega del barrio Villicum representa un nuevo avance en materia habitacional para Albardón y pone de manifiesto que la adjudicación de viviendas requiere algo más que la finalización de las construcciones: demanda servicios, infraestructura y condiciones efectivas de habitabilidad. Para las 137 familias que recibieron sus llaves, ese proceso se traduce ahora en la posibilidad concreta de comenzar una nueva etapa en su propio hogar.

La central obrera presentó un documento en el que propone una mesa integrada por sindicatos, empresarios y representantes del Estado para discutir empleo registrado, recuperación salarial y desarrollo productivo. Las definiciones de León XIV fueron interpretadas por la dirigencia gremial como un respaldo a sus planteos, mientras el pedido de negociación también encontró eco en las principales entidades empresariales.

La Confederación General del Trabajo (CGT) busca aprovechar la repercusión del mensaje del papa León XIV sobre el mundo laboral para reactivar una negociación institucional con el gobierno de Javier Milei y las principales organizaciones empresariales. La central obrera pretende instalar una mesa tripartita que permita discutir salarios, empleo registrado, producción y condiciones laborales, en momentos en que persisten las diferencias con el oficialismo por el rumbo económico y los cambios en la legislación del trabajo.

La iniciativa quedó formalizada en un documento entregado al Pontífice durante su encuentro con representantes del mundo laboral en la Universidad Católica Argentina (UCA). Allí, la conducción sindical vinculó las definiciones papales con una agenda de demandas que incluye la recuperación del poder adquisitivo, la generación de puestos de trabajo de calidad, el fortalecimiento de la industria y la protección de los derechos laborales.

Para la CGT, las palabras de León XIV sobre la dignidad del trabajador, la justicia social y la función de las organizaciones gremiales reforzaron la legitimidad de sus planteos. El Papa había sostenido que la economía debe estar al servicio de las personas y advirtió que la pérdida del empleo no representa solamente la desaparición de un ingreso, sino también una lesión a la dignidad y a la integración social.

La central obrera recuperó especialmente esa definición para cuestionar un modelo de crecimiento que, según su interpretación, puede mejorar determinados indicadores económicos sin traducirse necesariamente en mejores condiciones de vida para la población. En el documento presentado al Pontífice, advirtió: “Un país puede producir más y, sin embargo, distribuir peor. Puede crecer y aumentar la desigualdad. Puede incorporar tecnología y destruir puestos de trabajo sin generar alternativas”.

La agenda que la CGT quiere discutir

La propuesta sindical apunta a reunir a representantes del trabajo, el capital inversor y los distintos niveles del Estado para construir acuerdos sobre el desarrollo económico y social. Entre los principales temas aparecen la creación de empleo registrado, la recuperación de los ingresos, el fortalecimiento del entramado productivo y la promoción de actividades como la industria, la construcción, los servicios y las economías regionales.

La negociación colectiva y la reforma laboral también forman parte de las diferencias entre la central obrera y el Ejecutivo. Los gremios cuestionan los cambios impulsados por el oficialismo porque consideran que pueden debilitar derechos adquiridos y favorecer modalidades de contratación más precarias. Desde el Gobierno, en cambio, las modificaciones se inscriben en su propuesta de transformación del mercado laboral.

La conducción cegetista mantiene, por ahora, su apuesta a una instancia de negociación, pese a las presiones internas de sectores sindicales que reclaman respuestas más contundentes frente al deterioro de los ingresos y las dificultades del mercado laboral. La intención es que el diálogo no quede limitado a una reunión protocolar, sino que permita establecer compromisos concretos entre los distintos actores.

El respaldo empresarial y las dificultades para acercarse al Gobierno

El planteo de la CGT encontró una coincidencia significativa en el ámbito empresario. El Grupo de los Seis (G6), que reúne a las principales entidades empresariales del país, también expresó su voluntad de promover una mesa amplia con representantes del Estado, las provincias, los trabajadores y la sociedad civil. La propuesta apunta a construir acuerdos que puedan sostenerse más allá de los cambios de gobierno y de las diferencias políticas.

Sin embargo, la posibilidad de un acercamiento entre la central obrera y la Casa Rosada mostró dificultades. Según las últimas informaciones periodísticas, el Gobierno recibió con malestar el documento difundido por la CGT y la posibilidad de una reunión quedó bajo incertidumbre, pese a los contactos iniciales que se habían producido después del encuentro en la UCA.

Tecnología y futuro del empleo

Otro de los puntos que la dirigencia sindical incorporó a su agenda es el impacto de la inteligencia artificial y la automatización. León XIV advirtió sobre los riesgos de que las transformaciones tecnológicas se desarrollen exclusivamente bajo criterios de rentabilidad, sin considerar sus consecuencias sobre los puestos de trabajo y la dignidad de quienes viven de su actividad laboral.

La CGT considera que ese proceso requiere reglas y mecanismos de protección que permitan incorporar innovación sin trasladar sus costos exclusivamente a los trabajadores. La discusión incluye la capacitación profesional, la adaptación de las relaciones laborales y la necesidad de generar alternativas para quienes puedan resultar desplazados por los cambios productivos.

El desafío para la central obrera será transformar las coincidencias expresadas tras la visita papal en una instancia efectiva de negociación. Las demandas sobre salarios, empleo y producción ya están planteadas, y también existe una coincidencia inicial con las principales entidades empresariales sobre la necesidad de recuperar el diálogo social. Sin embargo, la falta de una convocatoria oficial y las diferencias con el Ejecutivo mantienen abierto el interrogante sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo. El mensaje de León XIV aportó un marco de reflexión sobre la dignidad del trabajo, pero su traducción en políticas concretas dependerá de la voluntad de negociación de los actores económicos, sindicales y gubernamentales.