Este martes 28 de octubre, la sede de la CGT San Juan será escenario de un encuentro que trasciende lo local: mujeres trabajadoras, dirigentes nacionales y representantes gremiales debatirán sobre la conducción de la Confederación General del Trabajo y la necesidad de garantizar la participación femenina en los espacios de poder sindical. Con la presencia de referentes nacionales, el evento marca un nuevo capítulo en la construcción de una agenda de igualdad, representación y liderazgo colectivo.

La CGT San Juan abrirá sus puertas este martes 28 de octubre para recibir a destacadas dirigentes nacionales del movimiento obrero, en una jornada que promete ser histórica.
El Encuentro de Mujeres Trabajadoras, que se desarrollará de 9 a 12 horas en España 366 Sur, convoca a trabajadoras, militantes y representantes gremiales para debatir el presente y futuro del sindicalismo argentino desde una mirada feminista y federal.

El evento contará con la presencia de Marina Jaureguiberry, secretaria general del SADOP nacional; Maia Volcovinsky, co-secretaria de Derechos Humanos de la CGT; y Paula Martínez, referente sindical, quienes llegarán a San Juan en el marco de una recorrida nacional por las regiones del país.

El objetivo: fortalecer la red de mujeres sindicalistas y consolidar la demanda por una conducción compartida en la CGT, donde la representación femenina tenga un lugar real en la toma de decisiones.

La lucha por una conducción paritaria

El reclamo por una mujer en el triunvirato de la CGT no es nuevo, pero hoy adquiere un impulso inédito.
En los últimos meses, más de 500 dirigentas de 34 gremios participaron en encuentros nacionales donde se elaboró la “Declaración de las Mujeres Trabajadoras de la CGT”, un documento que exige la plena participación de las mujeres en la conducción sindical y reivindica la paridad como una expresión de justicia y de representatividad.

“El protagonismo femenino dentro del movimiento obrero ya no es una aspiración, es una realidad cotidiana que debe reflejarse en la estructura de poder”, sostiene el texto, leído en una multitudinaria reunión de la Mesa de Mujeres de la CGT.

Allí se enfatizó que la paridad no debe ser vista como una concesión, sino como una consecuencia natural del trabajo, la militancia y la construcción colectiva que las mujeres han desarrollado durante décadas en los distintos gremios.

Entre los principales referentes sindicales que respaldaron esta iniciativa se encuentran Héctor Daer, Andrés Rodríguez, José Luis Lingeri, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Julio Piumato, quienes participaron de los debates en señal de apoyo a un proceso que, aunque interno, tiene una fuerte proyección política y social.

De Eva Perón a las nuevas generaciones

El avance de las mujeres dentro de la CGT se consolidó a partir de la reforma del Estatuto en 2021, que incorporó la paridad de género en el Consejo Directivo. Desde entonces, se multiplicaron los espacios de formación, los encuentros regionales y las articulaciones entre gremios.

Ese proceso de fortalecimiento tuvo su anclaje simbólico en una tradición que se remonta a los orígenes mismos del movimiento obrero organizado y a la figura de Eva Perón, que supo conjugar el poder político con la organización de las trabajadoras.

“Venimos de una historia que nos legó Eva Perón: la organización y el poder de las mujeres. Este es un día histórico; cuando se cuente esta historia podremos decir que estuvimos acá, siendo protagonistas”, afirmó Marina Jaureguiberry, secretaria general del SADOP, durante uno de los encuentros recientes.

En la misma línea, Maia Volcovinsky destacó:
“Si pedimos estar en los niveles de decisión es porque lo practicamos hacia adentro. Somos quienes más sufrimos las políticas neoliberales, pero también las que más trabajamos para revertirlas. Nuestra participación fortalece a la CGT y al país.”

El desafío de representar a todas

El reclamo por una mujer en el triunvirato apunta a redefinir la distribución real del poder dentro del sindicalismo argentino. En una CGT históricamente conducida por hombres, las dirigentas sostienen que la inclusión femenina aporta una perspectiva más amplia y social, que abarca no solo la defensa del empleo y los salarios, sino también las condiciones de vida, la equidad y la economía del cuidado.

En un contexto económico complejo —marcado por la pérdida del poder adquisitivo, la informalidad y la precarización—, el sindicalismo femenino emerge como un actor estratégico para reconstruir una agenda de derechos con perspectiva de género y justicia social.

La “Declaración de las Mujeres Trabajadoras” lo sintetiza con claridad:

“Somos parte sustancial de la unidad. Nacimos y crecimos dentro del trabajo, de la organización y de la lucha. Sostenemos la fuerza, el pensamiento y la estructura del sindicalismo argentino.”

El Encuentro de Mujeres Trabajadoras en la CGT San Juan no será una jornada más en el calendario sindical. Se trata de un punto de inflexión en la disputa por la representación real dentro del movimiento obrero, donde el interior del país toma protagonismo y las mujeres exigen ocupar el lugar que ya ganaron en la práctica.

La visita de las referentes nacionales y la movilización local de trabajadoras consolidan una convicción compartida: la transformación del sindicalismo argentino será con las mujeres adentro, o no será. San Juan, esta vez, se convierte en el escenario donde ese cambio empieza a tomar forma.

El titular de ADICUS, Jaime Barcelona, advirtió que el Gobierno Nacional incurre en un incumplimiento inédito al suspender la Ley de Financiamiento Universitario, pese a haber sido sancionada por el Congreso. Gremios, universidades y la FUA avanzan con acciones judiciales y no descartan un plan de lucha nacional si el Ejecutivo no rectifica su postura.

El conflicto entre las universidades públicas y el Gobierno Nacional suma un nuevo capítulo de tensión institucional. Luego de que el Ejecutivo suspendiera la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, pese a su sanción formal, los gremios docentes y el sistema universitario decidieron acudir a la Justicia para exigir su cumplimiento efectivo.

En diálogo con Mundo Laboral SJ, el titular de ADICUS, calificó la decisión del Gobierno como una “burla institucional”. “El Congreso obliga al Ejecutivo a sancionar la ley, y el Gobierno la suspende en el mismo acto. Es algo sin precedentes en democracia”, expresó.

Barcelona explicó que el frente sindical universitario, junto con la Federación Universitaria Argentina (FUA) y las autoridades académicas, impulsará una presentación judicial conjunta. “Vamos a acompañar la demanda para que la Justicia obligue al Gobierno a cumplir la ley y garantice los fondos necesarios para el funcionamiento de las universidades”, señaló.

En este sentido, los gremios reclamarán la reapertura de las paritarias y la recomposición salarial de docentes e investigadores, cuyos ingresos se encuentran fuertemente deteriorados. “El Ejecutivo tiene la obligación de convocar a paritarias y no lo hace. Además de incumplir la ley, desconoce los derechos laborales básicos del sector universitario”, sostuvo el dirigente.

Barcelona adelantó que el frente sindical se reunirá en plenario nacional durante los próximos días para definir un plan de acción con medidas de fuerza escalonadas, que acompañará el reclamo judicial. “Si la Justicia no actúa rápidamente y el Ejecutivo sigue incumpliendo, el conflicto universitario se va a profundizar”, advirtió.

El referente sindical también remarcó que esta actitud del Gobierno “rompe los consensos institucionales” y afecta directamente a la calidad del sistema universitario. “Es inaudito que un presidente se niegue a cumplir una ley. Lo mismo ocurre con la ley de emergencia pediátrica y la de discapacidad. El Gobierno dice que suspende las normas hasta definir el presupuesto, pero está gobernando con el presupuesto prorrogado de 2022. Es una contradicción absoluta”, enfatizó.

La falta de financiamiento, añadió, golpea de lleno en el día a día de las universidades nacionales. “Hoy se está trabajando con lo mínimo: pagar luz, agua y gas. Pero los programas de investigación, los proyectos de campo, los incentivos docentes y las tareas de extensión están siendo recortados o suspendidos. Muchos docentes se van, y cuesta cubrir los cargos vacantes”, detalló.

El congelamiento de fondos también afecta al CONICET y a los colegios preuniversitarios, donde se resienten las becas y los programas de estímulo. Para Barcelona, el objetivo del ajuste es claro: “Este desfinanciamiento ataca la autonomía universitaria y busca disciplinar a las instituciones”.

En ese marco, el dirigente de ADICUS subrayó la importancia del rol ciudadano en defensa del sistema público de educación superior. “El Gobierno busca ganar tiempo hasta que cambie la composición del Congreso. Por eso llamamos a la sociedad a sostener la universidad pública, porque está en juego un modelo de país”, concluyó.

El frente sindical que nuclea a los trabajadores del PAMI resolvió reanudar las medidas de fuerza luego de considerar “inaceptable” la oferta del Gobierno, que propuso incrementos menores al 1% mensual hasta fin de año. Con un año de salarios congelados, los gremios convocan a asambleas y ceses de actividades desde el lunes, mientras el Ejecutivo anuncia un préstamo de 500 millones de dólares del BID destinado a “fortalecer” el organismo.

El conflicto salarial en el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) vuelve al centro de la escena. Tras una oferta oficial que los gremios calificaron de “irrisoria”, el frente sindical que representa a los trabajadores del organismo estatal decidió reanudar su plan de lucha nacional con medidas de fuerza escalonadas durante toda la próxima semana.

La negociación paritaria, convocada por el Gobierno nacional luego de casi un año de inactividad, terminó en un nuevo punto muerto. La propuesta consistió en un aumento de apenas 1,2% para octubre, 0,8% en noviembre y 0,8% en diciembre, cifras que los sindicatos consideran simbólicas y alejadas de la inflación acumulada.

La oferta fue rechazada unánimemente por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación de Profesionales del PAMI y Afines (Appamia), el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados del PAMI (SUTEPA) y la Unión de Trabajadores del Instituto (UTI). En un comunicado conjunto, las organizaciones expresaron que el aumento “no guarda relación alguna con la pérdida salarial acumulada ni con la responsabilidad de quienes sostienen el funcionamiento de la mayor obra social de la Argentina”.

“La unidad de los trabajadores es el camino”, señalaron los gremios, convocando a una serie de medidas que comenzarán el lunes 27 de octubre con asambleas generales en todas las sedes del país a partir del mediodía. El martes habrá un cese de actividades de 12 a 14, mientras que el miércoles la interrupción se extenderá de 11 a 14. El jueves, los trabajadores cesarán tareas desde las 12 y se concentrarán en el edificio central de la calle Corrientes 655 para movilizarse hacia el Ministerio de Desregulación a las 13.30.

El frente sindical no descarta nuevas medidas de mayor impacto si el Ejecutivo no presenta una propuesta superadora. Desde septiembre, los trabajadores del PAMI vienen sosteniendo un plan de lucha que incluyó tres jornadas de paro nacional y asambleas informativas en todo el país.

Un conflicto que se profundiza

El reclamo salarial en el PAMI se inscribe en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo del sector público. Según fuentes gremiales, el personal lleva más de doce meses sin actualización salarial, mientras la inflación interanual supera ampliamente el 180%. “El personal del PAMI sostiene con su esfuerzo una institución esencial para los jubilados, pero el Gobierno responde con aumentos simbólicos que no alcanzan ni para cubrir los gastos básicos”, sostuvieron desde ATE.

El malestar, aseguran los dirigentes, no se limita al aspecto salarial. Se denuncia también la falta de personal, el atraso en los pagos a prestadores y la creciente sobrecarga de tareas administrativas derivada del ajuste presupuestario. En paralelo, la conducción del organismo enfrenta cuestionamientos por la lentitud en la ejecución de programas de asistencia y por el retraso en las prestaciones médicas y de cuidado domiciliario.

Un préstamo millonario bajo la lupa

Mientras el conflicto gremial se intensifica, el Gobierno anunció la aprobación de un préstamo de 500 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a “fortalecer la gestión y los servicios” del PAMI.

El decreto, publicado este viernes en el Boletín Oficial, faculta al ministro de Economía y al secretario de Finanzas a firmar el contrato de financiamiento, sujeto aún a la aprobación final del Directorio del BID. Según el informe técnico del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), el programa apunta a mejorar el acceso a servicios de cuidado para personas con dependencia funcional y a modernizar los sistemas de atención.

Entre los objetivos específicos, el documento menciona la ampliación de la cobertura para hipertensión, diabetes y enfermedades renales, junto con la reducción de tiempos de espera en cirugías oncológicas. El préstamo prevé un plazo de amortización de 25 años, con 5 años y medio de gracia y una tasa de interés ajustada al índice SOFR, vinculado al costo de financiamiento de la Reserva Federal estadounidense.

No obstante, la coincidencia temporal entre el anuncio del crédito internacional y la oferta salarial “testimonial” fue interpretada por los gremios como un gesto de insensibilidad política. “El Gobierno gestiona un préstamo de medio billón de dólares mientras ofrece menos del 1% a los trabajadores que sostienen la estructura del PAMI. Es una contradicción difícil de justificar”, remarcaron fuentes sindicales.