Jaime Barcelona, dirigente de Adicus, realizó un balance negativo de 2025 para los docentes universitarios y anticipó un escenario de fuerte conflictividad para el próximo año. Salarios deteriorados, paritarias clausuradas y un presupuesto que recorta la inversión educativa configuran, advierte, un rumbo que amenaza el futuro de la universidad pública y del desarrollo nacional.

El cierre de 2025 encuentra a la docencia universitaria atravesada por un clima de profunda preocupación. Así lo expresó Jaime Barcelona, al realizar un balance del año y proyectar los desafíos que se avecinan. “Ha sido un año negativo para todos los trabajadores”, sintetizó, al señalar que los docentes universitarios no escaparon al deterioro general provocado por la combinación de inflación, caída salarial y un ajuste que definió como “brutal”.

Según explicó, el impacto no se limita a la pérdida del poder adquisitivo. A la degradación de los ingresos se suma una amenaza persistente sobre el financiamiento de las universidades, que compromete el normal funcionamiento del sistema educativo superior. “El gobierno mantiene una política de desfinanciamiento que pone en riesgo la continuidad de nuestro trabajo”, advirtió.

La preocupación se profundiza ante la aprobación del Presupuesto 2026, que fue duramente cuestionado por los gremios universitarios, científicos y estatales. Barcelona reveló que el sector recibió un instructivo de liquidación salarial con aumentos del 1% mensual para todo el próximo año, con apenas algunas excepciones del 2,5%. “Esto consolida la pérdida del poder adquisitivo y profundiza el ajuste sobre los trabajadores universitarios”, afirmó, al tiempo que denunció la decisión oficial de no convocar a paritarias y fijar aumentos por decreto.

En ese contexto, anticipó que el inicio del ciclo lectivo 2026 estará atravesado por la conflictividad. “Estamos discutiendo con las bases cómo continuar, porque este escenario no deja margen”, señaló.

Para el dirigente sindical, la aprobación del presupuesto representa un quiebre histórico. Por primera vez en décadas, el Estado se desliga del compromiso de destinar un porcentaje mínimo del PBI a la educación y deja las actualizaciones salariales libradas a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. “Es un golpe directo y profundo al sistema educativo argentino”, sostuvo.

Barcelona fue más allá y vinculó estas decisiones con un modelo de país que, a su entender, renuncia al desarrollo industrial y científico. “Este gobierno no apuesta a la educación, la ciencia ni la técnica porque su proyecto es un país primarizado, exportador de commodities”, afirmó. En esa lógica, la universidad pública y el sistema científico resultan prescindibles.

Uno de los puntos más cuestionados es la eliminación, a través del artículo 30 del presupuesto, del histórico piso del 6% del PBI para educación. Para el dirigente, se trata de uno de los retrocesos más graves desde la recuperación democrática. “Los países que piensan su desarrollo invierten en educación e industria. Este es un modelo retrógrado que nos devuelve a la Argentina posterior a la generación del 80”, comparó, al advertir que incluso se desandan conquistas previas al impulso educativo promovido por Sarmiento.

El diagnóstico de Jaime Barcelona dibuja un escenario inquietante para la universidad pública y el conjunto de los trabajadores. Con salarios en retroceso, paritarias cerradas y un presupuesto que consolida el ajuste, el conflicto aparece como una consecuencia inevitable. “La pelea va a ser por el presupuesto, por la educación y por la reapertura de paritarias, y se va a dar en la calle”, anticipó.

En una situación de creciente tensión social, el debate trasciende lo sectorial y vuelve a plantear una discusión de fondo: qué modelo de país se construye cuando la educación, la ciencia y el conocimiento dejan de ser una prioridad estratégica. Para los docentes universitarios, la respuesta no admite neutralidad y el 2026 se perfila como un año decisivo en esa disputa.

En diálogo con Mundo Laboral SJ, Marcelo Trujillo, dirigente de los trabajadores de las telecomunicaciones e integrante de la CGT San Juan, delineó un balance crítico del año que termina y encendió señales de alerta sobre el impacto del avance tecnológico, la caída del empleo y una reforma laboral que, advierte, amenaza con profundizar la desigualdad y debilitar derechos históricos.

El cierre de año suele ser un tiempo propicio para los balances, pero también para anticipar los desafíos que se avecinan. En el caso del sector de las telecomunicaciones, el diagnóstico que plantea Marcelo Trujillo dista de ser alentador. Según explicó, el proceso de transformación tecnológica que atraviesa la actividad —con el paso definitivo del cobre a la fibra óptica y la expansión del universo TIC— convive con una silenciosa pero persistente reducción del empleo formal.

“La fibra hoy transporta toda la información que consumimos a diario, pero ese avance no se tradujo en más puestos de trabajo”, señaló. Por el contrario, el dirigente remarcó que en los últimos años se acumularon bajas de personal, mayoritariamente a través de retiros voluntarios que luego no fueron reemplazados. El resultado es una doble afectación: menos trabajadores en actividad y una merma sostenida tanto en los ingresos familiares como en la capacidad económica de los propios sindicatos.

En ese marco, Trujillo advirtió sobre un fenómeno que comienza a hacerse sentir con mayor crudeza: la crisis de ingresos y el creciente endeudamiento de los hogares. Aunque los indicadores oficiales insistan en una desaceleración inflacionaria, el impacto cotidiano se mide, según ironizó, en el “IPG, el índice de precios en góndola”, el que golpea directamente a trabajadores y jubilados. “Eso todavía no terminó de reflejarse, pero inevitablemente va a impactar”, anticipó.

El panorama se vuelve aún más complejo al proyectar el escenario político y gremial de 2026. Para el dirigente sanjuanino, la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei no sólo genera incertidumbre, sino que encierra un claro sesgo regresivo. “No es una actualización, es una regresión”, afirmó, al advertir que la iniciativa avanza sin un debate serio y tripartito entre trabajadores, empresarios y Estado.

Trujillo cuestionó además el modo en que se discute la iniciativa en el Congreso y no descartó que se repitan prácticas del pasado, como la compra de voluntades legislativas. En ese sentido, recordó la experiencia de la denominada “ley Banelco” y expresó su preocupación ante la falta de instancias formales de diálogo.

Uno de los puntos más críticos, explicó, es el tratamiento de los trabajadores de plataformas y aplicaciones. Lejos de regularizar el sector, la reforma dejaría a amplios segmentos fuera del sistema, alimentando el empleo informal y el mercado negro. “No se entiende dónde está la mejora”, sostuvo.

También puso el foco en el nuevo esquema de fondo de cese laboral, donde el aporte empresario sería mínimo, mientras que el Estado y el propio trabajador terminarían asumiendo el costo de las indemnizaciones. A eso se suma, advirtió, un horizonte aún más incierto con los anuncios de futuras reformas tributarias y previsionales, que podrían desembocar en sistemas híbridos similares a las antiguas AFJP.

“El trabajador no ve futuro. Ni para jubilarse, ni para pensar una nueva etapa después del trabajo”, sintetizó, al describir un panorama que definió como “muy negro”.

El balance que deja el testimonio de Marcelo Trujillo es el de un sector atravesado por profundas transformaciones tecnológicas, pero también por decisiones políticas que amenazan con debilitar el entramado laboral y social. Frente a un discurso oficial que señala a los sindicatos como un obstáculo, el dirigente reivindica el rol histórico del movimiento obrero y plantea una pregunta de fondo: si los empresarios han podido crecer, incluso en contextos críticos como la pandemia, ¿por qué el ajuste vuelve a recaer sobre los trabajadores?

En un contexto de incertidumbre creciente, el reclamo es claro: discutir en serio, con transparencia y equilibrio, un modelo de desarrollo que no sacrifique derechos en nombre de una modernización que, hasta ahora, parece beneficiar a unos pocos y profundizar las desigualdades.

En diálogo con Mundo Laboral San Juan, el referente de la CGT Eduardo Cabello realizó un balance crítico del 2025, analizó el impacto social del actual rumbo económico y advirtió sobre los riesgos de reformas laborales que, según sostuvo, no contemplan la dignidad ni la calidad de vida de los trabajadores.

El cierre de año suele habilitar balances sinceros y miradas de largo alcance. En ese marco, el dirigente de la CGT,  realizó un análisis profundo sobre los últimos doce meses, a los que definió como “duros, difíciles y complejos”, aunque no exentos de aprendizajes. “De la adversidad también se puede sacar lo mejor de uno”, reflexionó, al tiempo que reivindicó la capacidad del movimiento sindical para recomponerse en contextos adversos.

Cabello situó parte del debate en el plano social y cultural. Sin aludir directamente a coyunturas electorales, planteó que muchas expectativas generadas por discursos atractivos terminaron chocando con una realidad concreta: promesas incumplidas, deterioro del empleo y una mejora salarial que nunca llegó. “Uno conoce las caras, pero no siempre los corazones”, citó, apelando a una frase popular para graficar la distancia entre el mensaje y los hechos.

Desde esa lectura, el dirigente sostuvo que la Argentina atraviesa un momento de entrampamiento económico y social, en el que se diluye una de sus principales fortalezas históricas: la cultura del trabajo. “Nuestro país siempre se caracterizó por su capacidad productiva, por su mano de obra y por su inteligencia colectiva. Hoy eso está en discusión”, afirmó, y remarcó que sin trabajo digno y sin amor por lo que se hace, no hay posibilidad real de salida.

La unidad aparece, en ese marco, como un eje central. Cabello fue enfático: “Si no estamos unidos, vamos a ser dominados”. Y aclaró que no se trata de consignas partidarias ni de frases ideológicas, sino de una realidad que atraviesa a las sociedades contemporáneas. “Si no entendemos lo que vive cada argentino, terminamos siendo arrastrados por filosofías huecas”, advirtió.

En relación con las nuevas realidades laborales y los debates sobre modernización, el dirigente planteó una crítica puntual: la falta de políticas que acompañen a los trabajadores frente a los cambios tecnológicos. “Se habla de nuevas formas de trabajo, pero no hay herramientas ni recursos para quienes quedan atrapados en esas transformaciones”, señaló. Para Cabello, la dignidad laboral no se limita al salario o a las vacaciones, sino que incluye condiciones de vida más amplias: transporte, horarios razonables y calidad cotidiana. “Eso también es un derecho”, subrayó.

Desde la CGT, explicó, se viene impulsando un trabajo de diálogo institucional con gobernadores, legisladores y distintos actores políticos para aportar una mirada más integral. “Hay cosas que están mal y que deben corregirse, pero no rompiendo todo. Hay que reparar, revisar y avanzar”, sostuvo, marcando distancia tanto del inmovilismo como de los ajustes abruptos.

En un tramo más crítico, el representante gremial alertó sobre un modelo económico sostenido en endeudamiento permanente. “Cuando todos los días se pide un préstamo para pagar otro préstamo, el final es previsible”, advirtió, y expresó su preocupación por que, una vez más, sea el pueblo quien termine pagando los costos de decisiones ajenas.

Las palabras de Eduardo Cabello condensan una advertencia y una convocatoria. Advertencia frente a un rumbo que, según su visión, debilita el trabajo, fragmenta a la sociedad y posterga la calidad de vida. Convocatoria a recuperar la unidad, la cultura del esfuerzo y el diálogo como herramientas para reconstruir un horizonte común. En el umbral de 2026, el mensaje sindical no se apoya en consignas vacías, sino en una premisa tan simple como contundente: sin trabajo digno, sin justicia social y sin cohesión colectiva, no hay futuro sostenible para la Argentina.