En una sesión cargada de tensión política y acompañada por masivas movilizaciones en todo el país, la Cámara de Diputados rechazó los vetos de Javier Milei a las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario. Con amplio respaldo opositor, la iniciativa vuelve ahora al Senado, que deberá ratificar la decisión para su promulgación definitiva.

La Cámara de Diputados protagonizó este miércoles una jornada de alto voltaje político al rechazar los vetos del presidente Javier Milei contra dos leyes consideradas centrales para sectores estratégicos: la Emergencia Pediátrica y el Financiamiento Universitario. La votación marcó un nuevo revés para el oficialismo, que no logró evitar que la oposición reuniera las voluntades necesarias para recomponer y sostener políticas de salud y educación, áreas que la sociedad reclama como prioritarias.

El rechazo al veto de la Ley de Emergencia Pediátrica se aprobó con 181 votos afirmativos, 60 negativos y una abstención, mientras que la Ley de Financiamiento Universitario consiguió 174 votos afirmativos, 77 negativos y dos abstenciones. Ambas resoluciones fueron celebradas en el recinto y en las calles, donde miles de personas se movilizaron en defensa de hospitales y universidades públicas.

El Gobierno, sin embargo, había argumentado lo contrario. A través del Decreto 647/2025, Milei vetó la Emergencia Pediátrica alegando que generaba un gasto “desproporcionado” que ponía en riesgo el equilibrio fiscal. Algo similar sostuvo para la Ley de Financiamiento Universitario, vetada por el Decreto 651/2025, bajo la advertencia de que implicaba un costo excesivo que amenazaba el superávit primario, eje central de su programa económico. Desde la Casa Rosada se insistió en que ambas normas carecían de financiamiento real y que su implementación sólo podría sostenerse mediante emisión monetaria, lo que, a su criterio, profundizaría la inflación.

No obstante, la Cámara Baja consideró indispensable la aplicación de estas políticas. La Ley de Financiamiento Universitario garantiza un piso mínimo de presupuesto ajustado por inflación, la recuperación del salario docente y no docente, la creación de un fondo para carreras estratégicas de ciencia y tecnología, la ampliación de becas e inclusión estudiantil, partidas para obras e infraestructura, y un incremento gradual que lleve el presupuesto universitario al 1,5 % del PBI en 2031.

Por su parte, la Ley de Emergencia Pediátrica crea un Sistema Nacional de Emergencia Pediátrica, asegura atención prioritaria y gratuita a todos los niños en situaciones críticas, establece un Fondo Especial para equipamiento e infraestructura hospitalaria, y obliga a la capacitación en emergencias pediátricas de todo el personal sanitario. El objetivo es garantizar la cobertura universal y reducir los tiempos de atención en casos de urgencia.

El debate en el recinto estuvo atravesado por discursos encendidos. Desde la oposición, se remarcó que “la salud de los niños y la educación universitaria no pueden quedar a merced del ajuste fiscal”. En tanto, los diputados oficialistas alertaron sobre los riesgos de aprobar gastos sin financiamiento, insistiendo en que las leyes son “populistas e irresponsables”.

Mientras tanto, en las afueras del Congreso y en distintas ciudades del país, miles de manifestantes respaldaron la restitución de las normas. Movimientos estudiantiles, gremios docentes, organizaciones médicas y sociales celebraron lo que calificaron como un triunfo de la sociedad frente al recorte de derechos.

Ahora será el Senado de la Nación el que deba ratificar lo decidido en Diputados. Si la Cámara Alta acompaña con mayoría especial, las leyes quedarán promulgadas automáticamente, pese a la resistencia del Poder Ejecutivo.

El rechazo de los vetos presidenciales en Diputados configura un fuerte desafío político para el Gobierno de Javier Milei. La oposición logró unificar posiciones en torno a la defensa de la salud y la educación como pilares estratégicos del desarrollo nacional, mientras que la sociedad civil acompañó con una movilización masiva. El desenlace en el Senado será determinante, pero lo ocurrido este miércoles ya se inscribe como un hito en la disputa entre ajuste fiscal y políticas públicas inclusivas.

El Gobierno anunció que venderá el 44% de Nucleoeléctrica Argentina S.A. mediante licitación nacional e internacional. El Estado mantendrá el 51% y destinará un 5% a los trabajadores. Aunque el Ejecutivo defiende la medida como un paso para financiar proyectos estratégicos, surgen críticas por la cesión de participación en una empresa rentable y clave para la soberanía energética.

El Gobierno nacional confirmó este martes que avanzará con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa que administra las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. La decisión se enmarca dentro de la Ley Bases de 2024 y fue oficializada en paralelo a la presentación del Presupuesto 2026.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el proceso consistirá en la venta del 44% de las acciones a través de una licitación nacional e internacional, mientras que un 5% será destinado a los trabajadores mediante un programa de propiedad participada. De esta manera, el Estado conservará el 51% accionario para garantizar la mayoría. Actualmente, la participación está distribuida entre el Ministerio de Economía (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (20%) y Energía Argentina (ENARSA).

La resolución llega en un momento en que Nucleoeléctrica exhibe resultados financieros positivos. En el primer semestre de 2025 obtuvo un resultado operativo superior a $103.267 millones, y durante el primer trimestre registró un superávit financiero de $17.234 millones. Para este año, el Ministerio de Economía proyecta un resultado económico favorable de $23.389 millones y una inversión de $239.000 millones en obras estratégicas. Entre ellas se encuentran la extensión de vida de Atucha I, prevista para 2027, y la construcción del Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II).

El Ejecutivo justifica la apertura al capital privado como un paso para “promover la inversión en el sector nuclear” y financiar el primer reactor modular argentino, además de extender la vida útil de las centrales y relanzar la minería de uranio. “Cabe recordar que todas las empresas públicas están sometidas a un proceso de irremediable privatización”, sostuvo Adorni. Desde la Casa Rosada remarcan que NASA ya no depende de aportes estatales: mientras en 2023 recibió transferencias por unos u$s 2 millones, en 2024 no necesitó asistencia del Tesoro.

En cuanto a la valuación de la compañía, estimaciones realizadas en 2024 ubican su valor entre u$s 560 millones y u$s 1.000 millones, cifra que marcará el piso y techo de la licitación.

La decisión genera cuestionamientos en distintos sectores. Para los gremios, la privatización parcial implica “ceder soberanía energética a intereses privados”. Académicos especializados en energía nuclear señalan que, más allá de los balances, el valor estratégico de NASA radica en su capacidad técnica, el know-how acumulado y su rol en la investigación. Desde la oposición acusan al Gobierno de “vender una empresa superavitaria” en lugar de discutir un modelo energético de largo plazo.

La privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina expone el dilema entre la necesidad de inversión para sostener proyectos estratégicos y el resguardo de un sector clave para la soberanía nacional. Para el Gobierno, la medida es una señal de confianza hacia el mercado y una vía para potenciar la autosustentabilidad del sistema nuclear. Para críticos y opositores, significa abrir la puerta a la pérdida de control sobre un activo que no representa déficit y que concentra conocimientos estratégicos únicos.

El desenlace dependerá de cómo se concrete la licitación y de si el ingreso de capital privado logra traducirse en nuevas obras y desarrollos, o si la operación quedará en la historia como un paso más dentro de un plan de privatizaciones sin consenso social ni político.

El mandatario argentino participó de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en Asunción, donde afirmó que los sueldos se cuadruplicaron desde diciembre de 2023 y que millones de personas dejaron la pobreza. Las estadísticas oficiales y los gremios desmienten esos datos.

El presidente Javier Milei volvió a colocarse en el centro de la escena internacional con un discurso cargado de definiciones ideológicas en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) realizada en Asunción, Paraguay. Ante un auditorio afín, el mandatario argentino defendió su plan económico, justificó el ajuste fiscal y lanzó afirmaciones que generaron controversia en el plano local.

“Cuando nosotros llegamos, los salarios estaban en torno a los 300 dólares. Hoy están en torno a los 1.100, 1.200 dólares”, aseguró Milei, presentando su gestión como un punto de inflexión en materia de ingresos. El jefe de Estado vinculó ese supuesto avance a lo que describió como un modelo basado en la libertad económica y criterios morales, que —según sus palabras— permitirá convertir a la Argentina en “el país más libre del mundo”.

El mandatario también sorprendió con otra declaración: afirmó que 12 millones de argentinos salieron de la pobreza y que 6 millones “empezaron a comer cuando antes no comían”. No obstante, no aportó estadísticas oficiales ni fuentes que respalden esa información.

Las expresiones fueron rápidamente cuestionadas en Buenos Aires. Sindicatos y organizaciones de trabajadores advirtieron que el poder adquisitivo se encuentra en retroceso, golpeado por la inflación persistente y la demora en las paritarias. En la misma línea, analistas económicos remarcaron que el cálculo de Milei desconoce los datos de organismos oficiales que muestran una pérdida de ingresos reales en la mayoría de los sectores.

El presidente eligió una vez más un tono confrontativo: descartó cualquier vía intermedia en materia de reformas y sostuvo que “no hay lugar para grises”. A su entender, las terceras vías resultan “inconducentes” y solo mantienen abierta la posibilidad de un retorno al pasado que su administración busca desterrar. El mensaje, en clave política, buscó además recomponer la iniciativa tras la derrota electoral sufrida en la provincia de Buenos Aires, que encendió las alarmas en el oficialismo.

La exposición de Milei en la CPAC de Asunción volvió a poner en evidencia la distancia entre su relato y los indicadores económicos que marcan el pulso de la realidad argentina. Mientras el presidente habla de prosperidad, crecimiento de salarios y reducción drástica de la pobreza, sindicatos y economistas insisten en que los ingresos se deterioran y la desigualdad se profundiza. El discurso ideológico y moral que busca proyectar hacia el mundo se enfrenta, puertas adentro, con un clima social complejo y con cifras que todavía no acompañan su optimismo.