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En el inicio del debate parlamentario por la Ley de Glaciares, el sindicato que nuclea a los cuadros jerárquicos del sector minero fijó una posición que busca salir de la lógica binaria entre ambiente y producción. Reclamó una actualización profunda del marco normativo, propuso crear un organismo de control autónomo y volvió a poner en agenda la deuda previsional con los trabajadores.

La discusión por el futuro de la política minera argentina sumó un actor con peso específico en el inicio de las audiencias públicas en la Cámara de Diputados. La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) irrumpió con una postura que intenta reconfigurar los términos del debate: ni negación del impacto ambiental ni defensa acrítica del extractivismo, sino una síntesis que articule desarrollo, regulación y derechos laborales.

La voz del sector fue encarnada por su secretario general, Marcelo Mena, quien desde el inicio marcó un reclamo de representación largamente postergado. “Es un orgullo que nos escuchen después de tanto tiempo”, expresó, en una frase que no sólo funcionó como apertura discursiva, sino como señal política: el sindicalismo minero busca ocupar un lugar activo en la definición de las reglas del sector.

Uno de los ejes más contundentes de su exposición fue la defensa explícita de los recursos estratégicos. “Proteger los glaciares es innegociable. Proteger la vida y el agua es innegociable”, afirmó, desmarcándose de cualquier lectura que ubique al gremio en una posición refractaria a las demandas ambientales. Sin embargo, ese posicionamiento no derivó en una aceptación pasiva del statu quo, sino en una crítica más amplia al enfoque fragmentado del debate.

Para el dirigente, discutir exclusivamente la Ley de Glaciares implica eludir un problema estructural: la obsolescencia del marco normativo que regula la actividad. Con un Código de Minería que arrastra más de 150 años, la actividad se desenvuelve —según planteó— bajo parámetros que no dialogan con las exigencias tecnológicas, ambientales ni productivas contemporáneas. “No solamente hay que discutir una ley de glaciares. Tenemos que discutir una ley nacional de minería”, enfatizó, en lo que constituye uno de los planteos más integrales surgidos hasta ahora en el ámbito parlamentario.

En ese sentido, ASIJEMIN propuso avanzar hacia una legislación moderna que otorgue previsibilidad, ordene la actividad y establezca estándares claros para todos los actores involucrados. La iniciativa no es menor: en un contexto de creciente interés por los recursos naturales, la falta de reglas actualizadas aparece como uno de los principales focos de conflicto entre empresas, comunidades y Estado.

El planteo incluyó además una propuesta institucional concreta: la creación de una Agencia Nacional de Control Medioambiental Minero. Concebida como un organismo autónomo y autárquico, su diseño prevé la participación de universidades, centros de investigación, empresas, sindicatos, comunidades y distintos niveles del Estado. El objetivo es claro: fortalecer los mecanismos de fiscalización y dotarlos de mayor transparencia.

“Si podemos tener un ente compuesto colectivamente entre todas las partes, vamos a lograr un control mucho más profundo”, sostuvo Mena Muñoz, al tiempo que subrayó la necesidad de generar información pública confiable y accesible. La iniciativa se inscribe en una demanda creciente por institucionalidad robusta en materia ambiental, en un escenario donde la legitimidad de los controles es tan relevante como su eficacia técnica.

El discurso de gremial también hizo foco en el impacto territorial de la minería. Tomando como referencia el caso de San Juan, el dirigente destacó las transformaciones económicas experimentadas en las últimas décadas, aunque introdujo una advertencia que complejiza la narrativa del progreso automático. “Si la minería es solamente un negocio, no nos interesa. Tiene que ser desarrollo, crecimiento real y participación colectiva”, afirmó, marcando un límite político a la lógica puramente extractiva.

Esa mirada se sintetizó en una consigna que atravesó toda la intervención: la necesidad de superar la dicotomía entre ambiente y producción. “Defendamos los glaciares, por supuesto. Pero también necesitamos trabajar”, señaló, condensando una presión estructural que el Congreso deberá administrar en los próximos meses.

Sobre el cierre, el dirigente incorporó un tema que excede la coyuntura legislativa pero que revela otra dimensión del conflicto: las condiciones laborales en la actividad. En ese marco, reclamó el tratamiento de un proyecto de jubilación minera presentado hace casi un año, subrayando las particularidades del trabajo en altura, las bajas temperaturas y las tareas en contextos subterráneos.

“Si tanto les importa la actividad minera, que realmente les importe lo más importante, que son los trabajadores”, concluyó, desplazando el eje del debate hacia una pregunta incómoda pero central: quiénes son los verdaderos destinatarios del desarrollo que se discute.

La intervención de ASIJEMIN en el Congreso no sólo aportó matices a una discusión atravesada por posiciones antagónicas, sino que introdujo una agenda propia que combina regulación, institucionalidad y derechos laborales. En un marco donde la minería se proyecta como uno de los vectores económicos estratégicos del país, el desafío no parece residir únicamente en habilitar o restringir actividades, sino en construir un marco integral capaz de equilibrar intereses, reducir conflictos y garantizar legitimidad social.

Entre la protección de los glaciares y la necesidad de desarrollo, el sindicalismo minero propone un tercer camino: uno donde el crecimiento no se desligue del control, ni el progreso de la justicia social. La discusión recién comienza, pero el tono del debate ya dejó de ser el mismo.

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La CGT defendió las raíces originarias y la identidad latinoamericana frente a la decisión oficial

La Confederación General del Trabajo (CGT) rechazó la decisión del Gobierno de restituir la denominación Día de la Raza para el 12 de octubre y la calificó de «provocación burda». La central obrera ratificó su adhesión al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, nombre adoptado oficialmente en 2010, y cuestionó la ausencia de fundamentos históricos que, a su entender, respalden el cambio.

En un comunicado, la organización sostuvo que la denominación original no había surgido de una concepción biologicista o racista. Recordó que el expresidente Hipólito Yrigoyen instituyó la fecha como fiesta nacional con la intención de estrechar los vínculos de hispanidad entre los pueblos latinoamericanos, en contraposición a la influencia imperialista anglosajona.

La central obrera también recuperó un discurso pronunciado por Juan Domingo Perón el 12 de octubre de 1947, en el que el entonces mandatario cuestionó las formas de subordinación económica y cultural que, según planteó, favorecían intereses imperialistas. Con esa referencia, la central buscó inscribir la discusión en una tradición política vinculada con la soberanía y la identidad regional.

Sin embargo, el mensaje remarcó que la interpretación de la fecha fue evolucionando hacia una concepción más amplia de la identidad latinoamericana, que reconoce el aporte de los pueblos originarios y la diversidad de raíces que conforman la cultura del continente.

Desde 2010, la denominación oficial es Día del Respeto a la Diversidad Cultural, un cambio orientado a promover una mirada que reconozca las identidades indígenas y la pluralidad cultural. La CGT defendió esa definición por considerarla acorde con los principios constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por la Argentina.

La postura sindical suma una dimensión política e histórica a la discusión sobre el significado del 12 de octubre. Mientras el Gobierno recupera una denominación asociada a la tradición hispánica, la CGT sostiene que la conmemoración debe preservar el reconocimiento de los pueblos originarios y de la diversidad cultural como componentes centrales de la identidad nacional.

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Se viene la quinta marcha federal en reclamo por el financiamiento universitario y el cumplimiento de la ley

San Juan se sumará este jueves 15 de octubre a la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para reclamar al Gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. ADICUS confirmó su participación en la movilización, que tendrá como punto de partida la Plaza 25 de Mayo, a las 16.30.

La convocatoria se inscribe en la disputa por la recomposición salarial de docentes y no docentes, los recursos para el funcionamiento de las universidades y la aplicación de la normativa aprobada por el Congreso. El recorrido previsto contempla una marcha hasta el Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), sobre calle Mitre, aunque el trayecto definitivo se resolverá en una reunión organizativa.

Una clase pública antes de la movilización

Como parte de las actividades previas, este miércoles se realizará una clase pública de Derecho Constitucional frente al Rectorado. La exposición estará a cargo de los abogados Conrado Suárez Jofré y Javier Alamino y buscará sumar una instancia de debate académico a los reclamos universitarios.

La protesta local se desarrollará en simultaneo con las movilizaciones convocadas en distintos puntos del país, luego de que el Gobierno recurriera a la Justicia para cuestionar la obligación de aplicar la ley de financiamiento.

El conflicto combina así el reclamo gremial por salarios y presupuesto con una discusión institucional sobre el cumplimiento de una norma sancionada por el Congreso. La movilización del jueves buscará sostener la presión pública mientras continúa la disputa judicial y las organizaciones universitarias advierten sobre el deterioro de los recursos destinados a la educación superior.

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La construcción sigue en crisis: 120.000 empleos perdidos y 2.000 empresas menos

La construcción acumula una pérdida de 120.000 puestos de trabajo y la desaparición de unas 2.000 empresas, sin perspectivas de una recuperación significativa durante los próximos meses. La advertencia fue formulada por Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), quien atribuyó el deterioro a la fuerte contracción de la obra pública y anticipó que el estancamiento podría extenderse durante los primeros meses de 2027.

Según el dirigente empresario, la actividad cayó alrededor de un 25% entre mediados de 2023 y mediados de 2024 y desde entonces se mantiene en niveles inferiores a los previos al derrumbe. Aunque el ritmo de la caída se moderó, el repunte todavía no alcanza para recomponer el empleo ni revertir el debilitamiento de las compañías. Algunas atraviesan dificultades financieras e incluso procesos de convocatoria de acreedores.

Weiss sostuvo que no observa cambios relevantes para el corto plazo. Si bien identificó un mayor dinamismo en Neuquén y Río Negro, impulsado por las inversiones vinculadas con Vaca Muerta, advirtió que ese movimiento resulta insuficiente para compensar la retracción en el resto del país. La construcción asociada con la energía y la minería ofrece mejores perspectivas, pero no reemplaza el volumen de trabajo que generaba la infraestructura pública.

El reclamo por la inversión estatal

El titular de CAMARCO cuestionó la posibilidad de que el capital privado sustituya por completo al Estado en el financiamiento de las obras. Según planteó, rutas con bajo tránsito, grandes proyectos ferroviarios y otras infraestructuras requieren recursos públicos para resultar viables.

La paralización de esos emprendimientos, advirtió, trasciende a las empresas constructoras: el deterioro vial y ferroviario también eleva los costos logísticos y condiciona la competitividad de otras actividades productivas.

El mercado inmobiliario tampoco despega. Según Weiss, construir en dólares es cada vez más caro y los precios de venta rezagados reducen la rentabilidad de las obras. Aunque valoró los nuevos créditos hipotecarios, aclaró que todavía les falta escala para generar una reactivación general.

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