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El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este jueves que en 2023 el Gobierno no cobrará derecho a las exportaciones incrementales de automóviles, a partir de las ventas que superen las 322.000 unidades vendidas al exterior durante el año pasado. Con estos impulsos a la industria automotriz, se espera que siga creciendo la generación de puestos de trabajo como ocurrió en 2022.

«Todo incremental de la exportación no pagará derechos de exportación. Es una forma de premiar la inversión, el trabajo argentino, y el esfuerzo», dijo hoy Massa durante una reunión con representantes de las empresas automotrices, de autopartes, concesionarias y dirigentes gremiales.

El ministro también resaltó que el sector autopartista y de producción de automóviles generó «casi 50.000 empleos más que en 2021» hasta alcanzar los 600.000 puestos en toda la industria, un número que espera «siga creciendo en 2023».

«Terminamos un año -el 2022- maravilloso pero el que comienza debe ser mucho mejor», dijo el titular del Palacio de Hacienda.

Massa destacó que durante el año pasado se fabricaron 536.000 unidades, entre autos y utilitarios, «lo que marcó una mejora de 23,5% respecto a 2021, y la mayor producción de los últimos ocho años» y este aumento se dio «a pesar de los que decían que había problemas, que faltaban neumáticos».

Pero, además, «las exportaciones sumaron 322.286 vehículos, con un incremento de 24,3%», lo que significa trabajo argentino puesto en el exterior.

«Avizoramos para 2023 un escenario de mínima de producción de 620.000 vehículos», señaló Massa, en comparación a los 536.000 autos de 2022, al encabezar una presentación junto al secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, y autoridades de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) y de gremios del sector.

Massa estimó que «370.000 de esos autos producidos en Argentina saldrán al exterior» y en ese marco «todo el incremental de exportaciones (respecto al 2022) no pagará derecho de exportación, porque queremos premiar la inversión, el trabajo y el esfuerzo» del sector en su conjunto.

El ministro destacó que «ya tenemos un vehículo que casi tiene el 50% de producción nacional y buscamos llegar a que ese porcentaje llegue a otros» automóviles.

Destacó que el sector automotriz «es un ejemplo de que el desafío de crecer y nuestra responsabilidad como Gobierno es promover para que se acreciente».

En los doce meses del año pasado se exportaron 322.286 vehículos, con una suba de 24,3% respecto al mismo período del 2021, cuando se comercializaron con el exterior 259.287 unidades.

En cuanto a los destinos de la producción local, a lo largo de los 12 meses de 2022 unas 202.406 unidades (62,8% del total de los envíos) tuvieron como destino el mercado brasileño, lo que ratifica la importancia del país vecino si bien el año pasado se ubicó bastante por debajo del 85% histórico que llegó a representar.

En importancia le siguen los mercados de América Central, con 32.462 vehículos (10,1%); Colombia, con 20.180 (6,3%); Chile, con 20.140 (6,2%); Perú, con 17.617 (5,5%); y México, con 7.889 (2,4%).

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Sturzenegger busca centralizar el control sobre seguros y riesgos laborales

En un nuevo capítulo de la ofensiva desregulatoria del Gobierno, el ministro Federico Sturzenegger apunta a desmantelar las Superintendencias de Seguros y de Riesgos del Trabajo, fusionándolas y absorbiendo sus funciones bajo el Ministerio de Economía. La medida genera preocupación en sectores regulados y sindicatos.

La avanzada desregulatoria del ministro Sturzenegger no cesa. Ahora, su objetivo son las Superintendencias de Seguros de la Nación y de Riesgos del Trabajo, dos organismos clave en la regulación del sistema asegurador y las condiciones laborales. Según trascendió, el plan contempla fusionar ambas entidades, recortar personal y suprimir su autonomía técnica, centralizando sus funciones bajo la órbita del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.

Esta movida busca achicar el aparato estatal, pero implica un corrimiento significativo hacia una estructura centralizada, desplazando espacios técnicos autónomos que podrían perder capacidad de control y supervisión. La medida podría tener un impacto directo en la regulación del sistema asegurador y las condiciones laborales, generando preocupación en sectores regulados y sindicatos.

En paralelo, Sturzenegger prepara un ataque sobre la intermediación obligatoria de seguros, buscando eliminar la participación exclusiva de los Productores Asesores de Seguros (PAS). De concretarse, abriría el mercado a nuevos operadores, desregulando la venta directa y virtual de pólizas. Sin embargo, esto podría generar vulnerabilidad en los consumidores frente a prácticas abusivas o falta de asesoramiento profesional.

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Trabajadores de la TV Pública denuncian censura y manipulación

Los trabajadores de la TV Pública denunciaron a través de sus redes sociales que la gerencia de noticias impone censura sobre los temas y la forma de abordaje, impidiendo hablar de la «proscripción» de Cristina Fernández de Kirchner y controlando cada información que se da sobre su condena.

La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es grave y alarmante. Según explicaron, la gerencia de noticias controla cada información que se da sobre la condena de Cristina Fernández de Kirchner, impidiendo hablar de su proscripción y solo permitiendo entrevistar a constitucionalistas que celebran la condena. Esto es un claro ejemplo de censura y manipulación de la información.

Metodología de Censura

Los trabajadores aseguraron que esta no es la primera vez que se aplica esta metodología de censura en la televisión estatal. Recordaron que se aplicó de manera similar durante el conflicto del Garrahan y en el caso del disparo de un gendarme que hirió de gravedad al reportero gráfico Pablo Grillo. Esto sugiere que la censura y la manipulación de la información son prácticas habituales en el canal.

En este sentido remarcaron que junto al sindicato que los nuclea, el Sipreba, repudiaron la condena a Cristina Fernández de Kirchner, considerándola un ataque directo a la libertad y la democracia en el país. Defendieron los medios públicos y el derecho humano a una información plural, diversa y federal.

La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es un llamado de atención sobre la importancia de la libertad de prensa y la necesidad de defender los medios públicos. La censura y la manipulación de la información son prácticas inaceptables que atentan contra la democracia y el derecho a la información.

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El PJ llama a la unidad en defensa de Cristina Kirchner

El Partido Justicialista convocó a su Consejo Federal para debatir los pasos a seguir tras la condena de la Corte Suprema a Cristina Fernández de Kirchner. La senadora Anabel Fernández Sagasti adelantó que habrá una marcha multitudinaria en apoyo a la ex presidenta.

La reunión del Consejo Federal del Partido Justicialista se llevó a cabo este jueves 12 de junio en la sede de Matheu al 130, y contó con la presencia de destacados dirigentes peronistas como Sergio Massa, Máximo Kirchner, Juan Grabois y Guillermo Moreno. El encuentro, que comenzó a las 16 horas y culminó cerca de las 19 horas, fue un llamado a la unidad y a la acción para proteger a Cristina Fernández de Kirchner y al peronismo.

La senadora Anabel Fernández Sagasti adelantó que habrá una marcha multitudinaria en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner si ella tiene que presentarse en Comodoro Py. Además, se anunció que habrá una cumbre con gobernadores peronistas y la CGT para coordinar acciones en defensa de la ex presidenta. La estrategia de resistencia del PJ busca enviar un mensaje de defensa de la democracia y de rechazo a la condena de la Corte Suprema.

La representación del poder territorial estuvo marcada por la presencia de intendentes como Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Otermin (Lomas de Zamora) y Gustavo Menéndez (Merlo); además de Ricardo Quintela, actual gobernador de La Rioja, y Jorge Capitanich, ex gobernador del Chaco.

También se sumaron referentes del sindicalismo y los movimientos sociales como Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL); Víctor Santamaría, secretario general del SUTERH; Juan Grabois, dirigente del Frente Patria Grande; y Leonardo Grosso, dirigente del Movimiento Evita.

Completaron la lista de asistentes Gabriel Mariotto, ex vicegobernador bonaerense y ex titular de la AFSCA; Edgardo Depetri, ex diputado nacional; Malena Galmarini, ex presidenta de AySA; y Juan Manuel Olmos, actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Además, se congregaron en el espacio sectores como La Cámpora, el Frente Renovador, movimientos sociales y el Frente Patria Grande, entre otros.

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