Mientras el Congreso Nacional debate cambios en la ley que regula la actividad sindical, diversos gremios han cerrado acuerdos paritarios en medio de una economía asfixiante.

Principales Incrementos Salariales

Estatales Nacionales y Bonaerenses: 
Los estatales nucleados en UPCN y ATE recibirán un 3% de aumento adicional entre septiembre y octubre, aunque solo UPCN aceptó la propuesta del gobierno. En la provincia de Buenos Aires, docentes, estatales, judiciales y personal sanitario recibirán un 4% en septiembre, sobre las remuneraciones de junio.

Personal Doméstico:
El personal de casas particulares verá reflejado un aumento acumulado del 4% en los sueldos de septiembre. «Este incremento es vital para seguir sosteniendo la economía de los hogares», señalaron desde la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

Comercio y Construcción:
Empleados de comercio continuarán recibiendo ajustes trimestrales, con un incremento del 4% en agosto. Mientras tanto, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) anunció una suba del 9,2% entre agosto y septiembre, en un sector que ha perdido más de 100.000 puestos de trabajo este año.

Sanidad y Médicos Privados:  
La Federación de Sanidad FATSA acordó un aumento del 10,75% para los trabajadores de droguerías, mientras que los médicos privados verán un ajuste del 4% en septiembre. «Estos incrementos apenas alcanzan para cubrir la inflación, pero son necesarios para mantener el poder adquisitivo», afirmó un representante de FATSA.

Metalúrgicos y Alimentación:  
Los trabajadores metalúrgicos obtuvieron un aumento cuatrimestral del 12,54%, que llevará los salarios a más de $727.000 en octubre. En la industria alimenticia, los empleados recibirán un aumento del 3,47% en agosto, completando un alza del 18,5% en el cuatrimestre.

Otros Sectores: 
Gastronómicos, camioneros, telefónicos, rurales, petroleros, ferroviarios, y empleados de seguros, entre otros, también han cerrado acuerdos que aseguran subas que van del 3% al 16%, dependiendo del sector.

El Ministerio de Economía Luis Caputo, autorizó a partir del 1° de septiembre un nuevo aumento en los servicios de gas y electricidad en promedio de un 4 por ciento y también un incremento en los precios de los combustibles cercano al 3 % .

Cabe recordar que desde que asumió Javier Milei al Gobierno, el valor de los combustibles aumentó 135% en los primeros siete meses del año, muy por arriba del 86% de inflación

Conocé los requisitos para acceder al subsidio por luz o gas

Los usuarios deberán tener en cuenta la documentación correspondiente para ser presentada en la página oficial del RASE.

• Deben tener a mano el número de medidor y, principalmente, el número de cliente, servicio, cuenta, contrato o NIS (que se puede encontrar en la factura de energía y gas natural por red).
• Se recomienda utilizar el último ejempla del DNI del cliente.
• El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.
• Los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar que sea mayor de 18 años también deben ser considerados.
• Se requiere un dirección de correo electrónico.
• En caso de que los servicios funcionen para un comedor o merendero comunitario, este deberá estar registrado en el RENACOM para obtener el número de registro.

La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) pidió ser parte del debate sobre sobre el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en la provincia, a los fines de resguardar la mano de obra y compra local.

El gremio que conduce Marcelo Mena presentó en mesa de entrada de la Cámara de Diputados de San Juan (expediente 2209) una solicitud para participar en la reunión de debate sobre el RIGI.

«Será fundamental establecer un marco regulatorio equitativo que proteja los intereses de los actores locales y promueva un desarrollo sostenible en la industria minera. Por ello, ASIJEMIN propone participar en este importante debate para que los diputados provinciales conozcan de primera mano la posición de nuestra organización de trabajadores profesionales y técnicos de la actividad minera en Argentina», señaló el gremio.

Desde ASIJEMIM entienden «crucial» considerar las necesidades para el bienestar del trabajador minero provincial, cuya labor «es fundamental para el desarrollo económico y productivo de una industria que ha crecido notablemente».

«Entendemos que la minería argentina depende de la participación activa de los trabajadores y la defensa de sus derechos y obligaciones. Además, creemos que la industria minera requiere modificaciones sustanciales para consolidar su potencial y asegurar un desarrollo soberano, con la participación activa de los trabajadores y un rol central del Estado», sostuvo el sindicato.

En relación con el RIGI, la entidad gremial expresó preocupación y crítica respecto a cómo este régimen podría beneficiar desproporcionadamente a las grandes empresas extranjeras en términos tributarios, aduaneros y cambiarios.

«Este impacto negativo podría perjudicar el crecimiento y desarrollo de las PYMEs y proveedores locales. Es esencial que se garantice y respete la protección de los trabajadores y proveedores sanjuaninos mediante cláusulas específicas acordadas entre las cámaras, las empresas, los sindicatos y el gobierno», puntualizó la ASIJEMIN.

En esa línea, el gremio detalló las dudas que surgen sobre el RIGI. De acuerdo al análisis de la organización, el régimen podría crear enclaves federales en las provincias, concentrando el control de las inversiones exclusivamente en el gobierno nacional, lo que contravendría los principios de descentralización y autonomía provincial.

Además, la falta de regulación sobre los porcentajes de insumos y mano de obra nacional podría debilitar significativamente la capacidad de las PYMEs y proveedores locales para competir en igualdad de condiciones en el mercado minero. También existe desconfianza respecto a la posible desaparición de los fondos fiduciarios destinados a garantizar el retorno de las utilidades a los municipios, lo que incrementa las preocupaciones sobre la equidad y la transparencia en la distribución de recursos.