En diálogo con Mundo Laboral, la referente sindical de ADICUS, Edith Liquitay, advirtió que los salarios docentes han perdido el equivalente a seis sueldos completos en 17 meses y denunció el vaciamiento presupuestario del sistema universitario. El conflicto se profundiza ante la amenaza de un veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente aprobada en el Congreso.

El paro de 48 horas que formara parte de una serie de medidas de lucha que culminó este martes 2 de septiembre, volvió a evidenciar la solidez del frente universitario en San Juan. La estrategia, enmarcada en el plan de lucha impulsado por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU Histórica), alcanzó un altísimo nivel de adhesión en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), con un 90% en los colegios preuniversitarios y cifras cercanas al 70% en varias facultades. Las mesas de exámenes y actividades académicas debieron ser reprogramadas, un dato que revela la contundencia de la protesta.

Edith Liquitay, del gremio ADICUS, sostuvo que “en 17 meses hemos perdido seis salarios completos”, subrayando que el 70% de la docencia universitaria en la provincia percibe ingresos que van de 180 mil a 700 mil pesos, montos que se evaporan en los primeros diez días del mes frente a una inflación implacable. Según la dirigente, muchos docentes renuncian a cargos o reducen dedicaciones para buscar ingresos fuera de la universidad, mientras que quienes permanecen lo hacen por compromiso con la defensa de la educación pública.

La dirigente sindical también remarcó la gravedad del recorte presupuestario: “Así como en nuestras casas pagamos la luz, también la universidad debe hacerlo, y sin presupuesto actualizado se hace imposible sostener la actividad académica con normalidad”.

En paralelo, el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, un reclamo histórico de la comunidad académica que garantiza la actualización de recursos conforme a la inflación, la ampliación de becas estudiantiles y fondos para investigación y extensión. No obstante, la amenaza de un veto presidencial encendió alarmas en todo el sector y aceleró la coordinación de una nueva marcha federal.

Liquitay consideró que la sanción de la ley es “un triunfo de la unidad, construido desde las bases y discutido con cada legislador para demostrar la necesidad de sostener la universidad pública”. Sin embargo, advirtió que el posible veto del Ejecutivo sería un golpe directo a esa conquista y que el movimiento universitario prepara una respuesta de alcance nacional.

La próxima acción de fuerza será la tercera marcha federal, aún sin fecha confirmada, que se prevé contundente y articulada con otros sectores sociales: trabajadores de la salud, jubilados, organizaciones de discapacidad y movimientos estudiantiles. “La lucha es una sola —resaltó Liquitay—, porque todos los sectores afectados por el ajuste tienen raíz en las universidades públicas que hoy se ven vaciadas”.

El conflicto universitario dejó de ser una disputa sectorial para transformarse en un símbolo de resistencia social frente a las políticas de ajuste. En San Juan, como en todo el país, la comunidad docente y estudiantil mantiene firme la convicción de que sin presupuesto no hay universidad posible.

La próxima marcha federal, lejos de ser un hecho aislado, se proyecta como un nuevo capítulo en la convergencia de luchas que buscan frenar el avance de un gobierno decidido a recortar los pilares de la educación superior pública.

El Gobierno de San Juan y los gremios docentes llegaron a un acuerdo paritario que establece aumentos salariales para los próximos tres meses , vinculados al índice de inflación. El entendimiento busca garantizar previsibilidad al sector educativo y acompañar la evolución de la inflación.

La quinta sesión paritaria entre el Gobierno provincial y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET culminó con un acuerdo que establece aumentos salariales para agosto, septiembre y octubre. La propuesta del Ejecutivo incluye incrementos escalonados, vinculados al Índice de Precios al Consumidor (IPC), además de mejoras en conceptos específicos de la grilla salarial.

Detalles del Acuerdo:

• Para agosto: actualización del valor índice según el IPC de julio e incremento de 6 puntos en todos los cargos del nomenclador docente. Esto se traduce en un salario testigo para maestro de grado jornada simple de $624.094,08 netos, un básico docente (A01) que sube a $384.105,87, y un valor hora cátedra que se va a $25.607,06 en nivel medio y $32.008,82 en nivel superior.
• Para septiembre: actualización del valor índice según el IPC de agosto, aumento del 30% en el ítem remunerativo «Nueva Conectividad San Juan» y 4 puntos adicionales en el nomenclador docente. El valor de la Nueva Conectividad San Juan aumentará a $49.057 por cargo desde septiembre, aplicable hasta dos cargos o su equivalente en horas cátedra.
• Para octubre: actualización del valor índice según el IPC de septiembre y un aumento de 4 puntos en el nomenclador docente.

Mejoras en Asignaciones Específicas:

• Estado Docente (A56): se actualizará según el IPC.
• Responsabilidad Funcional (E60): se actualizará según el IPC.
• Antigüedad (E66): se actualizará según el IPC.

En la reunión participaron funcionarios del Gobierno de San Juan, incluyendo al ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y representantes de los gremios docentes UDAP, UDA y AMET.

El secretario general de los trabajadores de estaciones de servicio en San Juan, Víctor Menéndez, analizó el presente de la actividad en un contexto marcado por aumentos parciales y el freno oficial a las paritarias. Con mirada crítica, reclamó unidad en la CGT de cara a la renovación de autoridades y subrayó los desafíos que enfrenta el movimiento obrero en tiempos de inflación, pérdida de poder adquisitivo y transformación tecnológica.

El dirigente sindical explicó que, tras una negociación compleja, se alcanzó un acuerdo salarial que incluye incrementos escalonados: 3% para mayo, 4,8% en agosto y sucesivos aumentos del 1,5% entre septiembre y noviembre. Si bien reconoció que la mejora está lejos de compensar la inflación, sostuvo que la intención fue evitar que los trabajadores quedaran desfasados, aunque el ajuste no satisface las expectativas ni de los gremios ni de los asalariados.

Menéndez cuestionó con dureza el rol de la Secretaría de Trabajo, que estableció un límite a las homologaciones, impidiendo superar aumentos superiores al 1% en muchos casos. “El salario se ha convertido en un fantasma para el empresariado en un contexto de inflación y déficit económico”, señaló, aludiendo a la tensión permanente entre las cámaras empresarias y los gremios.

La situación no es ajena a lo que muestran diversos informes privados. Según recientes estudios de consultoras, los sueldos de convenio vienen registrando una pérdida sostenida frente al avance de los precios, tendencia que se arrastra desde marzo y se consolidó en julio. Menéndez advirtió que los incrementos parciales, aunque paliativos, no alcanzan a recomponer el poder de compra de los trabajadores, golpeados por la escalada inflacionaria en alimentos y servicios básicos.

El sindicalista destacó además la paradoja de los empresarios pymes del sector, quienes —más allá de estar del otro lado de la mesa de discusión— también enfrentan el deterioro de su poder adquisitivo como consumidores. “Son padres de familia, van al supermercado y sufren lo mismo que cualquier trabajador”, remarcó, trazando un puente de empatía en medio de la negociación.

CGT: unidad frente a un futuro incierto

La entrevista derivó hacia el plano nacional, donde la CGT prepara su congreso para renovar autoridades en noviembre. Menéndez fue contundente: “El movimiento obrero debe estar más unido que nunca”. La discusión interna gira en torno a la conformación de un secretario general único o un triunvirato, fórmula que suele aparecer en momentos de tensión interna.

Con fuerte impronta histórica, el dirigente evocó a un líder como Saúl Ubaldini, manifestando su inclinación por el modelo de conducción única, aunque dejó abierta la posibilidad de aceptar un triunvirato si garantiza la unidad. “Lo que importa es enfrentar los grandes desafíos que vienen, desde la inflación hasta la robotización y la inteligencia artificial que ya generan pérdida de empleos”, subrayó.

La identidad de los trabajadores de estaciones de servicio

En medio de la coyuntura, Menéndez también rescató la memoria histórica de la actividad. Explicó la coexistencia de dos fechas significativas: el 27 de agosto, que conmemora la fundación de la federación nacional, y el 17 de noviembre, instaurado como el día de los trabajadores de Cuyo, ligado a la creación del sindicato mendocino en 1945 y su posterior expansión hacia San Juan, San Luis y La Rioja.

Recientemente, un fallo de la Cámara Nacional de Trabajo ratificó la representación del gremio cuyano en toda La Rioja, consolidando la identidad de la organización regional y ampliando su presencia en la zona.

En el final de la entrevista, el referente gremial aprovechó la ocasión para realizar una invitación para el próximo lunes 1 de septiembre a las 19 horas, donde se realizará un plenario en la CGT de San Juan, que incluirá un homenaje a dirigentes fallecidos, además de la bienvenida a nuevos secretarios generales.

Las palabras de Víctor Menéndez resumen las tensiones del sindicalismo en tiempos de crisis. De un lado, la puja por salarios que se licuan frente a la inflación y las restricciones impuestas desde el Estado; del otro, la necesidad de cohesión dentro de la CGT para enfrentar desafíos estructurales que exceden la coyuntura económica, como la reconversión tecnológica y la defensa de los derechos laborales.

En la antesala de un congreso que definirá el rumbo de la central obrera, Menéndez insiste en un concepto que atraviesa su discurso: la unidad como herramienta imprescindible para enfrentar la incertidumbre y sostener la dignidad del trabajo en un país donde los salarios han dejado de ser un motor de progreso para convertirse en un terreno de resistencia cotidiana.