En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Carla Costabile, referente de ASIJEMIN, analizó el escenario actual del empleo femenino en la minería, cuestionó el impacto de la reforma laboral y planteó los desafíos pendientes para garantizar condiciones de trabajo equitativas y libres de violencia.

Las calles del microcentro sanjuanino volvieron a convertirse, en los últimos días, en un escenario de expresión colectiva. En el marco de las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, organizaciones sociales, sindicales y feministas confluyeron en una jornada de visibilización que puso en agenda viejas desigualdades aún vigentes en el mundo del trabajo.

Para Carla Costabile, el balance de la convocatoria fue contundente: la jornada dejó al descubierto una creciente conciencia colectiva frente a un contexto que —según advierte— vuelve a poner bajo discusión derechos que parecían consolidados.

“El balance es muy positivo. Se vio unidad y el poder de las mujeres en la lucha por sus derechos. Hoy hay conquistas que parecían incuestionables y, sin embargo, están siendo atacadas o puestas en duda”, señaló durante una entrevista con Mundo Laboral San Juan.

El diagnóstico no se limita al plano simbólico. En el universo del empleo, la dirigente sindical considera que las transformaciones impulsadas desde el Gobierno bajo el paraguas de la “modernización laboral” generan preocupación entre distintos sectores gremiales.

Desde su perspectiva, el debate actual no sólo interpela al conjunto de los trabajadores, sino que también tiene implicancias específicas para las mujeres. “La reforma laboral afecta a todos los trabajadores, pero impacta aún más sobre las mujeres porque profundiza desigualdades que ya existen”, explicó.

Costabile sostiene que las brechas estructurales —como la segmentación del empleo, la mayor precarización y los salarios más bajos— continúan atravesando la experiencia laboral femenina. En ese sentido, advierte que cualquier proceso de flexibilización corre el riesgo de ampliar esas diferencias.

“Las mujeres somos quienes más sufrimos las jornadas extendidas, la informalidad o los empleos peor remunerados. Cuando se quitan derechos, esas desigualdades se profundizan”, afirmó. Y añadió que, incluso en escenarios de crecimiento económico, la reducción de la brecha salarial ha sido históricamente lenta: “Si no se aplican políticas activas, cerrar esa brecha puede llevar décadas”.

El desafío de la igualdad en la minería

El debate adquiere una dimensión particular cuando se traslada al sector minero, una actividad tradicionalmente dominada por varones, pero que en los últimos años comenzó a incorporar una presencia femenina cada vez mayor.

Según Costabile, la participación de mujeres en la industria creció de manera sostenida. Sin embargo, la expansión numérica no siempre se traduce en trayectorias laborales estables.
“Hoy vemos más mujeres ingresando a la minería, eso es una realidad. Pero el problema aparece cuando analizamos la permanencia y los planes de carrera”, explicó.

El diagnóstico apunta a múltiples factores. Entre ellos, las condiciones laborales propias de la actividad —como los sistemas de turnos prolongados o “rosters”—, los entornos altamente masculinizados y las dificultades para compatibilizar el empleo con las tareas de cuidado.
“La mayoría de las mujeres, en algún momento de su trayectoria, termina dejando su puesto porque no están dadas las condiciones para sostenerlo”, sostuvo.

A ello se suman problemáticas vinculadas a la violencia laboral o simbólica, una cuestión que, según la referente gremial, continúa siendo un obstáculo en ciertos espacios productivos.
“En muchos casos se trata de ambientes hostiles o con dinámicas muy masculinizadas. Por eso es fundamental avanzar en herramientas que permitan prevenir y atender esas situaciones”, remarcó.

Protocolos y políticas de cuidado

Desde ASIJEMIN, el sindicato que nuclea a trabajadores jerárquicos del sector minero, se impulsan diversas iniciativas orientadas a revertir esos obstáculos.

Una de las principales herramientas es la implementación de protocolos para abordar situaciones de violencia laboral y de género. No obstante, Costabile reconoce que su alcance suele verse limitado si no existe una articulación directa con las empresas.

“Nosotros contamos con un protocolo sindical para atender casos de violencia, pero muchas veces necesitamos que las compañías también adopten mecanismos similares para que las medidas sean realmente efectivas”, puntualizó.

En simultaneo, el sindicato avanzó en acuerdos con el sector empresario para incorporar licencias vinculadas al cuidado y la vida familiar, un aspecto que la dirigente considera clave para sostener la participación femenina en la actividad.

Entre las medidas implementadas se encuentran la extensión de la licencia por maternidad, la ampliación de la licencia por paternidad, permisos por adopción y licencias específicas en situaciones de violencia de género.

“Firmamos acuerdos para sumar 30 días adicionales a la licencia por maternidad y ampliar la licencia por paternidad a 15 días. También se incorporaron licencias por adopción, por interrupción del embarazo y por situaciones de violencia de género”, detalló. Estas herramientas, según plantea, representan un avance concreto hacia un modelo laboral más equitativo, aunque todavía insuficiente frente a la magnitud del desafío.

Un debate abierto

En este marco, la discusión sobre la reforma laboral se entrelaza con un debate más amplio sobre el futuro del trabajo y el lugar de las mujeres en los sectores estratégicos de la economía.
Para Costabile, cualquier transformación normativa debería partir de un reconocimiento explícito de las desigualdades estructurales que aún atraviesan el mercado laboral.

“No se puede hablar de modernización si se ignoran las desigualdades que siguen existiendo”, sostuvo.

Desde esa perspectiva, el movimiento sindical —especialmente sus espacios vinculados a la agenda de género— enfrenta el desafío de sostener la defensa de derechos en un escenario político y económico que, según advierten, tiende a tensionarlos.

“La lucha continúa porque es una demanda de las propias trabajadoras. Ellas esperan que el sindicato represente sus intereses y defienda sus derechos”, concluyó.

La creciente participación femenina en sectores históricamente masculinizados, como la minería, constituye uno de los cambios más significativos en el mapa laboral de las últimas décadas. Sin embargo, el desafío ya no pasa sólo por abrir las puertas de ingreso, sino por garantizar trayectorias laborales sostenibles, libres de violencia y con igualdad de oportunidades.

En ese terreno, las discusiones sobre reformas laborales, políticas de cuidado y condiciones de trabajo adquieren un peso determinante. Porque, como advierten desde el sindicalismo con perspectiva de género, la verdadera modernización del mundo laboral no se mide únicamente en términos de productividad o competitividad, sino también en la capacidad de construir ámbitos de trabajo más justos, inclusivos y equitativos.

Tras la viralización de un presunto mensaje interno de la empresa La Positiva que ordenaría a los choferes no utilizar el aire acondicionado, la Secretaría de Tránsito y Transporte de San Juan inició una investigación. El caso reavivó el debate sobre las condiciones del servicio en la Red Tulum y puso en evidencia las deficiencias estructurales del sistema, mientras el Gobierno impulsa una nueva ley para reformar el transporte público provincial.

Una captura de pantalla difundida en redes sociales fue suficiente para desatar una fuerte controversia en torno al transporte público sanjuanino. El mensaje, atribuido a la gerencia de la empresa de colectivos La Positiva, indicaba a los conductores que evitaran utilizar el aire acondicionado en las unidades, bajo advertencia de posibles sanciones en caso de incumplimiento.

La circulación de esa comunicación generó una inmediata reacción entre los usuarios de la Red Tulum, quienes cuestionaron la eventual decisión empresarial por su impacto directo en las condiciones de viaje, especialmente en una época de altas temperaturas que caracterizan al verano en la provincia.

Frente al malestar social que comenzó a multiplicarse en redes y grupos de mensajería, la Secretaría de Tránsito y Transporte decidió intervenir para determinar si la directiva existió efectivamente y si vulnera las obligaciones contractuales de las concesionarias.

El marco regulatorio es claro: el contrato de concesión establece que las empresas deben garantizar niveles mínimos de confort para los pasajeros. En ese esquema, el funcionamiento del sistema de refrigeración no constituye un servicio opcional, sino una prestación obligatoria cuando las condiciones climáticas así lo requieren.

En diálogo con medios locales, el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, reconoció que el problema del aire acondicionado excede el episodio puntual y responde a una falencia estructural del sistema.

“Cuando asumimos no había un 50% de colectivos con aire acondicionado. El sistema de refrigeración debe funcionar cuando la temperatura supera los 25 grados”, explicó el funcionario.

El diagnóstico oficial revela un escenario todavía incompleto en materia de modernización. Si bien durante el último año se incorporaron entre 80 y 90 unidades nuevas, la situación dista de estar resuelta. Según admitió Molina, muchas empresas continúan rezagadas en el mantenimiento y correcto funcionamiento de los equipos de climatización.

“Las empresas siguen atrasadas con el tema de los aires, pero estamos analizando la situación”, sostuvo.

La polémica expone así un problema más amplio: la distancia entre los estándares previstos en la regulación del sistema y la experiencia cotidiana de los usuarios, que reclaman mejoras en confort, frecuencia y calidad del servicio.

Hacia una reforma del sistema de transporte

A la par del conflicto, el Gobierno provincial avanza en la elaboración de un proyecto de nueva ley de transporte, con el objetivo de actualizar el marco normativo y reorganizar el funcionamiento del sector.

La iniciativa busca introducir cambios estructurales orientados a modernizar el servicio, mejorar la eficiencia operativa y ampliar la participación de prestadores mediante un esquema de competencia regulada.

“El cambio que planteamos es una ley para los usuarios y los trabajadores, que resuelva los inconvenientes del sistema. Buscamos un transporte moderno y seguro”, afirmó Molina.

Entre los ejes centrales del proyecto aparecen varias transformaciones relevantes. Por un lado, se propone ampliar la competencia, habilitando la participación de más empresas mediante un aumento en la cantidad de licencias disponibles por habitante.

Al mismo tiempo, el texto prevé mayores exigencias para los conductores, quienes deberán  reunir condiciones específicas vinculadas al respeto de la normativa vial y la seguridad de los pasajeros.

Otro punto novedoso será la incorporación de plataformas digitales como herramienta para la prestación de servicios, lo que permitiría integrar aplicaciones tecnológicas al esquema de movilidad urbana.

Finalmente, el Gobierno plantea una reducción de la carga impositiva del sector, con el objetivo de estimular inversiones y facilitar la renovación de las flotas.

“Queremos que todos puedan trabajar con las plataformas que quieran. La intención es quitar la mayor tasa de impuestos posible y asegurar el mejor servicio para los usuarios”, agregó el funcionario.

Un debate que trasciende un episodio puntual

Más allá de la investigación sobre la empresa señalada, el episodio puso de manifiesto un malestar persistente dentro del sistema de transporte público: la necesidad de equilibrar sostenibilidad económica, calidad del servicio y cumplimiento de estándares mínimos para los pasajeros.

 Bajo estas circunstancias, el aire acondicionado se transformó en un símbolo de una discusión mayor: la modernización efectiva del transporte urbano y la capacidad del Estado para garantizar que las mejoras prometidas se traduzcan en condiciones reales de viaje.

La investigación sobre la presunta prohibición del aire acondicionado en una empresa de colectivos terminó abriendo una ventana hacia un problema más profundo del transporte sanjuanino. La falta de equipamiento plenamente operativo, las dificultades de mantenimiento y desequilibrios surgidos entre costos empresariales y calidad del servicio configuran un escenario que exige definiciones estructurales.

La futura ley de transporte aparece, en ese marco, como una oportunidad para redefinir las reglas del sistema y elevar los estándares de prestación. Sin embargo, el verdadero desafío no radicará únicamente en la redacción de una nueva normativa, sino en su capacidad de traducirse en un servicio más eficiente, moderno y, sobre todo, digno para quienes dependen del transporte público cada día.

La cadena ChangoMás inició una nueva ola de despidos que ya impactó en varias provincias y podría extenderse a todo el país. El plan de ajuste, en un entorno de fuerte retracción del consumo, se suma a otras señales de crisis en el sector supermercadista, donde varias empresas reducen estructuras, cierran locales o avanzan con recortes de personal.

La reciente decisión de la cadena ChangoMás de avanzar con despidos en distintas sucursales del país reactivó las alertas dentro del sector mercantil, en un clima marcado por la caída sostenida del consumo y el creciente deterioro del empleo en el comercio minorista.

El episodio más reciente se produjo en San Juan, donde 11 trabajadores fueron notificados de su desvinculación a última hora del viernes pasado. Según relataron empleados afectados a medios locales, las cesantías forman parte de un nuevo plan de reestructuración de personal impulsado por la compañía.

La empresa pertenece a Dorinka, controlada por el empresario Francisco de Narváez, quien adquirió en 2020 la operación local de Walmart con la promesa de impulsar un ambicioso plan de inversión. Sin embargo, a cinco años de aquella operación, el escenario parece haber cambiado drásticamente.

Un ajuste que podría extenderse a todo el país

Las desvinculaciones registradas en San Juan no constituyen un hecho aislado. Situaciones similares se detectaron en La Pampa, donde también fueron afectados trabajadores y algunos cargos jerárquicos. En ambos casos, los gremios mercantiles comenzaron a intervenir para verificar las condiciones en las que se realizaron los despidos y el cumplimiento de las obligaciones indemnizatorias.

Desde el ámbito sindical sostienen que la reestructuración podría ampliarse rápidamente. Algunas estimaciones hablan de alrededor de 200 despidos en todo el país, mientras que otras fuentes elevan el número a cerca de 300 cesantías, lo que configuraría uno de los ajustes laborales más significativos en la cadena desde 2024.

“La información que manejamos es que el recorte alcanzará a sucursales de todo el país. Es una medida muy dura, similar a la que se aplicó el año pasado”, señaló un dirigente mercantil que sigue de cerca el conflicto.

De acuerdo con las primeras evaluaciones gremiales, en muchos casos los trabajadores desvinculados pertenecen a las líneas de caja o a puestos con menor antigüedad, un perfil que suele ser el primero en ser afectado cuando las empresas deciden reducir estructuras.

Antecedentes recientes y promesas incumplidas

El nuevo plan de ajuste revive un antecedente cercano. En mayo de 2024, la empresa había despedido al menos a 152 empleados en ocho sucursales del país, una medida que en aquel momento generó protestas y conflictos sindicales.

La compañía justificó aquella decisión en la caída de las ventas y el contexto económico general, argumentos que vuelven a aparecer ahora como fundamento de la nueva reducción de personal.

Actualmente, ChangoMás cuenta con 93 sucursales en Argentina y alrededor de 8.600 trabajadores, lo que dimensiona el impacto potencial de un proceso de achicamiento que podría alterar el funcionamiento de varios locales.

Según advierten desde el sector sindical, en algunos casos el recorte de personal podría derivar incluso en cierres de sucursales o en operaciones con plantillas mínimas, una estrategia cada vez más frecuente en el rubro para sostener la rentabilidad en escenarios de baja demanda.

Retiros voluntarios y advertencias sindicales

Tras los despidos iniciales, la empresa comenzó además a ofrecer retiros voluntarios a empleados con más de diez años de antigüedad, una modalidad que el Sindicato de Empleados de Comercio de San Juan observa con cautela.

La información fue confirmada por Mirna Moral, secretaria general del gremio, quien advirtió que los ofrecimientos suelen ubicarse por debajo de la indemnización que correspondería por ley.

“Cuando un trabajador firma un retiro voluntario pierde automáticamente el subsidio por desempleo. También queda sin cobertura de obra social para su familia y, en el caso de los mayores de 40 años, pierde la extensión automática del beneficio durante seis meses”, explicó la dirigente gremial.

Según Moral, desde el sindicato se asesora a cada trabajador antes de tomar una decisión para que evalúe con precisión las implicancias legales y económicas de aceptar estas propuestas.

Un sector que enfrenta dificultades estructurales

El caso de ChangoMás no es el único que muestra conflictos dentro del sector supermercadista. Otras cadenas también atraviesan dificultades operativas y financieras, en un mercado cada vez más condicionado por la retracción del consumo.

Uno de los ejemplos más visibles es La Anónima, empresa con fuerte presencia en la Patagonia. La firma reconoció ante autoridades laborales una caída cercana al 25% en sus ventas, lo que la llevó a reducir personal en los últimos años.

Su gerente general, Nicolás Braun, fue explícito al describir el escenario que enfrentan las grandes cadenas.

“Hoy a los supermercados nos está costando muchísimo ser rentables. Trabajar en la formalidad en Argentina se volvió extremadamente difícil”, sostuvo en una reciente entrevista periodística.

A estas dificultades se suma otro problema financiero relevante: la morosidad de su tarjeta de crédito propia, que pasó de 2.000 millones a 17.000 millones de pesos, multiplicándose por siete en un corto período.

Un mapa comercial en transformación

La problemática no se limitan a dos compañías. En distintas regiones del país, cadenas como Vea, Easy, Libertad o Yaguar también comenzaron a revisar sus estructuras.

La empresa chilena Cencosud, propietaria de Vea y Easy en Argentina, avanzó en los últimos meses con el cierre de varias sucursales en diferentes provincias, además de aplicar recortes de personal en distintas plazas del interior.

En consecuencia, otros supermercados optan por operar con dotaciones mínimas, reducir superficies de venta o concentrarse en formatos comerciales más pequeños, estrategias que buscan sostener la actividad en un ámbito de menor circulación de clientes.

Incluso en San Juan ya se perciben señales de esta reconfiguración. Días atrás dejó de funcionar el tradicional patio de comidas de un hipermercado Vea, una decisión que implicó la pérdida de alrededor de 20 puestos de trabajo directos.

El nuevo ajuste en ChangoMás vuelve a exponer la fragilidad laboral que atraviesa el sector del comercio en un escenario económico marcado por la contracción del consumo. Entre despidos, retiros voluntarios y reestructuraciones empresariales, el mapa supermercadista argentino parece ingresar en una etapa de redefinición profunda.

Para los gremios, el desafío inmediato consiste en garantizar el respeto de los derechos laborales y evitar que los costos de la crisis recaigan exclusivamente sobre los trabajadores.

Para las empresas, en cambio, la prioridad pasa por sostener la rentabilidad en un mercado cada vez más competitivo y con márgenes cada vez más estrechos.

En ese delicado equilibrio entre actividad económica y protección del empleo se juega hoy una parte central del futuro del comercio minorista en la Argentina. Mientras el consumo no recupere dinamismo, todo indica que la tensión entre empresas y trabajadores seguirá ocupando un lugar central en la agenda del sector.