Por la crisis Garbarino cerró las sucursales que tiene en la provincia
Los empleados sanjuaninos de Garbarino viven momentos de angustia por el cierre de las dos sucursales que hay en la provincia. Según la situación que describió la secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio, Mirna Moral, desde la firma decidieron cerrar todos los locales del país por un conflicto con los trabajadores.
«Empleados de Mar del Plata y de Lanús tomaron las sucursales con el fin de vender los productos y quedarse con ese dinero como pago de salarios adeudados», relató Moral. Ante tal situación, desde Garbarino bajaron las persianas de los locales de forma preventiva mientras siguen en venta todas las sucursales de Argentina, incluyendo las dos que hay en San Juan.
En la provincia, los trabajadores no han cobrado los haberes por completo, ya que adeudan 25% del salario de abril y en mayo, abonaron un «Repro» de 22 mil pesos. «No se puede vivir y mantener a una familia de esa manera. Es complicado», expresó la gremialista.
Del mismo modo, sostuvo que Garbarino había expresado que el Gobierno nacional le retuvo una suma monetaria que sería utilizada para pagar los sueldos que deben. «Entendemos la desesperación de los empleados pero para vender los productos y quedarse con el dinero de las ventas debe hacerse mediante un fallo judicial», amplió.
Por el momento, los 45 empleados que tiene Garbarino en San Juan, este viernes no deberán presentarse en sus puestos de trabajo, ya que los locales estarán cerrados. «Estamos en alerta y comunicación permanente con los delegados porque entendemos que hay negociaciones de venta a otra firma por parte de los empresarios», cerró.
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La Rioja endurece su posición en la disputa territorial con San Juan
El gobernador Ricardo Quintela promulgó la ley que desconoce la delimitación interprovincial fijada en 1968 y habilita una batería de gestiones ante el Congreso y los tribunales para reivindicar áreas que actualmente integran la jurisdicción sanjuanina. La decisión reabre uno de los litigios federales más sensibles del oeste argentino, donde convergen intereses institucionales, recursos estratégicos y proyectos mineros de escala internacional.
La decisión del Gobierno de La Rioja volvió a colocar en el centro del debate una discusión que permaneció latente durante décadas. Con la entrada en vigencia de la Ley Provincial N.º 10.876, la administración encabezada por Ricardo Quintela dio respaldo legal a una estrategia destinada a cuestionar la delimitación vigente con San Juan y trasladar la discusión a los ámbitos parlamentario y judicial.
La iniciativa, aprobada por amplia mayoría en la Legislatura riojana, sostiene que la Ley Nacional N.º 18.004, sancionada durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía en 1968, alteró de manera unilateral la configuración geográfica entre ambas provincias sin la intervención constitucional del Congreso Nacional. Sobre esa interpretación, el Ejecutivo riojano considera que corresponde revisar la situación y recuperar sectores que entiende como propios.
Al anunciar la promulgación, Quintela afirmó que la defensa de la soberanía provincial constituye una política irrenunciable y anticipó que la nueva legislación será el punto de partida para impulsar todas las herramientas institucionales disponibles con el propósito de obtener una redefinición de los límites actualmente reconocidos.
La norma encomienda al Poder Ejecutivo promover iniciativas ante el Congreso de la Nación para procurar una revisión del trazado interprovincial y, paralelamente, instruye a la Fiscalía de Estado a promover las acciones judiciales que resulten pertinentes. También autoriza la solicitud de medidas cautelares destinadas a impedir cualquier intervención sobre recursos hídricos, mineros, arqueológicos y ambientales comprendidos dentro del área objeto del diferendo.
El trasfondo de la discusión trasciende la cuestión cartográfica. Dentro de la superficie alcanzada por el planteo se encuentran sectores de enorme relevancia económica, entre ellos el entorno del cerro El Potro, donde se desarrolla el proyecto Josemaría, integrado al distrito minero Vicuña, uno de los emprendimientos metalíferos de mayor proyección en la región andina. A ello se suma la histórica reivindicación sobre el área de Ischigualasto, uno de los patrimonios naturales más emblemáticos del país.
La ofensiva riojana encuentra un antecedente reciente en la resolución dictada por una magistrada de Chilecito, que ordenó la suspensión transitoria de actividades vinculadas al proyecto Vicuña y restringió la utilización de caminos emplazados en territorio riojano utilizados como acceso logístico al campamento Batidero. Aquella decisión judicial fortaleció la posición política del gobierno provincial y revitalizó una discusión que permanecía prácticamente inactiva.
Desde San Juan, la respuesta fue categórica. El gobernador Marcelo Orrego descartó cualquier posibilidad de revisar la delimitación vigente y recordó que el trazado interprovincial cuenta con respaldo normativo desde hace más de medio siglo, además de haber sido ratificado por el Congreso de la Nación en 2014.
El mandatario sostuvo que ninguna jurisdicción puede modificar unilateralmente una cuestión limítrofe mediante legislación local y remarcó que cualquier definición debe ajustarse al procedimiento previsto por la Constitución Nacional, argumento que, incluso, reconoce la propia ley sancionada por la Legislatura riojana al remitir la cuestión a los poderes federales.
La posición sanjuanina recibió además un respaldo político poco habitual. El Partido Justicialista de San Juan, pese a compartir espacio partidario con Quintela, manifestó su acompañamiento a la defensa de los intereses provinciales y afirmó que la preservación del territorio constituye una política de Estado que trasciende las diferencias partidarias.
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La Red Tulum ajusta sus horarios por el receso escolar
La Provincia implementó un esquema especial de circulación por el receso invernal. Ante la reducción de pasajeros durante las próximas dos semanas, varias empresas ajustaron sus frecuencias y el Gobierno recomendó utilizar las plataformas digitales que permiten consultar recorridos, horarios y el arribo de las unidades en tiempo real.
La modificación alcanza a distintas líneas, cuyas empresas adecuaron la frecuencia de los servicios para acompañar la disminución del movimiento diario de estudiantes, docentes y trabajadores vinculados a la actividad educativa.
Frente a este escenario, el Ministerio de Gobierno aconsejó a los pasajeros verificar previamente los horarios antes de iniciar cada viaje, ya que las variaciones pueden diferir según la empresa y el recorrido.
Para facilitar esa consulta, recordaron que existen diversas aplicaciones gratuitas que brindan información actualizada sobre el funcionamiento del transporte público y permiten planificar los desplazamientos con mayor previsibilidad.
Entre las principales herramientas se encuentran Google Maps, que ofrece recorridos, paradas, horarios programados y navegación paso a paso con indicaciones sobre combinaciones y tiempo estimado de llegada.
Wara San Juan: brinda información en tiempo real sobre el arribo de las unidades a cada parada mediante datos dinámicos.
Treep (Web y App): ofrece información detallada sobre recorridos y horarios programados de toda la red provincial.
Moovit (Web y App internacional): combina planificación de rutas con información de arribo y permite guardar paradas favoritas para una consulta más ágil.
Bus2 (Android, iOS y Web): presenta una interfaz cartográfica para identificar líneas y paradas de manera visual.
OpenStreetMaps (Web y App): utiliza datos estáticos para mostrar la infraestructura de la red sobre mapas colaborativos de código abierto.
Desde el Ejecutivo remarcaron que estas plataformas constituyen la herramienta más eficiente para conocer el funcionamiento actualizado de cada línea durante el receso invernal y evitar demoras derivadas de los cambios temporales en la prestación del servicio.
Las frecuencias especiales permanecerán vigentes durante las dos semanas de vacaciones y el sistema retomará su cronograma habitual una vez reanudado el ciclo lectivo en toda la provincia.
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ASIJEMIN acordó una suba salarial del 16,86% para el personal jerárquico de Gualcamayo
La organización sindical y la empresa alcanzaron un entendimiento para la paritaria 2026 que contempla una recomposición salarial acumulativa del 16,86%, distribuida en tres etapas. El convenio refleja el avance de las negociaciones en un sector estratégico para la economía y reafirma el papel de la negociación colectiva como herramienta para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores.
La negociación paritaria en el sector minero alcanzó una instancia decisiva con el acuerdo entre la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) y la empresa Gualcamayo. Tras las reuniones desarrolladas en el ámbito de la negociación colectiva, ambas partes consensuaron una actualización salarial acumulativa del 16,86% para el período 2026, distribuida en tres tramos y destinada al personal comprendido en el convenio.
En representación del sindicato participaron el secretario general, Marcelo Mena Muñoz, y el director regional Centro, Humberto Coria, mientras que por la compañía intervino el gerente de Recursos Humanos, Fernando Moncho. El entendimiento alcanzado es el resultado de un proceso de diálogo entre las partes, orientado a establecer una recomposición de los ingresos acorde con la evolución de la actividad.
El esquema acordado contempla un incremento del 6% a partir del 1.º de junio, un 5% desde el 1.º de agosto y otro 5% desde el 1.º de octubre. Aplicados de manera acumulativa, estos porcentajes conforman una mejora total del 16,86% sobre las remuneraciones de los trabajadores comprendidos en la negociación.
La firma de este convenio adquiere relevancia en un panorama donde las discusiones por salarios continúan ocupando un lugar central en la agenda laboral argentina. La minería, uno de los sectores con mayores perspectivas de expansión e inversión, mantiene una dinámica de negociación permanente para compatibilizar la evolución de los sueldos con las condiciones económicas de la rubro y la necesidad de sostener relaciones laborales estables.
Desde ASIJEMIN señalaron que lo convenido también expresa el compromiso de los trabajadores y el acompañamiento del cuerpo de delegados de base durante todo el proceso paritario. La organización sindical destacó que la participación activa de la representación sindical resulta determinante para consolidar negociaciones que permitan fortalecer las condiciones laborales del personal jerárquico, profesional y técnico de la actividad minera.
Con este entendimiento, Gualcamayo incorpora una nueva referencia dentro del calendario paritario del sector, ratificando el valor del diálogo entre empresa y sindicato como mecanismo para alcanzar consensos y brindar previsibilidad tanto a los trabajadores como a la actividad productiva.
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