
Empresas de deliberys recibirán multas de entre $14 y 16 millones
Las empresas Rappi, Glovo y Pedidos Ya serán multadas por más de 170 fraudes laborales y todas las infracciones que eso conlleva. Pagarán entre 14 y 16 millones de pesos por cada trabajador que no se encuentre regularizado

Como ya te adelantamos en InfoGremiales, a las través de inspecciones de oficio, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires encabezado por Mara Ruiz Malec relevó a más de 170 personas, en su mayoría hombres, que tienen una relación laboral con alguna de las empresas de reparto a través de aplicaciones. Sólo dos casos contaban con recibo de sueldo.
La mayoría tenían dependencia económica, no podían determinar cuánto ni cuándo cobran, tienen que usar la ropa con los logos de la empresa, tienen que seguir las indicaciones corporativas, no tienen libre elección de horarios, en parte, porque necesitan trabajar muchas horas para alcanzar un ingreso que les permita subsistir: «El 90% trabaja más de 7 horas por día, la mitad trabaja más de 9 horas por día y 7 de cada 10 trabaja los 7 días de la semana.», detalló Ruiz Malec a Fm La Patriada.
La ministra también mencionó que hay trabajadores que temen a la regulación pero «no tanto por poder disfrutar de su horario, como a veces se plantea desde una perspectiva que también es válida, que es que los trabajadores avancen hacia una jornada en la que tengan un poco más de libertad y elección, sino que más bien es la libertad de auto explotarse. Poder trabajar muchas, muchas horas para poder llegar a alcanzar un ingreso que se parezca a algo que les permita vivir.»
Ruiz Malec explicó que además no tienen la tan mencionada libertad para tomar o no los pedidos porque reciben sanciones si no los pueden tomar y que pueden ser bloqueados de la aplicación como «una manera de despedirte».
Las personas relevadas en su inmensa mayoría no tienen cobertura de ART, algunos se pagan su propio seguro de accidentes personales. «La precariedad absoluta», calificó la ministra.
Tras la presentación del informe de las inspecciones realizadas de oficio por la cartera laboral y la intimación a cada empresa para que explique su situación, tienen tres días para responder. Si no lo hacen, el ministerio tendrá que ir a cobrarse las millonarias sanciones que correspondan.
«Uno puede tener un contrato firmado pero lo que vale es cómo es esa relación de trabajo en realidad, nuestra legislación prevé este tipo de intentos de fraude laboral.», aclaró Ruiz Malec.
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La UTA confirmó el paro de colectivos en todo el país, incluyendo San Juan

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó el paro nacional de colectivos para este martes 6 de mayo tras el fracaso de las negociaciones paritarias y la falta de avances con la Secretaría de Trabajo. El gremio rechazó la oferta empresarial y el techo que impone el gobierno de 1% de aumento por considerarla insuficiente frente a la inflación. En San Juan, la delegación local de la UTA también se sumó a la medida de fuerza.
El secretario gremial de la UTA a nivel nacional, Gabriel Gusso, reconfirmó el paro de colectivos pese a la reunión que tuvo lugar esta tarde con representantes de la Secretaría de Trabajo. «El paro está confirmado para mañana», sostuvo Gusso en declaraciones radiales.
La UTA rechaza la oferta empresarial que incluye tres sumas no remunerativas: $40.000 a pagarse el 26 de mayo, $50.000 el 16 de junio y $70.000 el 15 de julio. El gremio exige un salario básico de $1.700.000 y considera que la oferta es insuficiente.
En San Juan, el secretario General de la UTA, Héctor Maldonado, emitió un comunicado confirmando que la delegación se plegó a la retención de servicio que afecta a todo el país. La medida comenzará a las 00 del martes y se extenderá por 24 horas.

La negociación entre las partes se empantanó luego de que las cámaras del transporte ofrecieran un incremento remunerativo de menos del 6% a pagarse a partir del mes de junio. La UTA considera que esta oferta es una falta de respeto y decidió realizar un paro de actividades por 24 horas.
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Deterioro significativo en el poder adquisitivo de los jubilados

Un detallado informe elaborado por el Centro de Estudios Políticos para Personas Mayores (CEPPEMA), el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria (ALGEC) revela que la canasta específica de medicamentos del PAMI acumuló una inflación del 383,1% en marzo de 2025, lo que ocasionó un deterioro significativo en el poder adquisitivo de los jubilados.
Según el estudio, los medicamentos que consumen habitualmente las personas mayores aumentaron un 228% en promedio en marzo de 2025. Además, el promedio de los 10 medicamentos que más aumentaron en los últimos meses alcanzó una suba interanual del 59,3%, mientras que el promedio de los 10 medicamentos con cobertura de PAMI en el último año subieron un 321,5%.
La situación se agrava aún más debido a la reducción del acceso a medicamentos gratuitos. El PAMI redujo de seis a cinco cajas mensuales la cantidad de medicamentos que cubre, y endureció los requisitos para acceder al subsidio social. Ahora, solo pueden tener el beneficio completo quienes cobran hasta 1,5 jubilaciones mínimas y deben realizar un trámite adicional.
En agosto de 2024, se redujeron 44 moléculas farmacológicas con cobertura 100% en el Vademécum del PAMI, y en junio del mismo año, se habían eliminado otras 11 moléculas. Esto generó una mayor carga económica para las personas mayores, que ya están viendo afectado su poder adquisitivo debido al aumento de los precios de los medicamentos.
La jubilación mínima no ha seguido el ritmo del aumento en los precios de los medicamentos. Los remedios sufrieron una suba de 202,6% por encima del incremento de la jubilación mínima con bono en dicho período (+180,5%). Esto causó un deterioro significativo en el poder adquisitivo de los jubilados, dificultando el acceso a tratamientos esenciales.
General
Un paso hacia la transparencia: el proyecto para revivir Télam

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) lanzó una iniciativa para recuperar Télam, la agencia estatal de noticias que fue silenciada por el gobierno nacional. El proyecto busca reconstruir una plataforma de información pública que garantice el acceso a noticias veraces y federales para toda la población.
La presentación del proyecto tendrá lugar en la Sala de Conferencias del Anexo del Congreso y contará con la participación de destacados actores políticos, sindicales y sociales. El objetivo es sentar las bases para la reconstrucción de una agencia pública de noticias que promueva la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión gubernamental.
El cierre de Télam, anunciado en marzo de 2024, fue justificado por el gobierno como una medida para reducir gastos y eliminar una supuesta «agencia de propaganda kirchnerista». Sin embargo, la medida ocasionó una profunda preocupación en la sociedad civil y en el ámbito periodístico, ya que se considera un ataque directo a la libertad de prensa y al derecho a la información.
La desaparición de la agencia estatal introdujo un vacío informativo que afecta directamente a la ciudadanía. La falta de acceso a información pública y veraz es un obstáculo significativo para la toma de decisiones y para la participación ciudadana en la vida democrática. El proyecto de SiPreBA busca revertir esta situación y garantizar que la información pública sea accesible y confiable para todos.
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