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Finalmente se publicó en el Boletín Oficial la reglamentación de los nuevos parámetros que regirán para quienes deban abonar el impuesto

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó finalmente la ley 27.617, que eleva el piso del pago del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría a un mínimo de $ 150.000, a través de la resolución general 5008/2021 publicada hoy en el Boletín Oficial.  

De este modo, se exime del gravamen a más de 1.200.000 trabajadoras y trabajadores a partir del mes próximo, con lo cual más del 90% de los asalariados no pagará este tributo, y generará una inyección de recursos en la economía por $ 50.000 millones de julio a noviembre.

Además, determinó que más de 1.200.000 trabajadores en relación de dependencia cobrarán a partir de julio, en cinco cuotas mensuales, consecutivas e idénticas, la devolución retroactiva de los montos retenidos entre enero y mayo en concepto de anticipos del Ganancias.

Asimismo, los cambios en Ganancias también alcanzan al aguinaldo que cobran los trabajadores con un salario bruto de $ 150.000, e incluye al medio aguinaldo que se abonará este mes.

A esto se suman cerca de 200.000 personas con remuneraciones mensuales de entre $ 150.000 y $173.000 brutos, que a partir de julio afrontarán una menor carga tributaria.

Sin embargo, si un trabajador cobraba menos de $ 150.000 brutos al empezar el año y en algún momento de 2021 recibe un aumento que lleva su sueldo por encima de ese mínimo no imponible, no pagará Ganancias si el promedio anual lo ubica por debajo de esa cifra.

La RG definió que «deberá considerarse el promedio del monto de la remuneración o haber bruto mensual correspondiente al período fiscal anual». Por lo tanto, «no corresponderá retención alguna del impuesto a las Ganancias en aquellos meses en que la remuneración o haber bruto de ese mes o el promedio de las remuneraciones y haberes brutos mensuales a ese mes -el que fuere menor- no supere $ 150.000».

Además, subrayó que la retención de Ganancias debe tener en cuenta «las variaciones normales y habituales que pueden sufrir las remuneraciones y haberes brutos, por motivos estacionales, como mayor demanda de trabajadores, negociaciones colectivas o situaciones similares».

La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, destacó que «los cambios en el Impuesto a las Ganancias ofrecerán un importante estímulo al mercado interno», y subrayó que «la medida permite recomponer ingresos y apuntalar el consumo».

«Alrededor del 90% de las trabajadoras y los trabajadores no pagarán el impuesto», aseguró la funcionaria.

La normativa de la AFIP también instrumentó las modificaciones introducidas por la ley 27.617 en relación con la eliminación del tope de edad para la deducción Ganancias correspondiente a los hijos y las hijas con discapacidad.

Del mismo modo incorporó la deducción por pareja conviviente, antes reconocida sólo para cónyuges, y eximió al personal de salud de pagar el impuesto por horas extras o guardias hasta septiembre próximo, beneficio que había vencido en diciembre pasado.

En el caso de las jubilaciones, no tributarán el gravamen quienes ganen hasta ocho haberes mínimos, aunque tengan ingresos extras hasta los $ 164.000 anuales.

Además, se mantiene el beneficio del «22% adicional» en la región patagónica pero con una carga tributaria menor que el resto de los contribuyentes, lo que «beneficiará a alrededor de 83.500 empleados y jubilados».

Asimismo, se excluyó del pago de Ganancias al reintegro de gastos de guardería para los hijos e hijas de hasta tres años, con un monto de hasta $ 67.000 por año.

Por otra parte, la normativa incrementó de $ 2 millones a $ 2,5 millones el umbral de ingresos y rentas, a partir del cual los contribuyentes deben presentar la declaración jurada informativa para Ganancias y Bienes Personales para el período fiscal 2020.

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Persecución antisindical en ANSES: la justicia dice NO

En un golpe directo a las políticas de ajuste y persecución, el Juzgado Nacional del Trabajo N°6 dictaminó que los despidos masivos en ANSES fueron discriminatorios y antisindicales. Esta decisión judicial es un triunfo para los trabajadores y un llamado a la unidad para resistir las embestidas del poder.

El magistrado a cargo sentenció que «no existen dudas de que el accionar de la ANSES resultó discriminatorio y violatorio de los derechos de libertad sindical». La resolución judicial no deja lugar a interpretaciones ambiguas: los despidos no fueron el resultado de una supuesta reestructuración técnica, sino la ejecución de una estrategia política perversa destinada a amedrentar y perseguir a la legítima organización de los trabajadores.

La contundencia del fallo es innegable. El 84,6% de las personas injustamente despedidas ostentaban su legítima afiliación al SECASFPI, dejando al descubierto una operación planificada para asfixiar financieramente al gremio y socavar su capacidad de defensa de los derechos de las y los trabajadores.

El secretario general del SECASFPI, Carlos Ortega, afirmó que «celebramos este fallo que confirma nuestra denuncia de persecución ideológica y antisindical». La lucha sindical ha sido fundamental para defender los derechos de los trabajadores y resistir las embestidas del poder.

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Trabajadores de Comercio en alerta por la falta de homologación del acuerdo salarial

El Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) declaró el estado de alerta en todo el país y comenzó a realizar asambleas en los lugares de trabajo tras rechazar la intromisión del gobierno nacional en la discusión de las paritarias libres. La medida se tomó luego de que la Secretaría de Trabajo no homologara el último acuerdo salarial firmado entre el gremio y las cámaras empresarias del sector.

El acuerdo salarial firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA) establece un aumento acumulativo del 5,4% para el trimestre abril-junio, distribuido en tres tramos. El salario básico con presentismo trepará a $1.123.000. Además, se pactaron sumas fijas que se incorporarán al básico a partir de julio.

Sin embargo, la Secretaría de Trabajo no homologó el acuerdo, lo que generó la reacción del sindicato. «Nos quieren meter la mano en la negociación colectiva y eso no lo vamos a permitir», lanzó un delegado durante la asamblea encabezada por el histórico líder Armando Cavalieri.

El sindicato enfatizó que el acuerdo está vigente y que no aceptarán que no se respeten los derechos de los trabajadores. «Este convenio está vigente. No vamos a aceptar que no se respeten los derechos de los trabajadores», subrayaron fuentes sindicales.

La no homologación del pacto salarial amenaza con impactar de lleno en los bolsillos de los trabajadores, en un contexto en el que la inflación sigue presionando fuerte sobre los salarios. El gremio continuará en estado de alerta y no descarta endurecer las medidas si no se destraba la situación.

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Alerta: Docentes universitarios confirman nuevas medidas de fuerza

Jaime Barcelona, representante de Adicus, expresó su preocupación por el congelamiento de las negociaciones salariales en el ámbito universitario. Denunció que el gobierno impone aumentos del 1% sin discusión y anunció nuevas medidas de fuerza para el 14, 19 y 20 de mayo.

En diálogo con Mundo Laboral SJ, Jaime Barcelona, referente de Adicus, confirmó que el conflicto docente en el ámbito universitario continúa profundizándose. Sin respuestas por parte del gobierno nacional, el gremio resolvió convocar a una jornada de lucha el 14 de mayo y un paro nacional de 48 horas los días 19 y 20 de mayo, con suspensión total de actividades.

“La administración de Javier Milei sigue sin convocar a paritarias y pretende imponer aumentos del 1,3% y luego del 1%, sin ningún tipo de discusión. Por eso la única salida que nos dejan es la protesta organizada”, explicó Barcelona.

Retraso salarial histórico

El dirigente denunció una pérdida salarial significativa desde el inicio de la actual gestión. “En lo que va del gobierno nacional, la inflación superó el 200%, mientras que los aumentos salariales en el sector apenas alcanzaron el 120%. Es decir, los docentes universitarios perdimos más del 70% de nuestro poder adquisitivo”, sostuvo con preocupación.

Barcelona también se refirió a los trascendidos sobre la decisión oficial de no homologar acuerdos paritarios que superen el 1%: “Es muy grave. Esto es parte de un ajuste profundo. La plata no alcanza, y en lugar de buscar consensos, profundizan la desigualdad con bonos y aumentos en negro. Eso no es salario real”.

El enojo crece entre los docentes, y la situación genera un clima de tensión en las universidades de todo el país. Desde Adicus, instan a mantener la unidad y continuar con las medidas para visibilizar la problemática. “Si no hay respuestas, no habrá clases. Es así de simple. Esta lucha no es sólo por salario, es por el futuro de la universidad pública”, concluyó Barcelona.

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