La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores llamaron a realizar un cese de actividades, abandono de tareas y movilización a la Plaza de los Dos Congresos. La jornada coincidirá con una sesión impulsada por bloques opositores y reunirá demandas por el financiamiento universitario, la discapacidad y la Ley de Tierras.

Las dos principales vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) convocaron a una jornada de protesta para el 15 de octubre, con cese de actividades, abandono de tareas y movilización frente al Congreso de la Nación. La iniciativa busca concentrar en una misma convocatoria reclamos sindicales, educativos y sociales, en coincidencia con una sesión de la Cámara de Diputados promovida por bloques de la oposición.

La convocatoria fue anunciada por los secretarios generales de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, y de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky. Ambas organizaciones anticiparon su participación junto con docentes, estudiantes universitarios, jubilados, familiares de personas con discapacidad y agrupaciones que cuestionan distintas medidas del Gobierno nacional.

El objetivo, según expresaron, es acompañar desde la calle el debate parlamentario y fortalecer los reclamos de sectores que mantienen disputas abiertas con la administración de Javier Milei.

Universidades, discapacidad y Ley de Tierras

Uno de los principales reclamos estará vinculado con las universidades públicas, cuyos trabajadores mantienen medidas de fuerza para exigir una recomposición salarial y mayores recursos para el funcionamiento de las instituciones. La convocatoria se produce mientras continúa la disputa judicial por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y los gremios sostienen la marcha federal prevista para esa misma fecha.

La agenda también incluirá las demandas de organizaciones vinculadas con la discapacidad, que reclaman la continuidad de las medidas de emergencia y recursos para garantizar las prestaciones. A esos planteos se sumará la oposición a la derogación de la Ley de Tierras mediante el DNU 70/2023, una discusión que involucra cuestiones de soberanía y regulación de la propiedad rural.

Las CTA plantearon la jornada bajo las consignas de defensa de la educación, la soberanía y la democracia. La convocatoria constituye, además, una nueva acción conjunta de ambas centrales, que buscan articular sus reclamos con organizaciones sociales y espacios políticos opositores.

La coincidencia entre la movilización y la sesión legislativa apunta a trasladar las demandas al Congreso en un momento de discusión sobre financiamiento educativo, políticas de discapacidad y legislación sobre tierras. La magnitud de la convocatoria y el desarrollo del debate parlamentario serán factores centrales para medir el alcance político y sindical de la jornada.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales. El máximo tribunal rechazó la demanda promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) por considerar que la asociación no tenía legitimación para impulsar el proceso colectivo.

La resolución tiene un alcance preciso: la Corte no se pronunció sobre la legitimidad constitucional de la derogación. El Tribunal sostuvo que antes de analizar el fondo debía existir una parte legitimada y un caso o controversia que habilitara la intervención judicial. Al no encontrar esas condiciones, cerró el proceso sin ingresar al examen de constitucionalidad del DNU.

El efecto práctico, sin embargo, es inmediato. Al quedar sin efecto la sentencia de la Cámara Federal platense, también desaparece la decisión que había impedido aplicar la derogación de la Ley 26.737. De este modo, vuelve a regir el artículo 154 del DNU 70/2023, que establece expresamente: “Derógase la Ley N° 26.737”.

La norma derogada había creado un régimen de protección del dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales. Entre sus disposiciones establecía límites para la adquisición de esos inmuebles por parte de extranjeros y fijaba restricciones vinculadas con determinadas zonas del territorio.

El litigio comenzó a fines de 2023, cuando el CECIM recurrió a la Justicia para cuestionar la derogación y solicitó también que se invalidaran los actos jurídicos realizados al margen del régimen que había establecido la Ley 26.737. La entidad fundamentó su presentación en sus objetivos estatutarios vinculados con la defensa de la soberanía argentina.

En primera instancia, el juez federal Alberto Recondo había rechazado el planteo por falta de legitimación y dejado sin efecto una medida cautelar que había suspendido la aplicación del artículo cuestionado. La Cámara Federal de La Plata revirtió esa decisión en marzo de 2024: reconoció al CECIM como legitimado, admitió la acción colectiva y declaró inconstitucional la derogación.

La Corte tomó ahora un camino diferente. Para el máximo tribunal, la soberanía territorial invocada por el CECIM no constituye un “bien colectivo” en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional que permita habilitar una acción colectiva. La soberanía, sostuvo, integra las competencias propias del Estado sobre un territorio determinado y no puede ser asimilada al tipo de derechos de incidencia colectiva que habilitan este mecanismo judicial.

El pronunciamiento también reivindicó la exigencia constitucional de que exista una causa concreta para la actuación de los tribunales. Según la Corte, la ampliación de la legitimación producida por la reforma constitucional de 1994 no habilita al Poder Judicial a ejercer controles abstractos de constitucionalidad sobre normas.

El fallo se conoce después de que el Congreso tampoco avanzara con una modificación de la legislación sobre tierras rurales impulsada este año por el Gobierno. El proyecto denominado “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” buscaba restringir las limitaciones exclusivamente a Estados extranjeros, empresas públicas y sociedades con participación estatal, pero finalmente no fue tratado por el Senado.

La decisión del máximo tribunal deja así despejado el camino para la aplicación de la derogación dispuesta por el DNU 70/2023, aunque no constituye una validación judicial de su constitucionalidad. La cuestión de fondo queda diferenciada de la resolución procesal adoptada por la Corte y mantiene abierta la discusión institucional sobre los límites de los decretos de necesidad y urgencia y el régimen de propiedad de las tierras rurales.

Vialidad Provincial modificará desde este miércoles 30 de septiembre la circulación en dos sectores de la Avenida de Circunvalación. El anillo interno tendrá un nuevo desvío en Trinidad y continuará el corte del anillo externo en Concepción.

Los trabajos de repavimentación en la Avenida de Circunvalación alterarán el tránsito en dos tramos del anillo vial a partir de hoy. Ante esto, las autoridades viales solicitaron transitar con precaución, respetar los carteles y seguir las órdenes de los banderilleros.

En el anillo interno, a la altura de Trinidad, los vehículos deberán abandonar la Circunvalación por la rampa hacia calle General Acha. Desde allí deberán seguir el recorrido establecido mediante señalización provisoria y volver a ingresar a la avenida por la rampa ubicada después de calle Urquiza.

En la zona de Concepción, continuará vigente el corte existente. Los conductores deberán salir por calle Mendoza y retomar luego la Circunvalación a través del acceso ubicado en Escalabrini Ortiz.

Los cambios responden al avance de la obra puesta en marcha, y que comprende sus 32 kilómetros de extensión. Aunque la avenida pertenece a la jurisdicción de Vialidad Nacional, los trabajos son financiados íntegramente con recursos provinciales, según se informó desde el Gobierno de San Juan.

La intervención contempla el tratamiento de las calzadas deterioradas mediante geogrillas y una nueva carpeta de concreto asfáltico, con el objetivo de reemplazar sectores de hormigón que presentan desgaste. Dos empresas contratistas ejecutan las tareas de manera simultánea en distintos tramos.

Se estima que el nuevo pavimento tendrá una vida útil de 25 años, calculada en función del flujo vehicular diario y el tránsito de carga pesada que registra la principal arteria que une al gran San Juan.

Mientras continúen los trabajos, recomendaron evitar maniobras bruscas y respetar los recorridos establecidos. La presencia de personal operativo buscará ordenar la circulación y reducir las demoras en los sectores afectados.