La Dirección de Educación Privada dispuso un nuevo incremento sobre el valor vigente a diciembre de 2025. Los establecimientos deberán presentar una declaración jurada antes del 31 de marzo para poder aplicar el ajuste. La medida completa el esquema de actualización previsto para el ciclo 2025.

A días del inicio del ciclo lectivo 2026, la Dirección de Educación Privada confirmó el aumento en las cuotas de los colegios de gestión privada. El ajuste será del 5,80% y comenzará a regir con la cuota correspondiente a marzo, según lo establece la Disposición N° 009-DEP-2026.

La resolución se inscribe en el cuarto tramo del esquema de actualización arancelaria definido para el ciclo 2025. Durante el año pasado ya se habían autorizado tres subas: en mayo, del 9,04%; en agosto, del 7,49%; y en noviembre, del 7,47%. Con el porcentaje dispuesto ahora, la autoridad educativa completa el cronograma previsto para acompañar el impacto inflacionario y los mayores costos operativos que afrontan las instituciones.

La suba alcanza a todos los establecimientos públicos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial. No obstante, la aplicación del nuevo valor no será automática. Cada institución deberá presentar, antes del 31 de marzo de 2026, una declaración jurada ante el organismo de control para formalizar la actualización.

Ese documento deberá consignar el valor de la matrícula, el monto actualizado de la cuota, el porcentaje de aporte estatal que recibe el establecimiento, la cantidad de alumnos matriculados, la fecha prevista de implementación y la constancia de que la medida fue debidamente comunicada a padres o tutores.

La presentación deberá estar firmada por el representante legal del colegio. Solo una vez cumplido ese requisito administrativo quedará habilitada la aplicación del nuevo arancel.

Desde el sector educativo privado argumentan que los incrementos buscan preservar la sustentabilidad del sistema, especialmente ante el aumento de salarios docentes, servicios y mantenimiento edilicio. Sin embargo, para los hogares con ingresos medios y medios bajos, cada ajuste representa un desafío adicional para sostener la continuidad educativa en instituciones aranceladas.

La dinámica de aumentos escalonados —cuatro tramos en menos de un año— refleja el delicado equilibrio entre la necesidad de garantizar la prestación del servicio y la capacidad de pago de las familias.

Con la oficialización del incremento del 5,80%, el esquema de actualización arancelaria correspondiente al ciclo 2025 queda formalmente completado. Ahora, el foco se traslada al cumplimiento de los requisitos administrativos por parte de las instituciones y al impacto concreto que el nuevo cuadro tarifario tendrá en la economía doméstica al comenzar el año escolar 2026.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad impuso a Naturgy una sanción de $2.218,52 millones correspondiente al segundo semestre de 2025, tras constatar una frecuencia de interrupciones y una duración acumulada superiores a los límites contractuales, además de desvíos en los niveles de tensión. El monto duplica holgadamente las penalidades aplicadas en la primera mitad del año.

El organismo concluyó que la empresa excedió el umbral de contingencias previsto en el contrato de concesión —esto es, la cantidad máxima de interrupciones toleradas— y también superó el tiempo acumulado permitido para esas contingencias. En términos prácticos, se registraron más cortes de los admitidos y con una extensión mayor a la autorizada, afectando de manera directa a usuarios residenciales, comerciales e industriales.

A esas deficiencias se sumaron apartamientos en los niveles de tensión establecidos contractualmente, tanto en suministros monofásicos como trifásicos, un aspecto técnico que incide en la seguridad de las instalaciones y en la integridad de los equipos eléctricos.

Escalada en las penalidades

La magnitud de la sanción marca un salto significativo respecto del primer semestre de 2025, cuando las multas totalizaron $825 millones. El incremento supera el 50% y configura un endurecimiento en la respuesta regulatoria frente a incumplimientos reiterados.

El contraste interanual también resulta elocuente. En 2024, las penalidades habían alcanzado $1.217 millones en el primer semestre y $1.486 millones en el segundo. El monto correspondiente al cierre de 2025 no solo supera esas cifras, sino que establece un nuevo umbral en materia de sanciones económicas aplicadas a la concesionaria.

Destino de los fondos

De acuerdo con la normativa vigente, las sumas impuestas no permanecen en la órbita administrativa del ente regulador. El esquema prevé su transferencia íntegra a los usuarios, ya sea mediante bonificaciones en las facturas o a través del Fondo de Contención Tarifaria. Este instrumento se orienta a financiar intervenciones en infraestructura, como la modernización del alumbrado público y otras mejoras vinculadas al sistema eléctrico.

Un servicio estratégico bajo exigencia creciente

La reiteración de penalidades millonarias revela un cuadro de desempeño que no logra alinearse con los estándares contractuales. En un contexto en el que la energía constituye un insumo crítico para la actividad económica y la vida cotidiana, la discusión excede la dimensión administrativa y se proyecta sobre la necesidad de inversiones, mantenimiento preventivo y modernización de redes.

La decisión del EPRE envía una señal clara: el margen de tolerancia frente a desvíos en la calidad del servicio se estrecha. El desafío, ahora, será traducir la sanción en mejoras verificables que restituyan previsibilidad y confianza a los usuarios.

La Cámara de Diputados de San Juan confirmó que el martes 24 a las 9:30 celebrará su primera sesión extraordinaria del año. El temario incluye la aprobación de una adenda para reactivar obras estratégicas en la Ruta 20 y la Ruta 150, un convenio ambiental con Rivadavia y la declaración de interés de competencias internacionales Ironman.

La decisión fue adoptada durante la reunión de la Comisión Permanente realizada el viernes en el edificio Anexo de la Legislatura. El encuentro de Labor Parlamentaria estuvo encabezado por el vicepresidente primero, diputado Enzo Cornejo, y contó con la participación del secretario Legislativo y representantes de los distintos bloques, quienes acordaron incorporar al Orden del Día dos comunicaciones oficiales del Poder Ejecutivo y un proyecto de resolución.

Reactivación de obras en la Ruta 20 y la Ruta 150

El punto neurálgico del debate será el tratamiento sobre tablas de la adenda al convenio suscripto entre la Dirección Nacional de Vialidad y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de la Provincia. La modificación contractual apunta a destrabar y reactivar intervenciones consideradas estratégicas para la conectividad y la seguridad vial.

En el departamento Santa Lucía, la obra contempla la intervención en la intersección de la Ruta Nacional 20 y calle Gorriti, un nodo clave para el tránsito metropolitano. En Iglesia, el esquema incluye mejoras en distintos cruces sobre la Ruta Nacional 150: calle Santa Lucía (Municipal), Ruta Provincial 405 (acceso oeste a Rodeo), Ruta Provincial 418 (ingreso a Pismanta) y calle Paoli.

La aprobación legislativa resulta determinante para que la Provincia asuma formalmente la ejecución de los trabajos, luego de que las obras quedaran paralizadas por la interrupción del financiamiento nacional. Con la adenda, el Ejecutivo quedaría habilitado a garantizar la continuidad de los proyectos con recursos locales, en una señal política de decisión frente al freno de partidas federales.

Cabe recordar que a fines de enero el gobernador Marcelo Orrego firmó convenios con el Gobierno nacional para avanzar en infraestructura vial prioritaria. La sesión extraordinaria será, en ese sentido, el paso institucional necesario para convertir esos acuerdos en ejecución concreta.

Gestión de residuos y coordinación con Rivadavia

El temario también incluye el tratamiento del Convenio Específico de Compensación de Prestaciones firmado el 1 de diciembre de 2025 entre el Gobierno provincial —a través de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable— y la Municipalidad de Rivadavia.

El acuerdo se enmarca en el Programa Estratégico de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos – Región 1 y apunta a fortalecer la coordinación interjurisdiccional en materia ambiental. La iniciativa busca optimizar la administración de residuos, mejorar estándares sanitarios y consolidar un esquema regional de tratamiento más eficiente y sustentable.

Declaración de interés para el Ironman

En el plano deportivo, los diputados abordarán un proyecto de Resolución presentado por el Interbloque Cambia San Juan para declarar de interés legislativo las competencias Ironman 70.3, Ironman 5150 y Ironman Full Distance.

La propuesta busca destacar el impacto turístico, económico y promocional que estos eventos internacionales generan en la provincia, posicionando a San Juan como sede de competencias de alto rendimiento y proyección global.

Agenda concentrada y tratamiento sobre tablas

Según lo acordado en la reunión preparatoria, los asuntos serán tratados sobre tablas, es decir, sin giro previo a comisión en el recinto. Esa modalidad imprime celeridad al trámite parlamentario y anticipa una sesión enfocada en la aprobación de los instrumentos administrativos necesarios para activar obras y convenios.

Con infraestructura estratégica, coordinación ambiental y promoción deportiva como ejes, la primera sesión extraordinaria del año marcará el pulso inicial de la actividad legislativa 2026, en un entorno donde la gestión de recursos y la continuidad de proyectos adquieren centralidad política e institucional.