El Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 7 decretó la quiebra de la tradicional cadena de electrodomésticos luego de que fracasara el concurso preventivo iniciado en 2021 y no prosperara el proceso de salvataje. La empresa, que llegó a tener más de 300 sucursales y 5.000 empleados en todo el país, había quedado reducida a apenas tres locales y menos de veinte trabajadores.

La Justicia comercial decretó la quiebra de la histórica cadena de electrodomésticos Garbarino, poniendo punto final a un prolongado proceso judicial que se extendió durante más de cuatro años y que buscaba evitar la desaparición de una de las marcas más emblemáticas del comercio minorista argentino.

La decisión fue adoptada por el juez Fernando D’Alessandro, titular del Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 7, luego de que fracasara el mecanismo de salvataje previsto en la legislación concursal. Ese procedimiento, conocido como “cramdown”, habilita a inversores externos a presentar propuestas para hacerse cargo de una compañía en crisis y continuar con su explotación.

El concurso preventivo había sido iniciado en 2021, en medio de una profunda crisis financiera que ya había derivado en cierres de sucursales, atrasos salariales y conflictos con proveedores.

Sin embargo, durante el proceso la empresa no logró reunir las mayorías necesarias entre los acreedores para aprobar un acuerdo de reestructuración que permitiera sostener la actividad.

La etapa de salvataje tampoco ofreció una salida concreta. Según consta en la resolución firmada el 4 de marzo, la única firma que se había inscripto en el registro de interesados, la sociedad financiera Vlinder, nunca presentó una propuesta formal para reestructurar la compañía. Ante la ausencia de ofertas y la falta de consensos entre las partes, el magistrado resolvió aplicar los artículos correspondientes de la Ley de Concursos y Quiebras y declarar la apertura del proceso falencial.

Con la quiebra ya formalizada, la empresa queda desapoderada de la administración de sus bienes, que pasan a manos de la sindicatura designada por el tribunal. A partir de ahora comenzará la etapa de identificación, inventario y eventual liquidación de los activos disponibles con el objetivo de intentar cubrir —en la medida de lo posible— las deudas acumuladas con bancos, proveedores y exempleados.

La resolución judicial también dispuso la intervención de los últimos locales vinculados a la compañía. Entre ellos figuran sucursales ubicadas sobre la avenida Cabildo, en el barrio porteño de Belgrano; en la calle Uruguay, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires; y un outlet en el barrio de Almagro. La sindicatura quedó facultada para realizar inventarios e incluso solicitar el auxilio de la fuerza pública para asegurar los bienes existentes en esos establecimientos.

El ocaso de un gigante del retail

La decisión judicial marca el final de una empresa que durante décadas fue sinónimo de consumo masivo y financiación de electrodomésticos en Argentina. Fundada en 1951, Garbarino llegó a consolidar una red de más de 300 sucursales en todo el país y a emplear a cerca de 5.000 trabajadores, convirtiéndose en uno de los principales actores del mercado minorista de tecnología y artículos para el hogar.

Sin embargo, el deterioro financiero acumulado durante los últimos años, sumado a la caída del consumo, la transformación del comercio hacia el canal digital y los reiterados conflictos con acreedores y proveedores, terminaron erosionando su estructura operativa.

El Ministerio de Capital Humano inició sumarios administrativos contra los gremios del transporte Unión Tranviarios Automotor (UTA) y La Fraternidad por haber adherido al paro general convocado el 19 de febrero por la Confederación General del Trabajo (CGT). Desde el Gobierno sostienen que los sindicatos incumplieron una conciliación obligatoria vigente; las organizaciones gremiales, en cambio, denuncian una “sanción política” y cuestionan la legalidad de la medida.

Según la cartera laboral, la adhesión al paro general implicó el incumplimiento de la resolución dictada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, encabezada por Julio Cordero. La conciliación obligatoria había sido establecida en el marco de un conflicto previo, lo que, según el Gobierno, impedía cualquier tipo de acción gremial durante su vigencia.

Las sanciones que podrían derivarse de estos sumarios no son menores. De acuerdo con la normativa vigente, las infracciones contemplan multas que pueden oscilar entre el 50% y el 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado.

Desde la cartera que conduce el área laboral justificaron la decisión señalando que la medida busca “resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente”.

El paro general y la disputa política

El paro del 19 de febrero había sido convocado por la CGT en rechazo a la reforma laboral que se debatía ese mismo día en la Cámara de Diputados. Según la central sindical, la medida alcanzó un nivel de acatamiento cercano al 90%, con fuerte impacto en el sector del transporte.

Desde el Gobierno, en cambio, el paro fue interpretado como una acción de presión política. El vocero presidencial, Manuel Adorni, criticó duramente la protesta en aquella jornada y afirmó que “no hay nada más extorsivo y en contra de la libertad y de la democracia que lo que están haciendo los sindicalistas”.

El episodio se inscribe en un marco de creciente confrontación entre la administración del presidente Javier Milei y el movimiento sindical, particularmente en torno al alcance de la reforma laboral impulsada por el oficialismo.

La defensa de los sindicatos

Desde la UTA rechazaron de plano los argumentos oficiales. El secretario de Prensa del gremio, Mario Caligari, sostuvo que el intento de sanción responde a motivos políticos más que jurídicos.

“Quieren aplicar una sanción política porque no pensamos como ellos, pero no tienen fundamento más allá de la cuestión política”, afirmó.

El dirigente argumentó que la conciliación obligatoria vigente estaba vinculada a un conflicto salarial específico y no al paro general convocado por la CGT. En ese sentido, sostuvo que el sindicato no incumplió la medida, ya que la protesta fue decidida por la central obrera y la UTA simplemente adhirió.

Una postura similar se espera por parte de Omar Maturano, titular de La Fraternidad, quien aseguró no haber sido notificado formalmente de los sumarios y pidió cautela hasta conocer los detalles del expediente.

Maturano es uno de los dirigentes más críticos del Gobierno y ha participado activamente en las movilizaciones del Frente Sindical Unidad. En declaraciones recientes, incluso llegó a plantear la posibilidad de “un paro por tiempo indeterminado” para frenar la reforma laboral.

Reforma laboral y conflicto

El trasfondo de la disputa excede el episodio puntual del paro. La reforma laboral impulsada por el Gobierno introduce modificaciones sensibles en la legislación vigente, entre ellas una limitación del derecho de huelga en determinados servicios, que en algunos casos podría restringirse hasta el 25% de la actividad.

Este punto es uno de los más cuestionados por la CGT, que anticipó su intención de judicializar la medida al considerar que vulnera garantías constitucionales. Por el momento, los tribunales aún no se han pronunciado de manera definitiva sobre esa controversia.

La apertura de sumarios contra los gremios del transporte vuelve a evidenciar el creciente malestar entre el Gobierno y el movimiento sindical. Mientras el Ejecutivo busca reforzar el cumplimiento de la normativa laboral en un ámbito de reformas estructurales, los sindicatos denuncian una ofensiva política destinada a disciplinar la protesta.

El desenlace del conflicto dependerá tanto del avance administrativo de los expedientes como del desarrollo del debate judicial en torno a la reforma laboral. En ese terreno se definirá, en buena medida, el equilibrio entre regulación estatal y ejercicio de los derechos sindicales en la Argentina actual.

Atrasos en los pagos a odontólogos, ópticas, acompañantes terapéuticos y otros profesionales generaron suspensiones de servicios y fuertes reclamos en distintas provincias. Mientras la conducción del PAMI asegura que mantiene al día los compromisos con médicos y farmacias, prestadores de otras áreas advierten que la situación se volvió crítica y amenaza la continuidad de la atención a millones de jubilados.

La crisis financiera que atraviesan diversos prestadores vinculados al sistema de salud de los jubilados comenzó a traducirse en un problema tangible para los afiliados. Atrasos en los pagos y demoras acumuladas en honorarios y prestaciones están generando suspensiones de servicios en distintos puntos del país y encendieron una alarma creciente en torno al funcionamiento del PAMI, la obra social que brinda cobertura a millones de adultos mayores.

Los reclamos se multiplicaron en diversas jurisdicciones. En la ciudad de Junín, en la provincia de Buenos Aires, odontólogos vinculados al programa suspendieron la atención a afiliados del PAMI como medida de protesta ante la falta de cobro. Situaciones similares comenzaron a registrarse en otras regiones, donde los prestadores advierten que la continuidad de los servicios se vuelve cada vez más difícil de sostener.

La presión se intensificó en las últimas horas luego de que se denunciara la interrupción de prestaciones médicas en cuatro provincias del sur del país: Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa. Según el Sindicato de Trabajadores Pasivos, la medida afecta consultas, estudios, prácticas ambulatorias y cirugías programadas, aunque los servicios de guardia y las urgencias continúan funcionando para evitar situaciones de riesgo.

En el centro de las críticas aparece la conducción del organismo encabezado por Esteban Leguizamo. Prestadores y organizaciones sectoriales sostienen que la demora en los pagos y el desfasaje de aranceles generaron una ecuación económica inviable para numerosos profesionales que dependen de estas prestaciones.

“Es imposible sostener el servicio en estas condiciones”, coinciden distintos referentes del sector, que advierten que los atrasos impactan directamente en la capacidad de los centros de atención para pagar salarios, afrontar costos operativos y mantener la estructura necesaria para seguir prestando servicios.

La discapacidad, otro frente en conflicto

La crisis también atraviesa al sistema de prestaciones destinadas a personas con discapacidad. Este jueves, organizaciones nucleadas en el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocaron a una movilización frente al Ministerio de Salud de la Nación para denunciar la situación.

La protesta contará con el acompañamiento del Sindicato de Choferes Particulares y apunta a visibilizar las deudas acumuladas en distintos programas vinculados al sistema de atención, entre ellos el programa Incluir Salud y el propio PAMI.

En diálogo con Radio Up, el coordinador del foro, Pablo Molero, describió el escenario como “muy grave” desde el punto de vista económico-financiero para quienes prestan servicios vinculados a discapacidad en todo el país.

Según explicó, numerosos prestadores aún no percibieron pagos correspondientes a prestaciones facturadas desde octubre del año pasado. En algunos casos, noviembre tampoco fue abonado, mientras que diciembre se habría cancelado solo parcialmente. “Hay muchos prestadores que no han cobrado absolutamente nada desde octubre”, advirtió.

La problemática se agrava por los plazos habituales de pago que manejan otras entidades del sistema de salud. Mientras el programa Incluir Salud acumula meses de deuda, obras sociales y empresas de medicina prepaga suelen cancelar prestaciones con demoras que oscilan entre los 60 y los 90 días. En ese marco, sostener centros de día, terapias o servicios de transporte especializado se vuelve cada vez más complejo.

Molero también señaló que, según los datos que manejan las organizaciones, el programa Incluir Salud habría dejado sin ejecutar cerca de 30.000 millones de pesos durante el último año, recursos que posteriormente fueron devueltos a rentas generales del Estado. “Ese dinero podría haberse utilizado para pagar prestaciones que ya estaban facturadas”, cuestionó.

La protesta reunirá a transportistas, profesionales de la salud y responsables de centros especializados que reclaman por deudas acumuladas de distintos organismos, entre ellos PAMI, Incluir Salud y el IAPOS, además de denunciar el atraso en los aranceles y el riesgo que enfrentan numerosos tratamientos.