La CGT denunció que el Gobierno no tiene “voluntad de diálogo” y que pretende avanzar con una reforma laboral “regresiva” sin convocar a ámbitos de negociación. Mientras tanto, la Casa Rosada dejó atrás cualquier intento de consenso y ya distribuyó el borrador definitivo entre sus principales figuras. La apuesta oficial es aprobar la flexibilización laboral entre el 10 y el 31 de diciembre, pese a la resistencia sindical y las dudas de varios gobernadores.

La discusión por la reforma laboral ingresa en una fase de máxima tensión política. El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, reafirmó que la central obrera no acompañará ningún proyecto que implique una reducción de derechos y denunció que el Gobierno mostró “falta de voluntad” para habilitar una mesa de negociación real.

“Hasta que el Gobierno no convoque y no construya un ámbito de negociación conjuntamente con quienes representamos los intereses del mundo del trabajo, no estaremos de acuerdo con ninguna reforma regresiva”, sostuvo Jerónimo, también titular del Sindicato del Vidrio (SEIVARA), en diálogo con Radio Rivadavia. Además, desmintió que la CGT oponga resistencia sin conocer el contenido del proyecto: según señaló, la información llega a través de estudios jurídicos vinculados al sector empresarial, ante la ausencia de comunicación oficial.

Mientras la central obrera reclama diálogo, la Casa Rosada avanza en sentido contrario. Altas fuentes del oficialismo confirmaron que el texto final de la reforma —elaborado con la participación del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger— ya está en manos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y de la futura jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich. El objetivo es claro: aprobar la ley antes de fin de año.

En esta etapa, el Gobierno dejó a un lado la narrativa del consenso que había prometido en el marco del Consejo de Mayo. La última reunión de ese espacio terminó en un choque frontal: Gerardo Martínez, representante de la UOCRA y delegado cegetista, calificó el borrador como un “atentado contra los derechos de los trabajadores”, mientras que Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), también cuestionó el proyecto, pero por el motivo inverso: consideró que “flexibiliza poco” el mercado laboral.

Pese a las críticas de los dos principales actores del mundo laboral, en el oficialismo aseguran que solo un reducido grupo conoce la letra final del documento. Ni sindicatos ni empresarios afirman haber recibido modificaciones respecto de la versión rechazada.

El borrador con los puntos centrales del proyecto en circulación incluiría medidas sensibles:

Tope a las indemnizaciones para todos los contratos nuevos.

Nuevos regímenes para empleo joven, con mayor flexibilidad y menos derechos iniciales.

Rediseño de obligaciones laborales que, según el Gobierno, permitirían crear empleo y reducir litigiosidad.

Desde la CGT, los secretarios generales Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello adelantaron que resistirán cualquier intento de recorte de derechos en medio de una crisis económica profunda.

El rol de los gobernadores

Con el Congreso como escenario de la próxima disputa, la CGT comenzó a trabajar en su estrategia política. Dirigentes cegetistas mantuvieron reuniones reservadas con gobernadores, quienes —según fuentes sindicales— muestran una predisposición mayor a escuchar las advertencias gremiales que a alinearse automáticamente con el Ejecutivo.

En las provincias hay preocupación: temen que un conflicto social de gran magnitud erosione aún más la frágil situación económica, mientras esperan definiciones sobre el envío de fondos nacionales, un factor clave para inclinar posiciones.

Desde la Casa Rosada aseguran que cuentan con el compromiso de varios mandatarios para no bloquear la reforma, aunque en los distritos se percibe cautela y un incipiente giro de algunos gobernadores hacia posiciones más cercanas a la CGT.

El clima político se tensiona también desde otros gremios. Armando Cavalieri, titular de Comercio, instó a sus afiliados a permanecer “alertas al más mínimo movimiento” del Gobierno y afirmó que la única reforma laboral que hoy espera la sociedad es “la que recupere el salario hundido”.

La reforma laboral se convirtió en el eje más conflictivo de la agenda legislativa que prepara el oficialismo para diciembre. La combinación de un proyecto de alto impacto social, el apuro por aprobarlo antes de fin de año y la exclusión del diálogo tripartito clásico configuraron un escenario de choque anunciado.

El Gobierno busca un cambio estructural del sistema laboral, mientras que la CGT considera que cualquier flexibilización agrava la precariedad y profundiza la desigualdad en un contexto de ingresos deteriorados. El rol de los gobernadores aparece como el factor que puede inclinar la balanza: sin su apoyo, el oficialismo enfrentará dificultades para aprobar una reforma que requiere acuerdos interbloque y contención territorial.

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) selló un entendimiento que establece un incremento acumulativo del 4,55% sobre los básicos y una mejora progresiva de la suma no remunerativa, que llegará a $70.000 en enero.

El acuerdo salarial es de carácter trimestral para el Sector Asistencial que abarca clínicas, sanatorios y establecimientos privados comprendidos en los Convenios Colectivos de Trabajo 743/16, 459/06, 122/75, 108/75, 107/75 y 103/75. El convenio, aplicable a los meses de noviembre, diciembre y enero de 2026, define una pauta escalonada en los básicos y actualiza el monto no remunerativo que venían percibiendo los trabajadores.

La negociación fijó una secuencia de aumentos de 1,5% en noviembre, 1,5% adicional en diciembre —de carácter acumulativo— y otro 1,5% en enero, también acumulativo. El esquema completa un aumento total del 4,55% al finalizar el trimestre, según la proyección informada por el sindicato. Si bien se trata de un ajuste moderado en un contexto de inflación persistente, desde la dirigencia sindical remarcan que su implementación permite “mantener un piso de actualización” mientras continúan las conversaciones con las cámaras empresarias.

El pacto incorpora, además, un incremento en el adicional no remunerativo que percibe el personal del sector. Ese monto, que hasta octubre se situaba en $60.000, se actualizó a $66.000 en noviembre y llegará a $70.000 en enero. Se trata de un componente clave para sostener ingresos en un período en el que persisten tensiones entre costos operativos de las instituciones privadas, caída de prestaciones y retrasos en la actualización de aranceles.

Próximo tramo de la paritaria

La Federación anticipó que las negociaciones se retomarán en febrero, cuando se iniciará la discusión del nuevo período paritario correspondiente a 2026/2027. Allí se evaluará la evolución de la inflación, la situación de las instituciones de salud privadas y la capacidad del sector para sostener incrementos que permitan recomponer el salario real, uno de los temas más sensibles de la actividad.

La docencia universitaria y preuniversitaria realizará un paro nacional de seis días, del 1 al 6 de diciembre, en reclamo de la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795. La medida surge tras la decisión del Gobierno de suspender su ejecución a través del Decreto 759/25, a pesar de reconocer una deuda salarial superior al 40%.

El plenario de secretarías generales de la docencia universitaria y preuniversitaria resolvió convocar a un paro nacional del 1 al 6 de diciembre, en protesta por la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario y la falta de recomposición salarial. La medida afectará el dictado de clases, las actividades académicas y, en varios casos, también las mesas de exámenes.

La decisión llega en un contexto de malestar creciente en las universidades nacionales, marcado por salarios depreciados, presupuestos insuficientes y un paquete de reformas estructurales que, según los gremios, profundiza el deterioro de la educación pública.

Una ley votada cuatro veces que el Gobierno se niega a aplicar

Las federaciones docentes recordaron que la Ley de Financiamiento Universitario 27.795 —conquistada “con lucha, organización y unidad”— fue aprobada cuatro veces por el Congreso.
Sin embargo, el presidente Javier Milei dispuso suspender su ejecución mediante el Decreto 759/25, al mismo tiempo que reconoció la existencia de una deuda salarial del 40,25% sobre los básicos de julio de 2025.

Para los gremios, la decisión es ilegal, vulnera una norma vigente y profundiza la crisis estructural:

salarios estancados,

recomposiciones por debajo de la línea de pobreza,

infraestructura deteriorada,

caída del financiamiento para investigación, extensión y becas estudiantiles.

Salarios de pobreza y multiempleo: el deterioro cotidiano

El Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios (Sitradu) graficó la situación con datos concretos:

un auxiliar de primera con dedicación semi-exclusiva cobra alrededor de $450.000 de bolsillo,

un no docente de categoría siete percibe unos $600.000 de básico.

Estos ingresos —muy por debajo de la inflación acumulada y del costo de vida— obligan a miles de docentes y no docentes a recurrir al multiempleo, afectando la calidad del trabajo académico, la investigación y la continuidad de proyectos científicos.

“Con docentes pobres no hay universidad de calidad”, advirtieron.

Asimismo, denunciaron que no hay fondos suficientes para salarios, becas, infraestructura ni mantenimiento, mientras que —según su crítica política— el Gobierno favorece la desregulación económica, la baja de retenciones y la rentabilidad financiera.

Un presupuesto 2026 que anticipa un ajuste aún mayor

Las organizaciones docentes alertaron que el proyecto de Presupuesto 2026 prevé menos del 40% de inversión en educación, profundizando un escenario que describen como de “crisis terminal”.

La combinación de salarios depreciados, falta de financiamiento y reformas estructurales —laboral, tributaria, previsional y penal— configura, para los gremios, un ataque integral a los derechos de trabajadores y estudiantes.

“Llegamos al punto en que no podemos seguir fingiendo una normalidad que no existe”, señalaba el documento difundido tras la reunión sindical.

Unidad docente–estudiantil: un llamado a la movilización

El paro por seis días busca funcionar como una señal de alarma y como instancia de acumulación de fuerza.
La Federación convocó a toda la docencia universitaria y preuniversitaria, y llamó al movimiento estudiantil —históricamente protagonista de las luchas por la educación pública— a sumarse a la medida.

Exigencia de tres puntos centrales:

1. Aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.
2. Convocatoria urgente a la paritaria nacional universitaria.
3. Un Presupuesto 2026 que respete los recursos fijados por la ley vigente.