Claudia Testa dejará su cargo como subsecretaria de Trabajo en las próximas horas, apenas un día hábil antes de los comicios nacionales. Su salida se suma a las recientes renuncias del canciller Gerardo Werthein y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y refleja un nuevo foco de fractura en el gabinete de Javier Milei, marcado por disputas internas y desgaste político en plena cuenta regresiva electoral.

La funcionaria, que no alcanzó a cumplir un año en el cargo, abandona su puesto tras semanas de fuertes tensiones en el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello. Según confirmaron fuentes oficiales y sindicales, el conflicto se centró en los desacuerdos con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, por la gestión de expedientes y decisiones clave en materia laboral.

“El vínculo se volvió insostenible”, reconocieron fuentes cercanas a la cartera, que no descartan nuevas renuncias o movimientos después de las elecciones.

El detonante habría sido el reciente conflicto con la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), que expuso las profundas diferencias de criterio entre Testa y Cordero. La subsecretaria, con perfil dialoguista y llegada al ámbito gremial, cuestionó la forma en que el área laboral intervino en el conflicto, lo que habría precipitado su salida.

Una seguidilla de renuncias en el gabinete

El alejamiento de Testa se suma a la reciente renuncia del canciller Gerardo Werthein y al inminente apartamiento del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, cuya salida se oficializará el lunes próximo. Estos movimientos reflejan un momento de inestabilidad política dentro del Gobierno libertario, que enfrenta crecientes disputas internas y señales de fragmentación en su estructura de poder.

Desde su llegada a la administración nacional en enero de 2025, Claudia Testa se había posicionado como una figura con buena relación con los sindicatos y con experiencia en temas laborales. Su designación formó parte de la primera etapa de armado de Capital Humano, en la que Milei buscó incorporar perfiles técnicos y moderados para fortalecer el área laboral. Sin embargo, la convivencia con Cordero se deterioró rápidamente.

Con su salida, Testa se convierte en la quinta subsecretaria de Trabajo en la gestión libertaria. Antes que ella pasaron por el cargo Martín Huidobro, Horacio Pitrau, Mariana Hortal Sueldo y Liliana Acosta de Archimbal. Una rotación que evidencia la inestabilidad estructural en uno de los ministerios más sensibles del Gobierno.

Un golpe político en un momento crítico

La renuncia de Testa no sólo expone las tensiones entre funcionarios de Capital Humano, sino que también representa un nuevo golpe político para el presidente Milei en la recta final hacia las elecciones legislativas. La sucesión de salidas en puestos clave debilita la imagen de cohesión interna que el Ejecutivo intenta proyectar, mientras distintos sectores del oficialismo admiten que el clima dentro del gabinete “es de incertidumbre y desgaste”.

En un momento marcado por la caída de ministros, fricciones entre áreas y críticas cruzadas, la administración libertaria enfrenta su momento más complejo desde diciembre. Las internas en el núcleo de Capital Humano —una cartera que concentra políticas sociales, laborales y educativas— anticipan un nuevo reacomodamiento del gabinete después de los comicios.

El secretario general de la UOCRA, principal interlocutor de la CGT ante el Gobierno, cuestionó duramente los planes de flexibilización laboral que impulsa Javier Milei y anticipó que el sindicalismo no acompañará medidas inspiradas en el DNU 70/2023. En Azopardo reconocen que “no hay margen para seguir dialogando” con una gestión que, según acusan, busca debilitar derechos conquistados.

El clima entre la Confederación General del Trabajo (CGT) y el Gobierno nacional atraviesa uno de sus momentos más tensos desde la asunción de Javier Milei. Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA y pieza clave en la interlocución sindical con el oficialismo, lanzó una advertencia pública que podría marcar un punto de quiebre: la eventual salida de la central obrera del Consejo de Mayo, el espacio creado por el Ejecutivo para articular políticas con empresarios, legisladores y provincias.

Según fuentes cercanas al gremialista, la decisión se haría efectiva después de las elecciones legislativas del 26 de octubre. En la sede de la calle Azopardo aseguran que el sindicalismo se siente “sin interlocutor válido” y que los esfuerzos por mantener una mesa de diálogo “chocan con la lógica unilateral del Gobierno libertario”.

En una carta pública difundida por la UOCRA, Martínez fue categórico al rechazar el nuevo proyecto de reforma laboral que el Ejecutivo anticipó durante el Coloquio de IDEA. Para el dirigente, se trata de “una reedición del DNU 70/2023 en su capítulo laboral”, norma que —recordó— fue “rechazada por la CGT y judicializada con éxito”.

“La ausencia de un modelo económico que contemple el trabajo y los salarios como ejes del desarrollo retrasa cualquier posibilidad de progreso. Ningún país crece empobreciendo a sus trabajadores”, subrayó Martínez.

El dirigente advirtió que cada intento de avanzar sobre los derechos laborales en la historia argentina derivó en más precariedad y desigualdad, y volvió a defender la negociación colectiva como herramienta de justicia social.

“No es el salario el problema”

En contraposición al discurso oficial, que atribuye la falta de competitividad al “costo argentino”, Martínez argumentó que los verdaderos obstáculos se encuentran en “la mala gestión económica, tributaria y cambiaria”, y no en los sueldos. “El salario no tiene incumbencia en el costo argentino. El libre ejercicio de la negociación colectiva es la llave maestra del desarrollo”, afirmó.

Además, reclamó que el Gobierno mire hacia las pequeñas y medianas empresas, responsables de más del 90% del empleo formal del país. “No es el exceso de regulaciones lo que impide el crecimiento, sino la falta de políticas que generen condiciones reales de inversión y rentabilidad sostenible”, remarcó.

Llamado al diálogo, pero con límites

Pese al tono confrontativo, Martínez no cerró las puertas a la negociación, aunque advirtió que la CGT sólo participará de ámbitos de diálogo “siempre que no se pretenda cercenar derechos consagrados”. En ese sentido, definió la justicia social como “el horizonte irrenunciable del movimiento obrero”.

“Para el sindicalismo argentino, el diálogo es el medio que garantiza la justicia social, pero debe ser transparente, sustentable y abarcar todos los intereses, no sólo los empresarios”, sentenció.

En el entorno cegetista reconocen que el vínculo con el Ejecutivo está “en un punto crítico” y que, si se concreta la salida del Consejo de Mayo, se consolidará una ruptura institucional entre el Gobierno y la principal central sindical del país.

El posicionamiento de Gerardo Martínez no sólo refleja el hartazgo de la CGT frente a la política laboral del oficialismo, sino también una redefinición del mapa sindical de cara al nuevo ciclo político. El distanciamiento con el Gobierno libertario deja a la central obrera ante el desafío de sostener su rol negociador sin claudicar en la defensa de los derechos laborales. En tiempos de ajuste y reformas, el mensaje es claro: la CGT no está dispuesta a legitimar un modelo que, bajo la promesa de eficiencia, recorte las bases del trabajo digno.

Los sindicatos que representan a los trabajadores de la Televisión Pública realizaron un paro y ruidazo en rechazo a los salarios de pobreza y al congelamiento salarial que ya supera los nueve meses. Las asambleas resolvieron profundizar el plan de lucha con nuevas medidas la próxima semana, mientras crece el malestar por la utilización política de la pantalla oficial a días de las elecciones.

La tensión en los medios públicos se trasladó este miércoles a los pasillos de la Televisión Pública, donde trabajadoras y trabajadores realizaron un paro y ruidazo en protesta por el estancamiento salarial y el deterioro de sus ingresos reales. La medida, que incluyó cese de tareas de una hora por turno y una movilización interna, fue impulsada por los gremios SiPreBA, SATSAID, y APJ, que representan a periodistas, técnicos, locutores y personal jerárquico del canal estatal.

“Basta de salarios de pobreza en todos los medios públicos”, fue el reclamo unificado que resonó entre redoblantes, pancartas y aplausos. Las organizaciones sindicales denunciaron que los haberes permanecen congelados desde hace casi nueve meses, pese al aumento sostenido del costo de vida. “Defender el salario es defender los medios públicos”, expresaron en un comunicado conjunto que marcó el tono del reclamo.

Según fuentes gremiales, los salarios en la Televisión Pública quedaron rezagados en más de un 70% respecto de la inflación acumulada del año, y gran parte del personal percibe ingresos por debajo de la línea de pobreza.

Plan de lucha y nuevas medidas

Las asambleas conjuntas de los cuatro gremios resolvieron continuar el plan de lucha. A partir de la próxima semana, habrá retenciones de tareas de cuatro horas diarias y un acto frente al edificio central del canal, en la calle Tagle, para exigir la inmediata apertura de las paritarias, paralizadas desde hace más de un año.

“La falta de negociación colectiva es una forma de vaciamiento institucional”, advirtieron los gremios, que también alertaron sobre el impacto que el congelamiento salarial tiene en el funcionamiento técnico y operativo de la emisora.

En el comunicado, las organizaciones cuestionaron además “la utilización de la pantalla de todos y todas para la propaganda oficial”, al denunciar que en plena campaña electoral se emitió una entrevista al presidente Javier Milei grabada sin participación del personal del canal, mientras “los candidatos opositores no tienen voz ni espacio alguno en la programación”.

Un conflicto que expone el deterioro de los medios públicos

La protesta en la TV Pública se inscribe en un contexto de creciente malestar dentro del sistema de medios estatales, que incluye también reclamos en Radio Nacional y la agencia Télam. Los gremios sostienen que el desfinanciamiento, la falta de paritarias y la concentración de decisiones en el Ministerio de Capital Humano están poniendo en riesgo la pluralidad y el carácter público de la comunicación estatal.

“Sin trabajadores no hay medios públicos” y “Sin medios públicos no hay democracia” fueron las consignas que encabezaron la movilización de este miércoles, donde periodistas, camarógrafos, locutores y administrativos coincidieron en señalar que el ajuste presupuestario amenaza tanto las condiciones laborales como la función informativa del canal.