La cadena de electrodomésticos cerró su local de Villa Mercedes, San Luis, donde había nacido en 1910. Llegó a contar con 87 sucursales y unos 2.500 empleados, pero su crisis financiera derivó en cierres, despidos y salarios pagados en cuotas. Años después, numerosos extrabajadores todavía reclaman las indemnizaciones adeudadas.

El deterioro financiero comenzó a hacerse visible con fuerza durante el gobierno de Mauricio Macri y, hacia fines de 2018, la compañía empezó a fraccionar el pago de los salarios en cuotas. La modalidad que había dado nombre a su negocio se convirtió así en una expresión de la incertidumbre que atravesaba su propia plantilla.

De la expansión al derrumbe

La historia de Ribeiro comenzó como un comercio de joyería, relojería y óptica fundado por Manuel Ribeiro. Con el paso de las décadas, incorporó electrodomésticos y desarrolló un sistema de financiación dirigido a personas que, por sus ingresos o su situación laboral, encontraban dificultades para acceder al crédito tradicional.

Las minicuotas comenzaron como experiencia piloto en 2001 y se lanzaron oficialmente en 2006. El mecanismo permitió ampliar la clientela y sostener la expansión territorial, pero no logró evitar el deterioro posterior de las cuentas de la empresa.

En 2019, Ribeiro solicitó un Procedimiento Preventivo de Crisis, cerró establecimientos y avanzó con despidos mientras buscaba un inversor que permitiera sostener la operación. La incorporación de un socio no se concretó y la reducción de la estructura comercial continuó.

La crisis también estuvo marcada por episodios que reflejaron la desesperación de los trabajadores ante la falta de pago. En Tartagal, una empleada llegó a iniciar una huelga de hambre para reclamar sus haberes. Ese mismo año, otro hecho ocurrido en una sucursal de Caballito expuso el grado de deterioro que atravesaban las relaciones laborales.

Una deuda que sobrevive al cierre

El final comercial de Ribeiro deja una cuenta pendiente: las indemnizaciones que numerosos exempleados todavía esperan cobrar. Durante el proceso de desvinculación, parte de los trabajadores recibió propuestas de pago en cuotas, pero las obligaciones denunciadas permanecieron sin resolución para quienes continúan reclamando.

Para esas familias, la desaparición de la marca no representa el cierre definitivo de la historia. A la pérdida del empleo se sumaron salarios adeudados, incertidumbre económica y años de espera por compensaciones que debían afrontar las consecuencias de los despidos.

El final de Ribeiro encierra una ironía dolorosa. La emblemática cadena, famosa por facilitar el consumo en pequeños pagos, claudicó al no poder afrontar sus propios compromisos con su personal. Hoy, tras el cierre definitivo de su última tienda tras un siglo de historia, el capítulo sigue abierto y amargo para los trabajadores que aún esperan el pago de sus deudas.

Los gremios universitarios ratificaron la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre, luego de que la Justicia ordenara al Gobierno nacional cumplir de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión judicial no modificó la convocatoria y las organizaciones sindicales sostienen que la movilización sigue siendo necesaria ante la falta de certezas sobre la aplicación efectiva de la norma.

El fallo fue dictado por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, quien declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 en el tramo que había suspendido la ejecución de la Ley 27.795. La resolución hizo lugar a presentaciones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades y docentes, incluida la Universidad de Buenos Aires (UBA), y ordenó al Poder Ejecutivo adoptar las medidas necesarias para implementar la legislación.

Sin embargo, el Gobierno volvió a apelar la decisión, por lo que la controversia judicial continúa. Para las organizaciones gremiales, la presentación oficial refuerza la necesidad de sostener las medidas de fuerza hasta que se concrete la recomposición salarial y presupuestaria reclamada.

El secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Daniel Ricci, confirmó que la marcha se realizará. En la misma línea, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que representa al personal nodocente, ratificó la continuidad de su plan de lucha, con paros escalonados en distintas casas de estudio.

La disputa por los fondos y los salarios

La protesta surge de la brecha entre los compromisos estatales que exigen los gremios y los montos ya abonados. De acuerdo con los datos sindicales, solo se ha liquidado el 21,3% de la deuda total. Del porcentaje restante, un 33,4% corresponde a sueldos atrasados y un 20% a becas y partidas presupuestarias pendientes.

La negociación salarial tampoco logró acercar posiciones. En septiembre, la propuesta oficial contempló aumentos del 3% para ese mes y otro 3% para octubre, frente a un reclamo sindical de recomposición del 33,4%.

Garantizar la Ley de Financiamiento Universitario, actualizar los sueldos del sector y recuperar los fondos de funcionamiento operativo serán los ejes de la marcha del 15 de octubre.El conflicto se agudiza por la falta de acuerdos paritarios y un fallo judicial recurrido. Así, el frente universitario da pelea en dos terrenos: el cumplimiento formal de una ley nacional y el reclamo histórico de las federaciones por ingresos que saquen a la actividad académica de la crisis.

El ejercicio provincial comenzó durante el turno mañana y abarca a instituciones públicas y privadas de todos los niveles y modalidades. La práctica involucra a más de 243.000 estudiantes y permite evaluar los 2.400 planes de evacuación elaborados por las comunidades educativas.

La Provincia puso en marcha este viernes un simulacro de evacuación que alcanza a 1.380 establecimientos educativos y más de 243.000 estudiantes, con el objetivo de evaluar los protocolos de actuación ante emergencias y fortalecer la preparación frente al riesgo sísmico.

La práctica comenzó durante el turno mañana y, según el Ministerio de Educación, se desarrolló con normalidad. Tras completar la evacuación, las escuelas verificaron la asistencia, revisaron sus edificios y retomaron las clases. El operativo continuará durante la jornada con ejercicios previstos a las 16, 19 y 21, de acuerdo con los horarios de funcionamiento de cada institución.

La iniciativa es coordinada por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, a través de la Dirección de Protección Civil. El alcance comprende establecimientos de gestión estatal y privada, en todos los niveles y modalidades.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, supervisó el desarrollo desde el CISEM junto con el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, el director de Protección Civil, Diego Morales, y otras autoridades. Fuentes remarcó que la prevención sísmica exige práctica sostenida para que estudiantes, docentes y personal escolar sepan cómo actuar ante una emergencia.

Delgado, en tanto, destacó la importancia de extender la capacitación preventiva a toda la comunidad, más allá de los organismos de seguridad.

Evaluación de los protocolos

El simulacro forma parte del proceso de formación desarrollado durante 2026 y pone a prueba 2.400 planes de evacuación elaborados en las jornadas de capacitación. Al finalizar, cada establecimiento deberá completar un formulario de autoanálisis para identificar dificultades y determinar posibles mejoras en sus procedimientos.

La dimensión del operativo supera la experiencia del año pasado, cuando el primer simulacro provincial simultáneo involucró a 1.249 escuelas distribuidas en 594 edificios. En esta edición, la convocatoria alcanza al total de los establecimientos educativos de San Juan.

Más allá de validar los tiempos de respuesta y las rutas de evacuación, este ejercicio permite examinar la articulación interna de cada organismo y detectar oportunidades de mejora. La evaluación subsiguiente resultará crucial para traducir las lecciones aprendidas en medidas efectivas ante un eventual escenario de crisis.