Abel Furlán fue reelecto este miércoles como secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) tras imponerse con una amplia mayoría en el Congreso Electoral nacional. El dirigente obtuvo 215 de los 270 votos emitidos, consolidando así su continuidad al frente del gremio por un nuevo período de cuatro años.

La votación se llevó a cabo en el Hotel Sindical de San Telmo con la participación de representantes de 53 seccionales de todo el país. Sobre un total de 276 electores habilitados, asistieron 270, lo que evidenció un alto nivel de participación. Furlán recibió el respaldo de 48 seccionales, mientras que cinco —Capital, San Nicolás, Villa Constitución, Santa Fe y La Plata— se manifestaron en contra.

En la misma jornada también se definió la nueva conducción adjunta: Daniel Daporta, titular de la seccional Avellaneda, fue elegido como secretario adjunto nacional en reemplazo de Naldo Brunelli.

Tras conocerse los resultados, Furlán buscó darle un tono institucional al triunfo: sostuvo que no se trata de una victoria personal sino de la organización, y remarcó la necesidad de defender el empleo, la industria nacional y el poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto económico adverso.

Conflicto judicial y decisión política

La reelección, sin embargo, quedó atravesada por una fuerte controversia judicial. La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había ordenado el martes la suspensión del acto electoral, en el marco de una causa impulsada por la Lista Naranja de la seccional Campana, que denunció presuntas irregularidades en ese distrito.

El tribunal —integrado por los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González— fundamentó la medida en la existencia de “verosimilitud en el derecho” y en el “peligro en la demora”, al considerar que el resultado del proceso podía verse afectado por las denuncias. Además, dispuso que se preservara todo el material electoral y que no se avanzara con la proclamación de autoridades vinculadas a la seccional cuestionada.

Pese a esta resolución, la conducción nacional de la UOM decidió avanzar con el Congreso Electoral tal como estaba previsto, lo que configura un escenario de tirantez entre el gremio y la Justicia laboral.

El episodio expone una doble dimensión del conflicto: por un lado, la solidez interna de la conducción de Furlán, respaldada por una amplia mayoría de seccionales; por otro, la fragilidad institucional que se abre al desconocer una orden judicial. La decisión de avanzar con la elección puede interpretarse como un gesto político hacia adentro del gremio, pero también como un factor que podría escalar el conflicto en el plano legal.

En un clima de retracción industrial, caída del empleo y presión sobre las paritarias, la UOM se encuentra en una encrucijada donde la conducción busca reafirmar liderazgo mientras enfrenta cuestionamientos formales que podrían derivar en nuevas disputas judiciales.

La reelección de Furlán consolida su liderazgo en uno de los sindicatos industriales más relevantes del país, pero lo hace bajo una sombra de conflicto que trasciende lo electoral. La presión entre legitimidad interna y legalidad externa abre un capítulo incierto para la UOM, donde el resultado dependerá tanto de la evolución judicial como de la capacidad del gremio para sostener cohesión en un panorama económico y político complejo.

El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, avanzará desde abril con la eliminación del programa Volver al Trabajo, que otorgaba $78.000 mensuales a unos 900 mil beneficiarios. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Javier Milei, reemplaza la asistencia económica por un sistema de vouchers de capacitación en un escenario de deterioro del mercado laboral.

En una decisión que redefine el esquema de políticas sociales, el Gobierno nacional avanzará con la eliminación del programa Volver al Trabajo, una de las principales herramientas de transferencia de ingresos destinadas a sectores con dificultades de inserción laboral. La medida impactará sobre cerca de 900 mil personas que percibían una prestación mensual de $78.000 y que, desde abril, dejarán de recibir ese ingreso para acceder —de manera optativa— a un sistema de capacitación laboral mediante vouchers.

El cambio marca el cierre definitivo de la estructura heredada del programa Potenciar Trabajo y consolida un giro conceptual en la política social: el abandono de la asistencia directa en favor de esquemas orientados exclusivamente a la formación. Desde el Ejecutivo sostienen que el nuevo modelo busca promover la empleabilidad y reducir la dependencia de los planes sociales.

La transición ya comenzó a materializarse. Beneficiarios del programa han recibido notificaciones a través de la aplicación Mi Argentina y por correo electrónico, donde se les informa la finalización del beneficio y la posibilidad de inscribirse en el nuevo sistema de capacitaciones.

Volver al Trabajo había sido concebido como una instancia intermedia entre la asistencia social y el empleo formal. Combinaba una prestación económica con la obligación de realizar cursos, actualizar datos laborales y participar en actividades destinadas a mejorar la inserción en el mercado de trabajo. Sin embargo, el nuevo esquema elimina el componente monetario y deja en pie únicamente la formación.

El universo de beneficiarios se reconfigura: mientras los actuales titulares de Volver al Trabajo perderán la asistencia, alrededor de 300 mil personas continuarán dentro del Programa de Acompañamiento Social, destinado a sectores con mayores barreras estructurales para acceder al empleo y que no serán alcanzados por la medida.

La decisión se inscribe en una estrategia más amplia de ajuste del gasto social y redefinición del rol del Estado. El Gobierno plantea que la capacitación es una herramienta más eficaz para la inserción laboral que la asistencia directa. Sin embargo, el contexto económico introduce interrogantes de peso: la caída de la actividad, la pérdida de puestos de trabajo y la precarización del empleo configuran un mercado laboral con escasa capacidad de absorción.

En ese escenario, especialistas advierten que la eliminación de la transferencia de ingresos podría profundizar situaciones de vulnerabilidad en el corto plazo, especialmente entre quienes aún no logran insertarse en el circuito formal. La eficacia del nuevo sistema dependerá, en gran medida, de la calidad de las capacitaciones, su articulación con la demanda real del mercado y la existencia de oportunidades laborales concretas.

Además, la voluntariedad del esquema abre otro interrogante: sin incentivo económico, el nivel de adhesión a los programas de formación podría verse limitado, debilitando el alcance de la política pública.

El fin del programa Volver al Trabajo representa un cambio estructural en la política social argentina. La apuesta oficial por la capacitación como único instrumento de inclusión laboral redefine el vínculo entre el Estado y los sectores más vulnerables. No obstante, en un clima económico adverso, el desafío central será evitar que la transición deje a cientos de miles de personas sin ingresos ni oportunidades reales de inserción, profundizando así las tensiones sociales que la medida busca, en teoría, resolver.

El Gobierno nacional se encamina a ejecutar una de las transformaciones más drásticas en la estructura laboral del Estado: el cierre total de las delegaciones territoriales de la Secretaría de Trabajo. La medida, que sería oficializada en las próximas horas, implicará la desvinculación de alrededor de 1.600 empleados y la virtual eliminación de la presencia federal del organismo.

Dependiente del Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Trabajo cumple un rol clave en la intermediación entre trabajadores y empleadores. Sus agencias distribuidas en todas las provincias funcionan como ventanillas de atención para trámites laborales, asesoramiento legal, homologación de acuerdos, inspecciones y acompañamiento a sindicatos, cooperativas y empresas. La decisión de suprimir esta red territorial marca un giro de fondo en el modelo de gestión laboral.

El rediseño responde a la estrategia oficial de reducir el tamaño del Estado y centralizar funciones. Sin embargo, especialistas advierten que la desaparición de estas oficinas podría generar un vacío operativo en regiones alejadas de los grandes centros urbanos, donde la presencialidad resulta determinante para el acceso a derechos laborales.

En este contexto, el sindicato Asociación Trabajadores del Estado (ATE) había declarado el estado de “alerta máxima” ante los rumores de despidos que finalmente se confirmarían. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, denunció un “vaciamiento estructural” del organismo y alertó sobre el impacto social de la medida, tanto en los trabajadores despedidos como en la población que depende de estos servicios.

Las críticas también apuntan al titular de la cartera laboral, Julio Cordero, a quien los gremios señalan como uno de los impulsores del plan de desarticulación. Desde el oficialismo, en cambio, sostienen que la reestructuración busca eliminar superposiciones administrativas y avanzar hacia un esquema más eficiente y digitalizado.

El cierre de las delegaciones no sólo implica una reducción del empleo público, sino que reconfigura el alcance territorial del Estado en materia laboral. En un país con marcadas desigualdades regionales, la desaparición de estas oficinas podría profundizar las brechas de acceso a la formalización, la resolución de conflictos y la fiscalización del cumplimiento de normas laborales.

Asimismo, el ajuste se inscribe en un ámbito más amplio de recortes en distintas áreas del Estado, lo que refuerza la lógica de un repliegue institucional que prioriza la reducción del gasto por sobre la presencia territorial.

La decisión de desmantelar la estructura federal de la Secretaría de Trabajo abre un escenario de alta conflictividad y plantea interrogantes sobre el futuro del sistema de protección laboral en la Argentina. Mientras el Gobierno avanza con su plan de ajuste, sindicatos y trabajadores anticipan un agravamiento de la situación en defensa de los puestos de trabajo y de un rol estatal que, sostienen, resulta irremplazable en la garantía de derechos.