El conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales ingresó en una nueva fase de presión sindical con cuatro paros de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo. En San Juan, las medidas afectarán el funcionamiento de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y podrían profundizarse si el Congreso no incorpora al Presupuesto los recursos que reclama la comunidad universitaria.

Daniel Durán, secretario geneal de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de San Juan – (APUNSJ) – sostuvo que la protesta responde al deterioro salarial de docentes y no docentes, las restricciones presupuestarias y la insuficiencia de las partidas destinadas al funcionamiento institucional y las becas estudiantiles.

El dirigente cuestionó, además, el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Según explicó, sus artículos 5 y 6 establecen mecanismos de actualización salarial tomando como referencia la evolución del índice de precios al consumidor desde diciembre de 2023.

Advirtió que la inobservancia de la ley, pese a los precedentes judiciales expuestos, agravó el desacuerdo presupuestario hasta convertirlo en una crisis institucional sistémica.

“Lo que está en conflicto acá es el propio sistema republicano de gobierno y la división de poderes”, planteó Durán durante una entrevista con Mundo Laboral San Juan. Para el titular de APUNSJ, el Ejecutivo no solo incumple una ley aprobada por el Congreso, sino que desoye decisiones de la Justicia.

Cuatro jornadas de huelga y servicios afectados

El cronograma anunciado por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), a la que adhiere APUNSJ, contempla paros para este miércoles 28 de octubre y el 3, 12 y 16 de noviembre. La secuencia coincide con la discusión parlamentaria del Presupuesto nacional, cuyo tratamiento aparece como un punto determinante para definir los próximos pasos gremiales.

Las huelgas alcanzarán al conjunto de las tareas no docentes: desde la gestión administrativa especializada hasta los servicios generales. La interrupción podrá afectar la apertura de aulas, la limpieza, los trámites administrativos, los pagos a proveedores y otras prestaciones necesarias para el funcionamiento cotidiano de la UNSJ.

Durán también puso el foco en los recursos que, según el reclamo sindical, fueron recortados del financiamiento universitario. La organización exige que el Congreso incorpore $3 billones para gastos de funcionamiento. El dirigente advirtió que, con el proyecto presupuestario enviado por el Gobierno sin esas partidas, las universidades podrían sostener sus operaciones solamente hasta mayo del año próximo.

La advertencia tiene una consecuencia inmediata para la negociación: si el texto presupuestario no contempla los fondos reclamados, el conflicto no terminará con el último paro previsto. “Sin duda, el plan de lucha se va a profundizar”, anticipó Durán, quien señaló que se evalúan modalidades de protesta más contundentes.

Unidad universitaria frente al ajuste

El representante sindical cuestionó la orientación del Gobierno nacional y rechazó que el recorte pueda entenderse únicamente como una política de austeridad. A su juicio, las restricciones comprometen la continuidad del sistema universitario público, junto con las capacidades nacionales de investigación científica y desarrollo tecnológico.

Frente a ese panorama, destacó la cohesión entre las organizaciones sindicales, docentes y estudiantiles. La adhesión sanjuanina a la quinta marcha federal universitaria del 15 de octubre, señaló, expresó la convergencia de esos espacios en defensa del financiamiento y de las condiciones de trabajo.

Durán vinculó el reclamo con la tradición de la universidad pública argentina, cuya transformación institucional quedó marcada por la Reforma Universitaria de 1918. Sostuvo que el sistema permitió a generaciones de estudiantes acceder a una profesión y mejorar sus condiciones de vida, una función que, enfatizó, no debería quedar subordinada a las restricciones presupuestarias.

La confrontación se aproxima a un punto de inflexión: ante la inminencia de nuevas medidas de fuerza sindicales, el Poder Legislativo tendrá la responsabilidad de determinar si la ley de Presupuesto asigna las partidas reclamadas por las instituciones educativas. De dicha resolución dependen directamente tanto la sustentabilidad de las prestaciones fundamentales de la comunidad académica sanjuanina, como la estructura salarial y presupuestaria del período venidero.

Los docentes y nodocentes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) Adhirieron este miércoles 28 de octubre al paro nacional universitario, en una disputa que combina reclamos salariales, financiamiento institucional y cuestionamientos por la continuidad de las clases.

Adicus y APUNSJ confirmaron su participación en la jornada, mientras que el primero también se sumará a la huelga semanal convocada por CONADU Histórica, prevista hasta el 3 de noviembre.

La protesta exige que el Gobierno nacional cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y revise la política salarial aplicada a docentes y trabajadores de las casas de altos estudios. El desacuerdo se profundizó luego de que la administración de Javier Milei ofreciera un aumento del 3% en la última instancia paritaria, propuesta que recibió objeciones de las organizaciones gremiales.

El reclamo tuvo una expresión masiva en la Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre y continuará ahora con nuevas medidas de fuerza. Los sindicatos sostienen que la pérdida del poder adquisitivo y las restricciones presupuestarias comprometen tanto las condiciones laborales como el funcionamiento de las instituciones públicas.

La continuidad de las clases, bajo discusión judicial

La falta de clases en los colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan trasladó el conflicto a la Justicia Federal tras un reclamo de padres

Ante esa presentación, la universidad llevó a la Justicia Federal un plan de adecuación de contenidos. La medida busca atender las consecuencias académicas derivadas de las interrupciones, mientras las huelgas continúan sujetas a la adhesión de los trabajadores.

El episodio expone una dificultad adicional para las autoridades universitarias: compatibilizar el derecho a la protesta sindical con la continuidad de las trayectorias educativas. Por el momento, la convocatoria gremial para este miércoles se mantiene.

Una negociación salarial sin acuerdo

La oferta oficial de una suba del 3% se convirtió en uno de los principales puntos de desacuerdo entre el Gobierno y las organizaciones docentes. Los gremios consideran insuficiente la propuesta frente al deterioro acumulado de los ingresos y reclaman, además, la aplicación efectiva de la ley que regula el financiamiento universitario.

Con el conflicto todavía abierto, la discusión ya no se limita a la actualización de los salarios: también compromete la previsibilidad presupuestaria de la UNSJ y la organización del calendario académico. La evolución de la negociación nacional y las decisiones judiciales serán determinantes para establecer cuánto más se prolongará la interrupción de las clases.

El consumo de los hogares argentinos continúa sin recuperar fuerza. En septiembre, el Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) registró una caída interanual del 0,8% y no mostró variaciones respecto de agosto. La medición confirma las dificultades para consolidar una recuperación: el índice permanece 2% por debajo del máximo alcanzado a comienzos de 2025.

La evolución del gasto refleja una economía familiar que todavía encuentra límites para ampliar sus compras. Aunque la desaceleración inflacionaria puede contribuir a recomponer los ingresos reales, los precios volvieron a acelerarse hasta el 1,9% mensual, según los datos consignados en el informe. La persistencia de aumentos cercanos al 2% mensual mantiene la presión sobre los presupuestos domésticos.

Los bienes de consumo masivo tampoco exhibieron señales de recuperación. En septiembre retrocedieron 1,2% interanual y 1% frente al mes anterior, una trayectoria que evidencia dificultades para sostener las compras habituales.

Transporte y recreación, entre los rubros más afectados

El comportamiento por categorías fue dispar, aunque predominaron las bajas. Transporte y vehículos registró una contracción interanual del 5,5% y fue el principal aporte negativo al índice general, con 0,8 puntos porcentuales. La caída en los patentamientos de automóviles no logró ser compensada por el avance de las motocicletas.

Recreación y cultura retrocedió 3,4%, mientras que indumentaria y calzado cayó 1,5%. El conjunto de los demás rubros presentó una disminución del 1,1%.

En contraste, vivienda, alquileres y servicios públicos avanzó 5,2% interanual y aportó 0,9 puntos porcentuales al indicador. La mayor demanda de electricidad explicó buena parte de ese resultado, aunque el aumento del rubro no necesariamente implica una expansión equivalente del consumo discrecional de las familias.

El crédito pierde fuerza y condiciona las compras

La evolución del financiamiento constituye otra señal relevante. Después de un avance pronunciado durante 2024 y 2025, las tarjetas de crédito y los préstamos personales y prendarios comenzaron a retroceder en términos reales durante 2026, tras el estancamiento registrado hacia fines del año pasado. El crédito hipotecario conserva una tendencia ascendente, aunque con menor intensidad.

Dicho enfriamiento está estrechamente vinculado al menor dinamismo de los bienes durables. Prueba de ello es que la matriculación de vehículos y la venta de electrodomésticos registran retrocesos en lo que va del año; por su parte, el mercado inmobiliario ha estancado su crecimiento, si bien las escrituras sostienen niveles altos respecto a ejercicios previos.

La débil recuperación de los ingresos y un crédito más restrictivo frenan el crecimiento a largo plazo. Actualmente, el consumo básico sigue paralizado y los bienes de alto valor se desaceleran, lo que siembra dudas sobre la solidez de la reactivación económica.