El titular de ADICUS, Jaime Barcelona, confirmó un esquema escalonado de medidas de fuerza en San Juan en rechazo a la reforma laboral y a la propuesta del Gobierno sobre financiamiento universitario. Denuncian una pérdida salarial superior al 100% frente a la inflación y califican la oferta oficial como “insuficiente y regresiva”.

En una fuerte escalada de conflicto el Gobierno nacional y los gremios del sector educativo, la docencia universitaria volvió a declararse en estado de alerta. Desde el sindicato que nuclea a docentes universitarios, Barcelona— detalló el alcance de la medida de lucha que combinará paros, movilizaciones y asambleas para definir la continuidad de la problemática.

La primera medida será este viernes 27 de febrero, con un paro en rechazo a la reforma laboral y una concentración en la Plaza 25 de Mayo en el microcentro sanjuanino junto a otras organizaciones sindicales. El cronograma continuará el 2 y 3 de marzo con un paro articulado con CTERA y otros gremios de la educación. El 4 se realizará una asamblea para evaluar nuevas acciones, que podrían extenderse durante una semana completa.

El punto de mayor fricción se activará cuando el Congreso trate la modificación de la Ley de Financiamiento Universitario: en ese momento, anticipó el dirigente, se convocará a un paro de 48 horas.

Una brecha salarial que no cierra

El eje del reclamo es estrictamente económico, aunque sus implicancias exceden el bolsillo. Según ADICUS, desde la asunción del actual gobierno la evolución de los salarios quedó más de 100 puntos porcentuales por debajo de la inflación acumulada. La ley de financiamiento aprobada el año pasado por el Congreso —vetada luego por el Ejecutivo y posteriormente restituida por el Parlamento— contemplaba la recomposición de esa deuda y una actualización conforme a los acuerdos paritarios.

Sin embargo, la propuesta oficial, señaló Barcelona, consiste en un incremento del 12,3% a pagar en tramos durante marzo, julio y septiembre. “Es una cifra que no compensa la pérdida y que, de imponerse, consolidaría un deterioro superior al 50% del poder adquisitivo”, advirtió.

El dirigente fue más allá y calificó la coyuntura como la más crítica de la historia reciente del sector. “Nunca estuvimos tan mal los docentes y no docentes universitarios. Ni siquiera en períodos de hiperinflación o en intentos previos de recorte presupuestario se registró un retroceso de esta magnitud”, sostuvo, en referencia implícita a las crisis atravesadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín y al ajuste impulsado por Ricardo López Murphy.

Más que un conflicto salarial

La discusión no se limita a porcentajes. En el trasfondo, los gremios cuestionan lo que interpretan como un intento de modificar por vía legislativa y administrativa compromisos ya ratificados por el Congreso y respaldados por fallos judiciales. Desde esa perspectiva, la puja remite a la autonomía universitaria y al modelo de financiamiento público del sistema superior.

La movilización prevista en San Juan replicará una dinámica que se observa en distintas provincias: rectores, docentes, no docentes y organizaciones estudiantiles comenzaron a confluir en un frente común ante lo que describen como un escenario de asfixia presupuestaria. La articulación con sindicatos de otros niveles educativos y con centrales obreras amplía el alcance político del reclamo.

En ese marco, la protesta contra la reforma laboral y la defensa del financiamiento universitario convergen en una misma narrativa: la denuncia de una política de ajuste que, según los gremios, impacta de manera directa en la calidad educativa y en las condiciones de trabajo.

Un conflicto abierto

El calendario anunciado anticipa un marzo atravesado por medidas de fuerza y negociaciones tensas. La estrategia sindical combina presión en las calles con la expectativa de incidir en el debate parlamentario. El Gobierno, por su parte, sostiene la necesidad de ordenar las cuentas públicas y reconfigurar el esquema de gasto.

Entre ambas posiciones se dirime no sólo una recomposición salarial, sino la orientación futura del sistema universitario argentino. Con la amenaza de un paro de 48 horas cuando el tema llegue al recinto, el conflicto promete escalar si no hay una señal de acercamiento.

La advertencia de ADICUS resume el clima del sector: para los docentes, aceptar la oferta actual implicaría convalidar una pérdida histórica; para el Ejecutivo, conceder más recursos tensiona un programa económico centrado en el equilibrio fiscal. En esa encrucijada, las universidades vuelven a convertirse en un termómetro sensible del rumbo político y social del país.

La Provincia rescindió el vínculo con la empresa Moovit como proveedora exclusiva de la app oficial de la Red Tulum, liberó la base de datos del sistema de transporte y lanzó un proceso licitatorio para definir una nueva plataforma institucional. El Ejecutivo asegura que la decisión generará un ahorro anual de 300 millones de pesos y ampliará la oferta para los usuarios.

La desvinculación de Moovit como titular de la aplicación oficial de la Red Tulum no se limita a un cambio de proveedor: configura un viraje en la arquitectura digital del sistema y en la lógica de contratación estatal.

El secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, encuadró la decisión en una estrategia de eficiencia presupuestaria y apertura tecnológica. Según precisó, la provincia dejará de erogar alrededor de 300 millones de pesos anuales que se abonaban por el uso de la marca y la prestación exclusiva del servicio. “Ese monto ya no se va a pagar”, subrayó el funcionario, al poner el foco en el impacto fiscal de la medida.

Del modelo cerrado a la apertura de datos

La novedad central es la liberación de la información del sistema: recorridos, paradas y datos en tiempo real quedaron disponibles para desarrolladores interesados en crear planificadores de viaje sin costo para el Estado ni para los usuarios. El Gobierno apuesta a que esta política genere competencia, diversidad de interfaces y mejoras en la experiencia del pasajero.

La transición no implicará —según la cartera de Gobierno— una merma en el acceso a la información. El servicio de datos que brindaba Moovit cesará en marzo, pero San Juan gestionó la incorporación gratuita de los recorridos a Google Maps, además de habilitar otras aplicaciones que ya operan con seguimiento en tiempo real.

En la actualidad, los usuarios pueden optar entre distintas plataformas: Moovit (hasta el vencimiento definitivo), Wara, Google Maps, Trip, Budop, OpenStreetMap y Cuándo Subo.

Todas funcionan en Android y iOS y ofrecen planificación de recorridos con datos actualizados.

“De tener una sola opción pasamos a seis, y estamos trabajando con dos más”, sostuvo Molina, quien remarcó que cualquier desarrollador local podrá acceder a la base de datos para crear nuevas alternativas. La intención oficial es consolidar un ecosistema abierto donde el usuario elija la interfaz que mejor se adapte a sus preferencias.

La licitación y el rol del Estado

Pese a la multiplicidad de aplicaciones gratuitas, el Ejecutivo confirmó que avanzará con una licitación para definir la app institucional. La convocatoria está prevista para el próximo mes de marzo y buscará establecer una plataforma oficial bajo estándares de transparencia y competencia.

“La licitación hay que hacerla para tener la aplicación oficial. Son los procesos normales del Estado”, señaló el funcionario, al defender la necesidad de contar con una herramienta que represente formalmente al sistema de transporte provincial.

Aquí emerge un problema estructural: si el mercado ya ofrece soluciones sin costo directo para la administración, ¿Cuál debe ser el rol del Estado en la provisión de una app propia? La respuesta oficial combina dos argumentos: garantizar continuidad institucional y evitar la dependencia exclusiva de un proveedor, como ocurrió en la etapa anterior.

El cambio, en este sentido, no solo persigue ahorro fiscal, sino también autonomía estratégica. La experiencia con un único operador dejó expuesta la vulnerabilidad del esquema cerrado. La apertura de datos busca reducir ese riesgo y distribuir la prestación del servicio en un entorno más competitivo.

Impacto en usuarios y proyección

Para el pasajero cotidiano, la prioridad es la certeza de que podrá consultar en tiempo real la ubicación del colectivo y planificar su viaje sin sobresaltos. La Provincia insiste en que el servicio no se interrumpirá y que la migración será gradual.

El desafío, no obstante, será sostener la calidad de la información y la integración entre plataformas. La apertura de datos amplía oportunidades, pero también exige una supervisión técnica constante para evitar inconsistencias o fragmentación en la experiencia digital.

En términos políticos, la decisión se inscribe en la gestión del gobernador Marcelo Orrego y proyecta una señal de austeridad en un momento económico restrictivo. El ahorro anunciado —300 millones de pesos anuales— se convierte en un fundamento de peso frente a la opinión pública, aunque su efectividad deberá medirse en la práctica.

La salida de Moovit y la liberación de los datos de la Red Tulum marcan un cambio de paradigma en la gestión del transporte público sanjuanino. El Gobierno apuesta a conjugar eficiencia presupuestaria, competencia tecnológica y mayor libertad de elección para el usuario.

El éxito de la estrategia dependerá de dos variables decisivas: que el ahorro prometido se consolide sin deteriorar la calidad del servicio y que la futura licitación garantice transparencia y estándares técnicos sólidos. En una coyuntura donde la digitalización del transporte es clave para la movilidad urbana, San Juan ensaya un modelo más abierto. La incógnita será si esa apertura logra traducirse en innovación sostenida y en una experiencia superadora para quienes, a diario, dependen del colectivo para organizar su vida.

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó por unanimidad la adenda al convenio con Vialidad Nacional que habilita a la gestión de Marcelo Orrego a ejecutar obras en tramos de las rutas nacionales 20 y 150. El peronismo acompañó la iniciativa, pero cuestionó con dureza al gobierno de Javier Milei por el deterioro vial y la paralización de inversiones.

En una sesión extraordinaria que combinó consenso institucional y fricción política, la Cámara de Diputados dio luz verde a la adenda que permitirá a la Provincia intervenir en corredores viales cuya jurisdicción corresponde a la Nación. La decisión, adoptada sobre tablas y con respaldo de todos los bloques, habilita al Ejecutivo local a avanzar sobre puntos críticos de la Ruta Nacional 20 y la Ruta Nacional 150, ante el deterioro acumulado y la falta de ejecución de obras por parte del Estado nacional.

El acuerdo con Vialidad Nacional constituye, en los hechos, una cesión operativa para que la provinncia asuma tareas de infraestructura en tramos considerados estratégicos para la seguridad y el desarrollo productivo. La intervención más inmediata se concretará en la intersección de la Ruta 20 con calle Gorriti, en el departamento Santa Lucía, un nodo de alto tránsito que concentra circulación urbana e interdepartamental.

En este sentido, la Provincia encarará mejoras en distintos cruces de la Ruta 150, en el departamento Iglesia: calle Santa Lucía, Ruta Provincial 405 (acceso oeste a Rodeo), Ruta Provincial 418 (ingreso a Pismanta) y calle Paoli. Se trata de sectores con relevancia turística y minera, donde la conectividad y la seguridad vial resultan determinantes para la actividad económica.

Acompañamiento con críticas

El respaldo legislativo no estuvo exento de cuestionamientos. Desde el bloque peronista se acompañó la herramienta legal, aunque con fuertes objeciones hacia la administración libertaria. El diputado Mario Herrero, del espacio San Juan Vuelve, planteó que las rutas nacionales evidencian un marcado deterioro y denunció una “ausencia total” del Estado nacional en materia de mantenimiento.

El señalamiento apunta a un debate más amplio: la recaudación de fondos específicos para infraestructura vial frente a la falta de ejecución de obras. En ese marco, legisladores del arco opositor subrayaron que la Provincia se ve obligada a intervenir para garantizar condiciones mínimas de transitabilidad en corredores clave para la producción, el turismo y la integración regional.

La discusión trasciende la coyuntura provincial. La decisión de asumir competencias sobre rutas federales refleja el reordenamiento de responsabilidades que atraviesan las provincias en un contexto de ajuste del gasto nacional. Mientras la Casa Rosada sostiene la necesidad de equilibrar las cuentas públicas, los gobiernos provinciales enfrentan la presión de sostener servicios e infraestructura esenciales.

Federalismo en tensión

La adenda aprobada expone, además, una presión estructural en el esquema federal: la administración nacional conserva la titularidad de las rutas, pero la ejecución material queda en manos de la Provincia. Este mecanismo, que requiere coordinación técnica y financiera, evidencia la complejidad de sostener infraestructura estratégica en tiempos de restricciones presupuestarias.

En términos políticos, el gobernador Orrego logró un respaldo transversal que le permite avanzar con obras largamente demandadas. El consenso alcanzado en el recinto —más allá de las diferencias expresadas— revela una prioridad compartida: evitar que la discusión partidaria paralice soluciones concretas.

La aprobación unánime de la adenda vial sintetiza una doble dinámica. Por un lado, la necesidad pragmática de garantizar seguridad y conectividad en rutas neurálgicas para San Juan. Por otro, la creciente tirantez entre la Nación y las provincias respecto del financiamiento y la ejecución de infraestructura.

El desafío inmediato será traducir el aval legislativo en obras efectivas. En un escenario de restricciones fiscales y debates sobre el rol del Estado, la decisión de la Legislatura marca una definición política clara: cuando la infraestructura crítica se deteriora, la responsabilidad pública no admite dilaciones, aun cuando ello implique asumir competencias que formalmente pertenecen a otro nivel de gobierno.