Mientras el Gobierno acelera el tratamiento de la reforma laboral, en el oficialismo aseguran contar con los votos necesarios para su aprobación. El empresariado mantiene un llamativo silencio y el sindicalismo apuesta a modificar los puntos más conflictivos en el Congreso, en un escenario de negociaciones cruzadas y márgenes cada vez más estrechos.

El Ejecutivo nacional avanza en el tratamiento parlamentario del proyecto de reforma laboral con un mensaje claro hacia adentro y hacia afuera del Congreso: los votos estarían. En despachos alineados con la administración libertaria aseguran que el poroteo resulta favorable tanto en Diputados como en el Senado, gracias al respaldo de aliados clave y a acuerdos que, aunque no siempre explícitos, comienzan a reflejarse en el clima legislativo.

Mientras se afina la ingeniería parlamentaria, el contraste entre actores sociales es marcado. Las cámaras empresariales optan por el silencio, sin comunicados conjuntos ni gestos de presión institucional, lo que en la práctica es leído como una señal de aval implícito al proyecto. En este aspecto, el movimiento sindical —que hasta ahora no convocó a un paro general— parece concentrar su estrategia en intentar bloquear o modificar los puntos más polémicos de la iniciativa durante el debate en comisiones y el recinto.

En la Casa Rosada, el presidente Javier Milei y la hoy senadora Patricia Bullrich siguen de cerca las negociaciones y empujan un objetivo político concreto: llegar al 1 de marzo, fecha de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, con la reforma laboral ya sancionada. Ese cronograma imprime urgencia a las conversaciones y eleva la presión sobre aliados y opositores dialoguistas.

En ese esquema, el rol de los gobernadores aparece como una pieza central. Aunque varios mandatarios provinciales evitan definiciones públicas o ensayan gestos de distancia del oficialismo, en el Congreso crece la percepción de que muchos de ellos ya habrían cerrado acuerdos con el Gobierno nacional. Ese silencio calculado, interpretan incluso en sectores de la oposición, podría traducirse en votos decisivos a favor del proyecto, aun cuando se expresen críticas parciales o disidencias discursivas.

El empresariado, por su parte, despliega un doble discurso. En público, algunos referentes advierten sobre incertidumbre jurídica o señalan que la reforma no los satisface plenamente. Sin embargo, en los hechos no se registran acciones concretas para frenar la iniciativa: no hay posicionamientos colectivos, ni advertencias de peso, ni señales de conflicto abierto con el Ejecutivo. En el mundo sindical, esta pasividad es interpretada como un indicio de que los principales grupos empresarios ya estarían negociando beneficios sectoriales y reacomodando intereses dentro del nuevo marco laboral.

Desde las centrales sindicales, en cambio, el diagnóstico es más prudente. Dirigentes gremiales sostienen que el proyecto difícilmente se apruebe antes de marzo y que, en su redacción actual, “así no pasa”. La apuesta pasa por introducir cambios durante el debate parlamentario y aprovechar las tensiones internas del oficialismo y sus aliados para reabrir la discusión. No obstante, puertas adentro también reconocen que el margen de maniobra se achica con el correr de los días.

La principal incógnita sigue siendo la capacidad de respuesta del movimiento obrero. Para frenar o modificar de fondo la reforma, advierten distintas fuentes sindicales —incluso dentro de la CGT—, no alcanza con gestiones reservadas ni comunicados. Haría falta una gran movilización nacional, acompañada por paros sectoriales y acciones concretas en los lugares de trabajo, incluso con sindicatos que decidan avanzar por cuenta propia si no hay una convocatoria unificada.

Con el reloj político corriendo y los acuerdos avanzando en silencio, la reforma laboral se encamina a una definición clave. El desenlace dependerá no sólo del número de votos, sino también de cuánto estén dispuestos los distintos actores a salir de la especulación y asumir costos políticos reales.

Casi sin debate ni discusión mediática, el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno introduce una reducción en los aportes patronales destinados a las obras sociales. Especialistas y gremios advierten que la medida provocará un fuerte desfinanciamiento del sistema y trasladará costos directamente a los trabajadores.

Mientras el foco del debate público se concentra en los cambios sobre indemnizaciones, convenios colectivos y condiciones de contratación, el proyecto de reforma laboral incorpora un impacto profundo y estructural sobre el sistema nacional del seguro de salud, uno de los pilares del modelo solidario argentino. La iniciativa prevé una reducción de un punto porcentual en la contribución patronal destinada a las obras sociales sindicales, una modificación de gran deterioro que avanza, hasta ahora, con escasa discusión pública.

En términos concretos, la reforma reduce el aporte empresario del 6% al 5%, lo que implica que el financiamiento total del sistema de salud pase del 9% al 8%. Según advierten especialistas y dirigentes gremiales, esta decisión supone un traslado directo de costos desde los empleadores hacia los trabajadores y afiliados, que deberán afrontar mayores gastos para acceder a estudios, tratamientos y prestaciones médicas.

De acuerdo con estudios de impacto elaborados por el sector, la baja de aportes patronales significaría una pérdida estimada de 994 mil millones de pesos anuales para el sistema de obras sociales. El recorte se produce, además, en un contexto ya crítico: salarios deteriorados por la inflación, caída del poder adquisitivo y un proceso de “descreme” generado por la libre derivación de aportes, que debilitó el rol histórico de las obras sociales sindicales como intermediarias obligatorias.

Desde el sector advierten que el efecto será desigual pero profundo. Las obras sociales más pequeñas —con menor cantidad de afiliados y altos costos fijos— se encuentran entre las más vulnerables y podrían enfrentar una crisis terminal, con serias dificultades para sostener la prestación de servicios básicos. En muchos casos, la viabilidad misma del sistema quedaría comprometida.

Las proyecciones coinciden en que el ajuste terminará impactando de lleno en el bolsillo de los trabajadores. Entre las alternativas que se analizan para compensar la pérdida de ingresos figuran el deterioro en la calidad de los planes de atención, el aumento de cápitas en esquemas desregulados y la generalización de copagos más altos y extendidos. Para quienes combinan obra social con medicina prepaga, la reducción del aporte patronal se traducirá en un mayor gasto mensual para sostener el mismo nivel de cobertura.

Uno de los puntos más sensibles apunta al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), encargado de financiar los reintegros del Sistema Único de Reintegros (SUR), las prestaciones de alto costo y el Mecanismo de Integración para personas con discapacidad. La reducción de recursos limitará su capacidad para compensar asimetrías entre obras sociales, generará demoras en los reintegros y provocará un desfinanciamiento directo de prestaciones críticas.

El FSR resulta clave para garantizar tratamientos vinculados a discapacidad, medicamentos oncológicos, terapias para personas con HIV y otras prestaciones esenciales. Su debilitamiento compromete el principio de solidaridad que sostiene al sistema y profundiza las desigualdades en el acceso a la salud.

Frente al avance del proyecto —que el oficialismo buscaría aprobar en el Senado en los próximos días— las organizaciones sindicales se mantienen en estado de alerta permanente. Desde la CGT reiteraron su disposición al diálogo, pero advirtieron que no descartan medidas de fuerza, incluido un paro nacional, si se mantiene la redacción actual.

Los gremios sostienen que la reducción de aportes patronales no sólo pone en riesgo la sustentabilidad del sistema solidario de salud, sino que constituye un nuevo retroceso en derechos, con un impacto directo y cotidiano en la vida de trabajadores y jubilados. En silencio y sin debate amplio, la reforma laboral avanza sobre uno de los núcleos más sensibles del entramado social argentino.

La CGT resolvió movilizar masivamente al Congreso el miércoles 11 de febrero, en la antesala del debate de la reforma laboral en el Senado. Sin paro general por ahora, la central sindical profundiza un plan de acción escalonado que combina presión política, protesta callejera y eventuales medidas judiciales.

La Confederación General del Trabajo (CGT) definió dar un nuevo paso en su estrategia de confrontación con el Gobierno nacional al aprobar una masiva movilización al Congreso de la Nación el próximo miércoles 11 de febrero, coincidiendo con el inicio del tratamiento en el recinto del Senado del proyecto de reforma laboral impulsado por la administración de Javier Milei.

La resolución fue adoptada este viernes durante una reunión del Consejo Directivo Nacional de la central sindical, realizada en la sede de Azopardo 802, en la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro estuvo encabezado por los cotitulares de la CGT, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, junto a los principales dirigentes de los gremios confederados.

La movilización marcará la continuidad del plan de lucha que la central obrera viene desplegando desde fines de 2025, cuando el oficialismo dio a conocer el contenido del proyecto. La protesta más contundente hasta el momento fue la multitudinaria marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, que logró frenar el avance legislativo de la iniciativa antes de fin de año.

Estrategia escalonada y sin paro inmediato

En conferencia de prensa, Jorge Sola confirmó que la concentración en la Plaza de los Dos Congresos comenzará a partir de las 15 horas y apuntó a una demostración “contundente y multitudinaria” para condicionar el debate parlamentario. Al mismo tiempo, aclaró que no habrá paro general la próxima semana, aunque la herramienta no fue descartada a futuro.

“La batalla contra la reforma laboral recién empieza en el Congreso”, había anticipado días atrás el dirigente cegetista en declaraciones radiales. En esa línea, remarcó que las medidas de fuerza deben construirse y ser efectivas: “Los paros no suceden fácil; tienen que ser contundentes”, sostuvo.

La lógica definida por la conducción sindical es avanzar con un esquema progresivo de confrontación. En una primera etapa, la prioridad estará puesta en el lobby político con senadores y gobernadores para bloquear el tratamiento o modificar sustancialmente el proyecto. De no prosperar esa vía, la CGT evalúa profundizar el conflicto con nuevas acciones gremiales y eventualmente judiciales, en caso de que la ley sea aprobada.

Federalización del conflicto

Además de la movilización central en la Ciudad de Buenos Aires, la CGT resolvió que sus delegaciones regionales repliquen las protestas en las capitales provinciales y en las principales ciudades del país. El objetivo es federalizar el plan de acción y exhibir un rechazo extendido a la reforma laboral, más allá del epicentro político porteño.

Desde la central obrera consideran que el proyecto impulsado por el Gobierno implica un retroceso en derechos laborales históricos y una alteración profunda del sistema de relaciones del trabajo, en un contexto de caída del empleo, pérdida del poder adquisitivo y creciente conflictividad social.