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El ministerio de Trabajo dispuso la prorroga del mandato hasta el 31 de agosto próximo

El secretariado nacional de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA)- que encabeza Héctor Laplace- informó sobre la disposición del Ministerio de Trabajo de la Nación por el cual se extiende hasta el 31 de agosto próximo los mandatos de las autoridades sindicales. A tal fin, la AOMA difundió los alcances de las disposiciones establecidas por la autoridad competente para disponer la extensión de los mandatos de las actuales autoridades en el marco de la emergencia sanitaria por COVID 19.

En los considerandos de la norma se estableció que en el marco de la ampliación de la declaración de emergencia pública en materia sanitaria, el Ministerio de Trabajo “ha dictado sucesivas normas para resolver la problemática institucional de las organizaciones sindicales reguladas por la Ley Nº 23.551, procurando evitar mayores contagios y que se asuman conductas que podrían poner en peligro la salud de las personas, decisión justificada en el marco de la emergencia sanitaria y el contexto general de incertidumbre que tal situación produce para los órganos de representación sindical y la conformación de la voluntad colectiva”.

En este sentido, agregó que “la vigencia de la emergencia sanitaria y el desconocimiento sobre el momento en que la evolución de la pandemia permita dar por finalizada la emergencia referida, genera situaciones de incertidumbre que resultan contraproducentes a los fines del ejercicio de las representaciones correspondientes al ámbito de las asociaciones sindicales» y que «la referida emergencia sanitaria conlleva la posibilidad de un rebrote del virus COVID-19, como ya acontece en distintas regiones del mundo”.

Cabe resaltar que AOMA con anterioridad a la crisis sanitaria desatada por el coronavirus, había convocada a los congresos Ordinario y Extraordinario para abril de 2020, En el primero se analizaría las cuestiones inherentes a los balances institucionales, en cambio la otra convocatoria todo lo referido a las elecciones que determinarían las autoridades para el período 2020-2024, ambas reuniones no se realizaron y se ajustaron a las normativas emanadas desde el Ministerio de Trabajo que regula a las entidades sindicales.

Ante esta situación, la cartera laboral dispuso recientemente prorrogar el plazo establecido por la Resolución 1199/20 “hasta el 31 de Agosto de 2021″ y también amplió “la prórroga del plazo establecido en el artículo 2° de la Resolución citada por el plazo de 180 días, a partir del 31 de agosto de 2021”.

La norma exceptúa de la prórroga de mandatos a “aquellas asociaciones sindicales, federaciones y confederaciones que hubieran culminado su proceso eleccionario de renovación de autoridades con anterioridad al 16 de marzo de 2020”.

Asimismo, se estableció que “los actos institucionales emanados de los órganos directivos de las asociaciones sindicales, necesarios para el normal cumplimiento de la vida sindical, podrán materializarse de manera virtual, por cualquiera de las plataformas utilizables a tal efecto, debiendo los intervinientes suscribir los registros correspondientes una vez finalizada la situación de emergencia”.

Por último, AOMA, difundió que la misma Resolución instruye a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales a “analizar y autorizar a petición de las entidades sindicales, la realización de las asambleas, congresos o actos que fueren factibles llevar a cabo, y a coordinar las acciones necesarias a fin de determinar los requisitos y cronogramas que reúnan las mejores condiciones sanitarias y de seguridad, en el marco de la pandemia de COVID-19 prestando especial atención a las razones de salud pública que motivan la presente, la situación de cada jurisdicción y el mantenimiento de la regularidad institucional, administrativa y contable de las entidades” termina señalando la decisión del gobierno.

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Gremios universitarios anuncian tres días de paro

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) llevó a cabo el pasado martes una reunión del Consejo Directivo y del Plenario de Secretarios Generales, donde resolvió que ante la “agudización” de la grave situación salarial» se llevará a cabo un paro nacional de 72 horas cuya fecha quedará definida en el marco del Frente Sindical de Universidades Nacionales.

El Plenario facultó a la Mesa Ejecutiva del gremio para resolver la continuidad del plan de lucha de los no docentes de las universidades nacionales, quedando resueltas las acciones a llevar adelante en las próximas semanas.

A través de una resolución, el gremio que conduce Walter Merkis, definió 5 líneas de acción, dentro de las cuales se encuentra ratificar la decisión del Congreso Nacional ordinario para facultar a la Mesa Ejecutiva para convocar al paro nacional por 72 horas.

Por otra parte, se estableció que la medida de fuerza, así como los próximos pasos del Plan de Acción, sean definidas “en unidad con el Frente de Sindicatos de las Universidades Nacionales».

A su vez, FATUN desarrollará “medidas de visibilización” de las demandas del sector en unidad “con la comunidad universitaria que confirmen el compromiso de todos los sectores”, subraya la resolución.

La entidad gremial que nuclea a los no docentes también exigirá que los Consejos Superiores de las Universidades se expidan sobre la situación salarial de los trabajadores del sector y la continuidad de las becas para los estudiantes.

Finalmente, FATUN rechazó la “política represiva” del gobierno nacional, así como la criminalización de la protesta y remarcó “el pedido de liberación y reparación de las víctimas” detenidas durante la represión del miércoles pasado en el marco de la marcha contra la aprobación de la Ley de Bases.

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Estatales realizarán una jornada de lucha el último día hábil de junio

La semana próxima, estatales llevarán un plan de protesta el último día hábil de junio, que puede ser el inicio de una nueva ola de despidos masivos en varios organismos y oficinas de la administración pública nacional. Hay gran preocupación entre los delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) sobre los trabajadores de organismos descentralizados como el INTI, ya que los sindicalistas alertaron que de cumplirse con las amenazas “sería el cierre total del Estado”.

Por este motivo, el sindicato de trabajadores públicos llevará a cabo un paro y movilización el próximo 26 de junio, el último día hábil antes de la caída de dichos contratos. Al cerrar el acto del Latam Economic Forum a principios de mes, el presidente Javier Milei ratificó que avanzaría con el «plan motosierra» y que el Gobierno va a despedir próximamente a otros 50 mil empleados públicos. En este sentido, el 30 de junio es una fecha clave para los trabajadores que se encuentran en situación transitoria ya que se vencen la gran mayoría de los contratos.

«Todos los contratos de artículo 9 y 048 se vencen el 30 de junio. Son estos 50 mil que están planteando. El riesgo no se trata solamente de la pérdida de laburo, sino de la función que queda sin alguien que la cumpla», expresó el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, en declaraciones radiales. Según datos del Directorio del Estado, el mayor número de personal contratado se encuentran los ministerios que componen el Estado nacional y los organismos que dependen de ellos directamente.

Contratados

En este sentido, el secretario gremial de ATE y trabajador del Ministerio de Salud, Pedro Lyn, advirtió que, si bien había casi 77 mil contratados al inicio de la gestión, es muy posible que entre los 14 mil despidos, las renuncias y los retiros voluntarios queden alrededor de 50 mil.

«Cuando ves el total del Estado, el 70 por ciento es planta permanente y el 30 por ciento es contratado. Pero cuando vez el personal que trabaja en los ministerios es al revés, el 70 por ciento es contratado y el 30% planta permanente», explicó Lyn en declaraciones periodísticas, quien lleva en situación de contrato desde el año 2003.

En este sentido, los principales organismos que peligrarían en el cumplimiento de sus funciones de ser desvinculada gran parte de su plantilla serían los que responden a la administración central. «Los trabajadores del ex ministerio de Mujeres y Géneros están en riesgo porque los apuntaron para desguazarlos«, indicó el sindicalista.

Datos

Aún así, según los datos en la base de empleo del Estado, los ministerios más complicados serían Capital Humano (80,01 por ciento); Economía (76,2 por ciento); Salud (44,2 por ciento) y los organismos que de estos dependen como Biblioteca Nacional (97,5 por ciento), Fabricaciones Militares (96 por ciento) ENACOM (81,4 por ciento), Vialidad (78,8 por ciento), SENASA (67,9 por ciento), RENAPER (65,8 por ciento) y Migraciones (55,3 por ciento) si se confirma la amenaza del gobierno de profundizar la poda de contratos de estatales.

Los organismos que más alejados están del Estado central, menos proporción de contratados tienen. En organismos públicos como ANSES, Correo Argentino, etc., tienen otros convenios colectivos específicos que permiten mejores sueldos y autonomía para definir sus propios concursos.

Asimismo, los trabajadores estatales también se encuentran preocupados por la posibilidad de que se apruebe la Ley Bases y la reforma del empleo público que esta conllevaría. En lo que refiere al empleo estatal, se trata de reformas que van de la mano con el plan de achicamiento del Estado y la fusión o cierre de organismos, tal como viene sucediendo desde diciembre pasado. Uno de los puntos donde se da marcha atrás con el proyecto de Diputados es en la posibilidad de pasar a disponibilidad a aquellas personas que se encuentren de licencia por enfermedad o accidente, por embarazo y por matrimonio. Específicamente aclara que «hasta vencido el período de su licencia no podrán ser puestos en situación de disponibilidad» en el artículo 53.

Fuente: Data Gremial

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La CGT alertó por la represión del Gobierno y exigió la liberación de los detenidos

La central obrera CGT repudió las detenciones realizadas al voleo en la manifestación que tuvo lugar frente al Congreso de la Nación el pasado 12 de junio con motivo del tratamiento de la Ley llamada ¨Bases¨. En un comunicado firmado por el Consejo Directivo, expresaron su repudio por las detenciones y reivindicaron el derecho a la protesta que se encuentra reconocido y protegido por nuestra Constitución Nacional (derecho a la libertad de expresión y a peticionar ante las autoridades, art 14bis) y Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Resaltamos la esencialidad de este derecho para el funcionamiento de la democracia, por ser la madre de todos los derechos humanos conseguidos y promovemos su ejercicio de forma pacífica y ordenada, señalaron.

El miércoles pasado distintas organizaciones sindicales, de Derechos Humanos, estudiantiles, sociales marcharon a la Plaza de los Dos Congresos para expresar su rechazo a la Ley ómnibus llamada Bases y el paquete fiscal que incluye el regreso del impuesto a las Ganancias a los salarios. Por la tarde, muchos manifestantes autoconvocados recibieron la represión de distintas fuerzas de seguridad y la jornada terminó con 33 detenidos acusados de delitos gravísimos como sedición, traición a la patria, entre otros. A los dos días excarcelaron a 17 de ellos entre los que había estudiantes, vendedores de empanadas, vendedores de choripanes y simples peatones. El fiscal Stornelli pidió que los vuelvan a encerrar.

Desde la CGT agregaron: Repudiamos el intento de criminalización de la protesta y la pretensión de equiparar el ejercicio de este derecho a un Golpe de Estado. Esta falacia pretende ocultar justamente un ejercicio autoritario del poder público al utilizarlo para reprimir y criminalizar a legítimos manifestantes que ven afectados sus derechos, ante una Ley que se trata en el Congreso teñida de denuncias de manipulaciones, que atropellan el procedimiento que establece la Constitución Nacional para la correcta y transparente formación de las leyes.

Y reclamaron la libertad de todos los encarcelados, además de la debida investigación por los incendios de autos y bicicletas realizados por «personal profesional infiltrado: En función de ello solicitamos la inmediata liberación de los detenidos. Confiamos en que la Justicia no se dejará manipular y requerimos a la misma que investigue los hechos de violencia que fueron armados por personal profesional infiltrado, incluso con material bélico, que solo disponen el Ministerio de Seguridad y el de Defensa.

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