Docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires anunciaron un cronograma de 23 jornadas de cese de actividades entre el 21 de septiembre y el 22 de octubre. La Quinta Marcha Federal Universitaria será el 15 de octubre frente al Palacio de Tribunales, tras una nueva reunión paritaria sin acuerdo.

La negociación salarial de las universidades nacionales volvió a terminar sin acuerdo y abrió una nueva etapa de medidas de fuerza. ADUBA y APUBA anunciaron 23 jornadas de paro escalonado en la Universidad de Buenos Aires y convocaron para el 15 de octubre a la Quinta Marcha Federal Universitaria, que esta vez tendrá como destino el Palacio de Tribunales.

La medida comenzará el lunes 21 de septiembre y se extenderá hasta el jueves 22 de octubre. No se tratará de un paro general durante todo ese período: el cese será rotativo y cada jornada alcanzará a una facultad, instituto, colegio o dependencia diferente, acompañado por acciones de visibilización.

La decisión fue adoptada después de la reunión paritaria realizada este jueves en el Palacio Pizzurno. El Gobierno mantuvo la pauta del 6% para el bimestre, distribuida en un 3% para septiembre y otro 3% para octubre, propuesta que los gremios rechazaron. Esa oferta había sido presentada originalmente por el Ministerio de Capital Humano a comienzos de septiembre.

La discusión salarial está estrechamente vinculada con el reclamo gremial por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Las organizaciones sostienen que la recomposición prevista por esa normativa debe incorporarse a los salarios y cuestionan que el Poder Ejecutivo mantenga una pauta que consideran insuficiente para recuperar el poder adquisitivo perdido.

El secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, cuestionó la posición oficial y sostuvo que “en democracia la ley se cumple”. Desde la organización también plantearon que el deterioro salarial y presupuestario afecta las condiciones de trabajo de docentes y no docentes y el funcionamiento de las universidades públicas.

El cronograma diseñado por los gremios distribuirá las protestas durante cinco semanas. La primera comenzará en el Rectorado, el 21 de septiembre, y continuará con Medicina, FADU, Farmacia y Bioquímica e Ingeniería. Entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre, las jornadas alcanzarán a Exactas, el Centro Cultural Rojas, Ciencias Económicas, Derecho y Odontología.

Durante la tercera semana, del 5 al 9 de octubre, serán alcanzados el Colegio Nacional de Buenos Aires, DOSUBA, Psicología, Ciencias Sociales y la Escuela Carlos Pellegrini. La cuarta etapa incluirá la Coordinación de Deportes, Filosofía y Letras y Veterinarias.

El 15 de octubre quedará reservado para una de las principales expresiones del reclamo: la Quinta Marcha Federal Universitaria frente al Palacio de Tribunales. El cambio de destino respecto de movilizaciones anteriores coloca en primer plano la disputa vinculada con el cumplimiento de la legislación y las decisiones judiciales relacionadas con el financiamiento universitario.

La última semana del cronograma llegará al CBC, Agronomía, los institutos Lanari-Vaccarezza y Roffo y el Hospital de Clínicas, con la última jornada prevista para el 22 de octubre.

El conflicto se desarrolla mientras continúa la discusión sobre el financiamiento de las universidades nacionales y la política salarial del sistema. El Gobierno sostiene que las actualizaciones ofrecidas forman parte de la pauta que considera compatible con sus previsiones presupuestarias, mientras las organizaciones sindicales reclaman una recomposición mayor y la aplicación integral de la ley.

Los docentes universitarios cumplen este jueves un nuevo paro nacional, en coincidencia con el Día del Profesor, luego de que la audiencia paritaria terminara nuevamente sin acuerdo. En simultaneo, el CIN cuestiona los $7,349 billones previstos por el Gobierno para las universidades y reclama elevarlos a $11 billones.

El conflicto en las universidades públicas volvió a quedar sin una salida inmediata. La nueva audiencia paritaria entre el Gobierno nacional y los gremios docentes terminó este jueves sin acuerdo y sin una propuesta que permitiera acercar posiciones, mientras las casas de altos estudios enfrentan otra disputa de fondo por los recursos previstos para 2027.

La medida de fuerza coincide con el Día del Profesor y se desarrolla mientras las organizaciones sindicales solicitan una recomposición salarial superior a la ofrecida por el Ejecutivo. La última propuesta oficial había contemplado un aumento del 3% para septiembre, una pauta que los gremios rechazaron por considerarla insuficiente frente al deterioro acumulado de los ingresos.

La negociación salarial está vinculada además con el pedido urgente en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya instrumentación constituye uno de los principales puntos de desacuerdo entre las organizaciones docentes y el Gobierno.

A la discusión salarial se suma ahora la definición de los recursos para el próximo ejercicio. El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso contempla $7,349 billones para las universidades nacionales, destinados al funcionamiento, la inversión y programas especiales.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó una estimación sustancialmente superior. El organismo que reúne a los rectores aprobó un proyecto propio por $11 billones, cifra que considera necesaria para sostener el funcionamiento del sistema universitario durante 2027.

La diferencia asciende a aproximadamente $3,65 billones, por lo que la discusión parlamentaria se convirtió en otro de los puntos centrales de la disputa. Durante la presentación del proyecto ante diputados y senadores, el titular del CIN, Franco Bartolacci, advirtió que, si el Congreso no modifica y actualiza la partida, las universidades podrían enfrentar dificultades para iniciar normalmente el próximo ciclo lectivo.

El Gobierno sostiene una interpretación diferente. Según la posición oficial, el proyecto contempla los efectos de la cautelar judicial, una inflación proyectada del 18% y un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento. El Ejecutivo también cuestiona la metodología utilizada por los rectores para calcular los recursos que, según el CIN, exige la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

De este modo, la negociación combina dos discusiones que, aunque tienen ámbitos formales diferentes, repercuten sobre el funcionamiento de las instituciones: los salarios del personal docente y nodocente y los fondos disponibles para sostener las universidades durante el próximo año.

Los sindicatos consideran que la mejora de los sueldos está estrechamente ligada a la devolución de los fondos para las universidades. La ausencia de acuerdos en las negociaciones, junto con la brecha entre las estimaciones del CIN y los recursos previstos por el Gobierno, deja la puerta abierta a nuevas protestas.

El Sindicato Jerárquico Minero ASIJEMIN y el Instituto Jean Piaget firmaron un Convenio Marco de Colaboración Institucional. El encuentro formal contó con la participación de Fabián Gascó, secretario técnico-profesional y de formación de ASIJEMIN, e Irina Korman, representante legal del Instituto Jean Piaget Salta SRL, acompañados de manera destacada por Roberto Velázquez, director de la regional NOA de ASIJEMIN, junto a su equipo de trabajo.

El objetivo principal de este acuerdo es buscar la capacidad técnica y sellar convenios académicos estrechamente vinculados al sector productivo e industrial, apuntando a diseñar, coordinar y ejecutar programas, cursos, talleres, diplomados y actividades de formación vinculadas directa e indirectamente a la actividad minera.

Este acuerdo organizacional sirve para impactar directamente en la investigación, la educación y el desarrollo tecnológico del sector. Con un foco absoluto destinado a los trabajadores mineros nucleados en ASIJEMIN, el convenio busca promover de forma constante la mejora continua, la seguridad laboral y la profesionalización del sector.

Como beneficio directo e inmediato para incentivar el estudio, el instituto otorgará un 20% de descuento en la carrera de Técnico Superior Minero para todos los afiliados y su grupo familiar, aplicable a modalidades presenciales, virtuales o mixtas. Con esta iniciativa, se espera consolidar un estándar de formación de excelencia que potencie el desarrollo sostenible de la región.

Mediante la creación de una Comisión Coordinadora Mixta que funcionará como enlace institucional, ambas entidades trabajarán en el seguimiento de cada programa para asegurar que las nuevas herramientas académicas respondan con precisión a las demandas operativas, productivas y tecnológicas que la minería actual exige en el norte argentino.