El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) advirtió por el incremento de despidos y cierres de talleres mecánicos en distintas regiones del país. La mayor preocupación está puesta en los pequeños establecimientos, que afrontan una caída de las ventas, menores ingresos y crecientes dificultades para sostener los costos laborales.

Eduardo Gómez, secretario gremial de la seccional Bahía Blanca, señaló que durante julio 25 trabajadores despedidos se presentaron ante el sindicato para revisar sus liquidaciones. Cerca del 80% pertenecía a concesionarias de la ciudad. Entre los afectados hay mecánicos, administrativos y empleados de las áreas comerciales.

Para el dirigente, esa cifra podría representar apenas una parte del problema, ya que no todos los trabajadores recurren al gremio después de perder su empleo. A la vez, remarcó que las dificultades alcanzan tanto a grandes concesionarias como a talleres independientes, aunque estos últimos cuentan con menos capacidad financiera para absorber una caída prolongada de los ingresos.

Los establecimientos más pequeños suelen funcionar con uno o dos empleados. Cuando la recaudación diaria deja de alcanzar para cubrir salarios y otros costos, algunos propietarios optan por continuar solos y prescindir del personal. El problema se agrava cuando los trabajadores tienen muchos años de antigüedad, debido al elevado costo de las indemnizaciones, que puede convertirse en un factor determinante para el cierre definitivo del negocio.

Gómez vinculó la caída de la demanda con la pérdida del poder adquisitivo. Según explicó, las familias concentran sus ingresos en alimentos y vivienda y postergan gastos vinculados al mantenimiento o adquisición de vehículos. También señaló que los planes de ahorro, que pueden rondar los $500.000 mensuales más cargos administrativos, quedaron fuera del alcance de numerosos trabajadores.

SMATA sostiene que el deterioro comenzó a hacerse visible durante 2025 y se profundizó en las últimas semanas. El gremio mantiene el seguimiento de los despidos y brinda asistencia a los trabajadores afectados, mientras advierte que la contracción de las ventas compromete la continuidad de numerosos emprendimientos pequeños.

La evolución del rubro dependerá en buena medida de la recuperación del consumo y de la capacidad de concesionarias y talleres para sostener sus estructuras de costos. Por ahora, la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de establecimientos pequeños aparecen como las principales señales de alerta para el gremio.

La Asociación de Docentes e Investigadores de la UNSJ confirmó que adherirá al paro nacional de 24 horas previsto para este miércoles, sin asistencia a los lugares de trabajo. La medida alcanzará a las facultades, la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud y los tres colegios preuniversitarios. El gremio reclama una recomposición salarial y mayor financiamiento para las universidades.

La secretaria gremial de ADICUS, Edith Liquitay, ratificó la adhesión en declaraciones a la prensa y precisó que la huelga alcanzará a todas las unidades académicas de la UNSJ, la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud y los tres colegios preuniversitarios de la provincia.

La protesta se inscribe en un reclamo que reúne a docentes y trabajadores no docentes de las universidades nacionales. El principal planteo sindical es salarial, aunque también incorpora demandas vinculadas con el financiamiento de las casas de altos estudios, las becas estudiantiles y el envío de recursos destinados a los gastos de funcionamiento.

El reclamo salarial

ADICUS sostiene que los docentes acumulan una pérdida significativa del poder adquisitivo. Según explicó Liquitay, aun después del incremento salarial del 21%, la recomposición quedó por debajo de la inflación y la pérdida acumulada ronda el 28%, de acuerdo con las estimaciones del gremio.

La demanda apunta a recuperar esa diferencia y establecer un mecanismo que permita evitar nuevos retrocesos frente a la evolución de los precios.

A la discusión salarial se suman otros reclamos. Los sindicatos exigen la actualización de las becas estudiantiles y cuestionan las dificultades en el envío de fondos destinados al funcionamiento de las universidades. Para las organizaciones gremiales, esas partidas resultan necesarias para garantizar el normal desarrollo de las clases y sostener los servicios que brindan las instituciones educativas.

El conflicto podría extenderse

El paro del miércoles podría no ser la última medida de fuerza. ADICUS advirtió que, si no aparecen respuestas a las demandas planteadas, el conflicto podría profundizarse con medidas de fuerza durante toda la semana comprendida entre el 18 y el 22 de agosto.La posibilidad de ampliar la protesta agrega presión sobre una negociación que permanece abierta y que involucra al conjunto de las universidades nacionales.

En San Juan, el impacto de la medida alcanzará a una parte importante de la comunidad universitaria, dado que la suspensión de tareas comprenderá tanto las unidades académicas como la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud y los tres establecimientos preuniversitarios dependientes de la UNSJ.

La respuesta del Gobierno nacional

El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, ratificó la convocatoria a una mesa paritaria con los gremios docentes y no docentes para el 1 de septiembre.

El Gobierno rechazó los cuestionamientos formulados por las organizaciones sindicales y calificó el paro como una medida de carácter político. Desde la cartera nacional también sostuvieron que la convocatoria paritaria responde al cronograma establecido y negaron incumplimientos de las disposiciones legales y judiciales vinculadas con el financiamiento universitario.

Los gremios, sin embargo, consideran insuficiente esperar hasta septiembre para discutir una recomposición salarial. Por esa razón ratificaron la huelga del 12 de agosto y dejaron abierta la posibilidad de ampliar las medidas durante la semana siguiente.

ADICUS se incorporará este 12 de agosto a la jornada nacional de protesta universitaria con un reclamo centrado en la recuperación salarial y el financiamiento institucional. La convocatoria paritaria prevista para septiembre no logró desactivar la medida y, si no aparecen respuestas antes de esa fecha, el gremio ya anticipó que podría avanzar hacia una huelga de cinco días. El conflicto queda así abierto a una nueva instancia de negociación y escalada gremial durante agosto.

El deterioro del poder adquisitivo desde la asunción de Javier Milei cambió radicalmente los hábitos financieros de las familias trabajadoras, especialmente en empleados públicos. Un reciente relevamiento nacional difundido por ATE le pone números a la tragedia: el 87% de los trabajadores estatales mantiene deudas vigentes para poder pagar alquileres, salud, alimentos y ropa.

La crisis de los salarios reales frente a la inflación y el costo de vida ha dejado a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad extrema. Según los datos obtenidos en una encuesta realizada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el 73% de los endeudados recurre a múltiples entidades financieras para sostener sus gastos mensuales.

El informe técnico derriba el mito de que el endeudamiento responde a decisiones de consumo innecesario. Al contrario, el 40% de los consultados admite utilizar estos préstamos para costear urgencias médicas, gastos en educación o alquileres, mientras que un 37% lo hace directamente para cubrir comida y vestimenta.

“Con techos a las paritarias y negociaciones a la baja, el crédito reemplaza al salario real”, señalan desde el gremio. El análisis destaca que la dinámica actual es perversa: los trabajadores destinan la mayor parte de sus ingresos mensuales a cancelar deudas con bancos y financieras, lo que genera una transferencia masiva de recursos desde el bolsillo del trabajador hacia el sector financiero, frenando a su vez el consumo en otros rubros de la economía real.

La presión financiera ha forzado una reconfiguración del mercado laboral doméstico. El 55,4% de los encuestados afirmó recurrir al pluriempleo —tener más de un trabajo— para complementar sus ingresos, con jornadas que en muchos casos superan las 8 o 12 horas diarias.

Este nivel de agotamiento no solo impacta en la economía, sino en la salud mental y la vida social:

• El 85,4% de los trabajadores reportó un deterioro en su bienestar emocional en el último año.
• El 43% reconoció haber disminuido su participación en actividades sociales o políticas debido al cansancio físico y mental, y a la falta de recursos económicos.
• La ansiedad, el insomnio y la angustia son los cuadros más recurrentes entre los consultados.