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La Secretaría de Comercio Interior, a través de la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, imputó a Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian, por la retención en el volumen de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización.

De acuerdo a la Secretaría de Comercio, las imputaciones se realizaron luego de verificar que las mencionadas empresas habían incumplido la intimación a “incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda”, establecida por la resolución 100/2020 y sus modificatorias, en el marco de la emergencia sanitaria establecida en 20 marzo del año 2020.

La imputación se enmarca en el marco legal para la implementación de los Precios Máximos, creado para proteger a los consumidores de los aumentos de precios y garantizar el normal abastecimiento de productos en supermercados.

En las inspecciones identificaron algunos faltantes en góndolas de productos de consumo masivo. A partir de esta evidencia, se realizaron inspecciones en las oficinas administrativas de diversas empresas proveedoras, lo que derivó en distintos requerimientos de información sobre stocks e inventarios durante los meses de noviembre y diciembre de 2020, y enero de 2021.

Del análisis de la información remitida por las empresas se comprobó una importante caída de la producción o en la distribución de diversas gamas de productos.

Las faltas encontradas en las empresas

En la empresa multinacional Unilever, que elabora alimentos, artículos de limpieza e higiene personal, se detectó una caída de casi el 100% en su inventario de aderezos.

En la multinacional alimenticia Danone, por su parte, se corroboró una disminución relevante en la producción y despacho de quesos cremas y postres durante el trimestre relevado.

En la compañía multinacional Procter & Gamble (P&G), que elabora productos de limpieza y para el cuidado personal, se identificaron una reducción importante en el stock de varias presentaciones de productos de marcas emblemáticas de pañales y detergentes.

La panificadora y elaboradora de pastas Fargo también evidenció una reducción en el stock de diversas presentaciones de ravioles y ñoquis, tapas de empanadas y de pan lactal en todas sus variedades.

En aceites, la empresa local Aceitera General Deheza (AGD) acreditó una baja de inventario en su totalidad de marcas y presentaciones. De igual modo, en la empresa Molinos Río de la Plata se relevó una importante reducción de inventarios de harinas, productos a base de arroz, arroz y aceites.

Fuente: miércoles 17 de febrero de 2021 – por (El Destape)

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La retirada de Argentina de la OMS: un paso hacia la incertidumbre sanitaria

La reciente decisión del gobierno argentino de retirarse de la Organización Mundial de la Salud (OMS) generó una oleada de críticas y preocupaciones en la comunidad sanitaria y la sociedad en general. La medida, que aún debe ser ratificada por el Congreso, fue calificada de «criminal» por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa).

Un retroceso en la cooperación internacional

La OMS es una institución fundamental para la cooperación internacional en materia de salud. La salida de Argentina de esta organización significaría la pérdida de acceso a recursos y tecnologías médicas avanzadas, así como la interrupción de la colaboración con expertos de otros países para abordar problemas de salud globales. Esto podría tener graves consecuencias para la salud pública en el país, especialmente en momentos de emergencias sanitarias.

La destrucción del Estado desde adentro

La decisión del gobierno argentino de retirarse de la OMS se enmarca en un contexto de recortes presupuestarios y despidos en el sector salud. Fesprosa denunció que esta medida es parte de una estrategia más amplia para debilitar el sistema de salud pública en Argentina. La organización exigió al gobierno que revierta esta medida y que priorice la inversión en salud pública.

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El gobierno busca desmantelar entidades públicas con un “mega decreto” 

En un movimiento que busca profundizar el ajuste del Estado, el gobierno nacional prepara un nuevo decreto de necesidad y urgencia que eliminará varias entidades estatales y fusionará otras. La medida, que se enmarca en la estrategia de desregulación y transformación del Estado liderada por el ministro Sturzenegger, busca agilizar el funcionamiento y reducir la burocracia.

La reestructuración administrativa: ¿qué cambia?

El nuevo decreto afectará a la estructura de la presidencia, la Jefatura de Gabinete y la mayoría de los ministerios. Se eliminarán entidades que se consideran innecesarias o que duplican funciones con otros organismos, y se fusionarán otras para reducir la redundancia y mejorar la eficiencia. La medida también incluirá la derogación de diversas normas y procedimientos burocráticos que datan de diferentes períodos.

El impacto en los empleados públicos: ¿qué pasará con ellos?

Aunque el gobierno no ha proporcionado detalles sobre el futuro de los trabajadores de las entidades que se eliminarán o fusionarán, se sabe que hay un programa que busca adaptar a los empleados que se quedan sin lugar de trabajo para que puedan salir al sector privado en un plazo de un año. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro laboral de estos empleados es palpable.

La estrategia del gobierno: ¿qué busca lograr?

El gobierno busca replicar el impacto que tuvo el DNU 70 de diciembre de 2023, que desreguló múltiples áreas de la economía. La medida es una señal clara de que la gestión de Javier Milei continuará avanzando en su plan de ajuste estatal durante 2025. Además, el presidente ha anunciado que buscará eliminar leyes vigentes y derogar distintas resoluciones y circulares, con el objetivo de simplificar el marco normativo y reducir la burocracia.

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Un alivio parcial: Se acordó un aumento salarial para trabajadoras de casas particulares

Finalmente se logró un acuerdo para incrementar los salarios de las empleadas domésticas en un 2,6% en dos tramos, luego de semanas de negociación y cuatro meses sin actualización en los sueldos del sector.»

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares anunció un acuerdo para incrementar los salarios de las empleadas domésticas en un 2,6% en dos tramos. Este aumento se hará efectivo en dos partes: un 1,3% retroactivo a diciembre y un 1,2% en enero. El salario mínimo por hora para las empleadas domésticas ascenderá a $2.849 y el sueldo mínimo por mes llegará a los $349.506.

Este acuerdo llega después de varias semanas de negociación entre las conducciones sindicales, el sector patronal y los representantes del Estado nacional. El último aumento se había aplicado en octubre de 2024, y las autoridades nacionales y gremiales acordaron reunirse el próximo mes para debatir un acuerdo paritario correspondiente a febrero y marzo.

Aunque este aumento es un alivio parcial para las empleadas domésticas, es importante destacar que el sector sigue siendo uno de los más vulnerables en términos de salarios y condiciones laborales. La negociación continua y el diálogo entre las partes son fundamentales para lograr mejoras significativas en el sector.

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