La Mesa Sindical rechazó la cifra oficial de 2,9% de inflación en enero y acusó al Gobierno de sostener un “collage” estadístico que no refleja el impacto real en los bolsillos. Advirtieron que crece la presión por reclamar aumentos salariales acordes a la inflación “verdadera” y denunciaron una pérdida acumulada del poder adquisitivo.

La Mesa Sindical —espacio que reúne a más de 50 organizaciones gremiales— lanzó un comunicado de fuerte contenido político bajo el título “El gobierno nacional le toma el pelo al pueblo argentino e insiste con una inflación trucha”. Allí calificó como “una verdadera burla” la comunicación oficial del 2,9% de inflación correspondiente a enero y sostuvo que el Ejecutivo “insiste con un relato que ya no funciona”.

Según la organización, la utilización de parámetros de 2004 para la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) “hace que todos los argentinos desconfiemos de esta medición que poco tiene que ver con lo que sienten nuestros bolsillos”. En ese marco, consideraron que “no hay manera de sostener esta teatralización de la realidad”.

Críticas al INDEC y al Ministerio de Economía

El documento también hizo referencia a la renuncia del director del INDEC, Marco Lavagna, interpretada por el espacio como “un indicio de la degradación existente”. Además, cuestionaron declaraciones atribuidas al ministro de Economía, Luis Caputo, respecto a la conveniencia política de no modificar ciertos criterios de medición, lo que calificaron como un “signo indudable de autoritarismo estadístico”.

Desde la Mesa Sindical señalaron que el propio informe oficial admite subas significativas en rubros sensibles: alimentos cercanos al 5%, telecomunicaciones en torno al 4%, servicios públicos alrededor del 3% y hoteles y restaurantes por encima del 4%. Sin embargo, acusaron al Gobierno de “dibujar” otros componentes de la canasta —especialmente transporte, con un incremento informado del 1,2%— para amortiguar el impacto general del índice. “Más que un dibujo es un collage para confundir”, sintetizaron.

Reclamo por recomposición y deuda salarial

Más allá de la discusión técnica, el núcleo del planteo sindical apunta a la pérdida de poder adquisitivo. La Mesa sostuvo que el Estado “adeuda a trabajadores, jubilados y pensionados un 23% por medición desactualizada de la inflación durante estos dos años”.

En la misma línea, desde ATE-INDEC afirmaron que los trabajadores que cerraron paritarias atadas al IPC “perdieron aproximadamente un 5% de poder de compra entre 2024 y 2025”, y advirtieron que el Gobierno buscaría evitar una actualización de ponderadores en un contexto de aumentos tarifarios ya vigentes y otros proyectados para los próximos meses.

El malestar comenzó a traducirse en debates internos dentro de distintos gremios, donde —según indicaron fuentes sindicales— se analiza la necesidad de reclamar ajustes salariales vinculados a una medición alternativa o a la inflación percibida en bienes esenciales.

Un frente sindical amplio y en tensión con la reforma laboral

La Mesa Sindical está integrada por organizaciones estatales, docentes, judiciales, profesionales de la salud, sindicatos industriales y de servicios, entre ellos ATE, CTERA, SIPREBA, la Federación Gráfica Bonaerense, AGTSyP, FESPROSA, CICOP, Luz y Fuerza en distintas jurisdicciones y gremios del sector energético, aeronáutico y educativo, entre otros.

En su declaración final, el espacio reiteró su oposición a la reforma laboral en debate y vinculó la discusión inflacionaria con el deterioro general de las condiciones laborales. “Los que vivimos de un salario o de un ingreso diario lo sentimos todos los días”, señalaron, y convocaron a “restituir la verdad sobre los datos de inflación y lograr un aumento urgente de todos los salarios”.

Inflación, credibilidad y conflictividad

La disputa por la cifra oficial del IPC vuelve a instalar un eje histórico en la política argentina: la credibilidad de las estadísticas públicas y su impacto directo en paritarias, jubilaciones y contratos indexados.

En un clima de reforma laboral en trámite y negociaciones salariales abiertas en múltiples sectores, la tirantez entre el Gobierno y el frente sindical podría escalar si la discusión técnica se transforma en un conflicto distributivo más amplio. La inflación no es solo un número. Es el terreno donde se define, mes a mes, la puja por el ingreso. Y en esa arena, el debate recién empieza.

Trabajadores del cine, el teatro, la radio y la televisión expresaron su rechazo total al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. En una conferencia de prensa, advirtieron que los artículos 210 y 211 ponen en riesgo el financiamiento del INCAA y de Radio y Televisión Argentina, con consecuencias económicas, laborales y culturales de largo alcance.

Artistas, periodistas, actores y representantes del sector audiovisual sumaron su voz al creciente rechazo contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, cuyo tratamiento está previsto durante el período de sesiones extraordinarias del Congreso. En una conferencia de prensa realizada este jueves, dirigentes y trabajadores del cine, el teatro, la radio y la televisión objetaron el proyecto “en su totalidad” y advirtieron sobre el impacto estructural que tendría sobre la producción cultural y los medios públicos.

El encuentro fue convocado por la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI), integrante de la Multisectorial Audiovisual, con el objetivo de visibilizar lo que definieron como un “total rechazo” a la iniciativa oficialista. El foco de las críticas estuvo puesto en los artículos 210 y 211 del proyecto, que —según denunciaron— implican “un daño grave e irreversible para el cine nacional y el sistema público de radio y televisión”.

El corazón del conflicto: financiamiento y autonomía

Desde el sector audiovisual explicaron que esos artículos eliminan el esquema de financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y de Radio y Televisión Argentina (RTA), un sistema que no depende del Tesoro nacional ni de aportes directos de la ciudadanía. “Se trata de recursos generados por la propia actividad del sector”, subrayaron.

En el caso del INCAA, detallaron que su financiamiento proviene del 10% del valor de cada entrada de cine y del 25% de la recaudación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). La supresión de estos fondos, advirtieron, provocaría la paralización de la producción cinematográfica, la pérdida de miles de puestos de trabajo, el cierre de salas y festivales, una menor circulación de ficciones nacionales y una mayor concentración del mercado audiovisual en manos de plataformas extranjeras.
“Las consecuencias económicas y culturales serían profundas y difíciles de revertir”, alertaron en un comunicado difundido tras la conferencia.

Impacto federal y rol de los medios públicos

En relación con Radio y Televisión Argentina, los referentes del sector señalaron que su debilitamiento afectaría de manera directa la capacidad del Estado de garantizar contenidos culturales, educativos e informativos con alcance federal. “Especialmente en regiones donde no existen otras alternativas de acceso”, remarcaron, en alusión a la centralidad que cumplen los medios públicos en vastas zonas del país.

Desde la Multisectorial Audiovisual advirtieron que el recorte de estas herramientas no solo tiene un impacto laboral, sino que también erosiona la diversidad cultural, la pluralidad de voces y la soberanía comunicacional.

Apoyo político y ampliación del rechazo

La conferencia contó además con la presencia de dirigentes políticos de bloques opositores, entre ellos Myriam Bregman, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, y los legisladores de Unión por la Patria Lorena Pokoik y Mariano Recalde, quienes expresaron su respaldo a los reclamos del sector y cuestionaron el alcance del proyecto oficial.

La participación de referentes políticos refuerza el carácter transversal del rechazo a la reforma laboral, que ya excede el ámbito sindical y suma a amplios sectores de la cultura, la comunicación y la producción artística.

El secretario general del sindicato de estaciones de servicio de San Juan, Víctor Menéndez, analizó el reciente acuerdo salarial del sector, la persistente pérdida del poder adquisitivo y el debate por la reforma laboral. Alertó sobre el impacto en las provincias, defendió los derechos adquiridos y reclamó una salida basada en producción y empleo.

En un momento económico marcado por la desaceleración del consumo, la pérdida del poder adquisitivo y un clima de creciente tensión laboral, el sector de estaciones de servicio en San Juan logró cerrar un acuerdo salarial que, aunque insuficiente frente a la realidad inflacionaria, busca evitar un mayor deterioro de los ingresos de los trabajadores. Así lo expresó Víctor Menéndez, secretario general del gremio y dirigente de la CGT regional, al analizar el cierre de la paritaria y el contexto que atraviesa el mundo del trabajo.

El acuerdo contempla un bono extraordinario de 80 mil pesos en diciembre, junto con incrementos del 4% en enero y otro 4% en febrero, con carácter remunerativo, lo que permitirá cerrar la paritaria 2025. “Sabemos que no es el salario que realmente debería ganar un trabajador, pero lo importante es no quedar totalmente desfasados”, señaló Menéndez, al tiempo que remarcó que la discusión salarial se reabrirá en abril.

Más allá de los números, el dirigente gremial fue categórico al describir la situación social. “La inflación que informa el Gobierno no se condice con lo que pasa en la calle. Los aumentos se sienten en el supermercado, en la carnicería, en la panadería”, afirmó, y reconoció que las negociaciones paritarias se desarrollan en un marco adverso, donde el objetivo central es no seguir perdiendo frente al costo de vida.

En este contexto, Menéndez advirtió que los salarios vienen quedando por debajo de la inflación desde hace varios meses, una tendencia que erosiona de manera sostenida el poder de compra. “Estamos navegando aguas turbulentas, tratando de cubrir lo esencial, pero siempre con la incertidumbre de no saber hasta cuándo se puede sostener esta situación”, graficó.

El análisis del dirigente se amplió hacia el debate de fondo que atraviesa la agenda nacional: la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Desde su rol en la CGT, Menéndez expresó una postura crítica y trazó una línea clara. “Se puede discutir una reforma que contemple a trabajadores y empresarios, especialmente a las pymes, pero no una que implique una quita masiva de derechos adquiridos”, subrayó.

Según explicó, los cambios propuestos afectan especialmente a quienes tienen antigüedad y estabilidad laboral, y trasladan el costo del ajuste al eslabón más débil. “En este país, el hilo siempre se corta por lo más delgado, y otra vez quieren que sea el trabajador”, advirtió.

Además, puso el foco en el impacto fiscal y político en las provincias, alertando que una reforma laboral como la planteada desde Nación podría significar una fuerte caída en los recursos coparticipables. “Menos impuestos para los grandes grupos económicos es menos dinero para las provincias, menos obra pública y menos capacidad de respuesta del Estado”, sostuvo, y llamó a los gobernadores y legisladores a analizar con responsabilidad cada voto.

Menéndez también se refirió a las tensiones internas dentro del movimiento obrero, donde algunos sectores reclaman medidas más confrontativas frente al Gobierno. Sin desconocer esas posiciones, valoró la instancia de diálogo que impulsa la conducción de la CGT, aunque dejó en claro que el límite es el perjuicio a los trabajadores.

El dirigente fue aún más duro al describir el modelo económico actual, al que responsabilizó por el cierre de empresas, la caída de la producción y el avance de la informalidad laboral. “Hoy la informalidad ya le gana al empleo en blanco. Es un dato alarmante”, señaló, y cuestionó los discursos oficiales que minimizan la pobreza y el deterioro social.

Planes sociales: cifras récord y un mercado laboral en retirada

Uno de los ejes centrales de la advertencia sindical estuvo puesto en la expansión de los planes sociales, un fenómeno que el sindicalista describió como el reflejo más claro del retroceso del empleo genuino. Según datos oficiales y estimaciones coincidentes, más de seis millones de personas reciben actualmente planes sociales o transferencias directas del Estado, una cifra que duplica largamente los niveles registrados hace poco más de una década.

Como referencia histórica, Menéndez recordó que a comienzos de la década de 2010 el número de beneficiarios rondaba los doscientos setenta mil planes, mientras que hoy el universo de asistencia estatal se ubica entre seis y siete millones de personas, según el tipo de programa considerado. “Nos dicen que baja la pobreza, pero cada vez hay más argentinos dependiendo de una ayuda del gobierno. Eso no es inclusión social, es fracaso del sistema productivo”, sostuvo.

Desde la mirada sindical, el diagnóstico es contundente: sin producción no hay empleo, y sin empleo no hay salida social. El gremialista cuestionó un modelo que prioriza el ajuste fiscal y la contención estadística de la pobreza, pero descuida la generación de trabajo registrado.

“Cuando cae la producción, lo primero que se pierde es el empleo. Después aparecen los planes para contener el conflicto social, pero sin resolver el problema de fondo”, señaló. Para el dirigente, el asistencialismo masivo no solo es económicamente inviable a largo plazo, sino que también debilita la cultura del trabajo y la cohesión social.

La advertencia del gremio de estaciones de servicio trasciende la paritaria y expone una crisis estructural del mercado laboral argentino. El acuerdo salarial aparece como un alivio mínimo en un escenario donde los ingresos pierden frente a la inflación, el empleo formal retrocede y más de seis millones de personas dependen de planes sociales para subsistir.

Para Víctor Menéndez, el problema no es la asistencia en sí, sino su transformación en política permanente ante la ausencia de un proyecto productivo. La salida, sostiene, no está en multiplicar subsidios ni en ajustar salarios, sino en reconstruir un modelo basado en producción, empleo registrado y salarios que permitan vivir con dignidad. Sin ese cambio de rumbo, la Argentina corre el riesgo de consolidar un esquema de pobreza administrada, sin trabajo ni futuro.