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El sindicalista de los mecánicos Mario «Paco» Manrique oficializó su renuncia como secretario gremial de la Confederación General del Trabajo (CGT), tras diferencias con la cúpula de conducción de la organización.

Con un escrito dirigido al Consejo Directivo Nacional de la entidad, Manrique puso punto final a su mandato al frente de una de las secretarías más importantes de la central sindical.

«Esta decisión se debe al cúmulo de tareas y responsabilidades que actualmente tengo como Diputado Nacional y como Secretario Adjunto del SMATA, lo cual me hace imposible que continúe en el cargo con la responsabilidad y dedicación que este merece», alegó el dirigente, sin efectuar críticas al interior de la CGT.

La postura de la renuncia oficial dista de las declaraciones mediáticas vertidas días atrás con duras acusaciones a los principales dirigentes de la central sindical, por la postura adoptada frente a las políticas del gobierno de Javier Milei.

Tras oficializarse la decisión, Manrique habló con FutuRock y volvió a dispara contra la conducción de CGT por «perder el rumbo», aunque aseguró que «no me incomoda el diálogo con el Gobierno».

«Lo que me incomoda es no saber qué se está hablando, me incomoda que se vetan leyes que son importantes para la sociedad y la CGT lo único que hace es un comunicado«, se quejó.

El lugar de Manrique será ocupado por la dirigente del SMATA, Laura Lorenzo, quien hasta este momento compartía carácter de co secretaria gremial de la CGT junto al diputado nacional.

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Impuesto a las Ganancias: un ataque frontal al poder adquisitivo de los trabajadores


La recaudación estatal crece, pero a qué costo. Según datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en enero la recaudación estatal creció un 151,5% debido al aumento en la cantidad de trabajadores alcanzados por el impuesto a las Ganancias. Un millón más de trabajadores se sumó a la lista de contribuyentes, lo que se tradujo en un aumento de 2.570.020 millones de pesos en la recaudación.

Pero detrás de esta cifra se esconde una realidad más sombría. La eliminación del mínimo no imponible que regía desde octubre de 2023 fue el golpe de gracia para los trabajadores. Anteriormente, solo pagaban el tributo quienes superaban un salario bruto de $1.980.000. Sin embargo, con la entrada en vigencia de un nuevo esquema en la primera quincena de 2024, el mínimo no imponible se fijó en 15 salarios mínimos vitales y móviles, es decir, $2.340.000.

La política fiscal del gobierno es un ataque frontal al poder adquisitivo de los trabajadores. La suba del impuesto a las Ganancias se combina con un aumento en los aportes y contribuciones, lo que puede afectar aún más la capacidad adquisitiva de los asalariados. Esto es especialmente grave en un contexto donde los salarios aún buscan recuperar el poder de compra tras la inflación del año pasado.

La pregunta es: ¿qué pasará con los trabajadores que ya están al límite? ¿Cómo podrán hacer frente a este aumento en la carga impositiva? La respuesta es simple: no podrán. La política fiscal del gobierno es un golpe mortal al bolsillo de los trabajadores, y es hora de que alguien se haga cargo de esta situación.

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Más Trabajadores tributarán Ganancias en 2025: ¿Qué Implica?

El gobierno nacioanl definió que, a partir de 2025, más trabajadores comenzarán a pagar Ganancias debido al ajuste del 11,78% dispuesto por ARCA. Esto significa que miles de contribuyentes se incorporarán al régimen del impuesto a las Ganancias, lo que elevará la presión fiscal.

¿Por Qué Aumenta el Número de Trabajadores que Tributan Ganancias?

El leve crecimiento de los salarios superó la inflación en los últimos meses, lo que coloca a muchos empleados en un umbral de ingresos más alto, obligándolos a tributar. Como resultado, trabajadores que hasta ahora no tenían que abonar este impuesto podrían comenzar a hacerlo, generando un impacto directo en su poder adquisitivo.

¿Cuáles Son los Nuevos Límites para Tributar Ganancias?

A partir de enero de 2025, el mínimo imponible para comenzar a tributar será de $2.280.700 brutos, equivalente a un salario neto de bolsillo de $1.892.937, sin deducciones por familiares o gastos personales. Para quienes deduzcan cónyuge y dos hijos menores de 18 años, el piso de tributación subirá a $3.024.494 brutos -$2.516.337 neto.

Los trabajadores autónomos también verán ajustes: los ingresos mensuales promedio para tributar oscilarán entre $1.468.658 y $1.631.843, dependiendo de la categoría.

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Comercialización de agroalimentos: un informe que revela la realidad oculta

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) presentó un informe que revela una realidad alarmante en la cadena de comercialización de agroalimentos. Los precios de los productos se multiplican por 3,9 desde el productor hasta el consumidor, afectando directamente a los trabajadores rurales, productores y consumidores.

La brecha de precios entre origen y destino afecta directamente a los trabajadores rurales. Con una participación promedio del 21% en el precio final de los productos, los productores reciben ingresos insuficientes para sostener la rentabilidad de sus actividades. Esto se traduce en recortes de personal o precarización laboral, agravado por la competencia desleal que genera la apertura de importaciones.

El Bolsillo de los Consumidores

Por cada peso que recibe el productor, los consumidores pagan $3,9 en promedio. Esta relación es aún más desfavorable en productos como zanahorias, donde la brecha alcanza 10,2 veces. El aumento de precios afecta principalmente a los sectores de menores recursos y más vulnerables, que dedican una mayor proporción de sus ingresos a la compra de alimentos.

Los productores locales enfrentan un panorama complicado. Mientras que los costos de producción, insumos e impuestos siguen en aumento, los precios que obtienen por sus productos en origen son cada vez más bajos. Esto se evidencia en casos como el tomate redondo, donde el precio se multiplicó 8,8 veces desde el campo hasta la góndola.

El informe de CAME expone una realidad que afecta a todos los eslabones de la cadena. Es necesario tomar medidas para reducir la brecha de precios y garantizar una mayor justicia en la comercialización de agroalimentos. Los trabajadores rurales, productores y consumidores merecen una mejor realidad.

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