El índice de precios registró en marzo un incremento del 3,4%, el mayor en doce meses, y acumuló diez subas consecutivas. El dato presiona las negociaciones salariales y expone las dificultades para contener la escalada de precios.

Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos, la inflación de marzo alcanzó el 3,4%, consolidando una secuencia de diez meses consecutivos de incrementos y marcando el registro más elevado en un año. Con este resultado, el índice acumuló una suba del 9,4% en el primer trimestre y un 32,6% en la comparación interanual.

El comportamiento de los distintos componentes del índice revela una incidencia determinante de los valores regulados, que treparon un 5,1%, impulsados por ajustes en tarifas de servicios públicos, transporte y educación. Por su parte, la inflación núcleo —que excluye factores estacionales y regulados— se ubicó en el 3,2%, evidenciando una inercia persistente en los precios de la economía. En contraste, los rubros estacionales mostraron una variación más moderada del 1%, influida por movimientos vinculados al turismo y a los cambios de temporada.

El desglose por divisiones expone con claridad los motores de la suba. Educación encabezó los incrementos con un 12,1%, en línea con el inicio del ciclo lectivo. Le siguió Transporte, con un alza del 4,1%, traccionada por combustibles, tarifas y pasajes aéreos. Sin embargo, el mayor impacto sobre el índice general provino de Alimentos y bebidas no alcohólicas, un rubro de fuerte peso en el consumo cotidiano. Allí, las carnes y derivados registraron aumentos significativos, con subas cercanas al 6,9% solamente en el Gran Buenos Aires.

Otros sectores mostraron variaciones más contenidas, como Bienes y servicios varios (1,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%), aunque sin capacidad para compensar el impulso de los rubros más activos.

El dato oficial se ubicó en línea con las proyecciones del Banco Central de la República Argentina a través del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que anticipaba una inflación cercana al 3%. No obstante, el resultado introduce un matiz de cautela frente a las previsiones de desaceleración gradual para los próximos meses, que proyectan una convergencia hacia niveles cercanos al 2% a partir del invierno.

Más allá de las proyecciones, el impacto inmediato se siente en el frente salarial. La cifra de marzo supera ampliamente el objetivo del 2% mensual que el Gobierno intenta establecer como referencia en las negociaciones paritarias. Este desfasaje profundiza la pérdida del poder adquisitivo y refuerza los reclamos gremiales por aumentos que acompañen la evolución real de los precios.

El efecto es particularmente visible en bienes esenciales. Productos básicos como la carne, el pan o el aceite registran valores que coaccionan sobre el ingreso disponible, mientras los ajustes en servicios regulados amplifican el impacto en los hogares. A nivel regional, además, se observan diferencias significativas, con zonas del norte del país registrando subas superiores al promedio nacional.

El dato de marzo confirma que la desaceleración inflacionaria enfrenta obstáculos que impiden una trayectoria descendente sostenida. La combinación de ajustes en precios regulados, persistencia en la inflación núcleo y presión sobre alimentos configura un cuadro que condiciona tanto la política económica como las negociaciones salariales. En este escenario, la evolución del índice de precios no sólo define el rumbo de la macroeconomía, sino también el equilibrio social, con el poder adquisitivo en el centro de la discusión.

Organizaciones del sector sanitario advirtieron que el achicamiento del Plan Remediar compromete el acceso a medicamentos esenciales para millones de personas. Denuncian que la medida profundiza la desigualdad y debilita la atención primaria en todo el país.

El sistema de salud pública enfrenta una nueva controversia tras las críticas de organizaciones profesionales y sindicales al recorte del Plan Remediar, una política que durante más de dos décadas garantizó el acceso gratuito a medicamentos esenciales en todo el territorio nacional.

La denuncia fue encabezada por la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud, cuyo secretario general, Pablo Maciel, calificó la medida como “un ajuste brutal e inhumano” y sostuvo que implica un retroceso en materia de derechos sanitarios. Según planteó, el programa —creado en 2002 en plena crisis socioeconómica— nació con el objetivo de asegurar la provisión gratuita de medicamentos a través de la red de atención primaria.

A lo largo de su implementación, el Plan Remediar permitió distribuir botiquines con más de 70 fármacos esenciales en cerca de 8.000 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), alcanzando a más de 15 millones de personas. Además, su esquema de compra centralizada generó ahorros significativos para el Estado, al optimizar costos frente a los precios del mercado farmacéutico.

Desde FESINTRAS advierten que los efectos del desfinanciamiento ya comienzan a evidenciarse. “Miles de pacientes con enfermedades crónicas han dejado de tomar su medicación por no poder costearla”, señaló Maciel, quien alertó sobre un aumento de internaciones por cuadros evitables y una mayor presión sobre hospitales de mayor complejidad. A su entender, la reducción del programa no implica un ahorro, sino un traslado de costos hacia otros niveles del sistema, con consecuencias sanitarias más graves.

El dirigente fue enfático al definir el rol del programa: “No es un gasto, es una inversión en la vida de millones de familias”. En esa línea, convocó a gobernadores, legisladores y organizaciones sociales a impulsar una campaña nacional en defensa del Remediar y a exigir la restitución plena de su presupuesto.

La preocupación también fue expresada por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, que subrayó el papel del programa en la consolidación de la atención primaria y en la reducción de brechas territoriales. Desde la entidad señalaron que su desarticulación deja a provincias y municipios —muchos con limitaciones presupuestarias— sin herramientas para garantizar la provisión de medicamentos básicos.

Según señalan, la interrupción de esta política pública genera un escenario en el que el acceso a tratamientos queda condicionado por la capacidad de pago de cada paciente, lo que profundiza desigualdades y debilita la cobertura sanitaria. “Las consecuencias son previsibles: tratamientos interrumpidos, enfermedades que se agravan y mayor demanda hospitalaria”, indicaron.

En ese sentido, remarcaron que la discontinuidad de programas de esta naturaleza no constituye una decisión meramente administrativa, sino una determinación con impacto directo sobre la salud de la población. Para la entidad, el retiro de estos recursos incrementa la vulnerabilidad social y deteriora la capacidad de respuesta del sistema público.

Un informe legislativo señala que el Estado nacional no habría transferido los fondos del impuesto a los combustibles destinados por ley al mantenimiento de rutas. La acusación reaviva el debate sobre el deterioro vial y el impacto económico en el interior del país.

El deterioro de la red vial nacional volvió a instalarse en el centro del debate público tras una denuncia impulsada por un grupo de legisladores de la oposición, que apunta al manejo de los recursos destinados a infraestructura. Según el informe, el Estado nacional habría retenido más de $1,1 billones provenientes del impuesto a los combustibles que, de acuerdo con la normativa vigente, deben asignarse al mantenimiento y mejora de rutas en todo el país.

El núcleo de la controversia reside en la aplicación de la ley que regula este tributo, la cual establece que el 28,58% de lo recaudado debe ser transferido al Sistema Vial Integrado (Sisvial). Los diputados sostienen que esa obligación no se cumplió, lo que explicaría, al menos en parte, el progresivo deterioro de caminos estratégicos para la producción y la circulación.

El relevamiento legislativo detalla una evolución significativa en la recaudación del impuesto en los últimos años. Entre 2023 y 2024, el incremento habría alcanzado el 378%, generando más de $354.000 millones que debían destinarse a obras viales. En 2025, el crecimiento fue del 92%, con otros $688.000 millones en discusión, mientras que en los primeros meses de 2026 se sumaron más de $122.000 millones bajo el mismo esquema. Para los firmantes del informe, estas cifras reflejan no sólo un incumplimiento legal, sino también una política de asignación de recursos que impacta directamente en la calidad de la infraestructura.

“El problema ya no admite dilaciones”, señalaron desde el ámbito legislativo, al tiempo que cuestionaron la falta de respuestas oficiales a los pedidos de informes cursados al área económica. La ausencia de explicaciones formales alimenta la controversia y profundiza el debate sobre la administración de los fondos públicos.

El impacto se percibe con mayor intensidad en las provincias, donde intendentes y autoridades locales vienen alertando sobre el estado crítico de las rutas nacionales. Banquinas deterioradas, señalización insuficiente y tramos con alto nivel de desgaste configuran un escenario que eleva los riesgos para la circulación y afecta la logística productiva. La situación genera, además, una sobrecarga en los gobiernos municipales, que carecen de competencias y recursos para intervenir en corredores bajo jurisdicción nacional.

El malestar también se extiende a las administraciones provinciales, que analizan estrategias conjuntas frente a la combinación de menores transferencias y la falta de ejecución de partidas específicas. En este aspecto, la infraestructura vial se convierte en un punto de fricción entre distintos niveles del Estado, con derivaciones políticas y económicas de alcance federal.

Otro aspecto que concentra cuestionamientos es el destino de los recursos no transferidos. El informe legislativo sugiere que parte de esos fondos habría sido orientada a instrumentos financieros, en línea con la estrategia oficial de consolidación fiscal. Esta hipótesis alimenta la crítica opositora, que advierte que el superávit se estaría construyendo mediante la postergación de inversiones esenciales.