El Ejecutivo acordó con UPCN incrementos mensuales de entre 1,5% y 1,9% hasta diciembre, además de una suma no remunerativa de $80.000 por única vez. ATE rechazó la propuesta y convocará a un plenario federal para definir nuevas medidas de fuerza.

El Gobierno nacional cerró este martes la paritaria de los trabajadores de la Administración Pública Nacional con una propuesta que contempla aumentos mensuales inferiores al 2% y un bono extraordinario de $80.000. La oferta fue aceptada por UPCN, mientras que ATE la rechazó y anticipó una nueva ofensiva gremial contra la política salarial oficial.

La negociación se desarrolló en la Secretaría de Trabajo, con participación de funcionarios de la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y el Ministerio de Economía. El esquema acordado establece una suba del 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre.

A esos incrementos se suma una suma fija no remunerativa de $80.000 que será abonada por única vez en diciembre, junto con una actualización del premio estímulo a la asistencia. El entendimiento tendrá impacto sobre los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo de la administración pública nacional.

La diferencia entre los principales sindicatos estatales quedó expuesta inmediatamente después de la reunión. Mientras UPCN avaló la propuesta, ATE consideró que los aumentos vuelven a ubicarse por debajo de la inflación y cuestionó especialmente el carácter extraordinario del bono, al entender que no recompone los salarios de manera permanente.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, sostuvo que el acuerdo profundiza el deterioro de los ingresos. “Milei está más cerca de lograr la paritaria cero que la inflación cero”, afirmó el dirigente, quien anticipó que el sindicato convocará la semana próxima a un plenario federal de delegados para definir nuevas medidas de fuerza.

Aguiar también cuestionó que la suma extraordinaria no forme parte del salario y advirtió que, por su monto y carácter excepcional, tendrá un efecto limitado sobre los ingresos de los trabajadores. Desde ATE sostienen que la pérdida acumulada del poder adquisitivo desde diciembre de 2023 supera el 44% para los empleados comprendidos en el convenio 214/06.

El rechazo sindical se apoya además en un relevamiento realizado por ATE entre trabajadores de organismos y ministerios de todo el país. Según la encuesta difundida por la organización, el 87% de los consultados mantiene deudas vigentes y, dentro de ese universo, el 73% registra compromisos con más de una entidad.

El mismo relevamiento muestra que una parte importante del endeudamiento está vinculada con gastos esenciales: el 40% de los trabajadores consultados señaló que utiliza esos recursos para afrontar urgencias médicas, educación, alquileres o expensas, mientras que otro 37% los destina al pago de otras deudas o a la compra de alimentos y ropa.

El deterioro salarial también aparece reflejado en un informe elaborado por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), integrado por ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros, Molineros y organizaciones sociales y sindicales de distintas centrales. Según ese trabajo, basado en datos oficiales del INDEC y en una canasta ajustada a las necesidades de los trabajadores, el Salario Mínimo, Vital y Móvil debería alcanzar los $3.065.161 para superar el umbral de pobreza.

El informe calcula además que, durante la gestión de Javier Milei, un trabajador de la Administración Pública perdió en promedio $14,9 millones de poder adquisitivo. La estimación busca dimensionar el efecto acumulado de los incrementos salariales frente a la evolución de los precios.

Con el aval de UPCN, la administración nacional blindó las cuentas salariales hasta diciembre, marcando una nueva ruptura con ATE. El sindicato ya anticipó que llevará el rechazo a una instancia federal y buscará definir medidas de fuerza, por lo que la discusión salarial estatal continuará más allá de la firma alcanzada en la Secretaría de Trabajo.

Un relevamiento sobre 17 principios activos esenciales determinó que el 90% de los medicamentos analizados cuesta más en Argentina que en otros mercados. La diferencia promedio llega a 3,1 veces y es todavía mayor frente a India y España.

Los medicamentos de uso frecuente son considerablemente más caros en Argentina que en otros mercados internacionales. El informe indica que sobre una canasta de 17 principios activos esenciales el 90% de los productos analizados presenta valores superiores a los registrados en Brasil, Estados Unidos, Francia, España e India, con una diferencia que llega, en promedio, a 3,1 veces.

Para realizar la comparación se utilizó la Dosis Diaria Definida (DDD), una unidad estandarizada por la Organización Mundial de la Salud que permite evitar distorsiones derivadas del tamaño de los envases o de las distintas concentraciones comerciales.

La mayor brecha aparece frente a India: los medicamentos relevados cuestan en Argentina 6,7 veces más. La diferencia alcanza 5,3 veces respecto de España y 3,4 veces frente a Francia. En comparación con Estados Unidos, el valor local resulta 1,8 veces superior, mientras que frente a Brasil la relación llega a 1,6.

Los tratamientos para enfermedades crónicas muestran con claridad la magnitud de las diferencias. La levotiroxina, utilizada para tratar el hipotiroidismo, representa uno de los casos más extremos: el costo mensual en Argentina alcanza los US$19,3, frente a US$3,1 en el conjunto de mercados internacionales considerados.

Medida por dosis diaria, la diferencia se amplía todavía más. En Argentina la levotiroxina cuesta US$0,644, contra una mediana internacional de US$0,103. El valor local es 8,2 veces superior al de España, 4,6 veces al de Estados Unidos y 26,2 veces al de India.

La atorvastatina, indicada para reducir el colesterol, también presenta una brecha significativa. El tratamiento mensual llega a US$43,1 en Argentina, frente a US$8 en el exterior. Por dosis diaria, el costo local alcanza US$1,437, más de cinco veces la mediana internacional, estimada en US$0,267.

En este caso, el precio de referencia es de US$0,37 en Brasil, US$0,29 en Estados Unidos, US$0,12 en España y US$0,10 en India. La diferencia vuelve a mostrar una distancia considerable entre el valor abonado en las farmacias argentinas y el de otros mercados.

La metformina, uno de los medicamentos de mayor utilización para el tratamiento de la diabetes tipo 2, completa el cuadro. Su costo mensual llega a US$26,1 en Argentina, frente a US$5,3 en los mercados comparados. La dosis diaria se ubica en US$0,871, contra una mediana internacional de US$0,175.

Los valores de referencia para la metformina son US$0,55 en Brasil, US$0,28 en Estados Unidos, US$0,08 en España y US$0,07 en India.

Las diferencias de precios adquieren relevancia en un mercado en el que buena parte del gasto en tratamientos recae directamente sobre los pacientes. El costo de medicamentos crónicos, además, tiene un impacto acumulativo para quienes deben sostenerlos durante largos períodos.

El Gobierno busca intervenir sobre esa estructura mediante una reforma orientada a desregular el mercado farmacéutico, facilitar la importación directa por parte de las provincias y profundizar la prescripción por nombre genérico. La iniciativa apunta a ampliar la competencia y reducir el costo de los tratamientos.

Uno de los antecedentes utilizados para respaldar esa orientación es la experiencia de Mendoza, que concretó compras de medicamentos provenientes de India. El país asiático aparece precisamente como el mercado con mayores diferencias de precios respecto de Argentina dentro de la comparación analizada.

El documento vuelve a colocar el costo de los medicamentos en el centro de la discusión sanitaria y económica. Las brechas detectadas no se limitan a productos específicos: alcanzan a una amplia proporción de los principios activos estudiados y plantean el desafío de reducir el precio final sin afectar la disponibilidad y continuidad de los tratamientos.

El Gobierno nacional abrirá este martes la negociación salarial con los trabajadores de la Administración Pública Nacional, en una paritaria que estará marcada por el deterioro de los ingresos y el creciente endeudamiento de los empleados estatales.

La convocatoria reúne a ATE y UPCN a partir de las 14, en la Dirección de Análisis de las Relaciones Laborales del Sector Público, ubicada en 25 de Mayo 633, en la Ciudad de Buenos Aires. Será la primera instancia formal de discusión salarial del año.

ATE llegará a la mesa con un reclamo que incluye una suma fija de $400.000, incrementos porcentuales superiores a la inflación y la ausencia de cualquier límite previo para la negociación. El sindicato también pedirá una cláusula de revisión automática que permita actualizar los haberes ante nuevos aumentos de precios.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, advirtió que el gremio no aceptará una discusión condicionada por topes salariales. Según planteó, para comenzar a recuperar los ingresos perdidos durante la gestión de Javier Milei resulta necesario establecer una secuencia de aumentos que supere la evolución de los precios.

El dirigente estimó que la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos supera el 44% desde el inicio de la actual administración. A su vez, vinculó el deterioro de los ingresos con el crecimiento del endeudamiento de las familias estatales.

Endeudamiento y pérdida de ingresos

Una encuesta realizada por ATE entre trabajadores de distintas provincias arrojó que el 87% de los empleados públicos tiene deudas vigentes. Dentro de ese universo, el 73% mantiene obligaciones con más de una entidad o acreedor.

Para Aguiar, el fenómeno refleja la necesidad de cubrir con crédito una parte de los gastos que antes podían afrontarse con los ingresos laborales. El sindicato sostiene que los préstamos dejaron de ser una herramienta excepcional para convertirse en un mecanismo utilizado por numerosas familias para sostener el consumo cotidiano.

El reclamo salarial se complementará con una extensa agenda laboral. ATE pretende reabrir los convenios colectivos más postergados, avanzar con la incorporación a planta permanente de trabajadores precarizados y frenar despidos en organismos públicos.

La organización también planteará la reincorporación de quienes fueron desvinculados desde el 10 de diciembre de 2023 y cuestionará la aplicación de la Ley 27.802 en la Administración Pública. A esto suma su rechazo a las normas que, según el gremio, reducen capacidades de los organismos estatales.

Un reclamo que excede la discusión salarial

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), integrado por ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu y otras organizaciones, incorporó otro dato a la discusión: según su último relevamiento, un trabajador de la Administración Pública habría resignado en promedio $14,9 millones durante la gestión de Milei como consecuencia del deterioro salarial.

El mismo informe calculó en $3.065.161 el ingreso mensual que debería percibir un trabajador para superar el umbral de pobreza.

La paritaria de este martes tendrá así como principal punto de disputa la magnitud de la recomposición y el margen que el Gobierno esté dispuesto a conceder. Para ATE, la negociación deberá partir de la pérdida acumulada y no limitarse a acompañar parcialmente la inflación corriente.

La primera reunión salarial del año marcará, además, el tono de la relación entre el Ejecutivo y los gremios estatales para los próximos meses. La paritaria no se limitará a discutir porcentajes; también abordará empleo, convenios y reincorporaciones con un fuerte reclamo de fondos.