La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) anunció un paro nacional de 24 horas para el martes 20 de octubre en clínicas y sanatorios privados, tras 45 días de negociaciones paritarias sin acuerdo. La medida busca presionar a las cámaras empresariales para que acepten una recomposición de sueldos, luego del vencimiento de la escala vigente y ante la falta de avances para renovarla.

La organización que conduce Héctor Daer cuestionó la negativa de las representaciones patronales a firmar un entendimiento y advirtió que no aceptará nuevas postergaciones. Según el gremio, mientras aumentan los gastos cotidianos de los trabajadores, los incrementos salariales permanecen pendientes.

“Aumentan los servicios, los transportes y el combustible; sólo se postergan nuestros aumentos”, sostuvo FATSA al fundamentar la convocatoria. La federación también cuestionó el contraste entre la demanda de atención en los establecimientos sanitarios y los ingresos del personal, al afirmar que las clínicas están llenas mientras los bolsillos de sus trabajadores permanecen vacíos.

La protesta no es solo por los haberes. El gremio alertó sobre la falta de personal, las altas exigencias y la fuerte presión sobre los trabajadores de la salud. Sostienen que el empeoramiento de las condiciones de trabajo hace aún más grave la crisis salarial.

FATSA también rechazó que los trabajadores deban absorber las consecuencias de las negociaciones financieras entre los prestadores y los organismos que financian la atención médica. En particular, sostuvo que la administración de los contratos con el PAMI y los acuerdos con empresas de medicina prepaga y obras sociales provinciales corresponden a las partes que los gestionan, no a los empleados.

La huelga trasladará la disputa paritaria a los establecimientos privados de todo el país. Su alcance efectivo dependerá de la adhesión del personal y de las condiciones de atención que se establezcan durante la jornada, especialmente en los servicios que requieren continuidad asistencial.

La protesta frente al Congreso reunirá a organizaciones universitarias, gremios estatales, personas con discapacidad, inquilinos y movimientos sociales. ATE convocó a un paro de 24 horas y la oposición intentará abrir el debate en Diputados para derogar el decreto, ya rechazado por el Senado en 2024.

La derogación del DNU 70/23 volverá este jueves 15 de octubre al centro de la escena política, con una movilización multisectorial frente al Congreso y una sesión especial en la Cámara de Diputados. Universitarios, trabajadores estatales, organizaciones de personas con discapacidad y movimientos de la economía popular confluirán en una jornada que combinará protesta callejera, huelga y presión parlamentaria sobre el Gobierno de Javier Milei.

La convocatoria cuenta con la adhesión de la CGT, las dos CTA y sus gremios, mientras que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) dispuso un paro nacional de 24 horas. El reclamo reúne demandas específicas de cada organización, pero encuentra un punto de coincidencia en el rechazo al decreto de necesidad y urgencia dictado al comienzo de la actual administración.

La agenda comenzará a las 11.00 con la llegada de organizaciones del Foro Permanente de Discapacidad. Desde las 13.30 se sumarán gremios docentes, estudiantes y estatales. A las 14, Diputados tiene previsto debatir la derogación del DNU, aunque el resultado dependerá de que la oposición consiga reunir el quórum de 129 legisladores y luego los votos necesarios para avanzar.

El gobernador Marcelo Orrego viajará a Buenos Aires para gestionar la reactivación del financiamiento de la Ruta Nacional 40 Sur, cuya obra quedó comprometida tras la interrupción de los fondos nacionales. La agenda prevé contactos con el jefe de Gabinete y representantes de Vialidad Nacional, con el objetivo de encontrar una alternativa que permita continuar los trabajos.

Durante una rueda de prensa en el departamento Rawson, el mandatario afirmó que hará “todo lo posible” para cumplir con las obligaciones vinculadas al proyecto y señaló que las reuniones podrían abrir una instancia para avanzar en la liberación de recursos. Por ahora, no hay un acuerdo confirmado ni anuncios concretos sobre nuevos desembolsos.

El principal punto de la negociación es el tramo 2, que había comenzado con fondos nacionales y posteriormente quedó sin ese respaldo. Frente a la interrupción de los aportes, el Gobierno provincial comenzó a explorar otras vías para sostener la obra, entre ellas la posibilidad de obtener crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF), sujeto a condiciones que permitan garantizar su continuidad.

Orrego remarcó que la Ruta 40 Sur resulta fundamental para la conectividad de San Juan y el traslado de la producción hacia otros mercados. La búsqueda de recursos, por lo tanto, no se limita a completar una obra vial: también apunta a preservar un corredor relevante para la logística provincial y la integración regional.

El mandatario sanjuanino mencionó, además, la posibilidad de que el asunto llegue a la Cámara de Diputados la próxima semana, aunque no precisó qué iniciativa se trataría ni bajo qué condiciones.

En la misma rueda de prensa, Orrego se refirió al proyecto para transformar la Ruta Nacional 20, con una traza de cuatro carriles —dos por sentido—. La vía constituye uno de los principales accesos a la provincia y cumple una función importante en el transporte de cargas y pasajeros.

De todos modos, lo más urgente ahora es destrabar el dinero para la Ruta 40 Sur. Lo que ocurra en Buenos Aires decidirá si la Provincia recupera el apoyo económico o si tiene que buscar un «plan B» para no frenar las obras.