La CGT resolvió movilizar masivamente al Congreso el miércoles 11 de febrero, en la antesala del debate de la reforma laboral en el Senado. Sin paro general por ahora, la central sindical profundiza un plan de acción escalonado que combina presión política, protesta callejera y eventuales medidas judiciales.

La Confederación General del Trabajo (CGT) definió dar un nuevo paso en su estrategia de confrontación con el Gobierno nacional al aprobar una masiva movilización al Congreso de la Nación el próximo miércoles 11 de febrero, coincidiendo con el inicio del tratamiento en el recinto del Senado del proyecto de reforma laboral impulsado por la administración de Javier Milei.

La resolución fue adoptada este viernes durante una reunión del Consejo Directivo Nacional de la central sindical, realizada en la sede de Azopardo 802, en la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro estuvo encabezado por los cotitulares de la CGT, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, junto a los principales dirigentes de los gremios confederados.

La movilización marcará la continuidad del plan de lucha que la central obrera viene desplegando desde fines de 2025, cuando el oficialismo dio a conocer el contenido del proyecto. La protesta más contundente hasta el momento fue la multitudinaria marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, que logró frenar el avance legislativo de la iniciativa antes de fin de año.

Estrategia escalonada y sin paro inmediato

En conferencia de prensa, Jorge Sola confirmó que la concentración en la Plaza de los Dos Congresos comenzará a partir de las 15 horas y apuntó a una demostración “contundente y multitudinaria” para condicionar el debate parlamentario. Al mismo tiempo, aclaró que no habrá paro general la próxima semana, aunque la herramienta no fue descartada a futuro.

“La batalla contra la reforma laboral recién empieza en el Congreso”, había anticipado días atrás el dirigente cegetista en declaraciones radiales. En esa línea, remarcó que las medidas de fuerza deben construirse y ser efectivas: “Los paros no suceden fácil; tienen que ser contundentes”, sostuvo.

La lógica definida por la conducción sindical es avanzar con un esquema progresivo de confrontación. En una primera etapa, la prioridad estará puesta en el lobby político con senadores y gobernadores para bloquear el tratamiento o modificar sustancialmente el proyecto. De no prosperar esa vía, la CGT evalúa profundizar el conflicto con nuevas acciones gremiales y eventualmente judiciales, en caso de que la ley sea aprobada.

Federalización del conflicto

Además de la movilización central en la Ciudad de Buenos Aires, la CGT resolvió que sus delegaciones regionales repliquen las protestas en las capitales provinciales y en las principales ciudades del país. El objetivo es federalizar el plan de acción y exhibir un rechazo extendido a la reforma laboral, más allá del epicentro político porteño.

Desde la central obrera consideran que el proyecto impulsado por el Gobierno implica un retroceso en derechos laborales históricos y una alteración profunda del sistema de relaciones del trabajo, en un contexto de caída del empleo, pérdida del poder adquisitivo y creciente conflictividad social.

Trabajadores del cine, el teatro, la radio y la televisión expresaron su rechazo total al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. En una conferencia de prensa, advirtieron que los artículos 210 y 211 ponen en riesgo el financiamiento del INCAA y de Radio y Televisión Argentina, con consecuencias económicas, laborales y culturales de largo alcance.

Artistas, periodistas, actores y representantes del sector audiovisual sumaron su voz al creciente rechazo contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, cuyo tratamiento está previsto durante el período de sesiones extraordinarias del Congreso. En una conferencia de prensa realizada este jueves, dirigentes y trabajadores del cine, el teatro, la radio y la televisión objetaron el proyecto “en su totalidad” y advirtieron sobre el impacto estructural que tendría sobre la producción cultural y los medios públicos.

El encuentro fue convocado por la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI), integrante de la Multisectorial Audiovisual, con el objetivo de visibilizar lo que definieron como un “total rechazo” a la iniciativa oficialista. El foco de las críticas estuvo puesto en los artículos 210 y 211 del proyecto, que —según denunciaron— implican “un daño grave e irreversible para el cine nacional y el sistema público de radio y televisión”.

El corazón del conflicto: financiamiento y autonomía

Desde el sector audiovisual explicaron que esos artículos eliminan el esquema de financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y de Radio y Televisión Argentina (RTA), un sistema que no depende del Tesoro nacional ni de aportes directos de la ciudadanía. “Se trata de recursos generados por la propia actividad del sector”, subrayaron.

En el caso del INCAA, detallaron que su financiamiento proviene del 10% del valor de cada entrada de cine y del 25% de la recaudación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). La supresión de estos fondos, advirtieron, provocaría la paralización de la producción cinematográfica, la pérdida de miles de puestos de trabajo, el cierre de salas y festivales, una menor circulación de ficciones nacionales y una mayor concentración del mercado audiovisual en manos de plataformas extranjeras.
“Las consecuencias económicas y culturales serían profundas y difíciles de revertir”, alertaron en un comunicado difundido tras la conferencia.

Impacto federal y rol de los medios públicos

En relación con Radio y Televisión Argentina, los referentes del sector señalaron que su debilitamiento afectaría de manera directa la capacidad del Estado de garantizar contenidos culturales, educativos e informativos con alcance federal. “Especialmente en regiones donde no existen otras alternativas de acceso”, remarcaron, en alusión a la centralidad que cumplen los medios públicos en vastas zonas del país.

Desde la Multisectorial Audiovisual advirtieron que el recorte de estas herramientas no solo tiene un impacto laboral, sino que también erosiona la diversidad cultural, la pluralidad de voces y la soberanía comunicacional.

Apoyo político y ampliación del rechazo

La conferencia contó además con la presencia de dirigentes políticos de bloques opositores, entre ellos Myriam Bregman, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, y los legisladores de Unión por la Patria Lorena Pokoik y Mariano Recalde, quienes expresaron su respaldo a los reclamos del sector y cuestionaron el alcance del proyecto oficial.

La participación de referentes políticos refuerza el carácter transversal del rechazo a la reforma laboral, que ya excede el ámbito sindical y suma a amplios sectores de la cultura, la comunicación y la producción artística.

La Asociación Bancaria denunció ante la Secretaría de Trabajo el cierre de más de 40 sucursales del Banco Santander, despidos, modificaciones salariales y presuntas amenazas a delegados gremiales. El sindicato se declaró en estado de alerta y movilización y aguarda una audiencia clave el próximo 12 de febrero.

La Asociación Bancaria encendió una nueva señal de alarma en el sistema financiero al denunciar formalmente al Banco Santander por una serie de medidas que, según el gremio, vulneran derechos laborales y salariales de las y los trabajadores. La presentación fue realizada ante la Secretaría de Trabajo, donde se llevó a cabo una audiencia con la participación del secretario general del sindicato, Sergio Palazzo, junto a miembros del Secretariado Nacional, secretarios generales de seccionales, representantes de la Comisión Gremial Interna y autoridades de la entidad bancaria.

Desde el gremio calificaron las acciones del banco como “reiterados incumplimientos”, en un contexto marcado por el cierre de más de 40 sucursales en todo el país, la continuidad de despidos y la adopción de prácticas que consideran persecutorias hacia dirigentes y delegados sindicales.

Cierres, despidos y denuncias salariales

Según detalló La Bancaria, en las últimas semanas el Santander profundizó un proceso de reestructuración que impacta de lleno en el empleo y las condiciones de trabajo. Entre las irregularidades denunciadas, el sindicato señaló el cierre masivo de sucursales, la reducción de personal y presuntas amenazas dirigidas a referentes gremiales, hechos que agravan el clima laboral dentro de la entidad.

A su vez, el gremio acusó al banco de modificar rubros en los recibos de sueldo, una maniobra que —advirtieron— afecta de manera directa la percepción salarial de las y los trabajadores. En ese marco, solicitaron a la Secretaría de Trabajo la realización de inspecciones urgentes para verificar posibles tercerizaciones de tareas bancarias y otros incumplimientos de la normativa laboral vigente.

Estado de alerta y posible escalada del conflicto

Frente a este escenario, la Asociación Bancaria resolvió declararse en estado de alerta y movilización en el Banco Santander a nivel nacional. Los cuerpos orgánicos del sindicato se reunirán en los próximos días para evaluar la continuidad del plan de acción y definir eventuales medidas de fuerza, en función de la respuesta que brinde la empresa.

Desde el gremio no descartaron una escalada del conflicto si no se registran avances concretos que garanticen la preservación de los puestos de trabajo y el respeto de las condiciones laborales y salariales.

Audiencia clave el 12 de febrero

La Secretaría de Trabajo convocó a las partes a una nueva audiencia, prevista para el jueves 12 de febrero, que será determinante para el futuro del conflicto. Desde La Bancaria advirtieron que, de no obtener respuestas favorables, continuarán las asambleas en los lugares de trabajo y se profundizará el plan de lucha. “Seguiremos reclamando hasta alcanzar una solución integral y satisfactoria para todos los trabajadores y trabajadoras”, señalaron desde el sindicato, que vuelve a colocar al Santander en el centro de la escena sindical, en un contexto de creciente tensión laboral y ajustes en el sector financiero.