La expansión de los grandes proyectos cupríferos aceleró la demanda de recursos humanos en San Juan. Mientras las operadoras fortalecen sus bases de datos para futuras incorporaciones, las empresas contratistas concentran buena parte de las oportunidades laborales. Qué especialidades buscan, dónde postularse y cuáles son los requisitos que hoy inclinan la balanza durante los procesos de selección.

La minería atraviesa una etapa de fuerte expansión en San Juan y comienza a configurar uno de los mayores polos de generación de empleo del país. El avance simultáneo de proyectos de cobre de escala internacional no sólo incrementa las perspectivas de inversión, sino que también amplía la necesidad de incorporar personal especializado y trabajadores de múltiples oficios vinculados a la actividad.

En este sentido, las empresas mantienen abiertos durante todo el año sus sistemas de recepción de antecedentes laborales. Aunque las búsquedas específicas suelen publicarse según las necesidades operativas de cada proyecto, los departamentos de Recursos Humanos recomiendan a los interesados registrar con anticipación su currículum en los portales oficiales, ya que gran parte de las convocatorias se cubren a partir de esas bases de datos.

Las principales compañias con operaciones o proyectos en la provincia reciben postulaciones de manera online. En el caso de Barrick, operadora de Veladero, los interesados pueden registrarse en https://jobs.barrick.com. Vicuña Corp, responsable de los proyectos Josemaría y Filo del Sol, habilitó su portal . En tanto, McEwen Copper, desarrolladora de Los Azules, recibe currículums en y , además de su portal .

Para una oferta de trabajo: Glencore, para el proyecto El Pachón, a través de https://www.glencore.com/careers; Minas Argentinas, operadora de Gualcamayo, mediante https://minasargentinas.com/work-with-us; BHP, en https://careers.bhp.com; y Lundin Mining, en https://jobs.lundinmining.com. Todas ellas publican además sus novedades laborales en LinkedIn, donde es recomendable seguir sus perfiles oficiales y mantener actualizado el propio.

Sin embargo, una gran parte de los puestos no se cubre directamente por las operadoras, sino mediante empresas contratistas que prestan servicios dentro de las minas. Entre las principales se encuentran Boart Longyear (https://careers.boartlongyear.com), Dumas (https://www.dumasmining.com/careers), Finning Argentina (https://www.finning.com), Terusi Construcciones (), Cookins (), Compass Group (https://www.compass-group.com), Aramark (https://careers.aramark.com), Sandvik (), Epiroc (https://www.epiroc.com/careers) y Atlas Copco (). La mayoría publica sus búsquedas en LinkedIn o en la sección «Trabajá con nosotros» de sus páginas web, por lo que los especialistas aconsejan enviar el CV tanto a las mineras como a sus proveedores.

Sin embargo, el ingreso a la industria no depende exclusivamente de las compañías mineras. Una proporción significativa de los trabajadores accede a los yacimientos mediante firmas contratistas que prestan servicios especializados en perforación, construcción, mantenimiento, logística, gastronomía, transporte, hotelería, seguridad y asistencia técnica.

Dentro de ese universo se destacan Boart Longyear, Dumas, Finning Argentina, Terusi Construcciones, Cookins, Compass Group, Aramark, Sandvik, Epiroc y Atlas Copco, entre otras. Los especialistas en recursos humanos coinciden en que ampliar la postulación tanto a las operadoras como a sus proveedores incrementa sensiblemente las posibilidades de acceder a una entrevista laboral.

El crecimiento de los proyectos mineros también diversificó los perfiles requeridos. La demanda alcanza a operadores de maquinaria pesada, choferes con licencias profesionales, soldadores, mecánicos, electricistas industriales, técnicos electromecánicos, instrumentistas, operadores de planta y supervisores. Simultaneamente, existe una fuerte necesidad de ingenieros en minas, geólogos, ingenieros civiles, mecánicos y eléctricos, además de especialistas en Seguridad e Higiene, enfermería laboral, administración y logística.

La actividad también abre oportunidades para ocupaciones vinculadas al funcionamiento cotidiano de los campamentos mineros. Cocineros, mozos, personal de hotelería, limpieza, mantenimiento y vigilancia privada forman parte de las dotaciones permanentes que sostienen la operación de los emprendimientos en alta montaña.

Los responsables de selección advierten que la calidad del currículum continúa siendo uno de los factores determinantes durante la evaluación inicial. La recomendación es presentar un documento claro, ordenado y de no más de dos páginas, resaltando experiencia comprobable, antecedentes laborales, capacitaciones técnicas, certificaciones profesionales y habilidades específicas relacionadas con la minería.

En un mercado cada vez más competitivo, contar con formación en Seguridad e Higiene, licencias profesionales vigentes, manejo de equipos pesados, conocimientos de inglés o experiencia previa bajo esquemas de trabajo por rotación constituye un diferencial que suele mejorar el posicionamiento de los postulantes frente a otros aspirantes.

Quienes avanzan en las etapas de selección deben superar posteriormente un examen preocupacional integral. Las evaluaciones incluyen habitualmente análisis clínicos, estudios de laboratorio, electrocardiograma, radiografía de tórax, audiometría, controles oftalmológicos, espirometría, examen físico general y evaluación psicológica. Según las características del puesto, también pueden incorporarse pruebas ergométricas, estudios de columna, controles cardiológicos y exámenes específicos para tareas en altura geográfica.

A ello se suma la presentación de la documentación exigida por las empresas: Documento Nacional de Identidad vigente, constancia de CUIL, certificados de estudios, licencias de conducir cuando corresponda y antecedentes personales en aquellas posiciones donde sean requeridos.

Con inversiones multimillonarias previstas para los próximos años y una cartera de proyectos que ubica a San Juan entre los principales distritos mineros de América Latina, la competencia por ingresar al sector será cada vez mayor. Para los especialistas, mantener actualizado el perfil de LinkedIn, cargar periódicamente el currículum en los portales oficiales y seguir las publicaciones de operadoras y contratistas constituye hoy la estrategia más eficaz para posicionarse en una industria que promete convertirse en uno de los mayores generadores de empleo calificado de la Argentina.

La organización que representa a los trabajadores de la economía popular sostuvo que una resolución judicial obliga al Gobierno nacional a mantener vigente el programa Volver al Trabajo durante julio. Mientras el Ministerio de Capital Humano todavía no oficializó la continuidad del beneficio, la UTEP atribuyó el resultado a la presión sindical y volvió a reclamar una actualización del monto, congelado en $78.000.

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) aseguró que los más de 900.000 beneficiarios del programa Volver al Trabajo percibirán la prestación correspondiente a julio y sostuvo que la continuidad del esquema responde a una resolución judicial que impidió su interrupción.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la organización afirmó que el Ministerio de Capital Humano había apelado la decisión con el objetivo de dejar sin efecto el pago, aunque la medida judicial obligaría a mantener vigente el programa, al menos durante un mes más.

«Producto de la lucha de la economía popular, el Gobierno deberá pagar el Volver al Trabajo al menos un mes más», expresó la UTEP. En el mismo mensaje, la organización buscó capitalizar políticamente el resultado del litigio y dejó planteado el próximo objetivo de su estrategia sindical: «¡Luchar sirve, vamos por el aumento!».

El pronunciamiento se inscribe en un conflicto que enfrenta desde hace meses a las organizaciones sociales con la administración nacional por el futuro de las políticas destinadas a los sectores de menores ingresos. La continuidad del programa constituye uno de los principales reclamos de las entidades que representan a los trabajadores de la economía popular, en una coyuntura marcada por el deterioro del ingreso real y la falta de actualización en los programas de asistencia.

Hasta el momento, el Ministerio de Capital Humano no difundió una comunicación oficial que ratifique la continuidad del pago correspondiente a julio ni confirmó el alcance de la resolución judicial mencionada por la UTEP. Esa ausencia de precisiones mantiene la incertidumbre entre los titulares del programa, que aguardan la publicación del cronograma oficial de acreditaciones.

De concretarse el pago, los beneficiarios percibirán nuevamente $78.000, ya que el Gobierno no anunció incrementos para el programa. Precisamente, el congelamiento del monto constituye hoy uno de los principales cuestionamientos de la UTEP, que considera insuficiente la asistencia frente al deterioro del costo de vida.

Aunque el calendario de pagos aún no fue oficializado, las estimaciones indican que la acreditación podría realizarse alrededor del 5 de julio, siguiendo el esquema aplicado durante los últimos meses. No obstante, la fecha definitiva dependerá de la confirmación que emita el Ministerio de Capital Humano.

La negociación entre la Federación Argentina de Trabajadores de la Seguridad Privada (FATRASEP) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI) llegó a una fase de ruptura. La organización sindical denunció que el sector empresario se negó a formalizar un entendimiento alcanzado durante las conversaciones paritarias y anunció un plan de acción con asambleas, protestas y quites de colaboración en distintos puntos del país.

La discusión salarial de los vigiladores privados quedó envuelta en un escenario de fuerte incertidumbre luego de que las negociaciones entre FATRASEP y la CAESI se interrumpieran sin la firma del acuerdo que, según la representación gremial, había sido consensuado verbalmente para recomponer los ingresos durante el segundo semestre de 2026.

Desde la federación sostienen que el entendimiento contemplaba elevar el salario conformado del Vigilador General a $2.000.050, cifra destinada a recuperar parte del deterioro sufrido por los ingresos del sector frente al avance del costo de vida. Sin embargo, aseguran que la representación empresaria desistió posteriormente de formalizar ese compromiso, reabriendo un conflicto que amenaza con extenderse a escala nacional.

Las conversaciones fueron encabezadas por el secretario general de FATRASEP, Julio Gutiérrez, acompañado por el secretario adjunto Gustavo Pedrocca, el secretario de Organización Jorge Rojas y el responsable de Asuntos Gremiales Leandro Nazarre, quienes participaron de las reuniones mantenidas con autoridades de la cámara empresaria.

De acuerdo con la versión sindical, la CAESI condicionó cualquier definición salarial a la apertura de una negociación sobre un nuevo convenio colectivo de trabajo. FATRASEP rechazó ese planteo al sostener que el convenio vigente conserva plena validez hasta el 31 de diciembre y que la actualización de los salarios debe resolverse dentro de ese marco convencional, sin incorporar modificaciones sobre derechos ya reconocidos.

La cámara empresaria es presidida por Fernando Pesce, de Watchman Seguridad SA, acompañado por Eduardo Mirayes (Prosegur SA) como vicepresidente; Sebastián Cruzado (Green Armor SA) como secretario; Fernando Rossotti (Entheus SRL) como prosecretario; y Claudio Rodríguez (Seguvip Argentina SA) en la tesorería.

Un reclamo que excede la actualización salarial

Para FATRASEP, la controversia ya no se limita al porcentaje de incremento. La federación sostiene que las propuestas presentadas por las empresas no sólo resultan insuficientes para recomponer el poder adquisitivo, sino que además pretenden vincular la discusión económica con modificaciones convencionales que afectarían condiciones laborales consolidadas.

Ese diagnóstico llevó a la conducción nacional a ratificar el estado de alerta y movilización permanente declarado el 29 de junio. En el comunicado difundido entonces, la organización acusó a la representación empresaria de evitar una propuesta que permita alcanzar una remuneración acorde con la realidad económica y reiteró que el objetivo continúa siendo superar el umbral de los $2 millones para el salario conformado del Vigilador General.

Comienza un plan de acción en todo el país

Frente a la falta de avances, FATRASEP resolvió poner en marcha un esquema progresivo de medidas gremiales que incluirá asambleas informativas en los lugares de trabajo, movilizaciones, quites de colaboración y tareas pasivas en empresas cuyos directivos integran la conducción de la CAESI.

Las primeras acciones alcanzarán establecimientos donde prestan servicios compañías como G4S, Prosegur, Watchman, Segar, Securion y Entheus, aunque la federación anticipó que el plan podrá extenderse a otras firmas mediante la participación de los sindicatos adheridos en las distintas provincias.

En este aspecto, la entidad confirmó que impulsará una presentación formal ante la Secretaría de Trabajo para denunciar la negativa empresarial a concluir la negociación colectiva en los términos planteados por la organización sindical.

El antecedente que profundiza la disputa

La actual confrontación contrasta con el entendimiento alcanzado a fines de 2025, cuando FATRASEP y la CAESI suscribieron la paritaria correspondiente al primer semestre de 2026. Aquel acuerdo permitió elevar el salario conformado del Vigilador General hasta $1.644.650 en junio y posteriormente fue replicado por la UPSRA dentro del Convenio Colectivo de Trabajo 507/07.

Precisamente ese antecedente es utilizado por la federación para sostener que existían condiciones para alcanzar un nuevo consenso y que la falta de formalización del compromiso verbal representa un cambio de postura por parte del sector empresario.