La ministra de Seguridad de la Nación encabezó la tercera reunión del Consejo de Seguridad Interior, con representantes provinciales y los jefes de las cinco fuerzas federales. La agenda incluyó el dispositivo por la visita de León XIV, el bloqueo de celulares en cárceles y la prevención del suicidio entre los efectivos.

San Juan se convirtió este viernes en sede de la tercera reunión del Consejo de Seguridad Interior, con la presencia de autoridades de las distintas jurisdicciones y de los jefes de las cinco fuerzas federales. La apertura estuvo a cargo de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien planteó la coordinación entre Nación y provincias como uno de los principales instrumentos para abordar los desafíos de seguridad.

La funcionaria llegó a la provincia acompañada por una agenda que tuvo tres asuntos centrales: el dispositivo previsto para la visita del papa León XIV, el control de las comunicaciones desde las cárceles y las políticas de bienestar y prevención del suicidio dentro de las fuerzas de seguridad.

El operativo por la visita papal ocupará un lugar relevante durante las próximas semanas. León XIV estará en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, dentro de su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú. El Gobierno nacional ya dispuso comandos unificados federales para coordinar los despliegues especiales en Córdoba, Buenos Aires, Luján y Claypole. Las resoluciones oficiales contemplan la intervención articulada de organismos nacionales y fuerzas federales con las autoridades locales.

Monteoliva señaló que el dispositivo deberá contemplar el movimiento de personas por rutas, aeropuertos, puertos y pasos fronterizos y remarcó que ninguna jurisdicción puede afrontar por sí sola un operativo de esa magnitud. La coordinación abarcará las etapas previas, el desarrollo de las actividades y el repliegue posterior.

El segundo asunto estuvo vinculado con las comunicaciones desde establecimientos penitenciarios. La ministra reclamó avanzar con la adhesión de las provincias al programa de detección y bloqueo de teléfonos celulares en las cárceles y sostuvo que impedir comunicaciones vinculadas con organizaciones criminales constituye una herramienta para limitar su capacidad operativa.

Según los datos expuestos por Monteoliva, las requisas realizadas dentro del Servicio Penitenciario Federal aumentaron 330% desde 2023. La funcionaria también planteó que la visita de León XIV a la cárcel de Devoto puede convertirse en una oportunidad para retomar la discusión sobre el futuro del establecimiento y su eventual traslado al complejo penitenciario de Marcos Paz.

El tercer punto de la exposición estuvo relacionado con la salud mental de los integrantes de las fuerzas de seguridad y la prevención del suicidio. Monteoliva sostuvo que el abordaje requiere coordinación entre organismos nacionales, gobiernos provinciales y las áreas de bienestar de cada fuerza.

“Quienes eligen cuidar a los demás también necesitan ser cuidados”, afirmó la ministra, al plantear que la atención de los efectivos, sus familias y sus entornos debe formar parte de las políticas permanentes de seguridad.

El vicegobernador Fabián Martín reivindicó la articulación entre las distintas jurisdicciones y sostuvo que la seguridad constituye un derecho cuya protección requiere coordinación institucional. El secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, destacó a su vez la presencia de las autoridades nacionales y provinciales y comprometió la disposición de la provincia para aportar recursos humanos y tecnológicos.

El encuentro incluyó además exposiciones sobre bienestar de las fuerzas, operativos y herramientas para fortalecer la prevención. La agenda fue presentada por el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior, Iván Velasco, junto con representantes de las distintas jurisdicciones.

Al cerrar su intervención, Monteoliva mencionó datos oficiales que muestran una reducción de los homicidios dolosos y de determinados robos durante el primer semestre de 2026. La ministra advirtió, sin embargo, que los indicadores estadísticos deben traducirse en una percepción concreta de mayor seguridad para la población.

Los docentes universitarios cumplen este jueves un nuevo paro nacional, en coincidencia con el Día del Profesor, luego de que la audiencia paritaria terminara nuevamente sin acuerdo. En simultaneo, el CIN cuestiona los $7,349 billones previstos por el Gobierno para las universidades y reclama elevarlos a $11 billones.

El conflicto en las universidades públicas volvió a quedar sin una salida inmediata. La nueva audiencia paritaria entre el Gobierno nacional y los gremios docentes terminó este jueves sin acuerdo y sin una propuesta que permitiera acercar posiciones, mientras las casas de altos estudios enfrentan otra disputa de fondo por los recursos previstos para 2027.

La medida de fuerza coincide con el Día del Profesor y se desarrolla mientras las organizaciones sindicales solicitan una recomposición salarial superior a la ofrecida por el Ejecutivo. La última propuesta oficial había contemplado un aumento del 3% para septiembre, una pauta que los gremios rechazaron por considerarla insuficiente frente al deterioro acumulado de los ingresos.

La negociación salarial está vinculada además con el pedido urgente en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya instrumentación constituye uno de los principales puntos de desacuerdo entre las organizaciones docentes y el Gobierno.

A la discusión salarial se suma ahora la definición de los recursos para el próximo ejercicio. El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso contempla $7,349 billones para las universidades nacionales, destinados al funcionamiento, la inversión y programas especiales.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó una estimación sustancialmente superior. El organismo que reúne a los rectores aprobó un proyecto propio por $11 billones, cifra que considera necesaria para sostener el funcionamiento del sistema universitario durante 2027.

La diferencia asciende a aproximadamente $3,65 billones, por lo que la discusión parlamentaria se convirtió en otro de los puntos centrales de la disputa. Durante la presentación del proyecto ante diputados y senadores, el titular del CIN, Franco Bartolacci, advirtió que, si el Congreso no modifica y actualiza la partida, las universidades podrían enfrentar dificultades para iniciar normalmente el próximo ciclo lectivo.

El Gobierno sostiene una interpretación diferente. Según la posición oficial, el proyecto contempla los efectos de la cautelar judicial, una inflación proyectada del 18% y un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento. El Ejecutivo también cuestiona la metodología utilizada por los rectores para calcular los recursos que, según el CIN, exige la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

De este modo, la negociación combina dos discusiones que, aunque tienen ámbitos formales diferentes, repercuten sobre el funcionamiento de las instituciones: los salarios del personal docente y nodocente y los fondos disponibles para sostener las universidades durante el próximo año.

Los sindicatos consideran que la mejora de los sueldos está estrechamente ligada a la devolución de los fondos para las universidades. La ausencia de acuerdos en las negociaciones, junto con la brecha entre las estimaciones del CIN y los recursos previstos por el Gobierno, deja la puerta abierta a nuevas protestas.

Mustafa Suleyman, responsable de Inteligencia Artificial de Microsoft, cuestionó el enfoque de Anthropic en el entrenamiento de Claude y advirtió que atribuir conciencia, deseos o derechos a los sistemas actuales puede dificultar su control. También reclamó mayor transparencia y evaluaciones independientes.

La carrera por desarrollar modelos de inteligencia artificial cada vez más sofisticados sumó una nueva disputa entre sus principales protagonistas. Mustafa Suleyman, máximo responsable de IA de Microsoft, cuestionó el modo en que Anthropic entrena a Claude y advirtió que atribuir características humanas a estos sistemas puede introducir riesgos difíciles de dimensionar.

Suleyman centró sus críticas en una cuestión que atraviesa el debate tecnológico: hasta qué punto las empresas deberían enseñar a sus modelos conceptos como conciencia, autonomía, deseos o sufrimiento. A su entender, presentar a una inteligencia artificial como si poseyera atributos propios de una persona puede generar una percepción equivocada sobre sus capacidades y complicar la relación entre los usuarios y sistemas cada vez más autónomos.

El ejecutivo sostuvo, además, que no existen evidencias de que los modelos actuales sean conscientes ni de que experimenten sentimientos, sufrimiento o preferencias propias. Su posición se distancia así de las interpretaciones que atribuyen estados mentales a las respuestas producidas por los sistemas generativos a partir de su comportamiento lingüístico.

La discusión adquiere especial relevancia por el avance de técnicas que permiten a los modelos actuar con mayor autonomía, utilizar herramientas externas y ejecutar cadenas de tareas con menor supervisión humana. Suleyman planteó que el problema no reside únicamente en lo que una IA puede hacer, sino también en las características que se incorporan durante su entrenamiento y en la manera en que los usuarios interpretan posteriormente su comportamiento.

Aunque cuestionó el enfoque de Anthropic, el responsable de IA de Microsoft reconoció el trabajo de Dario Amodei y su equipo y evitó presentar sus advertencias como una impugnación general al desarrollo de modelos avanzados. Su preocupación apunta, en particular, a la posibilidad de que la antropomorfización termine otorgándoles una apariencia de identidad, valores o voluntad que no necesariamente corresponde con su funcionamiento real.

“No debemos tomar decisiones a la ligera, sin darnos cuenta, de las que luego nos arrepintamos amargamente”, advirtió Suleyman al reclamar mayores precauciones en el desarrollo de estos sistemas.

El debate también involucra los mecanismos de supervisión. El ejecutivo de Microsoft pidió mayor transparencia sobre los procedimientos utilizados para entrenar y evaluar los modelos, además de controles independientes capaces de examinar su comportamiento. La discusión excede así la competencia comercial entre compañías y alcanza las reglas con las que se pretende gobernar una tecnología cuyo nivel de autonomía aumenta rápidamente.

Como antecedente, Suleyman citó un ejercicio de entrenamiento en el que agentes de IA de OpenAI actuaron de manera autónoma en un intento de hackear el centro tecnológico Hugging Face. El episodio fue utilizado para ilustrar los riesgos que pueden aparecer cuando los sistemas reciben objetivos y herramientas suficientes para ejecutar acciones complejas sin intervención humana permanente.

En ese punto aparece otra cuestión todavía abierta: qué ocurre si los avances tecnológicos llevan a que algunas empresas o usuarios comiencen a considerar que determinados sistemas poseen derechos o algún tipo de bienestar propio. Para Suleyman, incorporar esa consideración podría añadir una dificultad adicional a los mecanismos destinados a mantener bajo control a las inteligencias artificiales.

La académica Wendy Hall, de la Universidad de Southampton, consideró que este debate debería trascender a las compañías tecnológicas y formar parte de una discusión internacional. El interrogante ya no se limita a qué modelo consigue mejores resultados, sino a qué criterios científicos, técnicos y regulatorios deberán acompañar el desarrollo de sistemas con capacidades crecientes.

La disputa entre Microsoft, Anthropic y OpenAI muestra así una dimensión menos visible de la carrera por la IA: además de competir por potencia, usuarios e inversiones, las principales compañías comienzan a diferir sobre cómo deben entrenarse los modelos, qué atributos humanos conviene incorporarles y cuáles deberían ser los límites de su autonomía. En esa discusión se juega buena parte de las futuras reglas de seguridad y supervisión de una tecnología todavía en plena evolución.