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El piso salarial hoy es de $27.500; participarán los cinco sindicatos de la actividad

El Gobierno decidió convocar a los cinco gremios docentes con representación nacional (Ctera, UDA, Sadop, CEA y AMET) a iniciar el próximo jueves 18 de febrero las negociaciones en el marco de la paritaria federal del sector, donde se buscará consensuar un nuevo piso salarial que regirá para los maestros de todo el país y definir las condiciones y protocolos para el retorno de las clases presenciales desde la próxima semana. La decisión oficial fue comunicada por el ministro de Educación, Nicolás Trotta, a la conducción de Ctera, que encabeza Sonia Alesso, en un encuentro realizado esta mañana en la sede del sindicato y del que participaron el titular del Suteba, Roberto Baradel, y el jefe de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky.

Durante la reunión Trotta informó a la representación sindical que las negociaciones para acordar el incremento en el piso salarial docente que rige como ingreso garantizado para todos los docentes del país y que luego debe ser replicado en cada provincia, se iniciarán en próximo 18 de febrero. 

Tras la última actualización aplicada en diciembre, el piso salarial para un maestro de grado que inicia sus actividades asciende a $ 27.500, a lo que se suma el pago de la suma extraordinaria del Fondo de Incentivo Docente (Fonid). Con ese último ajuste, el aumento acumulado en 2020 en los salarios docentes totalizó un 33,46%, unos puntos por debajo de la inflación del período que fue de 36,1%.

Si bien desde el Ministerio de Educación evitaron anticipar detalles respecto de la oferta de recomposición salarial que formalizarán la próxima semana, en los gremios esperan que el Gobierno ratifique la posición que transmitió ayer a las principales centrales sindicales en el marco de la discusión de un acuerdo de precios y salarios en el sentido de no se fijarán topes a las paritarias y se negociarán incrementos que superen entre 2 y 4 puntos la inflación prevista para este año. Al respecto, fuentes del sector deslizaron que la suba del sueldo mínimo docente debería rondar el 30%.

Por otra parte, en la reunión de esta mañana y previo al encuentro que Trotta mantendrá desde las 18 con la conducción de la CGT, los referentes de Ctera elevaron otra serie de reclamos al funcionario, vinculados al retorno de las clases presenciales en medio de la pandemia. En ese sentido, Alesso planteó la necesidad de definir los requisitos y protocolos para la vuelta de la «presencialidad segura, gradual y cuidada».

Además, insistió en la importancia de la implementación del Plan Nacional de Vacunación en el caso de los maestros y reclamó detalles acerca de las condiciones de infraestructura escolar, condiciones de trabajo y salud de los establecimientos escolares. Estos temas, según transmitió Trotta en la reunión, serán abordados puntualmente durante las negociaciones de la paritaria federal.

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Otro golpe al bolsillo: nuevo aumento en el precio de las garrafas

La Secretaría de Energía dispuso un aumento del 24% en el precio máximo de referencia para las garrafas de gas licuado de petróleo (GLP), utilizado por hogares que no contaban con gas de red. El ajuste estableció que el precio de la garrafa de 10 kilos pasó de $8.500 a $10.500.

La medida se implementó a través de la Resolución 394/2024 de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial. Según explicaron desde el organismo, la decisión tenía como principal objetivo que “el precio de la garrafa reflejara los costos reales del sistema, asegurando así el normal abastecimiento para todos los usuarios”.

El incremento es un golpe para los bolsillos de los argentinos, que ya estaban sufriendo las consecuencias de la inflación y la crisis económica. La medida también generó preocupación entre los usuarios que dependen del GLP para su uso cotidiano.

La decisión del gobierno de aumentar el precio de las garrafas es un ejemplo claro de la falta de sensibilidad y responsabilidad hacia los ciudadanos. En un momento en que la inflación y la crisis económica están golpeando duramente a los argentinos, esta suba en el precio de las garrafas es un golpe adicional que puede tener consecuencias devastadoras para muchas familias. Es hora de que el gobierno reconsidere sus prioridades y busque soluciones que beneficien a todos los sectores de la sociedad, no solo a los intereses de unos pocos.

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Médicos argentinos en la lucha por una remuneración justa

En el Día del Médico, la atención se centra en la situación precaria de los profesionales de la salud. Los bajos salarios y la creciente tendencia al pluriempleo son solo algunas de las dificultades que enfrentan estos trabajadores.

La remuneración insuficiente es un problema que afecta no solo a los médicos, sino también a la calidad de la atención médica que se brinda a los pacientes. Cuando los profesionales de la salud están obligados a trabajar en múltiples lugares para poder llegar a fin de mes, se corre el riesgo de que la atención médica se vea comprometida.

El pluriempleo no solo afecta la calidad de vida de los médicos, sino que también puede tener consecuencias negativas para la salud de los pacientes. La fatiga, el estrés y la falta de concentración pueden ser algunos de los efectos del pluriempleo en la atención médica.

Es necesario que se tomen medidas para mejorar las condiciones laborales y salariales de los profesionales. La salud de los argentinos depende de ello.

La situación de los médicos en Argentina es un reflejo de la crisis del sistema de salud en el país. Es hora de que se tomen medidas para garantizar que los profesionales de la salud reciban una remuneración justa y puedan brindar una atención médica de calidad a los pacientes.

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La evaluación que genera polémica: 40 mil empleados públicos en la mira»

El gobierno avanza con la evaluación de competencia para 40 mil funcionarios, pese a la oposición de las organizaciones gremiales.

La evaluación de competencia para 40 mil funcionarios ha generado una fuerte polémica en el sector público. Las organizaciones laborales han expresado su oposición a la medida, argumentando que se trata de un intento de despedir a trabajadores sin justa causa.

La medida forma parte de un plan del gobierno para reducir el déficit fiscal y mejorar la eficiencia en el sector público. Sin embargo, las organizaciones sindicales argumentan que la medida es injusta y que no se ha realizado un análisis adecuado de las necesidades del sector.

La evaluación de competencia para 40 mil funcionarios ha generado una fuerte reacción en el sector público. Los gremios anticipan que seguirán luchando para defender los derechos de los trabajadores y evitar que se produzcan despidos injustos. La situación sigue siendo tensa y se espera que haya nuevas movilizaciones en los próximos días.

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