En diálogo con Mundo Laboral, la referente sindical de ADICUS, Edith Liquitay, advirtió que los salarios docentes han perdido el equivalente a seis sueldos completos en 17 meses y denunció el vaciamiento presupuestario del sistema universitario. El conflicto se profundiza ante la amenaza de un veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente aprobada en el Congreso.

El paro de 48 horas que formara parte de una serie de medidas de lucha que culminó este martes 2 de septiembre, volvió a evidenciar la solidez del frente universitario en San Juan. La estrategia, enmarcada en el plan de lucha impulsado por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU Histórica), alcanzó un altísimo nivel de adhesión en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), con un 90% en los colegios preuniversitarios y cifras cercanas al 70% en varias facultades. Las mesas de exámenes y actividades académicas debieron ser reprogramadas, un dato que revela la contundencia de la protesta.

Edith Liquitay, del gremio ADICUS, sostuvo que “en 17 meses hemos perdido seis salarios completos”, subrayando que el 70% de la docencia universitaria en la provincia percibe ingresos que van de 180 mil a 700 mil pesos, montos que se evaporan en los primeros diez días del mes frente a una inflación implacable. Según la dirigente, muchos docentes renuncian a cargos o reducen dedicaciones para buscar ingresos fuera de la universidad, mientras que quienes permanecen lo hacen por compromiso con la defensa de la educación pública.

La dirigente sindical también remarcó la gravedad del recorte presupuestario: “Así como en nuestras casas pagamos la luz, también la universidad debe hacerlo, y sin presupuesto actualizado se hace imposible sostener la actividad académica con normalidad”.

En paralelo, el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, un reclamo histórico de la comunidad académica que garantiza la actualización de recursos conforme a la inflación, la ampliación de becas estudiantiles y fondos para investigación y extensión. No obstante, la amenaza de un veto presidencial encendió alarmas en todo el sector y aceleró la coordinación de una nueva marcha federal.

Liquitay consideró que la sanción de la ley es “un triunfo de la unidad, construido desde las bases y discutido con cada legislador para demostrar la necesidad de sostener la universidad pública”. Sin embargo, advirtió que el posible veto del Ejecutivo sería un golpe directo a esa conquista y que el movimiento universitario prepara una respuesta de alcance nacional.

La próxima acción de fuerza será la tercera marcha federal, aún sin fecha confirmada, que se prevé contundente y articulada con otros sectores sociales: trabajadores de la salud, jubilados, organizaciones de discapacidad y movimientos estudiantiles. “La lucha es una sola —resaltó Liquitay—, porque todos los sectores afectados por el ajuste tienen raíz en las universidades públicas que hoy se ven vaciadas”.

El conflicto universitario dejó de ser una disputa sectorial para transformarse en un símbolo de resistencia social frente a las políticas de ajuste. En San Juan, como en todo el país, la comunidad docente y estudiantil mantiene firme la convicción de que sin presupuesto no hay universidad posible.

La próxima marcha federal, lejos de ser un hecho aislado, se proyecta como un nuevo capítulo en la convergencia de luchas que buscan frenar el avance de un gobierno decidido a recortar los pilares de la educación superior pública.

Tras un año sin aumentos salariales, los gremios de las telecomunicaciones y la empresa ARSAT llegaron a un acuerdo paritario que establece un incremento del 10,99% aplicable en cuotas escalonadas desde agosto hasta noviembre. El entendimiento también contempla el reconocimiento de los días de huelga y permitió suspender las medidas de fuerza que afectaban el servicio.

El entendimiento alcanzado entre la Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) y ARSAT es un paso importante hacia la recomposición de salarios de los trabajadores del sector. Según el acta firmada, las escalas salariales se actualizarán con un 1,2% adicional en septiembre, un 1,1% en octubre y otro 1,1% en noviembre. Estos aumentos serán acumulativos y se computarán en el pago correspondiente al «Día del Trabajador Telefónico».

Los gremios destacaron que no habrá descuentos salariales por los días de huelga y remarcaron que las mejoras pactadas son «a cuenta» de los reclamos más amplios que se mantienen en discusión. En ese sentido, adelantaron que continuarán impulsando demandas en los ámbitos sindical, judicial y administrativo.

El acuerdo fue rubricado por la CONSITEL y las principales organizaciones del sector, incluyendo FATTEL, FOEESITRA, CePETel, UPJET y FOMMTRA. La dirigencia gremial resaltó que el acuerdo se alcanzó gracias a la «participación y lucha» de los trabajadores en todo el país.

Lo conseguido entre ARSAT y los gremios de las telecomunicaciones es un paso importante hacia la normalización de las relaciones laborales en el sector. Sin embargo, los sindicatos subrayaron que el objetivo sigue siendo alcanzar una recomposición integral de los haberes en línea con la inflación y la pérdida del poder adquisitivo.

La Federación de Docentes de las Universidades Nacionales (FEDUN) resolvió extender las actividades de visibilización y protesta hasta el 14 de septiembre en respuesta al brutal deterioro salarial y presupuestario en las universidades nacionales. La medida se toma en un contexto de fuerte caída de los salarios docentes y del presupuesto destinado a la educación superior.

La FEDUN informó que la decisión de extender las actividades de visibilización se tomó en un plenario de secretarios generales, en el que se analizó la crítica situación que atraviesan las universidades nacionales.

Según el segundo Informe de Situación del Sistema Universitario elaborado por el Centro de Investigaciones Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), en los veinte meses de gobierno de Javier Milei la inflación acumuló un 220,1%, mientras que los salarios docentes universitarios crecieron solo un 128,5%. Esto implica una caída real del 28,6% desde noviembre de 2023 y una pérdida de 6,5% adicional solo en 2025.

El informe también destaca que el nivel de salarios actualmente es incluso más bajo que el de 2002, tras el estallido de la crisis. «Los docentes universitarios hemos sufrido la peor pérdida salarial de la historia», alertó el secretario general de la FEDUN, Daniel Ricci.

Además de la caída salarial, el informe revela que en dos años el presupuesto de la Secretaría de Educación se desplomó un 47,6% en términos reales, con una reducción del 28,8% para las universidades nacionales. Programas claves como el Conectar Igualdad y el FONID fueron desmantelados, mientras que las becas estudiantiles sufrieron «caídas brutales» en su ejecución.

Plan de acción:

La FEDUN anunció un plan de acción que incluye clases públicas, abrazos simbólicos, charlas y volanteadas en universidades de todo el país hasta el 14 de septiembre. La estrategia apunta a que la comunidad educativa y la sociedad en general tomen dimensión del ajuste y acompañen el reclamo.

La FEDUN también reafirmó su apoyo a la pronta aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente sancionada. Ricci advirtió que, si el presidente Milei veta la norma, la FEDUN convocará a una movilización nacional el día en que se trate en el Congreso, para exigir que diputadas y diputados rechacen la medida.