La CGT resolvió movilizar masivamente al Congreso el miércoles 11 de febrero, en la antesala del debate de la reforma laboral en el Senado. Sin paro general por ahora, la central sindical profundiza un plan de acción escalonado que combina presión política, protesta callejera y eventuales medidas judiciales.

La Confederación General del Trabajo (CGT) definió dar un nuevo paso en su estrategia de confrontación con el Gobierno nacional al aprobar una masiva movilización al Congreso de la Nación el próximo miércoles 11 de febrero, coincidiendo con el inicio del tratamiento en el recinto del Senado del proyecto de reforma laboral impulsado por la administración de Javier Milei.

La resolución fue adoptada este viernes durante una reunión del Consejo Directivo Nacional de la central sindical, realizada en la sede de Azopardo 802, en la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro estuvo encabezado por los cotitulares de la CGT, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, junto a los principales dirigentes de los gremios confederados.

La movilización marcará la continuidad del plan de lucha que la central obrera viene desplegando desde fines de 2025, cuando el oficialismo dio a conocer el contenido del proyecto. La protesta más contundente hasta el momento fue la multitudinaria marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, que logró frenar el avance legislativo de la iniciativa antes de fin de año.

Estrategia escalonada y sin paro inmediato

En conferencia de prensa, Jorge Sola confirmó que la concentración en la Plaza de los Dos Congresos comenzará a partir de las 15 horas y apuntó a una demostración “contundente y multitudinaria” para condicionar el debate parlamentario. Al mismo tiempo, aclaró que no habrá paro general la próxima semana, aunque la herramienta no fue descartada a futuro.

“La batalla contra la reforma laboral recién empieza en el Congreso”, había anticipado días atrás el dirigente cegetista en declaraciones radiales. En esa línea, remarcó que las medidas de fuerza deben construirse y ser efectivas: “Los paros no suceden fácil; tienen que ser contundentes”, sostuvo.

La lógica definida por la conducción sindical es avanzar con un esquema progresivo de confrontación. En una primera etapa, la prioridad estará puesta en el lobby político con senadores y gobernadores para bloquear el tratamiento o modificar sustancialmente el proyecto. De no prosperar esa vía, la CGT evalúa profundizar el conflicto con nuevas acciones gremiales y eventualmente judiciales, en caso de que la ley sea aprobada.

Federalización del conflicto

Además de la movilización central en la Ciudad de Buenos Aires, la CGT resolvió que sus delegaciones regionales repliquen las protestas en las capitales provinciales y en las principales ciudades del país. El objetivo es federalizar el plan de acción y exhibir un rechazo extendido a la reforma laboral, más allá del epicentro político porteño.

Desde la central obrera consideran que el proyecto impulsado por el Gobierno implica un retroceso en derechos laborales históricos y una alteración profunda del sistema de relaciones del trabajo, en un contexto de caída del empleo, pérdida del poder adquisitivo y creciente conflictividad social.

La Confederación General del Trabajo concentra su estrategia en impedir que el Senado alcance el quórum necesario para tratar la reforma laboral el próximo 11 de febrero. Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato cegetista, remarcó que la disputa debe resolverse en el plano político y confirmó contactos con gobernadores y senadores para bloquear el avance del proyecto oficialista.

A días de una sesión clave en el Senado, la CGT decidió jugar a fondo su carta política para frenar la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La central obrera apunta a bloquear el quórum en la sesión especial convocada para el miércoles 11 de febrero, una maniobra que, de prosperar, impediría siquiera el inicio del debate parlamentario.

El encargado de ratificar la estrategia fue Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato que conduce la CGT, quien dejó en claro que la disputa excede el terreno gremial. “La solución no es gremial, es política”, afirmó, al remarcar que el objetivo inmediato es agotar todas las instancias institucionales antes de avanzar en una escalada de medidas de fuerza.

Presión sobre gobernadores y senadores

La táctica de la central obrera combina bajo perfil público con intensa gestión política. Según explicó Sola, la CGT mantiene conversaciones con casi todos los gobernadores, con especial énfasis en aquellos con influencia directa sobre sus representantes en la Cámara alta. “No buscamos fotos, buscamos resultados”, sintetizó.

Si bien la conducción cegetista reconoce una buena recepción entre los mandatarios peronistas, también admitió tensiones y señales ambiguas. En ese marco, llamó la atención la cancelación de una reunión prevista con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, un episodio que encendió alertas en la central obrera por el peso que tiene ese distrito en la discusión parlamentaria.

En ese sentido, el foco principal está puesto en los senadores nacionales. “Queremos hablar con todos y cada uno de los senadores, porque son los responsables de que esta ley no salga”, sostuvo Sola en declaraciones radiales. La consigna es clara: que no haya quórum el 11 de febrero.

Líneas rojas y estrategia legislativa

Más allá de la táctica coyuntural, la CGT definió una estrategia de fondo basada en el análisis artículo por artículo del proyecto oficial. Desde la central explicaron que se está informando a los legisladores sobre las denominadas “líneas rojas” que, de cruzarse, profundizarían el conflicto.

Entre los puntos que generan mayor rechazo figuran la licuación de las indemnizaciones, la posibilidad de habilitar convenios o sindicatos por empresa y otros mecanismos que, según la CGT, fragmentan la representación sindical y debilitan la negociación colectiva. “Eso no va a ser aceptado”, advirtió Sola.

El dirigente recordó además que la oposición de la central a las reformas impulsadas por el oficialismo no es nueva. “Desde antes de la asunción de Milei venimos resistiendo estos intentos. La Ley Ómnibus se frenó también por la presión sindical”, señaló, al tiempo que destacó que, pese al desgaste acumulado, “la efervescencia sigue estando”.

¿Paro general o disputa política?

De cara a los próximos días, la CGT discutirá en su mesa chica la posibilidad de medidas de fuerza, aunque Sola se encargó de bajar expectativas inmediatas. “Los paros no suceden fácil, hay que construirlos”, explicó, y subrayó que, de tomarse una decisión de ese tipo, deberá tratarse de una medida “contundente”.

No obstante, volvió a insistir en que el eje central de la estrategia sigue siendo político. Para la conducción cegetista, la clave no está solo en la capacidad de movilización, sino en condicionar el escenario parlamentario y evitar que el oficialismo consiga los consensos necesarios para avanzar con una reforma que consideran regresiva.

El Frente Sindicatos Unidos inició en Córdoba un plan de lucha con una masiva movilización frente a la Casa de Gobierno. Exigen al gobernador Martín Llaryora que inste a los legisladores provinciales a abstenerse o rechazar el proyecto de reforma laboral que comenzará a tratarse en el Senado el 11 de febrero. Advierten que la iniciativa implica un retroceso histórico en derechos laborales.

El conflicto por la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional sumó este jueves un nuevo capítulo de alto voltaje político y sindical en Córdoba. Diferentes gremios nucleados en el Frente Sindicatos Unidos se movilizaron de manera masiva frente a la Casa de Gobierno provincial para expresar su rechazo al proyecto oficialista y exigir una definición concreta del gobernador Martín Llaryora.

La marcha, que comenzó cerca de las 9.30 de la mañana, reunió a trabajadores estatales, metalúrgicos, aceiteros y otros sectores que confluyeron bajo una consigna común: frenar una reforma que, según denuncian, facilita despidos, precariza las condiciones de contratación y debilita los Convenios Colectivos de Trabajo.

Durante el acto central, los referentes sindicales presentaron un documento dirigido al mandatario provincial en el que le reclaman que instruya a los legisladores cordobeses a abstenerse o votar en contra del proyecto cuando empiece su tratamiento en el Senado de la Nación, previsto para el próximo miércoles 11 de febrero.

El reclamo directo al poder político

En diálogo con Mundo Gremial, el secretario general de la UOM Córdoba y uno de los principales impulsores de la protesta, Rubén Urbano, fue contundente al definir el objetivo de la jornada:
«Va a haber una gran marcha federal nacional y vamos a llevar un documento a la Casa de Gobierno donde le vamos a exigir al gobernador que sus legisladores se abstengan de votar esta nefasta reforma laboral, que no tiene ningún punto favorable para los trabajadores».

Las declaraciones sintetizan el clima de confrontación que atraviesa al movimiento obrero frente a una iniciativa que consideran estructuralmente regresiva y alineada con una política de ajuste más amplia.

Un frente sindical ampliado y con respaldo nacional

La movilización marcó el inicio formal del Plan de Lucha impulsado por el Frente Sindicatos Unidos, integrado entre otros por ATE, la UOM y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, con el acompañamiento de las centrales sindicales.

La jornada contó además con la presencia y el respaldo explícito de referentes nacionales del sindicalismo, entre ellos Abel Furlán (UOM), Daniel Yofra (aceiteros), Rodolfo Aguiar y Hugo “Cachorro” Godoy (estatales), junto a Hugo Yasky, titular de la CTA y diputado nacional. La participación de estas figuras buscó enviar una señal clara de unidad y coordinación frente al avance del proyecto en el Congreso.

Advertencia de escalada

Desde el escenario, los gremios advirtieron que la reforma laboral “pulveriza derechos conquistados a lo largo del siglo XX” y anticiparon una profundización del conflicto si el oficialismo insiste en avanzar con la iniciativa sin modificaciones sustanciales.

En ese marco, confirmaron que el plan de lucha continuará el 10 de febrero en Rosario, como antesala de una posible convocatoria a un paro general, con el objetivo de incrementar la presión política y social en la antesala del debate parlamentario.

La protesta en Córdoba no solo expresa el rechazo sindical a la reforma laboral, sino que también interpela directamente a los gobernadores y a sus bancadas legislativas, en un momento clave para la estrategia parlamentaria del Gobierno nacional. Con las calles como escenario y el Senado como próximo campo de disputa, el movimiento obrero busca condicionar el rumbo de una iniciativa que considera un punto de quiebre en el modelo de relaciones laborales en la Argentina.